Victor Artavia
Historiador. Dirigente del Nuevo Partido Socialista de Costa Rica, miembro de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie.


En esta serie realizamos un abordaje de la etapa republicana de la revolución española (que siguiendo a Trotsky datamos su inicio en 1930), la cual se extendería hasta el inicio de la guerra civil en julio de 1936. Por este motivo, en estos artículos vamos a estudiar los antecedentes históricos que impidieron la realización de una revolución burguesa en España, la persistencia de problemas democráticos y sociales estructurales en el país desde el siglo XIX hasta el estallido de la guerra civil, los gobiernos durante los años republicanos hasta el Frente Popular de 1935.

Las siguientes notas fueron elaboradas a partir del artículo Revolución permanente en la guerra civil española publicado en la edición 32/33 de la revista Socialismo o Barbarie (disponible en http://www.socialismo-o-barbarie.org/wp-content/uploads/2018/10/12-Guerra-Civil-Española.pdf). Próximamente editaremos una serie sobre el período de la guerra civil (1936-1939).

La proclamación de la II República intensificó la crisis política en España y dio paso a una feroz lucha de clases, la cual terminaría por desencader la guerra civil a partir de 1936. Insurrecciones locales, huelgas obreras, intentos de golpe de estado, hacen parte de las luchas de este período (1931-1936).

El Bienio Progresista (abril 1931-noviembre 1933)

La creación de la República vino acompañada de un fuerte ascenso del movimiento obrero y campesino, producto de las enormes expectativas de cambios radicales en la estructura social, económica y política del país, pero que de inmediato chocaron con los límites impuestos por el gobierno de coalición republicano-socialista.

Esto quedó reflejado en la Constitución de la II República, aprobada en diciembre de 1931, que, aunque estipuló algunos avances en derechos democráticos y reformas progresivas, también incorporó una legislación antiobrera sustentada en la ampliación de los poderes policíacos del gobierno para, según palabras del presidente Azaña, hacer frente a los ataques de los reaccionarios y revolucionarios (Jackson: 65).

De esta manera, los socialistas se encargaron de gobernar en función de los intereses generales de la burguesía, haciendo todo lo posible para fortalecer el nuevo Estado y dotarlo de herramientas legales para justificar la represión contra el movimiento obrero, campesino y popular. No tardó mucho para que los sectores reaccionarios tomaran confianza y comenzaran a contragolpear en el campo, las industrias y demás sectores, donde la legislación represiva fue aplicada contra las luchas.

Un punto de quiebre durante este bienio fue la represión a la insurrección anarquista de Casas Viejas en enero de 1933 (inscrita en el giro insurreccional de la CNT-FAI). En esta comunidad, los campesinos, hartos de esperar por dos años que la República cumpliera sus promesas de reforma agraria, comenzaron a tomar las tierras por su cuenta. El gobierno republicano-socialista respondió con una fuerte represión con orden de no dejar prisioneros, con un saldo de 20 muertos y decenas de heridos. Esto fue aprovechado por partidos de derecha para denunciar la política represora del gobierno, a lo cual sumaron el reclamo por los casi 9.000 presos políticos (en su mayoría obreros) y la censura contra las organizaciones políticas (sobre todo confiscación sistemática de periódicos de izquierda), todas medidas justificadas por la legislación represiva de la Constitución.

Esto facilitó el giro reaccionario en el país, con la contradicción de que la derecha se posicionó como la defensora de los derechos democráticos, lo cual explica su triunfo en las elecciones de noviembre de 1933, pues la clase obrera y el campesinado votaron a la derecha ante el desplome de sus expectativas con los republicanos y socialistas en el poder.

El Bienio negro y la Comuna de Asturias

Durante el llamado Bienio Negro, la correlación de fuerzas cambió sustancialmente con el gobierno de la derecha, compuesto por los radicales de Lerroux y posteriormente con el ingreso de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), agrupación extremista y reaccionaria encabezada por Gil Robles.

En este período las patronales perdieron el temor de enfrentar las demandas por salarios y mejores condiciones laborales, pues sabían que tenían la policía y el Ejército detrás de ellos para garantizar sus intereses. Esto desató una ofensiva contra la clase obrera: caída de salarios, aumento del costo de la vida, aumento de la represión contra el movimiento obrero y sus organizaciones. El resultado fue una mayor polarización política, que tuvo una manifestación temprana con la huelga agrícola a inicios de 1934, pero principalmente con la insurrección de octubre de ese mismo año, donde se desarrolló la Comuna de Asturias (Thomas: 179).

