Judicialización de la política

«Lawfare», corrupción y capitalismo

La condena a 12 años de prisión a Lázaro Báez por lavado de dinero volvió a poner al rojo vivo las guerras de causas judiciales entre funcionarios del estado, la discusión sobre la “independencia” del Poder Judicial y la corrupción en la obra pública.



Corrupción y capitalismo

La criminalidad de los desvíos de fondos, de la evasión impositiva y de las cuentas en paraísos fiscales de Lázaro Báez a esta altura no es cuestionado ni por el mismísimo Página 12. Las pruebas son simplemente abrumadoras. El lavado de dinero simplemente existió.

Esta causa no comenzó ni en la investigación de un muy profesional fiscal, ni en tribunal alguno sino en el programa de Jorge Lanata Periodismo Para Todos, con un bastante cuestionable “testigo” (Fariña) que afirmó haber sido testaferro de Báez, que a su vez habría sido testaferro del matrimonio Kirchner. Los productores del programa le quisieron dar un toque creativo y llamaron al caso “la Ruta del Dinero K”, denominación que sin dilaciones y con sumo placer tomaron Clarín y La Nación y casi todos los medios televisivos de noticieros para convertirlo rápidamente en su programación de entretenimiento de más rating del país. Su sentido de la oportunidad y su olfato para el negocio del entretenimiento es verdaderamente envidiable, pues ya van casi 8 años en los que logran sin falta llenarse de espectadores ante cada nuevo espectáculo del caso.

En las resoluciones de la causa, el Tribunal Oral que condenó a Báez acuerda en que el delito existió, pero no en el origen de los montos millonarios involucrados. Durante años intentaron que Báez involucre de manera directa a la ex pareja presidencial sin éxito, no pudieron probar que esos millones provengan de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Sin embargo, las relaciones entre Báez y la familia Kirchner tampoco pueden ser negadas. El empresario fundó su compañía Austral Construcciones en 2005 y en pocos meses multiplicó su fortuna en torno de los negocios de la obra pública de manera fabulosa. En los años subsiguientes, obtuvo el 82% de las licitaciones de obras del Estado en Santa Cruz y el 12% de las realizadas por el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido. Sus contratos fueron por 4000 mil millones de pesos con el estado y por 1200 millones con Santa Cruz.

A pesar de la indiscutible corrupción de personajes como Báez, De Vido, Cristóbal López o Boudou; realmente hay que tener pocos deseos de pensar para no darse cuenta de la notoria unidireccionalidad de las causas judiciales y los escarnios mediáticos. Las furibundas campañas ideológicas en torno a estos casos intentan instalar una sola y simple idea: la corrupción es responsabilidad solamente de un grupo específico de funcionarios, que habrían llegado al poder con ningún otro objetivo más que “robarse todo”. El “populismo” no es más que una excusa para robar, es necesario un gobierno de “gente de bien” (de esos que le generan simpatías a la clase media alta cristiana y conservadora, como Macri) y se terminaron los problemas.

La obra pública, la corrupción y la “patria contratista”

En general, todas las dependencias estatales vinculadas a la obra pública son nidos de corrupción. Ni hablar del Ministerio de Planificación, la más importante de todas. Desde allí es que se ejecutan las principales obras de infraestructura que hacen la base de la economía de cualquier país capitalista: caminos, transportes, electricidad, gas, etc. Los emprendimientos de ese tipo son en general tan enormes que tienen una fuerte tendencia al monopolio; las más grandes empresas y el Estado (que tiende a funcionar como una empresa más), asociados, son las únicas en condiciones de llevarlos a cabo. Como las ganancias no compensan lo invertido sino a mediano o largo plazo, como los requerimientos de inversión son muy grandes, este es un terreno de la economía que muy difícilmente pueda ser dejado en manos del “libre mercado”; la asociación con el Estado es lo que lo hace “rentable”.

