Avanzan las roscas por los cambios impositivos

“Antes de empezar a negociar las reformas con los gobernadores y la oposición, el Gobierno logró un primer acuerdo. Pero con Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del FMI que aterrizó en Buenos Aires poco después de los anuncios de Mauricio Macri en el CCK. (…) Le pidieron –y quedó aceptado– que el Fondo evite involucrarse de una manera u otra en las discusiones sobre la reforma previsional. Más precisamente sobre el cambio de fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios, el punto más decisivo y también más controvertido de toda la propuesta presidencial. (…) El documento final de la revisión [del FMI] tampoco necesitaría involucrar su postura en este tema en particular. Básicamente porque ya fue incluido en el reporte publicado en noviembre de 2016 (del cual la única versión completa está en inglés). (…) El capítulo dedicado a la cuestión previsional argentina ocupó 10 páginas del informe de hace un año. Hacia el final detalla las recomendaciones del organismo internacional para el país. La necesidad de cambiar el modo de ajustar las jubilaciones está entre las primeras (…). El parecido que tiene la propuesta del Gobierno con la sugerencia del FMI es inquietante (“Pactan con FMI silencio por reforma previsional”, J. Velázquez, Ámbito Financiero, 13-11-17).

No se trata sólo de que el proyecto macrista para el sistema jubilatorio y el reclamo del FMI se parezcan como una gota de agua a la otra. El tema central, como explicamos en su momento, es que la “reforma impositiva” tiene como núcleo reducir el gasto social, por su peso en el gasto público total. Pero el recorte de haberes, pensiones y asignaciones familiares y AUH, que se calcula en 100.000 millones de pesos anuales, implica un “sacrificio” de los sectores más vulnerables, más pobres y con menor capacidad de negociación (los que reciben esos fondos de la ANSeS son 17 millones de personas), en beneficio de los que no se sacrifican nunca: los empresarios, los capitalistas, los ricos.

La negociación-chantaje con las provincias

Tal como señalamos en el balance de las elecciones, la maquinaria “republicana” marcha a todo vapor, con este circuito: 1) gobierno nacional reclama votos a gobernadores, 2) gobernadores piden pensarlo, 3) gobierno nacional amenaza cerrar la canilla de guita federal, 4) gobernadores deciden rápidamente que están de acuerdo; Cambiemos agrega sus porotos en el conteo de votos parlamentarios.

Si alguno cree que exageramos, que escuche a este gobernador que habló en reserva a un diario: “Lo más pesado es el cambio en la fórmula de actualización de jubilaciones; pretenden que paguemos un costo político que debe ser de Nación, [pero] la provincia que no adhiera expresamente no recibirá su tajada del Fondo Solidario sojero” (Ámbito Financiero, 10-11-17). Se entendió, ¿no?

Precisamente porque los gobernadores provinciales (y los legisladores que les responden) tienen la llave de la aprobación de las reformas es que éstas incluyen varias cláusulas “cazabobos”. Son las medidas sumamente irritativas; tanto que ni los legisladores del oficialismo las pueden acompañar (el caso del aumento de impuestos internos a vinos y cervezas). ¿Qué función cumplen? Simple: el gobierno hace como que en “buena voluntad de negociación” las retira del proyecto original, y a cambio los gobernadores explican a sus legisladores (y a la gente) que “ahora que eliminamos lo peor, podemos votar el resto”. Una coartada política perfecta, así que en realidad no se caza ningún bobo, sino que se gana la ayuda de varios vivos. Y si alguno se retoba, entonces se usa el cazabobos para chantajearlo. Es lo que sucede todavía con el impuesto a las gaseosas y jugos.(1)

Ah, entre los sapos que deben tragar los gobernadores (o, mejor dicho, la población toda) a cambio de la eliminación de esas medidas fantasma cabe computar: a) aceptar una nueva ley de responsabilidad fiscal que ponga estrictos límites al gasto provincial, b) desistir de los juicios de las provincias contra el Estado nacional por temas como coparticipación y el Fondo del Conurbano bonaerense, c) aceptar la “armonización” de las jubilaciones provinciales, lo cual, dicho en criollo, significa que van a desfinanciarlas y/o bajarlas, d) aceptar una mayor injerencia del Estado nacional en impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Bienes Personales y valuaciones fiscales inmobiliarias, y e) aceptar que el macrismo consiga financiación de alto peso electoral para la provincia de Buenos Aires, resolviendo el conflicto del Fondo del Conurbano con 20.000 millones para Vidal este año, 44.000 el año que viene y 65.000 en 2019 (justito para las presidenciales, vea usted).

