Antonio Soler
Profesor. Dirigente de la Tendencia Socialismo o Barbarie del PSOL de Brasil.


Embates entre poderes de la república y unidad contra los trabajadores

Bolsonaro gobierna a partir de decretos que se enfrentan a la legislación vigente, cuestiona abiertamente a los demás poderes y fortalece al ala militar al interior del gobierno.

Esa situación produce tensiones entre las facciones de la clase dominante que se manifiestan, entre otras formas, en las constantes disputas entre el gobierno, el parlamento y la justicia. Son muchos los embates entre esos poderes, en algunos de ellos el gobierno salió derrotado, pero emite decretos y Medidas Provisionales (MPs) y en algunos casos logra hacer avanzar su agenda ultra reaccionaria.

En la MP 870, emitida para reorganizar el gobierno, la demarcación de las tierras de los pueblos originarios dejaría de ser hecha por la FUNAI –órgano ligado al Ministerio de Justicia que realiza históricamente esta función- y pasaría a la órbita del Ministerio de Agricultura, lo que significa poner al lobo a cuidar de las ovejas.

Como el Congreso rechazó la MP, el gobierno emitió una nueva manteniendo que la demarcación la realice el Ministerio de Agricultura en un claro incumplimiento de la regla de que el ejecutivo no puede en un mismo año enviar dos MPscon el mismo contenido al Congreso. Ese impasse fue resuelto por una cautelar desfavorable al gobierno concedida por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, que devolvió la facultad de demarcación al Ministerio de Justicia, pero, al mismo tiempo, las nuevas demarcaciones están siendo amenazadas, más de 500 territorios de los  pueblos originarios esperan el proceso de demarcación.

Otro chispazo entre los poderes ocurrió en torno al decreto que amplía la portación de armas y municiones para una serie de categorías profesionales, para coleccionistas y practicantes de tiro, lo cual está totalmente en desacuerdo con el Estatuto de Desarme.

La Comisión del Senado que analizó el decreto, lo consideró ilegal con 15 votos en contra y 9 a favor, ya que para los parlamentarios esa flexibilización propuesta por el mismo está en desacuerdo con la ley, lo que evidentemente no se admite en sistema legal alguno. En tanto, esa resolución que revoca el decreto será votada en una sesión plenaria, mientras tanto, las medidas del gobierno como la flexibilización de la portación de armas en casas, comercios e industrias con el objetivo de armar a su base social siguen vigentes.

Además de eso el gobierno a través de un decreto eliminó órganos (Comités, Consejos y Comisiones) colegiados de la Administración Pública Federal, como muchos de esos organismos fueron creados por ley, el STF restringió la medida del gobierno siendo una derrota más para este. De esta forma, los órganos creados por decretos podrían ser eliminados por el gobierno, lo cual torna aún más antidemocrática a la administración pública.

Entre tanto, el Congreso y el poder judicial reaccionan y procuran fortalecerse en medio del juego de fuerzas instalado en la política nacional desde 2013. Ese es el caso, por ejemplo, de la reforma al Ejecutivo para cumplir con las Enmiendas Presupuestarias Colectivas de los parlamentarios y, ahora, la MP que se impulsa en el Congreso para ampliar el poder de los líderes partidarios.

Para aprobar las MPs, deberán votarse en Comisiones Especiales antes de los 40 días o caducaran. El plazo anterior para aprobarlas era de 120 días. Además de eso, serán los líderes de los partidos quienes elegirán a los miembros de las Comisiones. De esta forma, de aprobarse esa MP los jefes de los partidos ganan más poder en la definición de la dinámica legislativa gracias al gobierno.

El poder judicial a través del STF también pretende posicionarse en el juego político nacional, votando de manera favorable al Congreso con medidas “progresivas” –como fue el caso del decreto del armamento, de la MP de los órganos federales colegiados y de la criminalización de la homofobia- pero, también demostrando que existe un alineamiento de las instituciones de la democracia burguesa en torno a los ajustes. El mismo STF que votó la criminalización de la homofobia aprobó que la privatización de empresas estatales –entre ellas Petrobras- fuera hecha por el gobierno sin pasar por el parlamento, lo que coloca a ese poder en el juego claramente a favor de la clase dominante y fortaleciendo al gobierno.

