Más trajes verdes a medida

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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


Chevron, Chevron, qué grande sos…

 

Después de lanzar la ley de telecomunicaciones a medida de los grandes pesos pesado (y “amnigos K”) de la actividad, en particular Telefónica y el mexicano David Martínez, actual dueño del 40% de Cablevisión, se conoció algo del famoso contrato casi secreto YPF-Chevron que mantiene el mismo patrón. Que no es otro que el de favorecer a toda empresa multinacional que se comprometa a traer dólares, voluntad que casi inmediatamente y sin más compromisos las convierte en “amigas” del gobierno. De esta manera, los marcos legales (sean contratos, convenios o leyes nacionales y provinciales) se acomodan a gusto y conveniencia de los grandes inversores. Mientras sea color verde dólar, todos recibirán un traje a medida.

Lo irónico del asunto es que la olla de este contrato fue destapada, casi a modo de denuncia, por un diario que toda la vida se dedicó a defender los intereses de las grandes empresas, el respeto a la propiedad privada y la “seguridad jurídica” para los capitalistas, a saber, La Nación. Para continuar el mudo al revés, referentes de la oposición como Ernesto Sanz (el más “market friendly” de los precandidatos de la UCR) se quejaban de que “el gobierno le ofrece a Chevron la seguridad jurídica que le niega al resto de los argentinos”. La moraleja chica de este asunto es que los voceros de derecha, para pegarle al gobierno, son capaces de acusarlo de lo que para ellos mismos está bien. La moraleja grande es que las consignas de la época de gloria del “relato”, como “vivir con lo nuestro”, “recuperar el Estado”, “ganar soberanía”, “no dejarse pisotear por el imperio” y otras parecidas han sido vendidas a precio dólar (oficial o blue, tanto da).

 

Chevron pone condiciones…

 

Para poner en contexto la firma del acuerdo Chevron-YPF, hay que recordar que las negociaciones se desarrollaron en el segundo trimestre de 2013. Es decir, el momento en que el gobierno estaba embarcado en plena cruzada “ortodoxa” de hacer los deberes que le pedía el “mercado” para salir del default y volver a conseguir financiamiento internacional. Todo esto ocurría mucho antes de que estallara el “affaire buitres”, con el fallo de la Corte yanqui de este año que el gobierno ni tenía en carpeta como problema. Y menos el año pasado.(1)

En el marco, entonces, de cumplir puntillosamente con los criterios de “mejorar el clima de inversión”, Chevron planteó una serie de condiciones para concretar el convenio de explotación conjunta de Vaca Muerta, en virtud del cual iban a empezar a llegar los dólares de la petrolera yanqui sucesora de la Standard Oil.

Esas condiciones, que en su momento fueron “estrictamente confidenciales”, surgen de cuatro documentos, redactados en inglés (!), de los cuales La Nación publica fragmentos de tres (“Carta Acuerdo”, “Garantía” y “Términos y condiciones del proyecto de inversión”). El cuarto, y posiblemente más importante (“Acuerdo de inversión para proyecto”) sigue siendo desconocido incluso para la jueza Servini de Cubría, que busca, hasta ahora infructuosamente, acceder a él.

Las condiciones, que se consideran “suspensivas” o “precedentes” (esto es, sin las cuales se cae todo el acuerdo) son las imaginables. Citamos el texto publicado en La Nación del 9-11-14:

“El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [Chevron Overseas Finance Exploration Limited] se regirán por términos y condiciones que resulten aceptables para Cofel [Chevron], lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial(…). Las concesiones deberán otorgarse por un plazo mínimo de 35 años (…). La tasa de regalías total por la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesiones no superará el 12%. (…) Las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías (…). Cofel [Chevron] deberá poder en todo momento remitir dividendos a sus accionistas extranjeros libres de todo gravamen (incluidos impuestos)” (Alconada Mon y Olivera, cit.).

¿Queda claro? ¡Chevron le dicta al gobierno cuánto debe durar la concesión, cuál es el tope de impuestos, reclama modificaciones en las leyes que hagan falta para que le resulte “aceptable”, exige garantías jurídicas y se reserva el derecho de remitir ganancias a su casa matriz, lo que hoy mismo el gobierno le veda a la mayoría de las compañías multinacionales que operan en el país!