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No hace falta decir que el bolsillo que va a solventar esas “compensaciones” (púdico nombre para la compra de gobernadores) es el mismo que pierde los 100.000 palitos: “Los funcionarios destacan que la única forma de sostener los compromisos de transferencias de recursos a los gobernadores es con el producido del recorte previsional” (Ámbito Financiero, 13-11-17).(2)

Y ya se vio en Tierra del Fuego hasta dónde puede llegar el chantaje y cuán profunda es la relación entre reforma impositiva y laboral. De hecho, el acuerdo que firmó la UOM fueguina con el gobierno nacional, el provincial y las cámaras patronales locales se da más en el marco de la negociación por la reforma tributaria (la reducción de impuestos a productos electrónicos, que liquidaba la industria fueguina, se hará de manera gradual) que en el plano laboral. Si, como dijo Oscar Martínez, de la UOM, esto era un chantaje donde había que elegir entre “dunga dunga o morir”, habrá que recordarle a Martínez cómo era el final del cuento: cuando el preso, harto de la humillación, dice que prefiere morir, le dicen, “bueno, pero antes, un poco de dunga dunga”. Es lo que pueden esperar los trabajadores fueguinos de un acuerdo que ni siquiera elimina las medidas “mortales”, sino que sólo las hace graduales y las posterga por un plazo relativamente breve.

De todos modos, y una vez más, el fondo de la cuestión es el gasto social, especialmente las jubilaciones, y no quedan dudas de que la estrategia al respecto es buscar la forma de transferir en todo o en parte la carga previsional al sector privado. Será al principio de manera más “amable”, autorizando fondos de capitalización individual complementarios, y más adelante se verá. Pero ese “más adelante” no es tan lejano, porque hay una evidente movida económico-financiera para descapitalizar a la ANSeS y otra movida ideológico-mediática para instalar la idea de que “el sistema jubilatorio no es sustentable”, paso previo a anunciar en tono dramático que “la ANSeS está quebrada”. Es el mecanismo que hemos visto demasiadas veces en los 90 para justificar recortes, ajustes y privatizaciones.

Algo de eso revela la extraña situación que se da con la información financiera de la ANSeS. Según el citado Velázquez, “los enviados del FMI tuvieron acceso a algunas cifras sobre la situación de la ANSeS que los investigadores nativos tienen vedado. La evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no está disponible en internet. También hay quejas por falta de precisión en los datos sobre el rojo previsional. Se maneja como dato global el 3,5% del PBI que fue incluido en el proyecto de Presupuesto 2018” (cit.).

Metas miserables, políticas miserables

Si el centro de la reforma fiscal es el ajuste a los jubilados, es porque eso genera un ahorro fuerte e inmediato. En cambio, la tan cacareada “baja de impuestos para favorecer la inversión”, si bien existe y por supuesto beneficia exclusivamente a ricos y empresarios, está calculada para que la baja de recaudación del fisco sea leve y gradual, repartida a lo largo de varios años.

Lo que llama la atención es lo moderadísimo de las metas que se propone el gobierno después de hacer tanta alharaca con las medidas. ¿Todo esto para lograr una baja del déficit fiscal del 4,5 al 3,2 y luego el 2,5% anual, por un lado, y por el otro, para conseguir un (optimista) crecimiento del 3% en 2018 y 3,5% en 2019? ¿En serio? ¿Y el gobierno realmente cree, y le quiere hacer creer a ciudadanos e inversores, que parte de la recaudación que el Estado resigna con su “baja de impuestos” se va a compensar con el “aumento de la actividad económica”? La montaña parió un ratón, y tanto ruido para estas míseras nueces es una burla a los jubilados y pensionados que sufrirán las consecuencias del ajuste.

