El Ministerio de Trabajo convalidó el lunes 6 de Abril el acuerdo entre la multinacional ítalo-argentina Techint y la UOCRA para avanzar en la desvinculación de 1500 obreros de la construcción a pesar de encontrarse vigente la conciliación obligatoria dictaminada por el propio ministerio y el decreto del ejecutivo para prohibir despidos y suspensiones por 60 días.
Los trabajadores recibirán como compensación lo depositado en el Fondo de Cese Laboral, más una “gratificación” de 24 a 33 mil pesos y la promesa -verbal, no escrita- de reincoporarlos una vez termine la cuarentena.
Manuela Castañeira: «Vamos por la prohibición de despidos sin reducción de salarios»
En C5N, la dirigente del Nuevo MAS se expresó ante los despidos del grupo Techint, la familia Caputo y el decreto que prohíbe los despidos. #InmoralesSA https://t.co/mDdNNn04E9 vía @izquierdaweb— Izquierda Web Noticias (@IzquierdaWeb) April 2, 2020
Hace diez días la multinacional Techint, perteneciente a Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina según la revista Forbes, anunció despidos masivos en su división de Construcción acusando que no podía pagar los sueldos por tener las obras paralizadas a causa de la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid-19.
Ante el escándalo que desató que una de las principales empresas del país avanzara con despidos, el gobierno reaccionó decretando la conciliación obligatoria desde el Ministerio de Trabajo, con el presidente Alberto Fernández llamando “miserables” a quienes despedían y anunciando un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir despidos y suspensiones por 60 días, que tuvo poco efecto más allá de la verborragia.
«Empresarios como los del grupo Techint y el grupo Mirgor tienen ganancias millonarias y tratan de descargar sus supuestas pérdidas sobre los trabajadores» en #NosVemos en @C5N
— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) April 1, 2020
Desde este medio advertimos de los límites de ese DNU, al permitir las suspensiones “pactadas individual o colectivamente” contempladas en el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, además no contemplar a los trabajadores informales -en negro-, no pautar penalidad por incumplimiento y no entrar en vigencia con retroactividad, en los hechos convalidando despidos realizados previo a la dictaminación del decreto.
En medio de la presión empresarial para levantar la cuarentena y volver a producir, avalar los despidos de una de las empresas más importantes del país es un guiño del gobierno para todo las patronales que en estos días avanzaron con rebajas salariales, suspensiones y despidos, incluso en el área de salud. Todo esto con el aval de las centrales sindicales, que tras reunirse con el gobierno sólo anunciaron que el 13 de Abril se vuelve a trabajar.
Como plantea la Corriente Sindical 18 de Diciembre, para que no sean los trabajadores quienes paguen la cuenta de la crisis generada por la pandemia hay que prohibir los despidos por 180 días y expropiar bajo control obrero cualquier fábrica o lugar de trabajo que incumpla así como reconvertir la industria para ponerla al servicio de la fabricación de insumos básicos para la salud que hoy escasean o son acaparados por empresas y comercios.