Hablemos del mecanismo más común de la corrupción: los “sobreprecios”. Técnicamente, las obras las emprende el Estado con su presupuesto. Las “licitaciones” implican que el Estado pide a varias empresas que expidan un presupuesto para su realización y aquel decide a quién se la adjudica. Es el mecanismo típico del “capitalismo de amigos”; casi siempre quien “gana” la licitación es “amigo” de quien está del otro lado del mostrador. No hay ni una sola comilla de más en la oración anterior. Supongamos que el Estado inicia la construcción de una ruta, cuyo presupuesto real sería de unos 17 millones de pesos. Entre amigos, el fraude es más que simple. En acuerdo con uno o más funcionarios, un empresario presenta un presupuesto inflado de 25 millones, el Estado lo acepta y adjudica a ese “emprendedor” el pago de la suma de 25 millones. Con la ayuda de un contador, se dibujan los números y todo resuelto. La construcción se hace por un monto de 17 millones mientras empresarios y funcionarios se quedan con el “vuelto” de los 8 millones restantes. “Cuentas claras conservan la amistad” es un refrán que sirve en todos los niveles sociales.

Lázaro Báez

Nuestro ejemplo es más que modesto y simple. En general, se usan mecanismos de fraude muy refinados y las cifras son mucho más altas. Ya hemos visto que los negocios de Báez con el estado involucraron en total más de 4 mil millones de pesos. Nuestros hipotéticos apropiadores de 8 millones quedan así como simples amateurs.

En este terreno es en el que queda al descubierto uno de los más marcados rasgos del capitalismo parasitario.

Verdaderamente, no sentimos ningún deseo de defender a los funcionarios kirchneristas: un caso emblemático es la causa por los muertos de Once. Todos sabemos que la mayoría de los (ex) transportes públicos, sobre todos los ferrocarriles, han sido adjudicados a diversas empresas desde el menemismo. En general, las empresas de transporte, luz, YPF, etc., se han caracterizado por la sistemática desinversión y el vaciamiento. Quedándose con los jugosos subsidios estatales, los empresarios han logrado que los servicios públicos vayan de mal en peor. El caso de Once es paradigmático: el “accidente” fue un crimen social. Al tren no le funcionaban los frenos, dejando decenas de muertos. Fue producto del enriquecimiento a costa de no invertir. Los K no cambiaron nada de este esquema heredado de los 90′. De hecho, en este terreno es que su gobierno mostró algunos de sus rasgos más reaccionarios. Para salvar a funcionarios y empresarios, buscaron culpar al maquinista.

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Ahora bien, podríamos preguntarle al macrismo, que se embandera en la “trasnparencia”: ¿y por casa cómo andamos? Son muchos los funcionarios de Juntos por el Cambio que están vinculados a estos fraudes. El caso de Niembro salpicó de forma directa al macrismo. Pero para no extendernos demasiado en los muchos y variados vínculos de diversos funcionarios a todo esto, podemos centrarnos en el caso más importante, el más representativo: el de la propia familia Macri. El grupo Macri, SocMa, es uno de los más fuertemente vinculadas a la obra pública desde la dictadura. El enriquecimiento familiar del que el propio presidente es hijo está salpicado de escándalos hace décadas.

Es difícil enumerar la cantidad de logros que ha tenido la familia Macri, verdadero ejemplo de triunfo empresarial producto del esmero. La cantidad de fraudes de los que son autores deben realmente haberse hecho con mucho esfuerzo. Si en 1973 el grupo SocMa contaba con 7 empresas, hacia el final de la última dictadura militar eran ya dueños de 47. En 1982, la dictadura estatizó la deuda privada de varios personajes archi-ricos. El conjunto del pueblo argentino tuvo que hacerse cargo de una deuda de 124 millones de dólares de los Macri. En 1995, la DGI los denunció por una evasión impositiva de 55 millones. Sus denuncias de fraudes en la obra pública son casi incontables.

