Hace pocos días, Axel Kicillof anunció un supuesto plan de urbanización en los terrenos que el año pasado fueron ocupados por centenares de familias sin techo en el barrio de Guernica. Luego de reprimir violentamente a quienes buscaban un pedazo de tierra para vivir, estos anuncios toman un cariz hipócrita y cínico. Una verdadera bomba de humo para ocultar la verdadera política habitacional del gobierno.

Anuncios electorales para esconder la represión

Casi un año transcurrió ya desde el brutal desalojo efectuado por la policía bonaerense (bajo mando de Berni y Kicillof) en el barrio de Guernica. Palos, gases, balas de goma, decenas de detenciones, topadores, fuego e hidrantes. Estas fueron las únicas respuestas que el gobierno supuestamente «progresista» y «popular» de Kicillof y Fernández le dieron a miles de trabajadores, changarines, desocupados que intentaban buscar un nuevo futuro para sus familias.

¿La justificación? Que la propiedad privada de la tierra no puede cuestionarse. Incluso si esas tierras fueron adquiridas por empresarios turbios durante la dictadura y permanecen como propiedad ociosa. Este era el caso de la mayor parte del predio ocupado en Guernica, reclamado por la empresa Bellaco S.A. La firma está encabezada por César Emilio Pérez Pesado, alias “Copete”, funcionario del gobierno de Videla.

Las tierras que reclamaban estaban hacía largos años abandonadas. Bellaco S.A. pretendía instalar allí un emprendimiento inmobiliario con canchas de golf para la élite empresaria de la zona, pero el proyecto quedó estancado luego de que la firma acumulara una deuda fiscal de 1 millón de pesos en impuestos con el Estado.

Nada de esto le pareció relevante a Kicillof el año pasado, cuando, los momentos más duros de la pandemia, miles de familias quedaron en la calle por la falta de trabajo de calidad y salarios para costear un alquiler. Ahora, en plena campaña electoral, el gobernador ex – comunista devenido en kirchnerista progre devenido en represor de familias sin techo, anuncia con bombos y platillos la urbanización de un barrio en ese mismo predio.

La tierra para construirlo provendría de tierras cedidas por las empresas inmobiliarias que pretenden edificar allí sus countries. Esta cesión de tierras al Estado hace parte de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Según el gobernador bonaerense, «lo que queremos para la provincia de Buenos Aires no es esconder más los problemas estructurales. Donde hay un problema estructural tiene que haber una solución de fondo».

Para esto se edificaría un barrio con 850 terrenos. Muchos menos de los que se necesitarían para darle tierra y techo a las familias que ocuparon el terreno el año pasado, y que sumaban casi 2000. Además, dicha urbanización comenzaría como parte de un plan provincial que terminaría en 2023. En pocas palabras, Kicillof anunció poca tierra para dentro de mucho tiempo. Puro humo electoral.

Pero, si Kicillof tenía intenciones reales de resolver la situación habitacional de la población bonaerense, ¿por qué dilató un año el cumplimiento de esta ley? ¿Por qué eligió dejar a casi dos mil familias sin techo en la calle durante un año, a la buena de Dios, sin casa, sin trabajo, sin asistencia pública de ningún tipo? Supongamos que, por alguna razón, obrar de semejante manera tendría algún tipo de lógica. ¿Por qué, en ese caso, Kicillof eligió desalojar el predio de forma brutal, con balas de goma y quemando las casillas y pertenencias de centenares de familias pobres?

La respuesta no puede ser más que una: a Kicillof no le importa la crisis habitacional. Sus prioridades como gobierno son muy clara. En primer lugar: garantizar el status quo de la sociedad capitalista argentina, y la propiedad privada de los grandes empresarios como su pilar fundamental. En segundo lugar: gestionar los recursos del Estado para mantener controlado a la población trabajadora de la Provincia de Buenos Aires (la que concentra a una enorme porción de los trabajadores del país y a algunos de sus sectores más golpeados) para evitar cualquier tipo de desborde social.

Un problema estructural que exige medidas anti – capitalistas

La ocupación de tierras en Guernica puso en primer plano un problema histórico y estructural de la Argentina. La crisis habitacional viene de larga data y atraviesa a una enorme porción de los trabajadores y sectores populares del país. Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a 3,5 millones de familias, aproximadamente un tercio de la población argentina.

Dentro de esta cifra se cuentan tanto el déficit cuantitativo (la necesidad de una nueva vivienda) como cualitativo (la falta de servicios básicos en la vivienda que se tiene, habitar en casas construidas con materiales defectuosos y condiciones de hacinamiento que exigen viviendas más grandes). De estos 3,5 millones, el 40% (1,3 millones) necesitan una nueva vivienda. Un tercio de esas familias son pobres y están desempleadas.

1.240.000 son de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales un 50% se trata de déficit cuantitativo, y un 50% de déficit cualitativo. Se estima que haría falta una inversión de 26 millones de dólares para solucionar la situación de estas familias. 

Este fue el problema que las familias de Guernica trajeron a primer plano. Y no sólo eso, sino que dejaron muy en claro cuál era la forma de solucionarlo: atacando la propiedad privada de los millonarios, de los especuladores inmobiliarios que lucran con la tierra, de los grandes capitalistas. Había que elegir entre priorizar la tierra de las familias trabajadores o garantizar el negocio de los especuladores. Y Kicillof tomó una decisión clara por la segunda opción.

El anuncio de un nuevo barrio (levantado sin vergüenza por todos los medios lamebotas del gobierno nacional) es una mentira vergonzosa. Una promesa de campaña para negar la represión del año pasado e intentar rascar algún voto más para las elecciones.