Macrismo explícito | Buscan legalizar que las empresas puedan aportar en las campañas electorales

    La posibilidad de que se apruebe este proyecto es poner blanco sobre negro en el carácter capitalista de esta “democracia”, legalizar la influencia directa de las empresas sobre sus funcionarios.

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    Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


    Por Paulina Flores

    A poco más de cuatro meses del escándalo de los aportantes truchos para el financiamiento de la campaña electoral del oficialismo en 2017 y mientras continúan a paso de tortuga coja las distintas causas judiciales por dichas “irregularidades”, Cambiemos quiere “blanquear” su íntima amistad y sociedad de negocios con las empresas. Ahora resulta ser que el Senado Nacional busca que las “personas jurídicas” puedan aportar a las campañas electorales; es decir, centralmente las empresas

    De esta manera, en la audiencia realizada por el plenario de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado,  los jueces de la Cámara Nacional, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y representantes de Transparencia Internacional, CIPPEC y Red de Acción Política, entre otros, se expresaron a favor de la bancarización, la trazabilidad y la idea de avanzar hacia un “sistema mixto”, que habilite la donación por parte de las empresas, algo que actualmente está prohibido.

    También se reclamó que las sanciones por irregularidades recaigan sobre los candidatos (y no tanto sobre los partidos) y que se incluya algún tipo de regulación sobre la publicidad en redes sociales. El objetivo sería desayunar, almorzar y cenar “transparencia” en la campaña electoral… Porque como todo el mundo sabe, las empresas ya hacen sus cuantiosos aportes a las campañas de los candidatos que consideran propios. El problema es que lo hacen en tanto “individuos” y pueden usar (legalmente) para tal fin sólo su patrimonio personal, una parte de los fondos de una empresa. Si la empresa como tal aporta a la campaña puede hacerlo como “inversión” lucrativa, poniendo sus fondos en un candidato de manera tal que casi no haya límites. Sin lugar a dudas, los aportantes truchos fueron una forma de lavado de dinero proveniente de empresas que no podían poner esos fondos legalmente debido a los límites de la legislación actual.

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    La posibilidad de que se apruebe este proyecto es poner blanco sobre negro en el carácter capitalista de esta “democracia”, legalizar la influencia directa de las empresas sobre sus funcionarios. Se trata de algo similar, aunque mucho menos desarrollado, al sistema de “lobbys” legalizados en Estados Unidos. Allí, es perfectamente legal que una empresa le dé su dinero a algún candidato cualquiera para que apruebe leyes o resoluciones a favor de sus negocios.

    Recordemos que este debate que abrió la Cámara Alta ya lo había intentado iniciar Cambiemos en Diputados y que se trabó por falta de acuerdo al interior de la propia alianza. Tanto la UCR como la Coalición Cívica se habían manifestado internamente en contra de “blanquear” el aporte de las empresas privadas. Saben que quien mayor beneficio obtendría de esa nueva regulación sería el macrismo puro del PRO. Hasta el propio presidente de la CNE reconoció esa situación, aunque con la diplomacia correspondiente de no dar nombres, obvio. “En el mundo, generalmente, cuando hay aporte público tiende a la equidad. Eso favorece a todos los partidos o a los partidos de izquierda. Cuando el aporte es privado, generalmente suele decirse que favorece a los partidos de centro o de derecha porque generalmente el aporte privado va hacia ellos”, afirmó Dalla Vía.

    Así las cosas, con la excusa que el aporte privado existe igual, ya hay negociaciones entre el macrismo y el bloque peronista que preside Miguel Pichetto para lograr la media sanción antes de fin de año.

     

     

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