Incendios y tierras

La discusión por el proyecto de ley de uso de tierras y campos incendiados

¿Aplicará efectivamente el estado la prohibición del uso nuevo de tierras incendiadas mientras el país se prende fuego? ¿O sucederá como con Vicentín y la prohibición de despidos? Todo apunta a que no darán un solo paso efectivo.

Luz Licht
Redacción Izquierda Web.


La iniciativa perteneciente al integrante del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue presentada a principios de octubre y tuvo ayer un primer dictamen a favor en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados.

El proyecto plantea la reforma de la ley 26.815 de Manejo del Fuego y apunta a prohibir modificaciones por 30 años del uso de las superficies incendiadas. Máximo Kirchner dijo que el «el objetivo de este proyecto no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria».

Paradójicamente, al mismo tiempo el oficialismo dispuso en el Presupuesto 2021 una reducción a la mitad de los fondos destinados al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Según cálculos difundidos por la fundación Vida Silvestre Argentina, con el presupuesto se asignarán para el cuidado de los bosques y demás ecosistemas del país el equivalente a 25 pesos anuales por hectárea.

Lo cierto es que, para los grandes dueños de la tierra, no hay ley que valga. Es sabido por absolutamente todo el mundo que personajes como Etchevehere y otros personajes del «campo» están denunciados por el uso de fuerza de trabajo forzada, por lisa y llanamente esclavizar gente, y no reciben otro castigo que una reprimenda mediática de poco impacto y se les permite seguir tranquilamente con sus carreras políticas y sus negocios. La soberanía sobre el suelo los hace despóticos dictadores de porciones del país, realidad sancionada constitucionalmente como «derecho a la propiedad privada». Mientras sigan teniendo ese «derecho», seguirán teniendo el de incendiar el país para hacer negocios. No hay medida efectiva que no culmine con la expropiación.

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Por otro lado, la nueva ley plantea la prohibición de realizar cambios en el uso del suelo en zonas protegidas que ya está contemplada por la Ley de Bosques 26.331 y en artículos similares que ya existen en la misma Ley Nacional de Manejo del Fuego 26.815. El nuevo proyecto no agrega nada en el caso de las reservas naturales, donde por definición ya está prohibida toda modificación en el uso del suelo de manera indefinida.

Esta iniciativa aparece con una intensión que suena más bien cosmética, dado que ya se ha pronunciado el propio ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, sobre la intención de modificar la Ley de Bosques, cuya aplicación no existe en la actualidad. Por su parte, las políticas para prevenir o enfrentar los incendios con fines especulativos han sido totalmente ineficaces sino inexistentes mientras medio país ardía en llamas.

Las quemas tienen un fin bastante claro tal como expresaba Nicolás Mari, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y coordinador de la Red Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales (RedLatif) en una entrevista a BBC Mundo: “Son desmontes, pero en vez de usar topadoras (tractores con palas frontales) queman los árboles. Lo suelen hacer grupos económicos grandes que compran bosques a un precio más barato y los queman para poder plantar soja y hacer que sus terrenos valgan más».

El gobierno nacional tiene una agenda bastante alejada de las intenciones de un combate serio a los actores del agronegocio tal como muestra el reciente anuncio del Ministerio de Agricultura con la iniciativa “200.000.000” con vistas a aumentar en esa cantidad de toneladas la producción agropecuaria de cereales y oleaginosas modificadas genéticamente. Este anuncio estuvo en sintonía con la baja de retenciones a ese sector a principios de mes del 33 al 30% para el grano de soja y al 28% para la industria de subproductos.

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En lo que va del año 2020 casi medio millón de hectáreas estuvieron en llamas en Argentina y las quemas ya arrasaron el equivalente a veinticinco veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total son catorce las provincias que han sido afectadas directa o indirectamente por el fuego, los focos en algunas de ellas no han sido controlados aún. Mientras, las iniciativas marketineras del gobierno se chocan de frente con sus políticas que aumentan la desregulación en materia medioambiental y favorecen a los principales responsables del ecocidio en curso.

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