Luchemos contra el nuevo ataque a la salud mental



El 10/11 se dio a conocer un decreto impulsado por el gobierno de Cambiemos, que busca derogar el decreto reglamentario 603/13 de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) sancionada en el 2010, en donde, como se pueden imaginar, está en juego el interés de grandes laboratorios e industrias farmacéuticas. De esta manera se busca tirar para atrás los avances de la misma.

Cabe mencionar que con el cambio de gestión asumió Andrew Blake, como actual Director Nacional de Salud Mental y Adicciones quien, como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha expresado públicamente en reiteradas oportunidades oponerse a la Ley. Además, adhirieron la Asociación de Psiquiatras Argentina (APSA) y la Corporación de Médicos Municipales.

Si bien la ley sancionada durante el kirchnerismo, y votada en el Congreso junto al macrismo, tiene un montón de aspectos progresivos, como son el cuestionamiento al modelo médico hegemónico biologicista, la perspectiva de derechos humanos en la internación, el abordaje interdisciplinario, la desmanicomialización, etc, también contiene algunos puntos que son sumamente criticables, ya que abre la puerta a la privatización y al desfinanciamiento progresivo de la salud pública. Por ejemplo, plantea la tripartición del presupuesto que antes estaba destinada al sector estatal, para ahora pasar a dividirse entre el sector público, las ONGs y el sector privado. Además, es importante resaltar que tanto la ley 448 de CABA como la 26.657 de Nación, toman para su redacción y aplicación recomendaciones del documento del Banco Mundial titulado Invertir en Salud. ¡Muy bonito todo! También esta ley  propone dispositivos alternativos a las instituciones de encierro, que son sumamente necesarios para comenzar a romper con el paradigma manicomializador y trabajar en la prevención, pero en ningún momento estipula que ellos deben ser estatales y accesibles para toda la población. A su vez, ha quedado en evidencia en lo concreto que desde su sanción, no hay presupuesto para el proceso de desmanicomialización. Mientras tanto crece la precarización laboral, los hospitales se caen a pedazos, el desfinanciamiento y la escasez de personal producen una atención deficitaria, y en lo concreto no se garantizan los derechos de los usuarios. No olvidemos que ser sujeto de derechos implica, además de tener acceso a la salud, poder tener acceso a trabajo digno, a una vivienda, a la inclusión social, etc.
Para recordar, en el 2014 tras el cierre por seis meses del Hospital Alejandro Korn Romero, indicábamos que “La Ley de Salud Mental necesita mucho presupuesto para que se empiece a implementar porque necesitamos personal para trabajar seriamente en las externaciones… Estamos hablando de por los menos cien cargos como mínimo para profesionales, talleristas, y el director nos ofreció sólo seis becas, una total desproporción.”

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Por otro lado, es importante destacar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, como hemos mencionado, la Ley tiene muchos límites, pero el problema es que Cambiemos no viene a resolver ninguno de ellos, sino que por el contrario, plantea un profundo retroceso. También es importante destacar que en lo que respecta al procedimiento institucional, la eventual modificación de la Ley debería ser tratada en el Congreso de la Nación, siendo inconstitucional hacerlo por decreto. La segunda cuestión tiene que ver con el contenido del decreto. En este sentido, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) ha desarrollado los principales puntos más graves de la reforma que se pretende realizar por decreto. Para desarrollarlo brevemente, se modifica la concepción de la salud mental como proceso, y se instala nuevamente el estigmatizante “Transtorno mental” y con ello la peligrosidad como criterio de internación, el cual da cuenta de una situación irreversible. Además, con el regreso de la lógica de las instituciones de encierro, el discurso médico hegemónico vuelve al centro de la escena, gracias al retorno de las prácticas fundadas en la evidencia científica. Esto deja por fuera cualquier tratamiento que no consista en la medicalización, como son los tratamientos psicológicos, de terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, etc. Además, reinstala la posibilidad de que una persona con una patología mental pueda ser declarada incapaz, lo cual va en contra del Código Civil y Comercial. Asimismo, tal como indica el CELS: “Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma”.

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Este nuevo ataque del macrismo a la salud pública busca profundizar el camino hacia la privatización de la salud, beneficiando a los ricos y empresarios, y perjudicando la salud para la población trabajadora. Mientras Macri prepara la nefasta reforma laboral que implica reventar las conquistas y derechos de los trabajadores, lo que se traducirá en un mayor padecimiento de la salud mental de la población, aumentando la productividad y destrozando la estabilidad laboral, también ataca la salud pública. Para los ricos la salud, para los trabajadores como mucho algún fármaco, así de paso benefician el negocio de los laboratorios.

Frente a esta avanzada reaccionaria se conformó la Asamblea Multisectorial en Defensa de la Salud Mental, espacio del cual participamos, en donde se acordó que para enfrentar este ataque es necesario organizarnos y planificar medidas concretas para pararle la mano a Macri. La próxima reunión será el martes 28 a las 17:30 en la Facultad de Psicología, sede Independencia.

Para derrotar el decreto de Macri tenemos que hacer como los compañeros de La Plata y organizar una gran movilización de psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, usuarios, familiares y estudiantes. Pero con esto no alcanza: también tenemos que unificarnos con el resto de los trabajadores y sectores que salen a dar la pelea contra la reforma laboral y el ajuste que quiere imponer Macri.

Es necesario que en cada facultad y en cada lugar de trabajo nos sigamos organizando para enfrentar las medidas reaccionarias de este gobierno. Desde ¡Ya Basta! – Las Rojas Psico y la Corriente Nacional Carlos Fuentealba te invitamos a sumarte a esta pelea.

Mariana, Psico UBA – Gimena, trabajadora de salud mental

Corriente Nacional Carlos Fuentealba

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