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Además, aclara que en caso de disputa con YPF, los tribunales que intervendrán no serán los argentinos sino jurisdicciones extranjeras, como se estipuló para el período de fianza, que ya expiró. El gobierno parece no haber aprendido mucho de lo gravoso que resulta ir a litigar a juzgados extranjeros: perdió como loco en todos los foros, llámese tribunales del CIADI o juzgado de Nueva York. O tal vez lo que “aprendió” es que con tal de recibir los dólares indispensables para que no se destartale todo, hay que aceptar condiciones que en otra época hubiera llamado leoninas.

 

… que el gobierno cumple sin chistar

 

Porque, en efecto, el gobierno, para cerrar el acuerdo con Chevron, se avino a todo lo que la multinacional petrolera exigía. Y eso incluyó, entre otras cosas, la modificación del marco legal regulatorio al gusto de Chevron. Según sostiene La Nación, “muchas de las condiciones que había delineado Chevron en los documentos del 16 de abril de 2013 se plasmaron primero en el decreto 1208/13 y luego en la ley 2687 de la provincia de Neuquén; después en el decreto 929/2013, que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por último, terminaron en la ley 27.007 de hidrocarburos, que el Congreso aprobó el 30 de octubre” (ídem).

La nueva ironía es que la “ley Galuccio”, defendida furiosamente por el titular de YPF, pueda ser presentada por el kirchnerismo como garantía de “soberanía energética”, en referencia a que la futura producción hidrocarburífera de Vaca Muerta le permitiría al país, eventualmente, volver al autoabastecimiento energético… que siempre había tenido hasta que el saqueo/vaciamiento de Repsol tuvo las consecuencias esperadas mientras el kirchnerismo miraba para otro lado, entre 2003 y 2010.

Claro que esa hipotética “soberanía energética” se ganaría al costo de sacrificar otras “soberanías”. La política, en la medida en que las propias leyes nacionales y provinciales se hacen a demanda y para satisfacción de la petrolera yanqui. La económica, dado que Chevron pone los topes de regalías en un porcentaje bien bajo, que perjudicará a las arcas tanto nacionales como provinciales. La financiera y cambiaria, ya que, a diferencia de la mayoría de las demás compañías que operan en el país, Chevron tendrá carta blanca para sus remesas de utilidades en divisas, pasando por encima de cepos y restricciones. Y la legal, ya que, como señalamos, Chevron gozó durante el período de fianza (hasta el primer desembolso de Chevron) del privilegio de poder recurrir a la justicia imperialista, no la argentina, en caso de litigio. Y queda por verse cuál será la jurisdicción legal del conjunto del acuerdo, ya que hemos visto que hay buena parte del contrato todavía en un cono de sombra (ver más abajo).

Tan importante es este último punto que, en prevención de eventuales embargos o reclamos, en su momento de Repsol (cuando todavía no había sido indemnizada y reclamaba en el CIADI) y ahora de los fondos buitres u otros acreedores, YPF y Chevron armaron una compleja ingeniería financiero-legal (incluyendo sociedades de fantasía con sede en el estado yanqui de Delaware, un conocido paraíso fiscal) para “blindar” la sociedad de explotación de Vaca Muerta. Y la cobertura legal que se busca no es sólo contra el “riesgo argentino” derivado de las decisiones del gobierno nacional. Por el contrario, el mayor interés legal de Chevron es resguardar sus intereses contra un reclamo de los pueblos originarios de Ecuador por el daño ambiental que causó en ese país.

 

Una “desmentida” que confirma todo

 

Los voceros del gobierno, en particular el jefe de gabinete Jorge Capitanich y también la propia YPF, salieron a “desmentir” lo publicado. Bien podrían haberse ahorrado la molestia. En ningún caso dijeron que los documentos fueran falsos, inexistentes o al menos mal citados. Más bien, toda la línea de defensa consistió no en negar que hubiera un acuerdo secreto, sino en afirmar que YPF tenía todo el derecho a no divulgar los detalles de su convenio con Chevron.