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A todo esto, otra burla sangrienta es la reducción de impuestos internos a vehículos 0 km de alta gama y valores de entre 30.000 y 70.000 dólares. Directivos de Mercedes Benz e importadores de Audi, BMW y Mini mostraron su incrédulo beneplácito por la lluvia de ventas que se ven venir para esos autos de lujo. ¡Si hasta los banqueros aceptaron sin mucha queja el muy módico impuesto a la renta financiera, que para colmo castiga mucho más a medianos ahorristas que a los verdaderos grandes especuladores, ya que las ganancias de la Bolsa no las toca nadie! Claro, además, este barniz de “impuesto progresivo” le viene bárbaro al gobierno para disimular y permitir disimular a sus aliados opoficialistas.

Un último dato para terminar: el discurso del macrismo, amplificado hasta la náusea por los medios que funcionan como repetidoras PRO, es que bajar impuestos a los capitalistas es necesario porque de esa manera se van a animar a invertir, y de ese modo la economía crecerá, se creará empleo, aumentarán los salarios y todos seremos felices. Todos los que vivimos en este país en los 90 sabemos que eso es una patraña infame y un insulto a la inteligencia. Pero no hace falta que nos crean a nosotros, marxistas recalcitrantes. Hay una autoridad intelectual insospechable de simpatías socialistas que dice lo mismo.

Se trata de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), club de 35 países, la mayoría de ellos ricos y desarrollados, al que Macri aspira a ingresar. Las políticas que recomienda son invariablemente neoliberales, y toda forma de socialismo, estatismo o progresismo le genera un profundo horror. Pues bien, esta virtuosa entidad hizo un estudio profundo entre todos sus países miembro, abarcando el período 2011-2016, para medir cuánto variaban los salarios en relación con los cambios en impuestos a las empresas. Varios de los países de la OCDE bajaron impuestos al capital; otros lo aumentaron. ¿Qué pasó con los salarios? ¿Bajaron cuando se “persigue” al capital con altos impuestos? ¿Mejoraron cuando el capital logró liberarse de la carga impositiva?

No alarguemos la intriga: no pasó nada. Así como se lee: nada. Modificaciones de moderadas a importantes en la tasa a las empresas (subas o bajas de entre un 5 y un 10%) no generaron ningún efecto perceptible en cinco años. La mejora (o descenso) salarial no se movió del rango del 0,1 al 0,2%. De hecho, la variación salarial más fuerte en los países de la OCDE fue una suba del 0,35% en Letonia… país que no hizo ninguna modificación tributaria en ese período. Como reconoce con cierto pesar la revista decana del capitalismo, “no hay ninguna relación clara entre los recientes recortes de impuestos a las empresas y el crecimiento de los salarios en los países ricos” (The Economist, 28-10-17).

Así que ya saben. Cuando el gobierno o alguno de sus infames voceros mediáticos diga que bajar impuestos a los capitalistas termina beneficiando a los trabajadores, ¡juira bicho, que eso no se lo creen ni los liberales con casi dos siglos de capitalismo encima, ni los mismos organismos que reclaman que los pobres subsidien a los ricos! Lo que hay es lo de casi siempre en estas pampas: receta del FMI, ajuste, mentiras, ajuste, represión, ajuste, chantaje político-económico y ajuste.

Marcelo Yunes

 

Notas

  1. En un verdadero concurso de chantajistas, Coca-Cola Argentina amenazó que si el gobierno avanzaba con el impuesto a las gaseosas, iba a haber 5.000 despidos y suspendería una inversión prevista de 1.000 millones de dólares. Dudamos que el primer argumento conmueva el corazón del macrismo; tal vez con el segundo tenga más suerte…
  2. Agrega la citada nota de Velázquez: “El FMI tiene un cálculo muy contundente sobre su impacto: ‘Permitiría reducir la suba del presupuesto destinado a jubilaciones en alrededor de un 20% del PBI por dos razones: las jubilaciones subirán más lentamente y las jubilaciones iniciales serán ligeramente menores’, plantea en su informe” (Ámbito Financiero, 13-11-17).
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