A partir de aquí corren las especulaciones, pero sobre todo corre el tiempo para que acreedores privados y el Estado argentino lleguen –o no– a un acuerdo. Por empezar, como el gobierno decidió no pagar un vencimiento del miércoles 22 por unos 500 millones de dólares, corren los 30 días hasta el 21 de mayo para cerrar un acuerdo (que incluya esos bonos) y evitar el default. Si hay portazo de cualquiera de las dos partes o la negociación se extiende, será ya en condiciones de default. En lo que sigue, algunos datos para entender qué es lo que está en juego y qué se puede esperar, con o sin cesación de pagos.

Precisemos en primer lugar el monto en discusión: son 66.238 millones de dólares, divididos en 21 emisiones, de las cuales 17, por un total de 41.458 millones –el 62,6%–, fueron hechas por el gobierno de Macri. El gobierno propone canjearlos por otros 10 bonos distintos, con vencimientos desde 2030 hasta 2047. Las condiciones generales son en esencia las siguientes: 1) reducción del capital (sin contar los intereses, lo que en inglés se llama principal) del 5,4%, unos 3.600 millones de dólares; 2) reducción de los intereses en 37.900 millones, un 62%, como resultado de un esquema de pagos nuevo; 3) ese esquema incluye no pagar intereses ni capital por tres años (2020, 2021 y 2022) como período de gracia, y 4) pagar capital e intereses a partir de 2023, empezando con una tasa del 0,5%, que irá creciendo de a medio punto hasta el 4,5%, con una tasa promedio del 2,33%.

Los voceros de los acreedores –incluidos varios medios importantes argentinos, que son las dos cosas: voceros de los acreedores y acreedores ellos mismos– calificaron la propuesta de “agresiva”, “muy dura” o “inaceptable”. Pero no fue ésa la reacción de los famosos “mercados” (el puñado de operadores que corta el bacalao): el viernes, conocidos los detalles, los precios de los bonos de deuda argentinos, por primera vez en mucho tiempo, pegaron un salto hacia arriba. Significa que la propuesta no es tan imposible de aceptar, o que en todo caso esperaban condiciones todavía peores.

Antes de marearse con los números y porcentajes, es mejor partir de lo básico: los bonos argentinos tienen un valor presente, de mercado, que por supuesto es muy inferior al valor nominal, pero no son valores de remate o de default irrecuperable. Ese valor, como veníamos señalando en ediciones anteriores, ronda el 35-40%. Ahora bien, para ubicarnos en este póquer de mafiosos, el primer dato a considerar es cuán lejos de ese valor está la oferta de Fernández-Guzmán. La respuesta inicial y aproximada es: no mucho. Por eso, pese a que, como corresponde a las primeras etapas de la negociación, las dos partes parecen inflexibles (“esto es todo lo que hay”, dice Guzmán; “la propuesta es inaceptable”, replican los bonistas), nadie se levantó de la mesa y las dos partes saben que empezó el tira y afloje. Y por ahora, lo único seguro es que no hay resultado seguro, ni siquiera más probable. Por eso decíamos que el dado está rodando.

 

Haciendo números con la vida de la gente

Por lo pronto, uno de los indicadores de que por ahora no hay portazo a la vista sino negociación es que los acreedores enseguida empezaron, calculadora en mano, a sacar cuentas de una variable que puede modificar sensiblemente los números. Se trata de la tasa de descuento, o “exit yield” (va a haber que acostumbrarse a esa expresión en estas semanas), que no es otra cosa que el porcentaje de valor (“yield”, literalmente “rendimiento”, pero en el fondo, el precio final del bono) que se pierde por salir (“exit”) de los bonos viejos y canjearlos por los nuevos.

Según una consultora, “el gobierno calcula una exit yield del 6%, que daría un valor presente neto del 59% y una quita del 41% para un bono a 2030. Pero esa tasa de descuento no existe para la Argentina, por toda su historia, y el mercado hace un cálculo con un exit yield del 12%, que arroja un valor presente del 36% y una quita del 64%” (El Cronista Comercial, 19-4-20). Naturalmente, la consultora se pone del lado de “los mercados”; lo más probable es que ambas partes exageren un poco.

