Al avanzar la primera década del siglo XX, el sistema de gobierno oligárquico chocaba cada vez mas con las necesidades primordiales de la burguesía argentina en su conjunto y de su socio mayor, el imperialismo inglés, que era preservar el orden. La falta de democracia arrojaba a amplios sectores burgueses y pequeño-burgueses al camino de la conspiración incesante y el golpe de Estado periódico. Los políticos más sagaces de la oligarquía advierten entonces la necesidad de disponer de una válvula de seguridad para el orden mediante un juego bipartidista que permita a la oposición llegar al gobierno sin acudir a la sedición. Pellegrini declara en 1905: «En nuestra República el pueblo no vota; he ahí el mal, todo el mal… Donde el pueblo vota, la autoridad es indiscutida, y las rebeliones y conmociones son desconocidas. Reconozcamos que no habrá para nuestro país la posibilidad del progreso político, de paz pública, de engrandecimiento nacional, mientras no fundemos nuestro gobierno sobre el voto popular». En el mismo año, una revolución acaudillada por el partido radical de Hipólito Yrigoyen, que contó con el apoyo y la participación de vastos sectores burgueses y pequeño burgueses reveló a la oligarquía que si no permitía que estos grupos llegasen al Gobierno en elecciones democráticas debería afrontar continuas conmociones, con desastrosas consecuencias para sus capitales y para su crédito ante los consorcios ingleses.

Finalmente, en 1912, bajo el gobierno de Roque Sáenz Peña, la oligarquía se decide a aceptar lo inevitable y promulga una reforma electoral que establece el voto secreto y obligatorio. Sólo los sectores más reaccionarios de la oligarquía se opusieron a la reforma; uno de sus representantes, rico latifundista e industrial azucarero —más tarde candidato presidencial del partido Demócrata Nacional— declaraba defendiendo las ventajas del voto público sobre el voto secreto, que «el voto público permite su calificación, pues los empleados siguen las tendencias del patrón, los colonos las del profesional, y así sucesivamente; y de este modo, tiene en la elección el afincado y el intelectual una representación que es de hecho .proporcional al valor de sus intereses y a la importancia de sus conocimientos culturales» (declaraciones del doctor Patrón Costas a La Prensa, octubre 27, 1912). Pese a esto la reforma electoral fue aprobada, y de este modo el régimen político se adecuó a las nuevas condiciones sociales creadas por el intenso desarrollo capitalista del país.

El régimen oligárquico resguardaba los intereses del imperialismo inglés y del conjunto de la burguesía argentina. Pero la maquinaria estatal se hallaba en manos de una reducida dique íntimamente vinculada al capital británico y sus aliados más directos —los estancieros de Buenos Aires. el gran comercio importador, los consorcios financieros— a la cual no tenían acceso amplios sectores terratenientes, industriales, comerciales y pequeño-burgueses. Del proletariado urbano y rural no hay ni que hablar. El desarrollo capitalista del país reclamaba mayor influencia en el Poder para esos nuevos estratos capitalistas, ligados económicamente a la oligarquía, sí, pero ajenos al núcleo de familias oligárquicas que se reunían en el Jockey Club y monopolizaban el gobierno del país. Aquellos sectores de las clases dominantes y de la pequeño-burguesía —así como algunos grupos de la oligarquía— fueron hacia la Unión Cívica Radical (UCR) para impulsar sus intereses capitalistas. Por razones opuestas se volcaron tras ella las masas pobres de la Ciudad y del campo, y el proletariado.

