Informe Situación Represiva 2018: El gobierno de Macri es el más represivo desde la vuelta a la democracia

En los últimos días se presentó el Informe de la Situación Represiva Nacional de 2018 elaborado por CORREPI. El mismo actualiza las estadísticas de muertes como consecuencia de la represión estatal en sus diversas formas, dejando especialmente en claro que el gobierno de Macri viene ensayando un salto en lo que a represión se refiere.

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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


Por Agustín S.

 

El archivo elaborado por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) abarca casos de muertes a causa de la represión estatal recopilados a lo ancho y largo del país. Si bien empezó a realizarse en el año 1996, recopila casos documentados desde 1983 en adelante. Hasta febrero del 2019, los casos ascienden a 6.564. Si bien la cantidad de muertes y sus circunstancias varían (si son muertes en cárceles, en represión a la protesta social, gatillo fácil, casos intrafamiliares, etc.) lo que se plasma en el archivo de casos es que la represión policial no es un fenómeno aislado o accidental, sino una política constante que atraviesa los distintos gobiernos (cada uno con sus particularidades) y que es un elemento intrínseco y constitutivo del Estado burgués como tal, en tanto monopoliza el ejercicio de la fuerza para garantizar el orden capitalista.

Un dato significativo es que el 46,8% de los casos corresponde a muertes de personas detenidas (en cárceles o comisarías) y el 38,3% al gatillo fácil en los barrios. Cuando se habla de represión, es común que lo primero y último que se venga a la cabeza sea la represión a la protesta social, que los distintos gobiernos aplican con mayor o menos crudeza según las circunstancias políticas. Pero lo que se ve en estas dos cifras es que, además de la represión directa sobre las luchas sociales, el Estado tiene otras herramientas menos visibles pero violentas para disciplinar a las clases oprimidas de la sociedad.

El uso del gatillo fácil ya ha adquirido una gran visibilidad en la Argentina a raíz de casos como el de Luciano Arruga o del policía asesino Chocobar, pero la gran mayoría de los casos sigue sin trascender mediáticamente, y muchos incluso quedan sin documentar. El Estado descarga esta forma de represión en los barrios populares del país a través de las distintas fuerzas represivas (policías provinciales, de la ciudad, federal, gendarmería).

Menos visibilidad aún tienen las muertes que ocurren dentro del sistema penitenciario. Estos casos van desde consecuencias de la tortura policial hasta los supuestos “suicidios” o “accidentes” como el caso de la Comisaría Tercera de Transradio, Echeverría, una decena de detenidos en condiciones subhumanas y de manera ilegal murieron fruto de la negligencia policial[1].

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Tanto el gatillo fácil como la violencia dentro del sistema penitenciario van dirigidos abiertamente contra los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, y especialmente contra la juventud. A veces con la excusa de la delincuencia a la que el mismo Estado empuja a muchos jóvenes, a veces como parte de la organización de esa misma delincuencia desde el Estado (como en el caso de Luciano Arruga) y en muchas ocasiones ejercida sobre cualquier joven al azar, como demostraciones del poder e impunidad de las fuerzas represivas, como mecanismo de control sobre la población.

Otro sector que sufre específicamente la violencia estatal es el de las mujeres. Según los casos recopilados por CORREPI, hasta el 2018 el 20% (1 de cada 5) de los femicidios eran cometidos por miembros de las fuerzas represivas, ascendiendo al 30% en los casos documentados en estos primeros meses de 2019. Se trata de casos en los que el femicida utiliza “los recursos represivos que le provee el Estado” (Informe de CORREPI), como por ejemplo el arma reglamentaria; esto sin mencionar la impunidad que envuelve a estos femicidas cuando se suman la impunidad general que impone sistemáticamente la justicia patriarcal con el amparo del Estado sobre los miembros de sus fuerzas represivas.

Lo que más llama la atención de informe son los números del gobierno de Macri: “Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019”, dando un promedio de un asesinato cada 21 horas, más de uno por día. Esta cifra marca un salto represivo con respecto a la de una muerte cada 28 horas, la última cifra registrada bajo el gobierno de Cristina Kirchner en 2015.

Además del aumento cuantitativo, hay una clara política de legitimación de la represión policial por parte del gobierno de Macri y de su ministra Bullrich. Esto se plasmó en la defensa descarada que el macrismo hizo del policía asesino Chocobar, así como del respaldo político al accionar de la Gendarmería en la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado, y al fusilamiento de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura. Tanto la estadística como este intento de imponer un consenso represivo en el sentido común de la población marcan que el gobierno de Cambiemos es el más represivo desde la caída de la última dictadura en la Argentina.

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Y a esto hay que sumarle los asesinatos de Ismael Ramírez en Chaco (en una protesta de desocupados) y de Rodolfo Orellana (militante de la CTEP) en La Matanza, y una serie de medidas políticas para reforzar el aparato represivo (la implementación de las pistolas táser, el nuevo protocolo de uso de las armas de fuego de Bullrich, la formación de una fuerza de “reserva” para la represión interna y el intento de bajar la edad de imputabilidad[2]) que el macrismo anunció en el comienzo del año para marcar intentar marcar una agenda electoral corrida a la derecha.

La política represiva de Macri es un intento de reforzar el control policial sobre la clase trabajadora y todos los sectores oprimidos del país, para poder imponer el plan de ajuste brutal que le marcan el FMI y los empresarios. Sin embargo, al tiempo que, estadísticamente es el gobierno más represivo desde el ’83, el macrismo no ha logrado reprimir hasta el final la protesta social. Por algo el 14 y el 18 de diciembre, si bien se descargó una represión brutal en la Plaza de los Dos Congresos para imponer la reforma jubilatoria, la imagen que quedó fue distinta a la de diciembre del 2001: no sólo el macrismo no llevó la represión al nivel que lo había hecho De la Rúa, con más de 30 muertos en un día, sino que quedó tambaleando por el masivo rechazo que generó la represión a trabajadores y jubilados.

Sucede que, para lograr imponer su agenda represiva (y económica) hasta el final, el macrismo debe enfrentarse y derrotar las relaciones de fuerza que se forjaron en el Argentinazo, cuando las masas populares echaron a un presidente en helicóptero y dejaron en claro que la represión estatal no se soporta impunemente por mucho tiempo. Hasta ahora, por más que las cifras marquen un mayor nivel represivo, Macri no ha logrado imponer esta derrota.

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