José Luis Rojo
Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


No es tan habitual que una consigna y/o tarea resuma, en sí misma, semejante significación. Independientemente de que la situación del país no sea revolucionaria, es significativo que una sola tarea encierre como tal semejante centralidad política como era –salvando las inmensas distancias- la cuestión de la guerra y la tierra en la Revolución Rusa, por ejemplo.

Esto es lo que explica que sea campo de disputa político y programático de todas las fuerzas políticas del país y también en el seno de la izquierda.

Ejemplo de esto es que en el momento que estamos escribiendo esta nota se están desarrollando dos marchas con sentido político opuesto en CABA. Una movilización avanza desde Avenida de Mayo y 9 de julio hacia el Congreso; la otra desde este mismo cruce pero hacia Plaza de Mayo.

La diferencia obvia es que si la movilización que va al Congreso se llena la boca de “críticas al FMI”, no es más que una marcha de apoyo a Fernández para darle “fuerza” en sus negociaciones…

La otra movilización, a pesar de ser minoritaria, expresa genéricamente la oposición al gobierno; algo progresivo.

Si las marchas son desiguales numéricamente esto tienen que ver, en definitiva, con que todavía a la población trabajadora no le han “caído las fichas” en relación al nuevo gobierno; resta aun el desarrollo de toda una experiencia.

En estas condiciones, sin embargo, es de suma importancia que la izquierda se plante con un programa independiente frente al gobierno. Un gobierno patronal que es maestro del engaño donde los gestos progresistas no alcanzan a esconder su carácter más bien conservador: en dos meses de gestión ha proseguido con el ajuste que se venía y no ha tomado una sola medida “progresista”[1].

Sin embargo, las fuerzas del FITU han vetado la participación de dos fuerzas de importancia de la izquierda en el acto de Plaza de Mayo: nuestro partido y la tendencia de los compañeros/as del PO. Ésta última, encabezada por Altamira y Ramal, ha sido dejada de lado en función del rechazo del oficialismo del Partido Obrero a reconocer lo que es hoy una realidad: que de esa corriente han surgido dos expresiones político-organizativas.

Por su parte, el PTS sigue decidido a dividir a la izquierda alrededor del criterio estalinista de no soportar que haya debates políticos; en este caso vetando nuestra participación debido a las diferencias políticas surgidas en torno a la deuda. Se trata de una división que, amén de llevar agua al molino del gobierno, prioriza nuevamente como acompañante a una tendencia que, como el MST, tiene una tradición arraigada de ir para un lado hoy y otro exactamente opuesto mañana[2]

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Nos dedicaremos aquí a clarificar entonces las diferencias programáticas que han surgido. Nuestro partido ha señalado que, dadas las condiciones concretas en las cuales se sustancian los desarrollos hoy, es de fundamental importancia ser claros en relación a la deuda: la izquierda debe decir abiertamente que no hay que pagar.

La política del gobierno es renegociar para pagar. Dentro de esta fórmula hacen toda la mímica posible vinculada a la idea de “no pagaremos con el hambre del pueblo” y cosas así (ver las declaraciones de Guzmán ayer respecto del re-perfilamiento del bono AF20[3]).

Muchas de las organizaciones que apoyan críticamente al gobierno por la “izquierda” festejan estos gestos y parecen creer que se puede luchar contra el fondo apoyando a Alberto. Pero hacer esto es respaldar su estratategia de renegociación, plazo de gracia y eventualmente alguna quita… para pagar.

Dependiendo de cómo salga este minué será el margen económico de Alberto y la magnitud del ajuste. Nos permitimos opinar que el margen será muy pequeño y el ajuste muy grande.

De ahí el confusionismo de consignas como “suspensión del pago de la deuda” e “investigación”… Sobre la “suspensión” de los pagos ya hemos clarificado que es papel mojado en la medida que el propio gobierno busca un “plazo de gracia”. El FMI se los daría a cambio eventualmente de reformas estructurales (lo que se llama un “acuerdo de facilidades extendidas”).

