Elecciones 2019

Por ley las empresas podrán aportar a las campañas electorales

En sesión especial y con ayuda del massismo y el bloque "Argentina Federal", Cambiemos logró sancionar que las empresas puedan aportar a las campañas electorales a partir de las presidenciales de este año

Lisandro Acuña


El pasado 15 de Mayo, en sesión especial la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de financiación de partidos políticos que impulsaba Cambiemos, legalizando así los aportes de empresas como “privados” a las campañas electorales a partir de esta elección.

Con la ayuda del massismo y la “oposición dialoguista”, el gobierno logró imponer por 147 sobre 69 votos su proyecto, que habilita donaciones de hasta un 2% del gasto de campaña habilitado por parte de “personas jurídicas” -lisa y llanamente, empresas- siempre y cuando sean bancarizados. La ley excluye los aportes de entes estatales, contratistas del Estado o que exploten juegos de azar.

Luego del escándalo de los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017, el gobierno buscó, hablando de “transparencia”, legalizar algo que ocurre desde tiempos inmemoriales en la política, que es que empresas privadas contribuyan a los candidatos con los que tienen mayor afinidad, o que ven que mejor podrían servir a sus intereses.

El extremo del caso son los Estados Unidos, donde el “lobby” está completamente reconocido y legalizado, y las empresas ejercen libremente presión sobre todos el sistema político moviendo millones para una campaña o la otra con tal de favorecer -o perjudicar- al candidato que les haga los mandados.

El artículo 4 de la Ley, que versa específicamente sobre el financiamiento de “personas jurídicas” a las campañas electorales fue el más controversial, pero se introdujeron cambios en toda la ley de financiamiento a agrupaciones políticas para campaña electoral, con centro en bancarizar los aportes, como una suerte de “apuesta a la transparencia” que difícilmente pueda engañar a nadie.

La reforma a la Ley Electoral realizada por el kirchnerismo en 2009, además de introducir las primarias obligatorias con piso proscriptivo -las famosas PASO-, convirtió al Estado en el principal aportante a las campañas electorales, mediante financiamiento para boletas y materiales electorales que se distribuye desde una partida presupuestaria, 50% equitativamente entre todas las listas que se presenten y la otra mitad por proporcionalidad de votos en la elección pasada.

También se modificó, en aquel momento, la distribución de pauta electoral en medios públicos y privados, utilizando el mismo método que para el presupuesto, lo que significó para la izquierda la posibilidad de acceder a medios masivos de comunicación que antes le estaba vedada por las elevadas tasas publicitarias que cobran los medios privados.

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En la actual reforma el tiempo que se otorga durante la campaña para estos espacios durante la campaña electoral se reduce del 10 al 5%, recortando a la mitad la llegada de todos los partidos a los medios de comunicación masiva.

En suma se trata de una reforma enormemente regresiva, que no sólo santifica la participación empresarial en el proceso electoral -algo que siempre ha ocurrido, pero que ahora cuenta con respaldo legal-, abriéndole la puerta al lobby, sino que directamente apunta a restringir los espacios “públicos” de campaña política, favoreciendo a quienes cuenten con mayor financiamiento. No es casual que “privatización de la política” haya sido leimotiv que se escuchó en el recinto a la hora de votar el famoso artículo 4. La votación de ese artículo en particular fue la más baja, pasando por 135 contra 81 votos en contra, alcanzando sin holgura los 129 votos ( la mitad más uno del recinto) necesarios para pasar la ley por sesión especial.

 

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