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Así es: a despecho de los discursos de “YPF argentina y estatal” con que nos atosiga el kirchnerismo desde la semiestatización, YPF es, legalmente, una sociedad anónima, con mayoría estatal y un 49% de accionistas privados. Tal como señalamos en el momento de la semiestatización, haber reservado ese status legal para YPF no presagiaba nada bueno. Y aquí empiezan a verse las consecuencias: como YPF no es una sociedad estatal, no está obligada a dar a conocer sus manejos comerciales. Es una sociedad “anónima”, y como tal, amparada por el secreto comercial.

Miguel Galuccio, titular de la compañía, fue incluso más lejos al sostener que “se trata de un acuerdo comercial firmado entre dos empresas privadas”. Y el comunicado de la empresa recordó que hay un fallo de la justicia argentina que rechazó el reclamo de que el público pueda acceder al contrato entre YPF y Chevron, de modo que “YPF debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública”.

¡Ése es todo el argumento del kirchnerismo: no desmiente nada, sino que recuerda que, legalmente, el acuerdo YPF-Chevron, desde el punto de vista del derecho a la información del público, es como si fuera un acuerdo entre Apple y Microsoft! Insistimos: es la propia compañía “estatal” (según los K) la que advierte que no va a revelar nada a nadie, y que como hay un fallo judicial al respecto, “estas decisiones reafirman que todo lo actuado se encuentra dentro de la legalidad” (Ámbito Financiero, 11-11-14).

¿Soberanía? ¿Estado? ¿YPF “de todos los argentinos”? Sanata: no hacemos público nada, no revelamos nada, la Justicia nos avala, y lo que firmamos con Chevron es un acuerdo entre dos sociedades anónimas. Chau.

Pero ¿es que realmente no hubo ningún intento por responder la “acusación” (lo sería en boca de un crítico de izquierda, no de La Nación, que debe aplaudir tanto pragmatismo)? Sí, lo hubo, y fue lastimoso. Son dos pasajes del comunicado de YPF SA (recordemos eso: SA).

En uno se asegura que “todas las normas sancionadas son para favorecer a la Argentina [guitarra] y asegurar a los inversores que el país puede ofrecer condiciones competitivas para producir petróleo y gas”. ¡Vaya “desmentida” de que se le ofrecieron a Chevron las condiciones que pidió! Pero no, no es sólo a Chevron. Tengamos en cuenta que “no hay un decreto o una ley para favorecer exclusivamente a Chevron” (ídem).

¡Qué gran verdad! ¡Cuánta injusticia la de aquellos que acusan al kirchnerismo de querer favorecer “exclusivamente” a Chevron! Nada de eso: con tal de que traigan dólares y no sean el Grupo Clarín o alguna de las “corpos enemigas” (aunque cada vez hay más “amigas”), el gobierno está dispuesto a favorecer, con medidas legales o las que hagan falta, no “exclusivamente” a Chevron sino a toda otra multinacional extranjera, llámese Telefónica, Claro, Petrobrás, compañías chinas, rusas o de donde sea. Negocios son negocios, y la necesidad (de divisas) tiene cara de hereje.

Marcelo Yunes

 

Notas

  1. Cuenta un periodista que hace algunas semanas “un economista de diálogo fluido con Scioli tuvo una conversación franca con Cristina y Kicillof. La presidente todavía estaba enojada por el bloqueo de Griesa y le preguntó a su interlocutor por qué no llegaban capitales al país si ella había implementado la agenda que tanto le reclamaba el mercado: acordar el pago con Repsol, cerrar trato con el Club de París y aceptar los juicios en el CIADI contra el Estado argentino. El economista apeló a una metáfora para atraer la atención de Cristina: ‘Esto no es como construir una ruta, que si no la concluís por lo menos utilizás los 80 km que pavimentaste. Esto es como hacer un puente: si no lo terminás, no podés usar nada’” (M. Montenegro, El Cronista Comercial, 11-11-14).
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