represión y derechos humanos

Patricia Bullrich, procesada por represión y espionaje

Procesan a Patricia Bullrich y otros funcionarios de Seguridad  por haber montado un plan represivo contra las comunidades originarias mapuches del sur del país para favorecer negocios inmobiliarios y a los grandes propietarios de tierras de la región.

Luz Licht
Redacción Izquierda Web.


El dictamen fue emitido por el fiscal Picardi tras la denuncia realizada en junio por la APDH contra Bullrich, su ex jefe de gabinete Pablo Noceti, el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane, y el secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Habla de un plan represivo y de despojo de tierras contra los originarios para defender los intereses de los grandes propietarios como Benetton que se cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Todo el poder del aparato del Estado, involucrando al poder judicial y los medios de comunicación, fueron parte de las herramientas utilizadas para legitimar la represión, persecución e impunidad. La acusación da cuenta de la utilización ilegal de pruebas, escuchas y espionaje por parte de miembros de la AFI que tuvieron como blanco a la familia de Santiago y miembros de la comunidad mapuche.

Dicho plan se sirvió de un sinfín de elementos y herramientas de las instituciones estatales, la denuncia emprendida tiene como fin probar el carácter orquestado  y planificado de los ataques en pos de la defensa a ultranza de los negociados inmobiliarios millonarios. Se estima que puedan ser probados varios delitos en los que incurrieron los acusados con la ministra a la cabeza.

«Asimismo, la investigación deberá dilucidar si en el marco de dicha organización se han llevado adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M., una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten»[1] recalcaba Picardi en el dictamen.

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La estigmatización y virulencia de la campaña emprendida contra los pueblos originarios llegó a convertirse prácticamente en una caza de brujas por parte del gobierno y el Estado. Ese ímpetu en señalar la presencia de un enemigo interno al que era preciso combatir con la mayor vehemencia llegó a extremos de una furibunda agitación reaccionaria.

Todo emulaba una suerte de revival del genocidio de fines del siglo XIX “La Campaña del Desierto” y como entonces los medios represivos y la imaginación de medios y periodistas para legitimar la cruzada estuvieron a la orden del día. Por supuesto no importó si para ello se militarizaban pueblos enteros, se detenía y violentaba de forma arbitraria a jóvenes, ancianos, niños y niñas, mujeres, o si se desaparecía a un joven y se respondía a ello con la siembra de pistas falsas, estigmatización, persecución a su familia, razzias en las masivas manifestaciones que reclamaban su aparición.

Cuando Santiago finalmente apareció sin vida, luego de mil y un maniobras burdas para entorpecer y manipular pruebas por parte de jueces, fiscales y funcionarios, parece que simplemente se había ahogado solo. El día que asesinan criminalmente por la espalda a Rafael Nahuel se estaban velando los restos de Santiago. Tanta infamia no pudo ni debió ser fortuita.

La causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, la posibilidad de encontrar justicia radicará sin dudas en la movilización de cara a lograr una condena contra Bullrich y sus cómplices.

[1]https://www.pagina12.com.ar/228723-imputada-por-espiar-y-reprimir-a-los-mapuches

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