CABA

Fuera las manos de Larreta y los antiderechos del protocolo ILE

Apenas dos semanas pasaron de la adhesión de CABA al Protocolo ILE nacional, aprobado por la Legislatura Porteña, que los reaccionarios –en voz del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta– ya salieron a atacarlo.

Marina Hidalgo Robles
Trabajadora social. Referente del Nuevo MAS y Las Rojas en CABA.


En una publicación de Facebook, Larreta le contesta a sus fervientes seguidores “celestes” para darles un poco de calma: “Frente a esta realidad, desde el Poder Ejecutivo impulsaré un conjunto de medidas que, respetando la voluntad de la Legislatura, fortalezcan la prevención del embarazo no deseado y brinden información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta la persona embarazada”. En criollo: vamos a poner una y mil trabas al protocolo, para limitarlo todo lo que se pueda.

Larreta no puede vetar la ley, como le exigen su ideología, sus fervientes seguidores y el ejemplo de Macri cuando era Jefe de Gobierno y vetó el protocolo o cuando fue presidente y también lo vetó a nivel nacional. Y esto es la demostración de la fuerza que tiene la marea verde, porque Larreta no quiere ni arriesgar que la marea se levante nuevamente si veta el protocolo. La maniobra, como siempre, es el recurso de los antiderechos para obstaculizar el acceso.

En su declaración Larreta enumera 5 medidas, algunas con elementos reaccionarios, otras puras falsedades, y algunas que no hace falta tener un protocolo ILE para tomarlas. Vamos a repasarlas.

En primer lugar, anuncia la creación de un Plan “A la Par”. Este plan se propone la novísima novedad de evitar los embarazos no deseados a través de la distribución de anticonceptivos… algo que se sancionó hace 20 años en la CABA a través de la Ley 418, de “salud reproductiva y procreación responsable”.

Llega 20 años tarde con su anuncio, pero lo grave es que hoy en día esto no es una práctica garantizada en la Ciudad de Buenos Aires. Con el correr de los años, resultó más frecuente ver dispenser de preservativos en los centros de salud u hospitales (lo que no implica necesariamente el acceso, si no va a acompañado de información acerca de su uso). Pero el acceso a la anticoncepción (especialmente a la hormonal, esa que no hace falta negociar en cada relación sexual) ni de lejos está garantizada, menos en los sectores populares donde el acceso a la Salud en general es muy limitado. Especialmente desde que el gobierno de Macri redujo el Ministerio de Salud Nacional a Secretaría, y reventó el área de Derechos Sexuales y Reproductivos, quitándole presupuesto y personal (algo que el gobierno de Alberto Fernández no resolvió, aun habiendo anunciado la rejerarquización a Ministerio).

Por otro lado, al Jefe de Gobierno se le escapa que los embarazos no deseados muchas veces son resultado de relaciones sexuales no deseadas ni consentidas: desde abusos y violaciones, hasta relaciones no consentidas dentro de la pareja.

El plan “A la Par” tiene un eje más, que es realmente escalofriante: “vamos a ir casa por casa empezando por barrios populares para garantizarle la realización de todos los controles necesarios”. Quienes hace años luchamos por el derecho al aborto, hemos sido testigos de la intromisión de la Iglesia y de los sectores más reaccionarios en la vida íntima de mujeres e incluso de niñas, víctimas de violaciones, para “convencerlas” de continuar los embarazos. Hemos visto cómo las escracharon en sus barrios, las señalaron frente a la sociedad, las atemorizaron con cuentos de cárceles e infiernos, para lograr que no se practicaran un aborto, incluso estando amparadas por la ley. ¡No queremos a la Iglesia ni a los reaccionarios en nuestros cuerpos y nuestras decisiones!

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Para hacer un justo seguimiento de los controles necesarios durante un embarazo, alcanza con triplicar el presupuesto para Salud, reforzar las áreas de Salud Sexual y Reproductiva, aumentar los salarios de lxs trabajdorxs de Salud; porque es justamente en los hospitales y centros de Salud donde se deben hacer “los controles necesarios”.

Conocemos también la experiencia de Uruguay, donde para acceder a un aborto es obligación tener 2 entrevistas con un comité, con una diferencia de 5 días. 5 días que los reaccionarios tienen para atormentar a quienes realizaron la consulta y así evitar la realización del aborto, según denuncias las compañeras uruguayas.

Promete vacantes en los Centros de Primera Infancia (espacios tercerizados de cuidado de niños y niñas), algo que cualquier persona con niñxs a cargo sabe que es mentira, porque hace años se denuncia la falta de vacantes, especialmente para los primeros años de vida, y nunca, nunca jamás, el gobierno de la Ciudad resolvió.

