Con un auditorio de la casi totalidad de gobernadores, empresarios y burócratas sindicales, Macri anunció el lunes las líneas generales del “reformismo permanente” en el que delineó tres ejes, que denominó: responsabilidad fiscal y combate a la inflación, creación de empleo privado y crecimiento de la producción y por último fortalecer la república y su calidad institucional, bajo el lema “todos tenemos que ceder un poco”: en el idioma macrista, esto significa “los trabajadores tienen que ceder y retroceder décadas“.

Si bien Macri no había detallado demasiadas medidas en la conferencia, la cara larga de los burócratas sindicales indicaba que algo no andaba bien. Y es que hay que estar postrado en el altar de la gobernabilidad para creer las promesas que les hizo el gobierno en los meses previos a las elecciones que la reforma laboral no sería “a la brasileña” sin modificaciones por ley, sino por consenso, en el ámbito de los Convenios Colectivos, y limitada al blanqueo laboral, las obras sociales y las pasantías.

En lo que respecta a la “creación de empleo y crecimiento de la producción” este “consenso” se ha transformado en un proyecto de ley de 145 artículos, con modificaciones tan profundas, y de tan variados aspectos, al que es difícil definir exclusivamente como “reforma laboral”: incluye un blanqueo impositivo y no solo laboral, la reducción del plazo de prescripción por el cual el Estado puede reclamar obligaciones de la seguridad social, reducción de multas a la patronal, la modificación del Monotributo, la disminución de las contribuciones patronales a la seguridad social y la reducción del ajuste de los haberes jubilatorios, el control de la cobertura que brindan las obras sociales, y finalmente, no solo la modificación del régimen de Contrato de Trabajo, sino también un nuevo sistema de Pasantías, la creación de un Fondo de Cese Laboral y la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales

El primer artículo del proyecto ya anticipa todo lo que viene detrás: se presenta como objetivo “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismo regulatorios y fenómenos distorsivos que impiden el desarrollo de las empresas”, lo que en criollo significa pasar por arriba de normas legales que hasta hoy limitan la voluntad absoluta de la patronal frente a los trabajadores, y en última instancia, abaratar el costo de su ejercicio.

Ley de Contrato de Trabajo

En el capítulo referido a la Ley de Contrato de Trabajo, el espíritu del proyecto es de un ataque global a los trabajadores, en el aspecto central de la relación con la patronal, como es el ejercicio del poder: duración de la jornada de trabajo, modificación de sus condiciones, mayor fragmentación de trabajadores con distintos derechos. Así se crean nuevos “tipos” de trabajadores, desamparados, para los cuales se legaliza la reducción de derechos. Se reduce el monto de las indemnizaciones y el plazo de reclamos, se pretende extender la jornada normal hasta la hora 10, se niega el acceso a la justicia ante el cambio de las condiciones de trabajo, se apunta a la introducción masiva de pasantías.

Así, se excluye de la LCT al personal doméstico, estatales y trabajadores agrarios, como en la actual ley, pero se inventan dos nuevas categorías de trabajadores excluidos: 1) los trabajadores autónomos económicamente dependientes, o sea aquellos que de manera habitual, personal y directa trabajen para una empresa pero tengan otros ingresos 2) los trabajadores independientes y sus trabajadores independientes colaboradores: el pequeño patrón de hasta 4 empleados pasa a tener “colaboradores”. En ambos casos, en un incierto futuro se determinará cuales son los derechos de este nuevo tipo de trabajador.

Esto apunta a darle estatus legal a la fragmentación laboral, consagrando la precarización, por un lado, y por otro la quita de derechos en la pequeña empresa, históricamente negrera.

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Otro principio actual de la legislación laboral se ve afectado: la irrenunciabilidad de derechos, excluyendo del mismo a los contratos individuales de trabajo, que no por casualidad, son los que se impulsan: ahora el papel que en estos casos te obliguen a firmar, va a valer.

Se limita la solidaridad de las obligaciones laborales y de la seguridad social de la patronal con las empresas tercerizadas: ante los incumplimientos de estas, laborales o previsionales, la patronal pasará a tener un artículo de la ley que le permitirá lavarse las manos

Otro principio que se altera es la facultad de la patronal de modificar las condiciones de trabajo: actualmente el trabajador puede darse por despedido o reclamar a través de un juicio sumarísimo que se restablezcan las condiciones modificadas. Se intenta ahora eliminar el juicio sumarísimo reemplazándolo por una instancia que se establezca en el futuro en los convenios colectivos: “hay que respetar la justicia, pero tiene que ser más rápida” dice Macri, así que mejor directamente que no actúe cuando pueda fallar en contra.

En el caso de las horas extras, se introduce en la ley el concepto de banco de horas, por el cual a través del Convenio Colectivo, se pueden compensar horas, en distintos días, sin que se consideren extras, llevando la jornada laboral normal a las 10 horas. Si bien esto no es automático, y debe mediar de acuerdo con la burocracia sindical, la patronal festeja: para cambiar los ritmos de producción, solo habría que arreglar con “los muchachos”.

Se reduce la Indemnización por despido sin causa, excluyendo de la base de cálculo al “sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, compensaciones de gastos”.

