La Corte Suprema ratifica el procesamiento al policía asesino Chocobar

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    Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


    Por Luz Licht

    En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó el recurso presentado por la defensa del policía que en diciembre de 2017 asesino al joven Pablo Kukoc, donde se pretendía eximirlo del juicio oral y público para que sea juzgado por el cargo de “homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber”. No le quedan más instancias de apelación y tendrá que responder por el crimen que cometió.

    En este caso resulta un avance para una causa que pudo haber quedado en la absoluta impunidad para quien disparó por la espalda al joven de 18 años tras cometer un robo, sobre todo luego de que el policía recibiera el apoyo y respaldo de Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich, quienes lo consideraron un “héroe”, alguien que “cumplió su deber”.

    El accionar de este policía asesino inauguró la conocida ‘doctrina Chocobar’ macrista, que daba el aval institucional y político al gatillo fácil y la brutalidad por parte de las fuerzas represivas del Estado. Por dar un ejemplo, en marzo de este al, policías asesinaron a un pibe en Tucumán, Facundo Burgos, de tan sólo 11 años, la anuencia política para los asesinos los envalentonó por demás, teniendo consecuencias como esta. Cebados por el macrismo, los policías inventaron que Facundo les había disparado y tuvieron el apoyo de todos los grandes medios en esa mentira oficial. Casi ninguno hizo público el resultado de los exámenes: el muchacho de apenas 11 años no tenía restos de pólvora en sus manos.

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    Sin embargo, ya en marzo de este año la Cámara Nacional de Casación dejó firme el procesamiento para el policía local de Avellaneda. Y en el camino pudo modificarse la caratula inicial del caso, cuando en enero el juez de Menores Luis Velázquez procesó a Chocobar por “homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa“.

    La condena que estipula la acusación actual va de 1 a 5 años de prisión, pero la misma dependerá de la presión por rechazar la violencia institucional, en tiempos donde el gobierno agita el fantasma de la ‘inseguridad’ para instalar debates como la baja en la edad de imputabilidad, o generar un consenso reaccionario para justificar las respuestas represivas frente al problema del delito.

    En Argentina, según estimaciones de Correpi en 2017, cada 23 horas el estado asesina a una persona, en los dos primeros años de gestión de Cambiemos hubo 725 asesinados por la represión estatal contabilizados en 721 días de gobierno.[1] Un promedio revelador de las consecuencias de los CEOS reaccionarios gobernando, quienes se dan activamente una política para reprimir y violentar al calor de un brutal ajuste a los de abajo con las fuerzas represivas al servicio de esa tarea.

    [1] http://www.correpi.org/2017/archivo-2017-cada-23-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/

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