Todas esas clases y sectores de clases, distintos y contradictorios, se sumaron y restaron en la UCR. El radicalismo era el «gran movimiento de opinión» (Yrigoyen) canalizado por una eficiente maquinaria electoral a quien todo el mundo votaba sin saber exactamente por qué.Perosemejante partido no es otra cosa que un cero grandioso, y efectivamente eso era el radicalismo argentino. Su único programa llamábase «sufragio universal», reivindicación democrática y burguesa con la cual estaba de acuerdo todo el país —excepto naturalmente la élite oligárquica cuya posesión del poder político se basaba justamente en la inexistencia del sufragio universal. Más allá no iba la UCR. Otras reivindicaciones enteramente democráticas y burguesas pero realmente radicales —es decir, que iban a la raíz de los problemas nacionales— tales como la distribución de las tierras de los terratenientes y la liberación del país del yugo imperialista británico, le eran completamente extrañas al partido de Hipólito Yrigoyen. Por lo demás, cualquier planteo concreto de cualquier política determinada fatalmente hubiera disgregado los elementos contradictorios de que se componía ese partido que según uno de sus prohombres reunía «muchedumbres fervorosas y heterogéneas, formadas por individuos de las más diversas condiciones económicas y culturales», «a los nietos de los próceres fundadores y a los hijos de los inmigrantes, al obrero manual y al estu-diante, al chacarero de la pampa y al peón de la puna» (Rojas, 213). No en vano Yrigoyen tronaba supiterno contra quienes querían ver en el radicalismo un movimiento de clase o le demandaban una postura cualquiera ante los problemas fundamentales de la economía argentina. En el seno de su partido —decía Yrigoyen— «no sólo son compatibles todas las creencias en que se diversifican y sintetizan las actividades sociales, sino que le dan y le imprimen su verdadero significado (carta a Pedro Molina, setiembre 1909, en Documentación, 64). A un dirigente radical que se alejaba porque un diario radical sostenía una tesis económica distinta a la propia, Yrigoyen le escribía: «Se fue usted por una futilidad». Si la UCR se ocupase de esos problemas —agregaba— «se descalificaría por sí misma. Sería una derogación de principios, de su pensamiento puramente genérico o institucional y una desviación de la línea recta que tanta autoridad le ha dado en la República» (ídem, 59-61). En vez de un programa político, Yrigoyen ofrecía una mística y el culto de su personalidad mesiánica que, bien entendido, servían al fin plenamente político de conservar juntos los intereses contradictorios que integraban la masa amorfa del radicalismo. «Su causa es la de la Nación misma y su representación la del poder público. Es sublime la majestad de su misión, y a ella entrega sus fervores infinitos, se robustece y vivifica constantemente en las puras corrientes de la opinión; es la escuela y el punto de mira de las sucesivas generaciones y hasta el ensueño de los niños y el santuario cívico de los hogares.» (Ídem, 64 ). Todo esto no quería decir nada, y por lo mismo cualquiera podía atribuirle el significado que quisiera.

En consecuencia, todos votaban por el radicalismo: terratenientes, industriales, pequeño-burgueses, obreros. Pero la UCR no los representaba a todos, ni todos controlaban a la UCR. El núcleo esencial y dirigente del partido, el que determinaba la política efectiva y desprendía de su propio medio ministros y altos funcionarios, estaba perfectamente mancomunado en ideas e intereses fundamentales con el imperialismo inglés, con la burguesía terrateniente argentina, con el capital financiero e industrial tan íntimamente vinculado a los dos primeros, con el ejército —su guardia pretoriana—, y la Iglesia —su gendarme espiritual. Las cuatro quintas partes de la UCR eran populares, pero el quinto decisivo —el dueño de casa que trazaba y ejecutaba la política— servía al imperialismo y a la burguesía argentina.

AI aplicarse la ley que garantizaba el sufragio universal y secreto —sancionada en febrero de 1912— el radicalismo comenzó a obtener un triunfo tras otro en diversas elecciones provinciales y locales.

La oligarquía sintió intensa alarma y Victorino de la Plaza, el último presidente oligárquico, dijo en un mensaje al Congreso, que «ni remotamente podría suponerse que, por salvar formas de imparcialidad electoral, pudiera serle (a él) indiferente la suerte del país o el desastre de las insti-tuciones». A fin de evitar «el desastre de las instituciones» —a eso equivalía para ella un triunfo radical— la oligarquía multiplicó toda clase de fraudes y maniobras para impedir los resultados legítimos del sufragio (Palacio, Historia, II, 335). Pero fracasó, y en octubre de 1916 Yrigoyen llegaba al poder con más de 100.000 votos de ventaja sobre sus adversarios, contando con un tremendo respaldo popular. El día que asumió el mando, en medio de una apoteosis popular nunca vista en el país, la multitud desató los caballos de su carroza y lo arrastró en triunfo hasta la Casa de Gobierno (ídem. II, 338).

El triunfo radical de 1918 marca un momento trascendental en la historia argentina, que indica la irrupción en la vida política de las masas populares, marginadas hasta entonces por el régimen oligárquico. Esa fue, y en eso terminó, la progresividad histórica de la Unión Cívica Radical. Fue el primer movimiento político argentino multitudinario, que llega al poder impulsado por el voto de las masas rurales y urbanas, pequeño-burguesas y proletarias, en la primera ocasión que éstas tuvieron de manifestarse. Esto era nuevo para el país, y había temor en su clase dominante (incluso el capital Imperialista).

En el gabinete de Yrigoyen sólo hay tres apellidos oligárquicos; los demás, ilustres desconocidos. «Las gentes distinguidas hablan con horror de la plebe radical, de la chusma que ha llenado las calles para acompañar en su triunfo a Hipólito Yrigoyen. Las empresas extranjeras, con su fino olfato, adivinan en ese hombre la tentativa de halagar a la plebe que lo adora. No tranquiliza el que Hipólito Yrigoyen no haya expuesto opiniones en materia social o económica y el que su «misión providencial» sólo consistía, al parecer, en la pureza del sufragio. Porque esas turbas, ese mundo de abajo que exalta a su apóstol, ¿no pretenderá que se pida cuenta de sus abusos al capital extranjero, que se limite el poder inmenso que ha dado el régimen a las compañías? Le temen muchos sacerdotes y católicos, que le imaginan despreciador del matrimonio y de las prácticas religiosas. Y hasta el Ejército le teme. Todos temen a Hipólito Yrigoyen salvo sus partidarios, la clase media y los pobres.»(Gálvez, 237.)