El envalentonamiento de las patronales y la derecha se refleja en la muy provocativa frase de “¿No queríais República? Pues comed República”, que daba cuenta del carácter insuficiente de las reformas del Bienio Reformista, así como del carácter reaccionario que tenían el nuevo gobierno y las leyes de la República.

Gil Robles hizo un balance de los avances para la derecha en los primeros seis meses del Bienio Negro: “Primero: la sustitución de la enseñanza religiosa no se ha llevado a cabo. Segundo resultado: la sustitución de los haberes del clero ha tenido una rectificación inicial, e iniciado el camino, las consecuencias vendrán en su día. Tercer resultado: camino de Roma se encuentra el ministro de Estado, que va a tratar con el Sumo Pontífice, reconociendo su soberanía y la independencia de la Iglesia. Cuarto resultado: las persecuciones de que fueron objeto las derechas, con campañas muchas veces absolutamente injustas, han sido objeto de rectificación con la ley de amnistía. Quinto resultado: la ley de términos municipales ha quedado derogada. Que vengan los que me censuran a presentar algo parecido” (B. Sacaluga, “El Bienio Negro”).

Pero esta ofensiva de la derecha aún estaba en los marcos de la legalidad de la República, por lo que no logró quebrar al movimiento obrero y campesino que, por el contrario, comenzaría a radicalizarse aún más para detener los avances reaccionarios. Esto dio paso al Octubre Rojo, ensayo de revolución social en España.

Octubre rojo

El 4 de octubre se confirmó el ingreso de tres diputados de la CEDA al gobierno presidido por el republicano Lerroux, lo cual fue asumido como la señal para lanzar la insurrección contra el fascismo, pues era cuestión de tiempo para que se hiciesen del control del poder ejecutivo como hizo Hitler en Alemania en 1933. Además, recordemos que los socialistas, tras su salida del gobierno en 1933 y realizar el giro a la izquierda con Largo Caballero, declararon que la llegada del fascismo al gobierno sería el detonante de la revolución, por lo cual tuvieron que llamar a la huelga general (Durgan: 253).

El movimiento tuvo su epicentro en Asturias por la unidad de acción de todas las fuerzas de izquierda locales en la Alianza Obrera: socialistas, anarquistas, comunistas y grupos campesinos, unidad que se sintetizó con el grito de guerra UHP, siglas de ¡Uníos, Hermanos Proletarios! (Thomas: 129). Asturias contaba con una fuerte y disciplinada clase obrera, particularmente los 26.000 obreros mineros, en su mayoría muy jóvenes pero con experiencia en huelgas. Tenían armas, dinamita y comités para organizar la huelga en la provincia.

La huelga revolucionaria se transformó en una insurrección a gran escala por tres semanas, tiempo durante el cual el centro de Asturias estuvo en manos de los insurrectos, que mediante los comités revolucionarios organizaron el abastecimiento de comida y seguridad en cada pueblo y villa tomada. Las fábricas de armas en Oviedo trabajaron día y noche para abastecer a los 30.000 obreros que se movilizaron con el “Ejército Rojo” para la batalla a lo largo de diez días. En una radio rebelde se proclamaban discursos revolucionarios para elevar la moral: “Camaradas, (…) estamos creando una nueva sociedad… no es sorprendente que el mundo que estamos forjando cueste sangre, dolor y lágrimas… Larga vida a la revolución social” (ídem: 131).

La Comuna Asturiana constituyó el intento más radical para frenar el ascenso de la derecha y también fue un ensayo de revolución social, demostrado con la experiencia de organización de la clase obrera mediante sus propios partidos y organizaciones, garantizando la gestión de la región con seguridad interna, sistemas de comunicación, canales eficientes de suministros y organización de la producción de primera necesidad (Durgan: 253-254). Fue la primera comuna revolucionaria en Europa Occidental desde la Comuna de París de 1871, pero resultó aislada tras la derrota de los levantamientos en Cataluña y Madrid.

En Cataluña la huelga fue asumida por la Alianza Obrera, pero sin el apoyo de la poderosa CNT anarquista, que sostenía una posición sectaria en torno a la unidad de acción, particularmente con el PSOE, que estuvo en el gobierno de Azaña y fue cómplice de la persecución contra la organización. Esto fue un crimen político injustificable, pues la insurrección de octubre fue un movimiento con apoyo de la base de la clase obrera que salió a luchar contra el inminente ascenso de la derecha extrema al gobierno, muy diferente a las “insurrecciones” ultraizquierdistas de la CNT de 1932-1933.

