La (In)Justicia contra los sindicatos

Por Martín Mandeb

En la última semana, la justicia impuso multas al sindicato de camioneros, conducido por Hugo Moyano, y al SUTEBA de Roberto Baradel.
En el primer caso, la multa, más el posterior embargo de todas las cuentas bancarias, asciende a más de 1000 millones de pesos. El argumento sería no haber acatado una conciliación obligatoria, de la cual los trabajadores no habían sido informados, cuando fueron al paro en diciembre del año pasado. En el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires, la multa será de 659 millones de pesos; otra vez, se los acusa de haber parado ¡Dos días! en el marco de una conciliación obligatoria ilegal.
¿Por qué la justicia, supuestamente imparcial, impone multas millonarias por conciliaciones obligatorias irregulares? La respuesta es sencilla, y a la vez no: la Justicia no es un órgano que intenta mediar entre los diferentes actores de la sociedad. Eso es una gran mentira que nos dicen a todos en el colegio cuando estudiamos Educación Cívica. El verdadero carácter del Poder Judicial es la defensa de los intereses la patronal. Hoy, el deseo de los empresarios es el de imponer un giro reaccionario en el país, que permita a todos los grandes propietarios llevarse fabulosas ganancias, sin la molestia de convivir con paros u otras medidas de lucha en su contra. Ese es el mandato que le han dado a Macri. Para con los docentes, el ataque viene por el lado de intentar doblegar a un gremio que se caracteriza por luchar, con el objetivo de reducir el famoso “déficit fiscal” que tanto preocupa a Cambiemos, a costa del salario y el puesto de los trabajadores estatales.
Independientemente del carácter burocrático de Moyano y Baradel, hay que ser claros con el destinatario de este revés. No pretenden cobrársela a los dirigentes, que flacos favores le han hecho al gobierno con sus tibiezas: es un ataque a las bases. Hoy la Justicia se sumó al barco del ajuste buscando aleccionar a estos dos sindicatos, con el objetivo más profundo de amedrentar a todos los trabajadores que quieran encarar medidas de lucha. Es un ataque puro y duro al derecho más elemental de la clase obrera como tal, el derecho a huelga, a protestar, a organizarse.
Estas sanciones son inaceptables. Es necesario defender la libertad de los trabajadores para decidir sus propias medidas de lucha, defender la libertad sindical, una tarea elemental para poder derrotar a los planes reaccionarios que Macri -con la inestimable ayuda de la (in)Justicia- quiere imponer.

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