Otro cálculo, de otra consultora argentina, propone números menos generosos pero en un rango similar: “Según estimaciones de Ledesma, el VPN [valor presente neto. MY] de los nuevos bonos ofrecidos por el gobierno (con vencimientos entre 2030 y 2047), calculados sobre un valor nominal de 100, van del 38,95% para el más largo al 41,98% para el de vencimiento más cercano, con una supuesta exit yield del 10%. Si, en cambio, se considera una tasa del 14%, caen a un rango de entre el 25,13% y el 35,63%” (La Nación, 22-4-20). Como se ve, estos garcas locales suponen un exit yield máximo (es decir, pérdidas para los acreedores) aún más alto que los garcas de afuera. Cosa que era de imaginar; ya sabemos que los cipayos son peores que los colonialistas.

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Veamos un último cálculo, esta vez de la consultora 1816: “El VPN de las distintas ofertas está entre 38 y 42 dólares [por 100 de valor nominal. MY], descontando al 10% (exit yield)”, lo que significa “valores por debajo o en línea con los mínimos a los que han operado los bonos entre las PASO y las crisis del Covid-19”, de donde saca la conclusión de que es “improbable” que los acreedores acepten (La Nación, 22-4-20).
En todo caso, este cálculo establece un piso y un techo para el valor presente (en realidad, futuro) de los nuevos bonos. La diferencia es importante, pero no insalvable ni tan disparatada como para dar vuelta la mesa e irse, y por eso tanto acreedores como gobierno saben que está en curso una negociación. Que puede terminar, en verdad, de cualquier manera. Porque, como dijimos en la edición anterior, no hay mucho margen para ninguno, y la “zona de acuerdo” puede ser muy, demasiado estrecha.

A todo esto, ¿de cuánta plata estamos hablando? La cuenta de almacenero puede resumirse en lo que dice Miguel Zielonka, director asociado de Econviews: “Los acreedores buscan 10 dólares más de valor presente. Eso lo podés conseguir subiendo los cupones, bajando el período de gracia o comprometiéndote a ahorros fiscales” (ídem).

Se entiende, ¿no? Si quieren, lo resumimos así: los acreedores tienen bonos que valen 30-35% del valor nominal; lo que ofrece el gobierno anda por ahí o un poco más, pero el margen es dudoso, de modo que para estar seguros los acreedores piden 10 dólares más, digamos un 45%. De dónde sale esa plata adicional, no les interesa mucho, pero por una cuestión de hábitos y gustos los tipos prefieren que salga de un “ajuste que duela”, como veremos ahora.

 

Arrogancia imperial vía Zoom

En el medio, trascendieron algunos detalles previos de la negociación que no por repugnantes generan la menor sorpresa. Veamos un ejemplo de mafia financiera, el mexicano Gerardo Rodríguez, director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, que le dijo en la cara al ministro Guzmán, textualmente, esto: “Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo” (A Bercovich, BAE, 17-4-20), dando a entender que el ministro de Economía de un país soberano, pero deudor, no vale un comino al lado de un ejecugarca de un mega fondo global.

Los aprietes mafiosos no terminaron ahí: “El de Blackrock no fue el único que intentó amedrentar a Guzmán. Un enviado de un fondo más chico pero que tiene en cartera un stock importante de los bonos emitidos en el canje de 2005 lo comparó con Yanis Varoufakis, el ministro de Economía que designó la coalición izquierdista Syriza en Grecia apenas asumió Alexis Tsipras. ‘Vimos otro ministro con ideas parecidas a las tuyas. Con otros modales, sí. Pero parecido a vos. Mirá que él se fue, vino otro y nosotros salimos ganando’, le espetó, también por videoconferencia. ‘Lo que nos tienen que mostrar es un sacrificio que duela’, completó, por si no se había entendido el mensaje” (ídem).

Por eso, una de las condiciones que pondría esta pila de basura con forma protohumana llamada comité de acreedores es la de “conocer los números del plan económico”, porque les parece increíble que un gobierno pretenda negociar con ellos sin antes pedirles permiso sobre las medidas y el rumbo económico que deberá adoptar. De hecho, uno de los fondos más importantes, el citado Black Rock, “decidió romper lanzas y asegurar que si no hay precisiones sobre el plan de ajuste fiscal del gobierno no habrá aceptación de la oferta” (Ámbito Financiero, 22-4-20). Esta gente no sólo quiere cobrar, sino imponer las formas y el ritmo de generación de divisas para asegurarse de que su platita va estar disponible cuando los señores lo pretendan. Total, en paisuchos como la Argentina los gobiernos están para decir que sí a cuanto reclamen los acreedores, ¿no?