Con la privatización del Correo Argentino, Menem adjudicó la empresa a (adivinen) los Macri. El contrato estipulaba que la empresa debía pagar un canon de más de 100 millones de pesos anuales al Estado. SocMa, con esa honestidad que lo caracteriza, simplemente dejó de pagar, acumulando una deuda de cientos de millones de pesos (iguales a dólares por esos años). Entre el 2003 y el 2017, esa deuda siguió ahí, sin que nadie insista mucho para que SocMa se haga cargo de sus pasivos con el Estado. Como es sabido, Macri intentó que la deuda de algo más de 250 millones de pesos/dólares fuera pagado, 15 años después, por lo que numéricamente se debía. El problema es que pasamos de un dólar igual a un peso, a un dólar igual a más de 17 pesos. Eso significa que el presidente hizo un humilde intento de que el emprendimiento familiar pagara una décimoséptima parte de lo que debe. Las espurias cuentas en Panamá son otro escándalo demasiado conocido para extendernos en él.

Hay un caso de corrupción masiva bajo el macrismo notoriamente no tuvo casi impacto mediático: el “blanqueo” de capitales por parte de gente muy cercana al entonces presidente. Digamos sin vueltas de qué se trató el “blanqueo”: los empresarios pudieron “legalizar” plata que tenían escondida a las miradas del Estado, sin castigo ni multa de ningún tipo. Gianfranco Macri, hermano de “Mauricio”, “blanqueó” 622 millones de pesos. Calcaterra y Caputo, ambos vinculados a la obra pública y muy cercanos a la familia Macri, blanquearon 44 millones y 26,5 millones respectivamente. En su primera conferencia de prensa después de las elecciones de octubre de 2017, Macri reconoció abiertamente el ingreso de su hermano al blanqueo. Con el triunfo electoral, se sintió completamente impune de reconocerlo. Esas declaraciones deberían ser recordadas como el día en que un presidente reconoció su propia corrupción con una impunidad insólita y una gran sonrisa en la cara.

La corrupción y el enriquecimiento ilícito no son, insistimos, patrimonio exclusivo de ninguno de los últimos gobiernos argentinos, ni del kirchnerismo ni del macrismo.

Cuando salió a la luz la “Causa de los Cuadernos”, los grandes empresarios de la construcción desfilaron por los tribunales y los medios como “arrepentidos” y denunciaban haber sido extorsionados por el gobierno kirchnerista para participar de los fraudes al estado. A los periodistas de los grandes medios no se les ocurría preguntarles si pensaban devolver el dinero ganado por haber sido “extorsionados”, simplemente les alcanzaban un pañuelo y los consolaban en su llanto.

Quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción durante ese período (Carlos Wagner) dijo algo bastante más cierto que las declaraciones de las filas de “arrepentidos”: «Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos«. Y más adelante: “A ellos [gobierno] no les interesaba qué empresa ganara, sólo que se haga bien el trabajo adjudicado y que pagaran el dinero comprometido […]. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno [entre el 10% y el 20%]».

Entre esos empresarios se encontraban algunos de los nombres más respetables y aristocráticos de la historia del empresariado argentino: Ángelo Calcaterra (primo de Macri y dueño de Iecsa hasta el año pasado), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc. Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Roggio, Juan Chediak (José Chediak), Gabriel Romero (Grupo Romero). Esas familias son parte inseparable de la historia del capitalismo argentino, y no como notas al pie.

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La “patria contratista”, su corrupción y sus negocios, son parte intrínseca del propio capitalismo. La ideología de su enriquecimiento por el esfuerzo de construir al país, que son víctimas del fisco y del estado, no es más que un relato para engañar incautos.

El estado es “la junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía” dijo Karl Marx, y en la obra pública de todos los países del mundo es uno de los aspectos en los que queda plenamente confirmada esa brillante definición. La sociedad capitalista se basa en unos pocos haciendo negocios a costa de las amplias mayorías, la clase dominante gobierna a través de sus funcionarios, éstos son los guardianes y guías de una sociedad basada en esos pilares: ¿quién podría pensar que no hagan todo lo posible para quedarse con su parte? Después de todo, es lo mismo que hace día a día la clase a la que representan.

 

“Lawfare”: la judicialización de la política

El término “Lawfare” se popularizó recientemente entre los analistas “progres” de la región. Se trata de un método ampliamente usado para saldar cuentas con los funcionarios de los gobiernos “progresistas”.