Se reduce de dos años a un año el plazo de prescripción para reclamar cualquier concepto de la relación laboral.

Se crea un Fondo de Cese Laboral, formado por las patronales y los sindicatos a través del Convenio Colectivo, financiado por el empleador, pero sin establecer montos, para reemplazar el pago de las indemnizaciones. Mientras Macri se queja de los estatales, crea tantos Institutos Administradores del Fondo de Cese Laboral como acuerdos haya, apuntando a despegar la relación contractual trabajador-empleador, con un organismo del que será parte el propio sindicato.

Pasantías

Se crea una “transición entre el sistema educativo formal y el trabajo”, eliminado la actual Ley de Pasantías, que sin dejar de ser un mecanismo de precarización, establecía algunas “molestias” como la intervención del establecimiento educativo formulando objetivos pedagógicos, la intervención de un docente guía y de un tutor de la empresa y una jornada demasiado limitada .

Ahora se va a los bifes: se borran estas molestias, se abaratan los costos, se amplía el régimen a los “noveles graduados” de hasta 1 año de expedición del título, se elimina el plazo mínimo de dos meses de la pasantía, se extiende de 20 a 30 horas la carga horaria semanal y en consonancia con el “banco de horas” se establece un tope de 130 horas mensuales, distribuidas de acuerdo a las necesidades de la producción. Además se disminuye la remuneración llamada “asignación estimulo” que antes se calculaba sobre el Básico de convenio y ahora pasaría a calcularse sobre el Neto. Para que no queden dudas del impulso a la precarización juvenil, el régimen será obligatorio para las empresas del Sector Público o donde el estrado sea accionista.

Es imposible no relacionar este régimen con la planeada reforma educativa: ser estudiante pasa a ser sinónimo de ser precario por ley.

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Pero para que el resto de los jóvenes no piense que tiene otro destino que la precariedad, se crea el Programa Nacional de Entrenamiento para el Trabajo: para el “desarrollo de prácticas en ambientes de trabajo” sin límite de tiempo ni horario; eso si no generan relación laboral con nadie: ni el Ministerio de Trabajo, ni la empresa, ni la entidad que ejecute el proyecto: un precarizado al cuadrado.

Subsidios a la patronal

El proyecto de “reforma laboral” decíamos también cubre otros aspectos, todos a favor del bolsillo empresarial. Así se establecen “ayudas económicas” para los trabajadores menores de 24 años que consigan trabajo, las que podrán ser computadas por los empleadores como parte del sueldo.

Además, se establece un monto mínimo no imponible exentos de contribuciones de las empresas a la Seguridad Social de $ 2.300 para 2018 llegando a $ 11.500 para 2023 (pero actualizable desde 2017) junto a la reducción de las alícuotas de contribuciones, llegando en 2022 al 19% desde el 27% actual, de manera más gradual para las empresas de servicios, y de manera casi automática para el resto, a partir de 2018.

Siguiendo la fiesta de globos amarillos, se reduce el plazo de prescripción por obligaciones de previsión social de 10 a 5 años, achicando el plazo por el cual el Estado puede reclamar incumplimientos. Por otro lado se reducen las multas por trabajo en negro: del 25% de las remuneraciones devengadas, y que deben abonarse a cada trabajador, se pasa al 25% del mínimo vital y móvil, y se abonarán ya no al trabajador sino a los organismos de seguridad social.

Y esto nos lleva al otro punto de la reforma: el blanqueo laboral. Habría que remontarse, como cuando Messi rompe records, a qué año en la historia impositiva argentina se realizó un blanqueo a costo CERO, si la declaración se hace dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley. Y más aún, al permitir incluir en el blanqueo deudas controvertidas en sede judicial, a la fecha de publicación de la ley, nos animamos a pronosticar, va camino al récord mundial.

Superándose así mismo, Macri establece que las contribuciones que no pagó el empleador, las pondrá el Estado para que los trabajadores blanqueados puedan considerar aportados un tope de 60 meses para la mínima Prestación Básica Universal.

Y en una vuelta de tuerca, como si faltara más, se propone eximir las multas devengadas a favor del trabajador, establecidas en la legislación vigente, por el empleo y los salarios en negro.

En este punto el lector se preguntará cómo encaja en el anuncio presidencial que el sistema jubilatorio no es viable, si reducimos sus ingresos. Nos podrían decir que los ingresos aumentarán al ingresar al sistema los millones de trabajadores en negro actuales. Pero ni el más ferveroso de los medios oficialistas pronostica tal hecho: un escenario optimista indica unos cientos de miles de trabajadores: lejos de los 4,5 millones que se estiman en negro.

La reforma impositiva es analizada en otro artículo de esta edición, donde encontraremos un acercamiento al tema. Lo que no cabe duda es el intento de establecer por vía legislativa una relación de fuerzas entre las clases sociales que aún no ha pasado la prueba de los hechos. Confiamos en la respuesta de los trabajadores y sus luchas para pararle la mano a Macri y su gobierno, enfrentando también la complicidad de la podrida burocracia sindical, y que en ese camino vayan sacando las necesarias conclusiones políticas para derrotar el régimen de los CEOs.

Marcelo Buitrago

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