A pesar de esta ubicación sectaria de la CNT, la huelga se inició con fuerza y se extendió por toda la provincia, aunque el punto de disputa central era la capital Barcelona, donde la ERC era gobierno y el movimiento buscó su apoyo. Forzada por la presión de las masas y por el peligro que representaba el gobierno de la CEDA, cuyos dirigentes eran enemigos de los derechos autonómicos, el gobierno de Companys se vio forzado a “sumarse” a la insurrección, o mejor dicho, realizó una “insurrección simbólica”, declarando la creación del “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”, un juego de palabras ambiguo para no perder el control de la situación en la zona y presionar a Madrid a una negociación.

El gran error de la Alianza Obrera en Cataluña radicó en la actitud pasiva hacia la Generalitat (gobierno regional de Cataluña), pues la cuestión regional catalana tendió una “cortina de humo”. Para Grandizo Munis, militante de la ICE, por ese motivo la Alianza Obrera asumió la insurrección local como un movimiento esencialmente de la pequeño burguesía al cual el movimiento obrero tenía que darle solidaridad, cuando era todo lo contrario, y por eso se quedaron sin iniciativa la noche del 4 y todo el 5 de octubre. Maurín expresó esa política de seguidismo: “El movimiento obrero se colocará al lado de la Generalitat para presionarla y prometerle ayuda sin ponerse delante de ella, sin aventajarla en los primeros momentos. Lo que interesa es que la insurrección comience y que la pequeño burguesía con sus fuerzas armadas no tenga tiempo para retroceder. Después ya veremos” (G. Munis, en Una revolución silenciada: 43-44). En este punto nuevamente salieron a flote las derivas etapistas de la revolución democrática de Maurín y el BOC, supeditando el accionar independiente de la clase obrera al gobierno de la Generalitat dirigido por la pequeñoburguesía catalanista.

La insurrección catalana estaba derrotada para el 9 de octubre, con un saldo de decenas de muertos y heridos. La Generalitat se rindió a las diez horas de que se iniciase un pequeño bombardeo, aunque había condiciones para luchar y resistir, pero esto hubiera dado paso a una radicalización del movimiento obrero local.

En cuanto a Madrid, la responsabilidad del movimiento recayó sobre los socialistas, que dejaron el movimiento sin orientación. La huelga duró ocho días en la ciudad, tiempo durante el cual no convocaron en una sola ocasión a la Alianza Obrera para que realizara acciones de resistencia en común, algo que se veía favorecido por el apoyo de la CNT a la huelga en esa ciudad. A pesar de los discursos radicalizados de los socialistas en esos años, en realidad no estaban dispuestos a ir a fondo en su lucha contra la burguesía y la reacción, “estaban pobremente preparados, tanto política como materialmente, para lanzarse a la toma del poder” (Durgan: 255).

Derrota, represión y lecciones políticas

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La derrota de octubre intensificó los ataques contra el movimiento obrero con la imposición de la Ley Marcial. Los presos políticos abarrotaron las cárceles, pasando de un estimado de 9.000 en 1933 a cerca de 30.000 luego de la insurrección de 1934; en Cataluña la persecución fue muy fuerte contra las organizaciones obreras, cerrando unos 280 centros obreros de la localidad.

También se abolieron los Juzgados Mixtos y las leyes sobre despidos, herramientas legales que aprovecharon los empresarios para deshacerse de los trabajadores con reconocida militancia política. La ofensiva también se dio en el campo con la Ley de Arrendamientos Rurales, que sometió al pequeño parcelero a una mayor explotación por parte de los terratenientes.

A pesar de esto, el movimiento obrero no salió desmoralizado, y la insurrección de octubre marcó el fin de las intenciones de la derecha por derrotar la República desde dentro (Durgan: 273). En adelante, se planteó con más claridad que la crisis política y social de España se iba a dirimir en un enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución.

Un programa revolucionario en la República

El bienio progresista fue comprendido por Trotsky desde un ángulo estratégico, descifrando las claves del momento desde donde apalancar la segunda revolución española, la que colocaría a la clase obrera, los explotados y oprimidos en el poder. Caracterizó que en esta fase la revolución le dio a los problemas políticos una forma parlamentaria que se alimentaba de las enormes expectativas de las masas en las elecciones, pues prevaleció la ilusión de que la monarquía cayó por la derrota sufrida en las elecciones municipales. Claramente esto no fue así: la monarquía cayó por la presión de la lucha de clases. Pero el movimiento obrero no lo percibió inicialmente así.

