Ajuste de jubilaciones al gusto del FMI

Otra vez sopa, otra vez sapo

Un país dependiente, endeudado y bimonetario que no tiene reservas en divisas. Una economía castigada, como todas, por la pandemia, pero que venía en plena recesión y con una inflación de las más altas del mundo.

Marcelo Yunes
Intelectual marxista. Especialista en economía.


Un gobierno que en los discursos se muestra (a veces) duro con el establishment y habla de los pobres, pero que en los hechos cede en todo a la agenda de aquél –desde Vicentin a Guernica, desde el impuesto a la riqueza a los especuladores financieros– y toma medidas contra éstos, la última de las cuales es la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Estos ingredientes terminan en a) crisis cambiaria con devaluación brutal, b) ajuste fiscal, o c) las dos cosas. Por ahora, el gobierno de Alberto Fernández está más dispuesto a ajustar que a bancarse una devaluación impuesta por “los mercados”, porque cree que así tiene más control de las variables. Pero la situación es muy delicada y todo está atado con alambre. Es imposible entender la movida previsional fuera de este contexto.

El tridente del ajuste en el Presupuesto 2021

Cuando el gobierno presentó el Presupuesto 2021 ya sabía que debía defender esos números ante la misión del FMI que llegó esta semana a Buenos Aires. Para los Fernández, el aval político y apoyo financiero del FMI es irrenunciable: sin eso, no hay forma no ya de cumplir las metas de 2021 sino siquiera de terminar el 2020 en paz. Los días de pánico por la cotización del dólar informal no han terminado; la calma actual es sólo una tregua de “los mercados” hasta comprobar que el gobierno avanza en la “dirección correcta”, esto es, en la de sus intereses. Tan apremiante es la situación cambiaria que, contra afirmaciones en contrario de Alberto Fernández que vienen desde la campaña electoral, fue primero posible y ahora es casi probable que el FMI termine haciendo un desembolso de dólares frescos para apuntalar un Banco Central en rojo.

La misión del Fondo quiere chequear sobre todo dos cosas: que el gobierno no perdió el control de la crisis cambiaria y que los números para lo que resta del año y los pautados en el Presupuesto son compatibles con un nuevo arreglo. En este caso, se trataría de un “acuerdo de facilidades extendidas”, a por lo menos cuatro o cinco años de plazo, buscando años de gracia en los pagos de intereses y capital a la deuda con el Fondo pero, más urgentemente, un espaldarazo político que convenza a los “agentes económicos” –los dueños de los dólares en Argentina: bancos, fondos de inversión, patrones del campo y multinacionales– de que, después de todo, la cosa no se va a desmadrar.

Pero eso exige garantías, que asumen la forma de dos condicionantes: el saldo de dólares (vía balanza comercial y también los demás rubros) y el saldo de pesos, es decir, la recaudación impositiva versus el gasto fiscal. En el primer rubro no hay mucho para hacer –es decir, el pusilánime gobierno actual, incapaz de siquiera alzar la voz frente al empresariado, no tiene mucho para hacer–, salvo “promover las exportaciones”, es decir, rezarle a los precios de la soja y del petróleo de Vaca Muerta. En cambio, por el lado del gasto el gobierno ya se está comprometiendo a una fuerte reducción del déficit fiscal, para beneplácito de la ortodoxia neoliberal.

Ese ajuste del gasto va a pasar esencialmente por tres vías. La primera y principal es la desaparición en el Presupuesto de los desembolsos por los programas ATP e IFE, lo que representa no menos de 150.000 millones de pesos. Si alguien sabe a dónde fue a parar la consigna de “priorizar la salud de los argentinos por sobre la economía”, que nos lo comunique. Acá también va a haber que rezarle a la eficacia de las vacunas que están en proceso: si no llegan a ser capaces de contener las infecciones de covid-19 (y acá todavía estamos en la primera ola), plata para sostener un nuevo aislamiento no hay.

La segunda aspiradora prevista de gasto público que antes atendía “las necesidades de los argentinos” y ahora cubrirá las necesidades de los acreedores es la reducción de subsidios a las tarifas de servicios. El ya anunciado descongelamiento de las tarifas es sólo el primer paso; los detalles y el ritmo aún no están resueltos, pero el rumbo general está fuera de duda: vamos a una quita gradual del aporte estatal a los servicios y a un sacudón en el bolsillo de los sectores populares.