Así, en medio del caos aparente y las derrotas parciales impuestas por los demás poderes, Bolsonaro actúa sistemáticamente para ampliar el poder presidencial, atacar las conquistas históricas y fortalecer su base social con medidas que significan retrocesos profundos en las conquistas de la Constitución de 1988 e incluso anteriores. Para llevar cabo esa ofensiva, el gobierno se apoya en una base electoral de masas, que tiene una fuerte actividad en las redes sociales y que demuestra también poder de movilización en las calles. Pero su ultra reaccionarismo no es mayoritario en la sociedad brasilera. El freno y  retroceso quesignifican los ataques del gobierno –que no pueden ser contenidos por los demás poderes burgueses, ya que tienen el proyecto común de imponer duros ajustes neoliberales, apenas pueden ser refrenados por la movilización.

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Además de reflejar la disputa entre fracciones de la clase dominante y de la oligarquía política, los embates entre el gobierno, Congreso y poder judicial (que tienen un pacto espurio en torno a la “reforma” Previsional, privatizaciones y de los demás ajustes) sólo pueden ser entendidos a partir de la importante resistencia en las calles, que aunque aún no son fuertes o suficientes para derrotar de forma categórica a la brutal “reforma” Previsional, cumple un rol decisivo para frenar al fervor autoritario de Bolsonaro.

Esa vitalidad política se viene demostrando de distintas formas desde comienzo de año. En el Carnaval donde todos los bloques se manifestaban contra el gobierno, en las marchas opositoras del 8 de marzo, en las movilizaciones estudiantiles contra el recorte presupuestario, que reunieron millones de estudiantes en todas las capitales, la Huelga General del 14J que movilizó masivamente a pesar de la política de la burocracia, y la última marcha del colectivo LGBT que reunió a 3 millones de personas por el derecho de expresar libremente su afecto en San Pablo.

Por esa vitalidad, por el creciente descontento popular y por la acumulación de contradicciones políticas al interior de la clase dominante, no es una hipótesis desprovista de sustento la posibilidad de imponer derrotas categóricas a Bolsonaro y salir de la posición defensiva, pero para eso las terribles trabas burocráticas puestas por la burocracia deben ser superadas, logrando que la juventud, las mujeres y la clase trabajadora puedan poner su energía política en acción sin trabas.

Las filtraciones hechas por Intercept introducen un elemento explosivo

Bolsonaro (PSL) fue elegido en la cresta de la ola reaccionaria construida por la clase dominante y por los principales partidos de la oligarquía política tradicional a partir de la crisis económica, de las movilizaciones de 2013 y de la crisis política, así como por los errores y traiciones del lulismo. Ese resultado electoral tiene su peso en la realidad política e impone una situación defensiva, pero esa correlación de fuerzas no significa, de antemano, que la clase trabajadora haya sufrido  una derrota histórica y no pueda revertir la situación en las próximas batallas importantes de la lucha de clases.

De esta manera, a pesar de la situación defensiva, existen elementos de resistencia que constituyen una contra tendencia a no despreciar. En este sentido, las denuncias del sitio Intercept –sumadas a la mayor actividad de sectores de masas contra los diferentes ataques del gobierno- introducen en la situación política nacional, un elemento que dependiendo de los desarrollos futuros, puede tornarse un factor explosivo y de reversión de la dinámica política vivida a partir de la elección de Bolsonaro.

Las filtraciones de conversaciones de Sergio Moro e integrantes de la Procuraduría General de la República que actuaron en la Operación Lava Jato dejan más que claro que todo el proceso que llevó al Impeachment de Dilma, la prisión de Lula y a la elección de Bolsonaro, tuvieron en el Lava Jato un aliado fundamental para concretarse.

Los diálogos filtrados demuestran que el entonces Juez Federal Sergio Moro –ahora ministro de justicia de Bolsonaro- actuó sistemáticamente junto a la Procuraduría Federal en cada uno de los momentos decisivos del proceso citado anteriormente.

Todo ese proceso constituyó una maniobra reaccionaria, implicando un atentado a la soberanía popular y al derecho democrático del pueblo a decidir. En otras palabras, la elección de 2018 fue fraguada para imponer al pueblo esa agenda reaccionaria en torno a las reformas neoliberales, ataques a los derechos, privatizaciones, etc. Pero no sólo el Lava Jato y los jueces de Curitiba actúan en el sentido de atacar la soberanía popular y las conquistas democráticas del pueblo trabajador.

