Por Alex Colman

Durante la rebelión educativa el gobierno nacional, a través de los medios hegemónicos, desarrolló una campaña embustera cuyo único objetivo es desprestigiar la lucha contra el ajuste macrista en las universidades nacionales. Así, por ejemplo, Pablo Domenichini –actual Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación nacional– ha salido a aclarar en diversos medios que “no se puede hablar de desfinanciamiento de las universidades, la mayoría de ellas presenta balances superavitarios” y que “se ha roto el techo del 15% en la negociación salarial”. Si bien es difícil engañar respecto del conflicto salarial (¿quién puede afirmar hoy en día que una propuesta del 10,8%, o incluso del 15% de aumento, puede ser adecuada?), en lo que atañe a los problemas de presupuesto la maniobra ha sembrado relativa confusión a base de falsos argumentos estadísticos y artimañas por el estilo.

En este sentido, es importante desmentir los dichos del gobierno aportando datos que evidencien el brutal ajuste que está imponiendo sobre la educación pública universitaria y que repercuten también en el sistema científico. Veamos cuáles son esos dichos:

 

  1. “El presupuesto se ajusta a lo pedido por el CIN”

El presupuesto es muy bueno. Asciende a 103 mil millones de pesos, que equivale a un 96% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuando históricamente se otorgó no más de un 80 u 85 por ciento. Sin ir más lejos en 2010 la diferencia entre lo solicitado y lo otorgado fue de 40 puntos. Hoy es de apenas cuatro.

 

Según el gobierno, se pasó de un presupuesto en torno a los 51 mil millones en 2015, a 103 mil millones, lo que equivale a un aumento del 102%.

Esto de por si tiene varios problemas. En primer lugar, el proyecto de presupuesto enviado por el CIN ya era insuficiente. Las universidades nacionales vienen de una situación crítica de desfinanciamiento estructural: en relación al PBI, la asignación de presupuesto universitario representa aproximadamente el 0,81% desde hace por lo menos una década.

El CIN, por otro lado, se ha constituido cada vez más en una herramienta de adaptación al ajuste y a la miseria presupuestaria, cuestión que se ha consolidado con la elección del radical Hugo Juri, de la Universidad Nacional de Córdoba, como presidente del organismo (figura que ha impulsado el sistema de créditos y unificación de tramos educativos en dicha universidad). De hecho, para 2019 ya se ha elevado un pedido de presupuesto insuficiente, que ronda los 133 mil millones, y que mantiene la estructura actual de gastos, con todas sus inadecuaciones.

En segundo lugar, el proyecto de presupuesto para 2018 enviado por el gobierno al Congreso, y que fue votado por amplios sectores de la oposición, fue menor que el pedido por el CIN: aproximadamente 103 mil millones. Como si fuera poco, el gobierno, y más específicamente la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación –a cargo de Danya Tavela, figura vinculada a Stolbizer y que viene representando una de las caras principales del ajuste en la universidad– recortó en marzo 3 mil millones, los cuales habrían sido reasignados a otras áreas, y suspendió obras de infraestructura por un monto no precisado. Según un documento proporcionado por una de las federaciones docentes, los recortes de presupuesto afectan gravemente a las áreas de Proyectos Especiales, Infraestructura, Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior, y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios.[1]

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En tercer lugar, se suman los problemas vinculados a la estructura del presupuesto. Alrededor del 90% del presupuesto universitario está vinculado a salario. Por esta razón, los recortes y demoras afectan sobre todo los gastos vinculados a funcionamiento, proyecto de investigación, becas estudiantiles, etcétera. Por otro lado, la asignación de recursos a las distintas universidades es asimétrica, y los aumentos percibidos respecto a 2017 también (algunas universidades sufrieron inclusive recortes). Esto se traduce en importantes brechas en la asignación de recursos por estudiante, y en una insuficiencia generalizada para áreas clave.

 

  1. “El aumento presupuestario fue mayor que la inflación”

 

En 2017 el aumento presupuestario fue de 44%, mientras la inflación fue de 25,6 por ciento. Si tomamos el período 2016-2018 el incremento fue de 104%, cuando la inflación trepó a 95 por ciento.

 

Sin embargo, si uno calcula la inflación del período diciembre de 2015–agosto de 2018, con las últimas estimaciones de la inflación del mes de agosto, y ajustándonos a los datos proporcionados por el INDEC y el Índice Congreso, la inflación acumulada representa un 123,79% de aumento. Como viene la cosa, para diciembre estos números seguramente se acerquen al 135 o 140%. Pero vimos que el aumento de presupuesto nominal fue sólo del 102% desde fines de 2015. Esto ya representa un grave ataque a la economía de las universidades nacionales. Por no contar los efectos de la devaluación sufrida por el peso con la última crisis cambiaria.