El segundo punto que menciona Larreta, es la cuestión de las adopciones. Promete agilizar los trámites para lxs aspirantes a adoptar, y mejorar la articulación con la Justicia. Pero no dice nada de las condiciones de los hogares donde conviven lxs niñxs y adolescentes. Hace 10 días nomás los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social realizamos una acción para denunciar, entre otras cosas, el estado calamitoso en que viven en esos dispositivos: hacinados, sin protocolos Covid ni elementos de protección, con lo mínimo e indispensable para vivir día a día. Ahí sí se ve bien el clarito el “salvemos las 2 vidas hasta que nace, después que se arregle”. La repuesta de la gestión Larretista no fue ninguna solución, ¡si no la patota de la burocracia a los golpes y palos!

Ya metiéndose directamente con el protocolo, Larreta saluda al coro de reaccionarios con uno de los más grandes ataques a nuestro derecho a decidir: ¡¡la objeción de conciencia institucional e incluso individuall!!

El Fallo FAL(que ordena la existencia de protocolos de atención a la ILE), deja bien en claro que no da lugar a la objeción de conciencia institucional. Explícitamente dice que todos los trabajadores y trabajadoras de la Salud que objeten conciencia, lo deben hacer al momento de ingresar a la institución de Salud, o desde que se promulguen los protocolos, garantizando que todas las instituciones cuenten con personal suficiente para llevar adelante la práctica cuando sea requerida. [1]

La aceptación de la objeción de conciencia institucional, es la garantía de la restricción más absoluta de la ILE. No sólo los establecimientos privados de Salud (la gran mayoría religiosos) van a objetar conciencia, si no que lxs trabajdorxs quedan a merced del ideario conservador de las direcciones de los hospitales (cargo que es político, por lo tanto, afines a la ideología antiderecho de Larreta) que si bajan línea por la objeción de conciencia, genera una presión enorme para lxs trabajadorxs que sí respetan el derecho a decidir.

Esto, que es algo que dice cortito y al pasar, es la gran concesión a los antiderechos, y es una de las restricciones más grandes al derecho a decidir.

Va en contra del Fallo FAL también al limitar las semanas en las que se habilita la ILE. Ni en el Fallo, ni en las recomendaciones de la OMS, ni en el Protocolo Nacional, se establece un límite temporal. Las indicaciones de Larreta aclaran que sólo se podrá practicar hasta la semana 24, y sólo en caso de riesgo gravísimo, después de esa fecha.

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Además de imponer un criterio totalmente arbitrario alejado de parámetros clínicos (¿por qué la semana 24 y no la 28 o la 20…), desconoce la realidad de miles y miles de jóvenes, que tardan semanas en saber de su embarazo, que muchas veces son embarazos productos de violaciones, lo que dilata aún más poder hablarlo, que el acceso al sistema de Salud suele ser bien dificultoso, ¡hablar de semana 24, es poner de entrada un techo que ya sabemos va a dejar afuera a miles y miles de mujeres, sobre todo las más jóvenes!

Por último, ¡quiere poner trabas al acceso de adolescentes! Sin agregar nada nuevo, avisa que en caso de controversia, se le dará intervención al Consejo de Niños Niñas y Adolescentes, organismo encargado de velar por sus derechos. Lo que no aclara es controversia entre quiénes, y ahí nos animamos a olfatear: ¿controversia entre la ONG de la Iglesia y el deseo de la piba…? La intervención del Consejo excede este protocolo, por lo que no debería haber ninguna aclaración, y si la hay, es porque se preparan para más restricciones.

De conjunto las declaraciones de Larreta son un claro ataque a la conquista del Protocolo ILE. Intentando restringir su aplicación, o directamente con medidas que atentan contra la autonomía de las mujeres y personas gestantes, es el manotazo que encuentra para frenar este logro. En este momento se hace urgente la más férrea defensa del protocolo de CABA; si avanzan en las restricciones, su aplicación va a ser verdaderamente muy difícil.

Por último, las maniobras de Larreta anticipan las maniobras que podría incluir el tan anunciado proyecto de aborto legal de Alberto Fernández, que nadie sabe qué dice y que seguramente incluya algunas de estas triquiñuelas, como la posibilidad de objeción de conciencia, leyes para impulsar la continuidad del embarazo a cambio de subsidios miserables, comités de convencimiento y otras. Por eso, desde Las Rojas insistimos en la importancia de seguir exigiendo la aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, único proyecto que garantiza la libertad de decidir, y que ya fue aprobado una y mil veces por lxs millonxs movilizadxs por el aborto legal. A pocos días de aquel 8A cuando los dinosaurios impidieron la aprobación de la ley, se hace necesario no bajar las banderas de la pelea por el Aborto Legal, porque defendemos nuestro derecho a decidir, ¡porque no queremos que ni la Iglesia ni los reaccionarios decidan por nosotras y nosotres!

¡Abajo las restricciones de Larreta al Protocolo ILE en CABA!

¡Que la Iglesia no se meta!

¡Aborto Legal ya!

¡Nuestro Proyecto es el de la Campaña!

[1] A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de Salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual.

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