La Pampa | La Justicia patriarcal absolvió al intendente Cabak y a otros seis proxenetas



Por Tofi Mazú

 

El pasado lunes 10 de diciembre, el intendente pejotista de Macachín (La Pampa), Jorge Cabak, fue vergonzosamente absuelto por el delito de partícipe necesario de una red de trata con fines de explotación sexual. El argumento utilizado por los jueces Lacava, Triputti y Aguerrido fue la falta de pruebas… Ocurre que esas pruebas sí existían, y consistían en 32 casettes con escuchas sobre el traslado de mujeres, muchas extranjeras, de un cabaret a otro. Pero estas escuchas, como por arte de magia, desaparecieron.

 

Siete años después del allanamiento, llegó la sentencia absolutoria

En el año 2011, el prostíbulo pampeano “La Chicha Show” fue allanado a raíz de la búsqueda de Marita Verón. De esa forma, salieron a la luz las redes de trata que operaban en la provincia, gracias a una pareja tucumana que había logrado huir del cabaret e hizo la denuncia pertinente. Pero cuando la Policía llegó, el establecimiento estaba curiosamente vacío…

Sin embargo, se iniciaron una serie de investigaciones impulsadas por la lucha de Susana Trimarco, amparada en la en ese entonces flamante Ley de Trata. A partir de eso, se intervino el teléfono de la “whiskería” y, uno a uno, fueron saltando los culpables involucrados en el proxenetismo.

El principal, Jorge Cabak: dirigente del Partido Justicialista; intendente del pueblo, que ya cuenta con cuatro mandatos y que va por la reelección. El comisario local, Hugo Iglesias; los dueños del prostíbulo, Luis Daniel Deluca y Esmundo “Dito” Blas – ex concejal -; así como sus colaboradores, Oscar Moya, Leandro Otero y Maximiliano Deluca. Los siete involucrados fueron expuestos y acusados. De “partícipes necesarios”, los primeros, y de proxenetismo y encubrimiento los demás.

 

El movimiento de mujeres en la primera fila

La denuncia y procesamiento de estos monstruos no podría haber sido posible sin la intervención del movimiento de mujeres. Como dijimos previamente, el caso se conoció a raíz de la búsqueda de Marita. Pero terminó de cobrar fuerza cuando se nacionalizó, a raíz de que Ayelén Pilcic, dirigente de Las Rojas y el Nuevo MAS de La Pampa, lo llevara al Encuentro Nacional de Mujeres y a la propia campaña electoral como una de sus principales banderas. Fue la fuerza del feminismo que lucha por abolir las redes de trata y prostitución lo que puso de verdad en el banquillo de los acusados a estos proxenetas y mafiosos, que viven de lucrar con el cuerpo y la integridad emocional de cientos de mujeres, muchas menores de edad.

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Ayelén Pilcic, dirigente de Las Rojas y el Nuevo MAS de La Pampa, denunciando a Cabak, Rogers y Verna en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2017

 

El fallo absolutorio

En su momento, la Fiscalía había pedido 7 años de prisión para los proxenetas y 6 años para el intendente y el comisario. Todas las pruebas se basaban en 38 casettes en los que se podía escuchar las conversaciones telefónicas entre los siete imputados, sobre el traslado, compra – venta y explotación de mujeres y niñas. Todo, a partir de la intervención del teléfono de “El Turco” Greer, testaferro de Deluca.  Sin embargo, las contundentes pruebas desaparecieron… y desaparecieron a meses de iniciarse la campaña electoral, a la que aspira a presentarse Cabak.

Los jueces Lacava, Triputti y Aguerrido absolvieron con total impunidad a los siete proxenetas y trabaron un posible nuevo allanamiento de “La Chicha Show”. La (in)Justicia patriarcal actuó nuevamente. Esta vez, para dejar ir a siete fiolos, sin importarle el destino de las mujeres que allí son violentadas a diario.

 

El Estado y el poder político reinante: cueva de proxenetas

Pero el caso de Macachín no es un caso aislado. No lo es en el país, ni en La Pampa. La investigación por la causa de Marita Verón no reveló únicamente la operación de una red de trata que desembocaba en “El Chicha”, sino que puso de manifiesto la amplitud de estas redes y la participación en ellas de todo tipo de funcionarios, gobernadores, intendentes y comisarios.

En el año 2017, se consiguió condenar a a Luis Rogers, intendente de Lonquimay, por ser “partícipe necesario” para el tráfico y la explotación sexual de mujeres; así como también al comisario de la zona. También se consiguió la inhabilitación de aquel  sujeto para ejercer cargos públicos. Sin embargo, como la sentencia no fue firme, el funcionario sigue gobernando el pueblo. Esto, con la total complicidad del gobernador Verna, quien incluso hace actos electorales con él, demostrando su total amparo por parte del Partido Justicialista y el gobierno provincial.

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Caen los intendentes, pero el gobernador les demuestra su apoyo, los sostiene en los cargos y le pone un freno a la justicia. Rogers va a terminar su mandato, sin que Verna se mosquee. Esta terrible situación demuestra de qué está compuesto el poder político: de proxenetas y mafiosos que utilizan el Estado y su estructura para hacer sus negociados; uno de ellos, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. La Policía, los gobernadores, los intendentes, los empresarios… todos juntos hacen del cuerpo de las mujeres una mercancía con la que se llenan los bolsillos, a costa de la vida y la salud de las víctimas de la prostitución.

 

La lucha sigue hasta conseguir justicia

Sólo el movimiento de mujeres puede revertir esta situación, organizándose para desmantelar las redes de trata y destituir a los jueces y funcionarios cómplices, así como impedir la candidatura de un proxeneta consumado como lo es Cabak, o encarcelar de una vez por todas a Rogers.  Ante estos casos, que dejan a las claras el rol proxeneta del Estado capitalista y patriarcal, la pelea por terminar con este flagelo que sufren las mujeres y trans más pobres solo tiene una salida: redoblar la lucha contra el poder político y las mafias prostituyentes, pelear por la destitución de Lacava, Triputti y Aguerrido y exigir trabajo genuino para mujeres, trans y travestis. El intento de salvar a Caback y a Rogers, de cara a un nuevo año electoral y amparados por el fallo absolutorio a los femicidas de Lucía Pérez y las políticas misóginas del gobierno nacional, solo puede ser contrarrestado por la lucha y la organización de la marea verde. #MiráCómoNosPonemos contra la trata y la explotación sexual.

 

 

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