Sin embargo, también es peligrosa la centralidad que le dan a la idea de “investigación” corrientes como el PTS. Esta idea va asociada a otra que tiene que ver con denunciar el carácter fraudulento de la deuda.

Sin embargo, conviene diferenciar aquí dos cosas. Eventualmente, para la denuncia, no deja de ser útil deslegitimar la deuda frente a la población trabajadora denunciando el fraude que significa la deuda: una enorme estafa en la medida que el endeudamiento sirvió para negociados que nada tienen que ver con las necesidades populares. Una cuestión diferente, sin embargo, es si esto se puede traducir legalmente o, incluso, avanzar -con algún grado de verosimilitud- en una investigación de la deuda[4], lo que es algo distinto.

Aquí se expresan dos peligros. Primero, es prácticamente imposible que cualquier juzgado –no digamos internacional sino nacional- acredite la ilegalidad de la deuda o, en caso de hacerlo, eso tenga alguna efectividad práctica.

Segundo, la única sede institucional para una investigación de la deuda es el Congreso Nacional. Pero dicha institución acaba de votar por unanimidad el apoyo al gobierno en la negociación de la deuda (de hecho, el reconocimiento de la deuda como tal).

Es contrario al marxismo levantar consignas y/o reivindicaciones que llevan a caminos sin salida[5].

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Porque eso no las hace de “transición”, no permiten realmente ganar la conciencia de los trabajadores y trabajadoras sino llevarlos a una vía muerta, negando el carácter “transicional” de la consigna[6].

Denunciar la ilegitimidad de la deuda puede ser correcto como denuncia; suma un aspecto democrático a la cuestión. Pero, asociada a la idea que la salida sería la “investigación de la deuda” y no el no pago, es un grave error político que mezcla nuestras banderas con las del oficialismo (ver las recientes declaraciones de Cristina Kirchner, a la sazón vicepresidenta de la Nación, recientemente en Cuba).

Una explicación subsidiaria pero no menos importante podría ser que como no está hecha aun la experiencia con el parlamentarismo, toda reivindicación para ser realista debería adquirir una “forma institucional” por así decirlo…

Pero este criterio es errado, propio de un abordaje de cretinismo parlamentario. Muchísimos reclamos se conquistan sin que adquieran formas institucionales.

Se necesita –por ejemplo- consagrar el derecho al aborto por ley, es verdad. Pero es falso que una tarea como el no pago de la deuda y la ruptura con el FMI deba revestir necesariamente una forma institucional.

La dinámica política del país se procesa en una relación dinámica entre la plaza, el palacio y la representación donde se combinan tanto las formas mediadas como las acciones en la calle.

De lo que se trata hoy es de ser claro en el no pago para ayudar a que se desate una movilización revolucionaria a tales efectos. Lo que, lógicamente, debe ser madurado por todo el desarrollo de la situación política y por un avance en la conciencia de los explotados y oprimidos.

 

[1] Programáticamente es muy difícil diferenciar –al menos hasta ahora- a Fernández de Macri aunque obviamente que si en materia de las formas y procedimientos.

[2] Junto con participar del espacio que marcha hoy a Plaza de Mayo, el MST firmó una declaración donde se afirma que “el gobierno comprende que la deuda es impagable” junto a funcionarios oficialistas como Claudio Lozano, recientemente nombrado director del Banco Nación.

[3] De más está decir que el re perfilamiento de los pagos comenzó con Macri.

[4] Alejandro Olmos llevó años atrás una investigación exhaustiva sobre el tema e incluso hubo fallos como los del juez Ballesteros que quedaron en la nada absoluta.

[5] Miriam Bregman denuncia que la deuda es “odiosa”, lo que es verdad, pero sugiere un puro camino institucional frente a la misma. Ver “Deuda externa y renuncia de soberanía”, La izquierda diario, 8 de febrero de 2020.

[6] Por “transicional” el marxismo revolucionario refiere una consigna que lleva a un escalón superior de conciencia y movilización.

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