El STF al negar el habeas corpus a Lula antes de la elección tras la fuerte presión de la clase dominante y de las Fuerzas Armadas, al negarse a juzgar la constitucionalidad de las prisiones de segunda instancia o, mismo ahora, al negarse a otorgar un nuevo habeas corpus luego de las filtraciones de Intercept antes que ocurra la votación de la “reforma” Previsional, prevista para julio próximo, cumple un rol de apoyo fundamental para mantener las condiciones políticas que propician los ataques a la soberanía popular y al conjunto de los demás derechos y conquistas.

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En tanto, las denuncias del sitio Intercept ponen bajo sospecha no sólo a Moro y la prisión de Lula, sino a todo el edificio reaccionario montado en Brasil a partir del 2014. Esta más que probado que la elección de Bolsonaro –sin hablar de otros problemas como el caso de los bombardeos ilegales de millones de mensajes de whatsapp- fue un fraude y debe ser anulada.

De esta forma, la lucha por la libertad de Lula, pese a las irreconciliables diferencias que tenemos con el lulismo y su política de conciliación de clases permanente que fue corresponsable por la situación actual, se coloca de nuevo en la palestra política, cobra jerarquía, junto con la lucha contra la “reforma” Previsional y todos los ataque del gobierno, gana importancia en nuestro conjunto de consignas. Pero como ya discutimos en otras notas, no podemos hacer del “Lula Libre” una campaña unidimensional, electoralista y desligada de las demás demandas de la clase trabajadora, como hace la burocracia; donde su liberación sirva a la estrategia oportunista de desgaste del gobierno de cara a la elección de 2022. Fue justamente esa línea de confianza en las instituciones burguesas, una estrategia conciliadora, oportunista y traidora la que llevo a la situación en la que estamos hoy, y que la burocracia lulista repite incansablemente.

La lucha de la clase trabajadora choca con la burocracia (sindical y política), lo que requiere de la izquierda socialista una actuación donde la defensa de la unidad de acción con el lulismo sea combinada de forma indisociable con la diferenciación política (exigencia y denuncia) de esa burocracia. Sin esa postura, la izquierda socialista no puede contribuir a la construcción de un poderoso movimiento para imponer al gobierno derrotas categóricas a sus ataques y, así, revertir la correlación de fuerzas y sacar del poder a Bolsonaro y todo su bando reaccionario.

De esta manera, la lucha contra la prisión de Lula debe ser tomada desde una lógica opuesta por el vértice a la encarnada por el lulismo. Debe ser conectada a la lucha contra todos los ataques del gobierno, para echarlo del poder e imponer nuevas elecciones ya. O sea, una perspectiva estratégica de no confianza en las instituciones del régimen, sino única y exclusivamente en la lucha de los trabajadores, medida de todas las cosas en el campo político.

Hoy la bandera que más unifica al conjunto de la clase trabajadora es la lucha contra la “reforma” Previsional, pero las filtraciones de Intercept desenmascaran todas las maniobras antidemocráticas de la ofensiva reaccionaria y potencia una crisis política que debe ser aprovechada para impulsar la lucha contra las “reformas”, por alternativas políticas de y para los trabajadores.

No podemos caer en las alternativas políticas, como las que el PT y compañía presentan, en las que “Lula Libre” significa esperar a las próximas elecciones, o salidas economicistas, como las de sectores de la izquierda socialista que creen que basta luchar para derrotar a  las contrarreformas. Es necesario ante esta crisis presentar una alternativa política de la clase trabajadora. De lo contrario, quedamos sometidos a las salidas políticas de la burguesía (mantener a Bolsonaro en el poder al menos hasta pasar la “reforma” Previsional) o las de la burocracia (liberar a Lula y esperar a la elección presidencial de 2022).

Así, la izquierda socialista, comenzando por nuestro partido el PSOL debe construir una alternativa política propia. A nuestro parecer, esa salida política pasa hoy por la combinación entre la batalla –central- para imponer una derrota categórica a la “reforma” Previsional y a los demás ataques del gobierno, y la lucha para devolver el derecho democrático de decidir velado por la ofensiva reaccionaria desde 2014. Tarea políticaque pasa por la derrota de las contrarreformas, comenzando por la Previsional, por el Fuera Sergio Moro, por la libertad inmediata de Lula, por el Fuera Bolsonaro y Mourão, por Elecciones Generales ya.

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