En Brasil, los jueces lograron primero acabar con el gobierno de Dilma Rousseff y luego poner en la cárcel a Lula por la causa Lava Jato. La unilateralidad de los jueces fue evidente. Sin pruebas reales en su contra, metió preso a Lula para asegurarse de que no pudiera convertirse en candidato a pesar de que todas las encuestas lo daban como amplio ganador. El funcionario más manchado por el escándalo de corrupción masiva fue Michel Temer. Es decir, mientras un corrupto demostrado era convertido en el presidente que nadie había votado gracias a las causas judiciales, Lula entraba a la cárcel e inhabilitado para ser candidato. De esa situación logró sacar provecho Bolsonaro y se alzó con la presidencia a fines del 2018.

Comodoro-Py

Durante años, los jueces brasileros se alzaron en árbitros de la situación política brasilera. El grueso de la clase capitalista sentía ya como una molestia al gobierno petista con sus (pocas) concesiones a sectores de masas. El PT se había alzado con el poder de manera “preventiva” frente al descontento de las amplias mayorías, antes de que estallara una rebelión como las que hubo en Argentina, Bolivia, Ecuador, etc. El agradecimiento por los servicios prestados fue ejecutado por los jueces, que impusieron un gobierno no electo con nadie (Temer) y condicionaron las elecciones de 2018 metiendo preso al candidato más populares. Así, forzaron la orientación del estado sin necesidad de pasar por la molesta consulta de la voluntad popular, haciendo también que ésta cambie en función de las campañas “anticorrupción”. El juez que encabezó la causa Lava Jato y metió preso a Lula terminó siendo significativamente Ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro: Sergio Moro.

Más que Temer, más que el Congreso, más que el PT, más que las propias elecciones, el verdadero poder recayó sobre los jueces.

En Ecuador sucedió algo similar. El Poder Judicial se puso a disposición de los deseos de Lenin Moreno de sacarse de encima el tutelaje de Correa. Las causas en su contra lo forzaron al exilio mientras Moreno se sacaba de encima a sus ex compañeros de gobierno también con el uso de la judicialización.

El “Lawfare” fue algo muy real, usado en toda la región para imponer un giro reaccionario a la situación política.

El Poder Judicial de Argentina intenta hacer algo similar, pero sin el poder ni la independencia de sus pares brasileros. Jueces como Bonadío intentaron emular a Sergio Moro y convertirse en árbitros de la situación nacional. En sus causas (y en las campañas mediáticas que las acompañaron) mezclaron casos de corrupción reales con shows destinados a la opinión pública, como la magnífica puesta en escena de los tractores tratando de encontrar cofres del tesoro K enterrados en lugares inhóspitos de la Patagonia argentina. Uno no podía no imaginarse a Néstor Kirchner tapándose un ojo con un parche enterrando sus tesoros mientras le hablaba al loro posado en su hombro. Pero en Argentina los jueces demostraron estar lejos de tener la influencia necesaria para lograr sus objetivos.

Sí, los jueces brasileros son más “independientes” que los argentinos, pero lo son respecto al Poder Ejecutivo, no de la clase dominante. Su parcialidad respecto a la corrupción de unos y la corrupción de otros, como la de los medios, es evidente. Su objetivo es un poder mayor en el aparato del estado y su orientación. Si lo lograran, tienen a los ojos de la clase dominante la inmensa ventaja de no estar condicionados por la molesta fiscalización de los votos e intereses populares.

El peronismo (y el kirchnerismo en particular) es muy consciente de que la mayoría de los jueces les son hostiles e intentan hace años tener en los juzgados mucha más gente afín para poder terminar de una buena vez con el condicionamiento político de Comodoro Py.

La reciente maniobra de ANSES, que intenta obligar a buena parte de los jueces hostiles a jubilarse, es parte de sus intentos de torcer la relación de fuerzas en los tribunales. Con ese mismo objetivo es que tratan de sancionar la “Reforma Judicial” desde el año pasado. Mientras tanto, la oposición de derecha, Clarín y La Nación arremeten contra las avanzadas contra la “independencia” de la Justicia. En realidad, defienden a los jueces amigos.

Las pujas por cuotas del Poder Judicial son para hacer convenientemente “tuerta” a la justicia, las diferencias entre ellos son sobre qué ojo es conveniente arrancarle.

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