Macri y Pichetto blanquean aportes empresarios, reduciendo el espacio a la izquierda

Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La posibilidad de que se apruebe este proyecto es poner blanco sobre negro en el carácter capitalista de esta “democracia”, legalizar la influencia directa de las empresas sobre sus funcionarios. Hacen también más antidemocrático el régimen electoral, restringiendo las posibilidades de quienes son independientes de los empresarios.

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Por Marcelo Buitrago

El Senado, acuerdo mediante del PJ y Cambiemos, se apresta a dar media sanción a la modificación a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos vigente.

En 2009 el kirchnerismo había sancionado la ley 26.571 de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, pomposo título que como mucho de su legado, visto el escándalo consumado de los aportes truchos de las campañas de Vidal, Scioli y Massa, no pasó la barrera del relato.

Esta ley estableció la prohibición a las empresas de aportar a las campañas electorales. Pero no sólo esto.

Al establecer también el régimen proscriptivo de las PASO, se produjo como  efecto “colateral” que fuese el Estado Nacional el aportante central de las campañas, a través de aportes de dinero para impresión de boletas electorales y de aportes para campaña electoral repartidos un 50% en forma igualitaria entre todos los partidos y el 50% restante en función del número de votos de la elección anterior. Si bien continuó permitiendo el financiamiento de la actividad electoral por parte de personas físicas identificadas, estos montos nunca fueron significativos.

También estableció la prohibición de contratar publicidad electoral en radio y televisión; la misma pasó a ser distribuida exclusivamente por el Estado, mediante sorteo público de los espacios, también un 50% en forma igualitaria y el otro 50% en función de los resultados electorales, lo que le dio a la izquierda, como otro efecto colateral, un espacio en los medios masivos que nunca había tenido.

Este es el marco legal. El real lo brinda un medio insospechado de simpatías por la izquierda: Alconada Mon relata que en 2015 Cambiemos declaró ante la Justicia Electoral un gasto de $160 millones de pesos, pero según su cálculo el número real fue de $1.500 millones, casi 10 veces más.(1)

Scioli, por su parte, presentó una lista de 212 aportantes, pero ante la observación de falta de consistencia de la Justicia Electoral, retiró el listado y presentó uno nuevo, diciendo que se equivocaron de nombres.

Jaime Durán Barba, estratega electoral de Macri, nunca cobró nada por campaña si vamos a creer a las presentaciones de Cambiemos; según testimonios recogidos por Alconada Mon U$S50.000 mensuales es el monto que gana. Y la renunciada Fernanda Inza, Contadora General de la Provincia, “responsable” del listado de aportes truchos a la campaña de Vidal, fue eyectada por “no haber llamado para avisarles que iban a figurar como aportantes, no de que pusiera dinero correcto”.

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Tenemos entonces límites de gastos que no se respetan y prohibición de aportes a empresas que se presentan (en una mínima parte) como aportes truchos de personas físicas.

La conclusión de Alconada es que este es “un problema sistémico electoral y que ya que hay que sincerar una fortuna, la pregunta es: ¿están dispuestos a blanquearla?”(2)

La solución encontrada ahora en el Senado al financiamiento ilegal de las campañas por las empresas no sólo es su legalización, sino que la medida viene acompañada por la reducción a la mitad el tiempo de propaganda electoral gratuita en los medios: más recursos para los candidatos empresariales, menos tiempo para los candidatos independientes de ellos.

El punto de consenso entre el gobierno y el PJ  a que se llegó es permitir un tope máximo de aporte por empresa del 5% del gasto total: mientras que la propuesta de Macri era del 2% sobre el total del gasto autorizado a cada partido por campaña, Pichetto y el PJ querían permitir nada menos que el 15% por empresa, sin tope de recaudación, una propuesta directamente obscena.

No conformes con esto, hace unos meses, elaborando el Presupuesto del Ajuste, el gobierno impuso un doble recorte del gasto electoral: la partida destinada a la ejecución de los gastos electorales será de $8.000 millones, un 33% más alto que en 2017, pero con una fuerte reducción real, teniendo en cuenta la inflación acumulada además que probablemente habrá tres elecciones y no dos (ballotage presidencial).

Pero también  obligando a los partidos a gastar menos, al reducir el valor del módulo electoral de $9,43, fijado en 2017, a  8,50 para las elecciones de 2019. El cálculo que surge de multiplicar la cantidad de electores por el valor del módulo electoral, es el tope de gastos fijados por la ley.

En la provincia de Buenos Aires, con 12 millones de electores, el monto máximo a gastar por partido sería de unos $100 millones. En 2017 el límite fue $114 millones.(3)

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Teniendo en cuenta que desde diciembre de 2016 la inflación a octubre asciende al 74% y para las elecciones de 2019 no será menor al 100%,  entre Macri y el PJ se aseguran reducir a la mitad el aporte electoral estatal a todos sus opositores, reducir a la mitad el espacio en los medios masivos y blanquear aportes de sus empresarios amigos(o los que apuesten por ellos): negocio redondo.

Pareciera, por otro lado, que la respuesta al interrogante de Alconada: ¿van a declarar todos los cientos de millones recibidos? es  que no. Pero conociendo la elevada “propensión marginal al negreo” de la burguesía argentina, tal vez ésta no tenga tanto interés en blanquear todas las ganancias que hoy oculta para figurar como aportante. Recordemos que blanquearon en 2016 de 116.000 millones de dólares, en su mayor parte  en el exterior. Y esto es sólo una parte.

Además, más allá de incorporar una larga serie de disposiciones referidas al control de las rendiciones de fondos, la recaudación, el proceso penal en casos de incumplimiento, el proyecto contiene un solo artículo que desmiente a todos los demás, en cuanto a transparencia, honestidad y claridad. Lo transcribimos casi íntegramente porque es un monumento a la hipocresía de todos los partidos políticos patronales: si se aplicase, los juzgados colapsarían. Pero como el voto es secreto, y con esta redacción el hecho es  incomprobable, no deja de ser más que un saludo a la tribuna.

Artículo 140 ter. Clientelismo. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación de 6 meses a 10 años para el derecho a elegir y ser elegido… el que ofreciere, prometiere o entregare dinero o cualquier otra dádiva, favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de conseguir que el elector vote de determinada manera.

El proyecto, en conclusión, remite a un avance en la institucionalización de las campañas electorales con la lógica de lo privado y no lo público: un peso creciente de los aportes empresariales, lo que constituye un avance antidemocrático contra las posibilidades de expresión de los partidos que no quieran depender de los aportes de los capitalistas: la izquierda clasista.

 

(3)  El Gobierno recorta en el presupuesto los gastos para las próximas elecciones – URL:     “https://www.lanacion.com.ar/2174989-el-gobierno-recorta-presupuesto-gastos-proximas-elecciones –

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