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Otra de las condiciones (negociable) es que el plazo de gracia de tres años sin cobrar un centavo les parece demasiado, y por eso piden un “endulzante” (sweetener), bajo la forma de una especie de pago inicial a cuenta por única vez apenas cerrado el acuerdo. Y decimos negociable porque la respuesta a este segundo reclamo se puede combinar con el tercero, que es subir un poco la tasa de interés que ofreció el gobierno. Como ya dijimos, el famoso valor presente es una resultante de las principales variables: plazo, tasa, forma de capitalización de intereses y capital inicial (principal). La negociación que viene consistirá, si llega a buen puerto, en pasar de 35 al número mágico de 45 retocando una o más de esas variables.

Salvo una: la propuesta del gobierno es sumamente generosa con los acreedores en cuanto a que la quita de capital es casi insignificante, una de las cosas que cayó muy bien en “los mercados” y que generó la importante suba de los bonos argentinos en Wall Street del viernes 17 y el lunes 20, ya que evidenciaba una voluntad de sentarse a negociar que algunos ponían en duda.

¿Cómo sigue esto, y, sobre todo, cómo puede terminar? El final está verdaderamente abierto. Las dos partes, en el fondo, quieren negociar y llegar a un acuerdo. Pero ese camino puede ser muy tortuoso y en cualquier momento una de las dos se queja de una provocación, se levanta y se va. A juzgar por la paciencia ante el trato humillante que recibió, el gobierno argentino no parece que fuera a tomar la iniciativa en ese sentido, pero no es posible adelantarse mucho. Guzmán ya dice que no lo van a correr con el fantasma de la hecatombe por el default porque de todos modos “Argentina ya está en una situación de virtual default. Argentina ya no tiene acceso a los mercados de crédito internacional y eso va a seguir ocurriendo, pase lo que pase”. Y puso como fecha límite a los acreedores para aceptar o rechazar la propuesta el 8 de mayo.

Pero por ahora es todo una partida de póquer que puede durar hasta después del default formal del 21 de mayo, puede terminar en acuerdo antes de esa fecha o se puede caer todo la semana que viene. Todo es posible, y ambas partes lo saben.

 

¡Ni un dólar para estos miserables!

Si bien este penoso episodio aún no ha terminado, ya se pueden ir sacando algunas lecciones. La primera es que no alcanza con la “buena voluntad”, la “comprensión” y la “ayuda” del mismísimo FMI para mover la voluntad de acreedores privados. Si el gobierno esperaba que la palabra de Kristalina Georgieva tuviera un peso decisivo en esa gente, le erró fiero. La segunda es una clase práctica de imperialismo en tiempo real y con gente de carne y hueso, bajo la forma del cinismo desvergonzado de los burócratas representantes de fondos de inversión –¡y ojo que estamos hablando de los “civilizados”, no de los buitres, que ya están revoloteando!– para apretar, amenazar y burlarse de los representantes del gobierno –perfectamente capitalista, por lo demás– de un país periférico en problemas. La tercera, y acaso la más importante, es que salvo que se pretenda, como lo hace el gobierno de Fernández, caminar por una cornisa casi imposible entre cumplir el compromiso asumido en campaña y en gestión de “no pagar lo que no se puede pagar” y a la vez seguir en la lista blanca de los gobiernos capitalistas “normales”, con esta runfla de gusanos conocida como “acreedores internacionales” no hay nada para discutir. Y mucho menos andar pidiendo permiso para cada medida o política económica.

Las condiciones locales e internacionales “normales”, por otro lado, están totalmente distorsionadas por las consecuencias de la pandemia global, que plantea nuevas exigencias y desafíos a los que no se puede dar respuesta caminando por el mundo de los garcas de las finanzas internacionales como quien pisa huevos. Basta: es el momento para cortar de una buena vez los lazos de dependencia y hasta servilismo que nos atan a la mafia financiera imperialista, que no tiene ningún prurito –más bien, casi disfruta de manera sádica– en pedir sufrimiento “que duela” para la inmensa mayoría de los trabajadores y el pueblo de este país. ¡Ahora es cuándo!

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