Ni olvido ni perdón

Lesa Humanidad: recta final del juicio a genocidas en Zárate, Campana y Escobar

Los juicios por crímenes de lesa humanidad en el Arsenal Naval de Zárate y otros circuitos represivos como los de Escobar y Campana entrarán, en esta semana, en la recta final previa a las sentencias. También avanzarán juicios en Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza y Tucumán.

Ana Clío

Foto: Télam

Este proceso que continuará en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín se juzgarán las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones en los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas, muchas de ellas trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

En este juicio estarán siendo juzgados: Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

En el juicio que seguirá luego en Mar del Plata por delitos cometidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata, está acusado, entre otros represores, Salvador Ullúa. Él también está siendo juzgado en el juicio «CNU» por ser partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia.

Los otros imputados son: Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz y Ceferino Silva, quienes además son investigados por participar en «La Noche de las Corbatas».

El jueves, en los tribunales de Bahía Blanca habrá nuevas audiencias por videoconferencia en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad por la banda parapolicial Triple A antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Los imputados son: Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, y están acusados de cometer delitos contra 20 víctimas que desarrollaban actividades gremiales y políticas en Bahía Blanca.

Ese día, en Tucumán seguirán, por medios electrónicos, las audiencias del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

El jueves, además, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando a nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada «Contraofensiva montonera», ocurrida entre 1979 y 1980.

Finalmente, el viernes proseguirá en Mendoza el denominado juicio acumulado que abordará la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

Si bien el contexto de pandemia, cuarentena y aislamiento social llevaron a atrasar los juicios lo cierto es que desde el año pasado ya se sabía que las causas contra los genocidas iban a ocupar escasa representación en la agenda judicial.

Así las cosas, de las más de 500 causas por secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, violaciones y abusos de todo tipo cometidos por fuerzas de seguridad y agentes de civil durante la época del terrorismo de Estado en Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Córdoba donde serán juzgados 55 represores, sólo ocho causas cuentan con fecha de juicio para el presente año.

Pasan los años y los sucesivos gobiernos de la democracia patronal en el proceso de judicialización de los crímenes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, al momento de un proceso oral y público, lo realizan a cuenta gotas. Hace más de 44 años que los familiares, sobrevivientes y los sectores sociales que repudian el genocidio de clase perpetrado en Argentina durante la última dictadura luchan por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Y si bien esta semana se va a conocer la sentencia de algunas causas, está más que claro que la clase capitalista y su Estado siguen tratando de barrer de la memoria histórica de generaciones la lucha contra los golpes militares y sus crímenes.

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