El tercer pincho de este tridente infernal es el que vamos a discutir ahora: el nuevo cambio en la fórmula regulatoria. Habíamos dicho al comienzo de la actual gestión, cuando se anunció la suspensión de la fórmula de ajuste del macrismo para reemplazarla provisoriamente por aumentos por decreto, que el criterio para evaluar el cambio era muy sencillo. Y sigue siendo el mismo. Consiste, simplemente, en la siguiente pregunta: ¿estos cambios en la fórmula de ajuste de haberes son para que los jubilados cobren mejor o peor que antes? Ahora, como entonces, hacerse la pregunta es responderla.

Distintas fórmulas, un solo resultado

La propuesta del gobierno es que a partir de marzo próximo vuelva a regir la fórmula de ajuste de haberes establecida en 2008 durante el primer mandato de Cristina Fernández. Esa fórmula incluía, por mitades, dos variables: el aumento de la recaudación impositiva y el índice de evolución salarial (el llamado Ripte compilado por el Ministerio de Trabajo), con dos actualizaciones anuales, sin ninguna referencia al índice de inflación. Este sistema se mantuvo hasta que Macri lo derogó en 2017 en las famosas jornadas de diciembre de 2017.

Desde el oficialismo salieron a decir que esto es para reeditar la mejora del poder adquisitivo de los jubilados –que calculan, con generosidad excesiva, en un 26%– entre 2008 y 2017. Lo comparan con el cálculo de que con la fórmula de Macri las jubilaciones retrocedieron más de un 20% en términos reales. Lanzan las cifras y fechas como si ésa fuera toda la demostración que se necesita. Pues bien, no. Las cosas no son tan simples, y el efecto de las fórmulas tampoco.

Una fórmula que no ajusta por inflación sino por recaudación + índice salarial puede ganar o perder frente a la suba de precios. Eso depende de a) el crecimiento económico y b) la marcha de las paritarias. En general, esos indicadores van unidos. En los dos gobiernos de Cristina, hubo más años de crecimiento y paritarias que en promedio, no estaban lejos de la inflación. Pero eso no fue siempre así: en los años de inflación más alta (que además fueron recesivos), como 2010 y sobre todo 2014, los haberes jubilatorios perdieron frente a la inflación. Lo mismo sucedió en 2016, ya con Macri pero bajo la fórmula K: ese año, la inflación fue del 40,9% pero las jubilaciones sólo aumentaron el 31,2%.

Esto sucedía, como señala Carlos Martínez, economista del CEPECS y la UNGS, porque ese sistema no estaba preparado “para niveles de inflación semestrales tan altos”, ya que siempre se producía “un incremento de la jubilación y luego un descenso de su poder de compra por 6 meses”. A la inversa, cuando la inflación baja y no hay recesión, como en 2017, la misma fórmula arroja un saldo favorable a los jubilados contra la inflación de +3,7% (28,5 vs 24,8).

Hasta ahí, la fórmula, como se ve, podía funcionar mejor o peor, pero no estaba expresamente diseñada para que el Estado ahorrara plata a expensas de las jubilaciones. En cambio, la nueva fórmula pergeñada por el macrismo tenía el propósito expreso de gastar menos en jubilaciones. Y vaya que se logró, con una caída del poder de compra de los haberes del 19% en 2018 y 2019.

¿Cómo se logró este resultado? Pues eliminando el factor “recaudación fiscal” de la fórmula –que, en un contexto de crecimiento, como ingenuamente creía el macrismo que iba a tener, reforzaría los haberes– y remplazándolo por el factor inflación, ausente en el cálculo anterior. Así, mediante la reducción del salario real gracias a las paritarias a la baja –cortesía de los traidores de la CGT– y, especialmente, robando un trimestre entero a la fórmula de actualización, se consumó el robo. Recordemos que el macrismo, en vez de actualizar en marzo de 2018 según los últimos seis meses, tomó sólo tres, con el argumento de que ahora los ajustes serían trimestrales. Al gobierno, como sabemos, esto no le salió gratis: ellos mismos reconocen que las jornadas del 14 y 18 de diciembre lo hirieron de muerte.

Ahora bien, un índice jubilatorio que actualiza en parte por inflación supone, al menos, cierto reaseguro contra períodos de alta inflación, como fue el último cuatrimestre de 2019. ¡Pero justamente cuando había que efectuar el ajuste con un cálculo que beneficiaba a los jubilados, el recién asumido gobierno de Alberto Fernández decidió eliminar la fórmula macrista! Un timing perfecto para ahorrarle plata al fisco y estafar a los jubilados: cuando te perjudica, se aplica; cuando te beneficia, se deja de aplicar. ¡Así cualquiera!

Aquí, entonces, hay una “ruptura” en lo superficial –qué fórmula se aplica– sólo para disimular la continuidad en lo esencial: cuando hay que calcular los haberes de los jubilados, lo importante es armar una fórmula que los perjudique en beneficio de las arcas estatales.