Trotsky apuntó que en este período “las masas populares españolas están inclinadas a exagerar la fuerza creadora de las Cortes”, por lo que todo obrero o campesino consciente quería participar en las elecciones. De ahí que fuese fundamental contar con una actitud revolucionaria hacia las Cortes, diferenciándose del cretinismo antiparlamentario anarquista y el cretinismo parlamentario socialista. La apuesta era lograr representación parlamentaria para tener tribunos del pueblo que agitaran un programa obrero, campesino y socialista revolucionario, lo cual facilitaría la unidad de las fuerzas revolucionarias en torno al partido comunista. Pero el PCE en ese momento estaba en su giro ultraizquierdista y no tenía orientaciones con respecto al parlamento, enfocándose solamente en plantear el armamento obrero, desligado de las discusiones reales entre la clase obrera y el campesinado (Trotsky: 66).

¿Qué tipo de programa era necesario? España representó el escenario europeo donde se materializó el debate entre la teoría de la revolución permanente de Trotsky y la revolución por etapas del stalinismo y el socialismo español (aunque con diferencias tácticas entre ambos partidos). Esto explica que el PCE y el PSOE tuviesen acuerdo en que la revolución española era democrático-burguesa y no socialista, lo que en el marco de la guerra civil se tradujo en “primero ganar la guerra, luego la revolución”. Pero Trotsky y los comunistas de izquierda difirieron de este enfoque etapista que ponía a la clase obrera de furgón de cola de la burguesía republicana (que ni siquiera asumió ir a fondo con su revolución), y desde un inicio plantearon la unidad de la revolución proletaria con la campesina y popular.

Trotsky sostuvo cuatro ejes para los comunistas en la revolución española: a) sostener la más férrea independencia política de cualquier facción burguesa, incluso las llamadas republicanas o progresistas. La unidad de acción no estaba excluida para acciones de lucha, pero no con respecto al programa político y los objetivos estratégicos; b) impulsar la unidad de la revolución proletaria con la campesina, haciendo propias todas las demandas del conjunto de sectores explotados y oprimidos; c) preparar la disputa por el poder mediante la puesta en pie de organizaciones de lucha de masas (soviets o instancias similares con otro nombre según la tradición local, como juntas); d) construir un partido revolucionario y socialista para dirigir la acción política de la clase obrera (M. Yunes, “Lecciones de una gesta heroica”, en España revolucionaria: 6).

Por eso el programa de Trotsky para España combinó las reivindicaciones democráticas con otras de tipo transitorio. Algunos de sus puntos son los siguientes:

  • Reforma agraria radical mediante la confiscación de las grandes propiedades agrarias en beneficio de los campesinos.
  • Separación de la Iglesia y del Estado, pero desarmándola con la expropiación de sus riquezas para entregárselas al pueblo, sobre todo con el reparto de sus tierras entre el campesinado.
  • Un gobierno barato que sólo puede ser garantizado por la clase obrera en el poder, no por los banqueras, terratenientes ni militares.
  • Derecho a la autodeterminación nacional de los pueblos, pero sosteniendo al mismo tiempo que la solución no es la separación de la clase obrera en micro estados, sino apuntalando su unidad económica con la más amplia autonomía de las regiones nacionales.
  • Impulsar el armamento de la clase obrera y el campesinado con la formación de milicias, no sólo en la perspectiva de la toma del poder, sino en la coyuntura inicial para autodefensa de las organizaciones sindicales y populares contra los ataques reaccionarios o ante un eventual pronunciamiento militar.
  • Incorporación de toda la legislación social de los republicanos, como el derecho a la educación pública, seguro de desempleo, etc.
  • Sufragio universal y secreto para hombres y mujeres desde los 18 años, para ganarse a la nueva generación que está destinada a realizar la segunda revolución.
  • Cortes Constituyentes revolucionarias para refundar el país desde los explotados y oprimidos. En este sentido, denunciar cualquier Asamblea Constituyente de conciliación con la burguesía y la monarquía.
  • Articular todas estas consignas democráticas con otras transitorias para reglamentar la economía desde el Estado, tales como nacionalización de los ferrocarriles y bancos, control obrero de la industria, etc.

Éste fue el programa general que sostuvo Trotsky durante este período, que tenía por objetivo preparar el paso del régimen burgués al proletario, que debía concentrarse en unas pocas consignas para no dispersar la atención de la clase obrera y ajustarse según el caso, para así hacerlo penetrar en la conciencia de las masas.

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