Además, existen rumores de que el proyecto de presupuesto que el gobierno nacional enviará al Congreso podría ser nominalmente similar al de 2018, lo que implicará un ajuste aún más brutal, de acuerdo a las metas de reducción del gasto fiscal ordenadas por el FMI.

 

  1. “No existen demoras en las transferencias ni subejecución presupuestaria”

 

El presupuesto se está transfiriendo con absoluta normalidad, mientras que las partidas vinculadas a los gastos de funcionamiento tienen un retraso de dos meses, que es el promedio histórico. De hecho cuando nos tocó asumir la demora era de cuatro meses. No obstante, en los próximos días se transferirán junio y julio, por lo que el retraso será solo del mes vencido.

 

Sin embargo, todas las voces de la universidad desmienten estos dichos. El nivel de ejecución en el primer semestre del año fue más bajo aún que en los últimos tres, dada la reducción de crédito y la subejecución presupuestaria. Estas demoras han afectado principalmente las áreas de Proyectos Especiales, Programa Bec.Ar, Gastos para funcionamiento, Investigación de los docentes universitarios, y el financiamiento de los hospitales universitarios.[2]

Por otro lado, si bien a mediados de julio se pagó la mitad de la cuota del período febrero–mayo, todavía hay demoras y no se han recibido aumentos vinculados a inflación. La subejecución presupuestaria, por otro lado, viene incrementándose en los últimos años: en 2016 quedaron sin ejecutar 700 millones de pesos, y en 2017 738 millones, hecho que afectó especialmente el financiamiento de los hospitales universitarios.

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  1. “No se interrumpieron las obras edilicias”

 

Respecto al estado actual de las obras de infraestructura siguen en marcha las obras iniciadas. No se han iniciado obras nuevas porque hemos priorizado otros niveles del sistema educativo. No hay universidades en situación de riesgo edilicio.

 

Se sabe que la infraestructura de muchas universidades nacionales se encuentra en estado crítico. Aún así, de los recortes realizados por la SPU este año, una de las áreas más afectadas fue la de Infraestructura (aproximadamente un recorte que representa el 40,3%). A esto se suma la suspensión de todas las obras edilicias que ya se encontraban licitadas, adjudicadas y contratadas pero que todavía no se habían iniciado, lo que expresa un recorte de aproximadamente 4 mil millones.

Con el gobierno de Macri, el estado edilicio de las universidades e instituciones preuniversitarias, ya suficientemente bastardeado, se agrava aún más.

 

  1. “La propuesta salarial iguala la inflación acumulada”.

En este año, los índices de los meses de enero y febrero ya fueron compensados con la cláusula gatillo otorgada en marzo. El 10,8% acumulado en la última reunión de la mesa salarial por el período marzo/junio igualaba la inflación de ese tramo. La negociación sigue abierta.

El gobierno ha salido a decir que la propuesta salarial del 15% era justa, adecuada a los niveles de inflación. ¡Qué mentira más descarada! Tomando los datos de agosto y siendo “moderados”, la inflación acumulada este año equivale ya al 24% de aumento, con promesas de escalar al 35% para diciembre. Incluso si se calculara –como dice Bullrich– el período que va de marzo a marzo (lo que no tiene ningún fundamento), la inflación ya ronda el 18,7%. Todo esto sin tomar en consideración el deterioro sufrido por el salario docente desde 2015 (de aproximadamente 15 puntos), pero cuya tendencia viene por lo menos desde 2011.

En síntesis, el gobierno nacional quiere imponer un ajuste brutal a la educación universitaria, profundizando y agravando la situación de desfinanciamiento estructural que sufre esta área. Esto repercute en miseria salarial para docentes y no docentes, en peores condiciones de cursada para los estudiantes, y en graves dificultades para el funcionamiento de la vida universitaria en general. Por esta razón, todos los sectores de la universidad tenemos que asestarle un duro golpe al gobierno, para frenar sus políticas de ajuste. La única manera de hacerlo es fortaleciendo la movilización contra el presupuesto del ajuste el próximo 24 de octubre.

¡No podemos quedarnos de brazos cruzados!

[1]             Instituto de Estudios y Capacitación – IEC, Conadu. (2018). “El ajuste sobre las universidades nacionales. Situación presupuestaria primer semestre 2018”. Documento disponible en: https://conadu.org.ar/wp-content/uploads/Situacion-presupuesto-universitario-1º-semestre-2018-1.pdf.

[2]             Fuente: IEC, Conadu.

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