Continúa la dieta de sapos

Nadie puede acusarnos de prejuicio o mala fe. Cuando Alberto Fernández suspendió la utilización de la fórmula Macri, dijimos que era para ajustar, no para pagar más; en voz baja, hasta el oficialismo lo reconocía. Por supuesto, fue lo que pasó: en lo que va del año, las jubilaciones ajustadas por decreto perdieron sistemáticamente contra la inflación (y eso que ésta no se desmadró). No fue un accidente, sino una meta deliberada.

Y lo mismo hay que decir de la propuesta actual de regreso a la fórmula de 2008. De nuevo: parece una continuidad en lo superficial –la fórmula es la misma–, pero hay una ruptura en lo esencial: a diferencia de 2008, ahora el objetivo confeso del cálculo es priorizar las arcas del fisco, no los haberes jubilatorios.

En efecto, el comunicado de Hacienda publicado por la agencia oficial Télam sostiene que la inclusión de la recaudación impositiva en la fórmula “permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal (…) [y] permitirá reducir el actual déficit previsional”. Ya con más claridad, se afirma: “La fórmula de movilidad debe contribuir a la estabilidad macroeconómica, en términos de la recuperación real y en su efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante”.

Está clarísimo: dar aumentos de haberes como la gente “desestabiliza” la macroeconomía y compromete la “sustentabilidad fiscal”, convertida en nueva vaca sagrada del gobierno “popular” a expensas de los ingresos de la tercera edad. Además, el componente salarial de la fórmula es otra garantía de que el número final saldrá achatado, gracias a las miserables paritarias que firman los miserables (en el otro sentido) burócratas de la CGT.

Por si hacen falta pruebas adicionales de cuáles son las verdaderas intenciones de este cambio, obsérvese lo siguiente. Si realmente se buscara proteger las jubilaciones, sería muy sencillo poner una cláusula gatillo o de seguridad que diga simplemente lo siguiente: si el ajuste producto de la fórmula resulta ser inferior al índice inflacionario, se ajustará por inflación. Listo. Este sistema, lejos de ser un “delirio trosco”, es el vigente en muchos países desarrollados (el Reino Unido, por ejemplo, tiene no doble sino triple “candado de seguridad” a los ingresos de los jubilados).

Frente a esta propuesta –que algunos especialistas ingenuos ya adelantaron–, ¿qué responde el gobierno? Pues con esta insólita afirmación: “Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina”. Sic. ¡Increíble: si hay UN país de este planeta donde todo debería ajustarse por inflación es precisamente Argentina, que tiene un historial inflacionario e hiperinflacionario casi único en el mundo! Sostener lo contrario es, sencillamente, convertir en letra muerta y cínica la promesa de “cuidar de los más vulnerables”.

Y eso no es todo. El proyecto apunta en la dirección exactamente opuesta de manera explícita: se niega a poner ninguna garantía de protección del haber jubilatorio, pero ¡instala una garantía de protección de la plata del Estado contra las jubilaciones, ya que propone un tope a los aumentos anuales, que no podrán superar el crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03)! Esto es: suponiendo que por una hipotética combinación de circunstancias la fórmula beneficiara “de más” a los jubilados, se aplica el tope. Es una verdadera cláusula gatillo a favor del fisco y contra los jubilados.

Es por eso que los especialistas en el tema, en muchos casos cercanos al gobierno pero que no comen vidrio, salen al cruce del proyecto: “Ajustar jubilaciones por la recaudación es una mala idea. (…) El objetivo de la movilidad es proteger el poder adquisitivo de los beneficios, dándoles previsibilidad. La recaudación no aporta a esto, porque es muy volátil (sube rápido en buenos tiempos y baja en los malos), la información es poco transparente y las reglas cambian seguido en función de políticas tributarias”, explica Rafael Rofman, economista del CIPPEEC.[1]

Concluyamos con un dato que tal vez debiera haber estado al principio, porque explica muchas cosas. El anuncio del cambio de fórmula se hizo en la misma semana en la cual llegó al país la misión del FMI. El gasto en Seguridad Social, principalmente jubilaciones, es el rubro más importante de todos en volumen: representa el 35% del Presupuesto 2020, según cálculos oficiales, y en el 2021 treparía al 38% del total. Es ese monto, ese gasto y esos jubilados y pensionados los que el gobierno se propone ajustar. Las fórmulas van y vienen; lo que queda, desde hace rato, es la voluntad de cumplir los acreedores a costa de los sectores populares, los mismos que el “relato” dice querer proteger. En suma: otra vez sopa para las masas, otra vez sapo para la militancia kirchnerista.

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