Pronto se disiparían los temores. Ya en el poder, Yrigoyen y su partido Radical se aplicaron a poner en práctica el consejo de ese gran conservador y archirreaccionario que fue Meternich: «gobernar y no cambiar nada». Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue designar para una alta función a Joaquín S. de Anchorena, uno de los más grandes terratenientes y capitalistas del país, prototipo de oligarca (La Prensa, noviembre 25, 1916).

Desde el primer momento, el gobierno radical continúa la política tradicional de la alianza británico-estancieril que domina la historia argentina, con las variantes impuestas por las modificaciones que la guerra europea introducía en el mercado mundial y en la economía nacional, y por la circunstancia de que el partido gobernante necesitaba el apoyo de las masas, y sólo podía conservarlo mediante una política de ciertos matices populistas y obreristas, que los tradicionales gobiernos oligárquicos no necesitaban ni buscaban.

«Gobernar y No Cambiar Nada»

La situación económica era próspera. El imperialismo de la Entente compraba los productos argentinos de exportación y la balanza comercial era crecientemente favorable —hasta el punto de poderse rescatar, a pedido de los acreedores, parte de la deuda externa por un valor de 250 millones de pesos oro. Además, a favor de la disminución de las importaciones, había crecido la industria fabril.

La guerra europea enriquecía a la burguesía argentina, cuya neutralidad había sido declarada en 1914 y sostenida durante más de dos años por el presidente oligárquico de la Plaza y su ministro de Relaciones Exteriores José Luis Muratore —ambos pronunciadamente partidarios y servidores del imperialismo inglés.

Yrigoyen mantuvo la neutralidad, apoyado por su ministro de Relaciones Exteriores Honorio Pueyrredón, gran amigo de Inglaterra. El enigma de por qué gobernantes tan bien dispuestos hacia Inglaterra permanecían neutrales en una guerra entre el imperialismo inglés y sus rivales, se aclara recordando que la neutralidad argentina era una neutralidad activamente beligerante al servicio de Inglaterra, que permitía a la Metrópoli recibir los necesitados granos y carnes de su semicolonia y a la burguesía de la semicolonia prosperar y enriquecerse. Como lo declaró Lloyd George, entonces primer ministro británico, la guerra se ganó sobre toneladas de carne y trigo argentino (Cárcano, 49).

Al término de la guerra, Yrigoyen fue capaz de poner en práctica la vieja aspiración de la burguesía argentina —sentada yo, en las Doctrinas Calvo y Drago— de dar status jurídico internacional al derecho de las burguesías semi-coloniales de maniobrar y regatear ante las metrópolis imperialistas. Yrigoyen pidió a la Liga de las Naciones que reconociera formalmente la igualdad de todos los estados, grandesy pequeños, es decir, el derecho de países como la Argentina a discrepar con las grandes potencias.

Ante el rechazo de su pedido la Argentina se retiró de la Liga. Pero si Yrigoyen pudo dar este paso relativamente atrevido fue porque gracias al apoyo popular podía actuar con más independencia que los gobiernos oligárquicos, sin consultar a cada paso importante con la Embajada británica. El arrastre plebeyo del radicalismo insuflaba una arrogancia particular a la diplomacia de Yrigoyen, que erróneamente la oligarquía atribuía «el desmedido engreimiento presidencial, combinado en él con un engreimiento nacional no menos desmedido. La noción de la medida de la relatividad de nuestra significación en el concierto mundial faltó totalmente a Yrigoyen» (Pinedo, Tiempos. 47). Los políticos oligárquicos; incubados en los directorios de empresas extranjeras, pecaban justamente por un exceso de comprensión del poderío imperialista y una notable subestimación de la capacidad del país. El único engreimiento de que era capaz la oligarquía era de su subordinación a su Majestad Británica.

Pero la neutralidad era un subproducto de la posición semi-colonial de la Argentina respecto a Inglaterra, y el gobierno de Yrigoyen no dejó por hacer nada de lo necesario para conservar y afianzar el predominio del capital extranjero sobre la vida nacional. Al llegar el radicalismo al poder, las inversiones extranjeras en el país alcanzaban a 3.200 millones de pesos oro, de los cuales 2.000 correspondían al imperialismo inglés (Phelps, 99). Colocado en empréstitos, ferrocarriles, bancos, puertos, empresas de transporte tranviario» de electricidad, gas, y otros servicios públicos, en frigoríficos y compañías inmobiliarias, en industrias fabriles y consorcios financieros, el capital Imperialista abrazaba mortalmente a la economía argentina.

El monto abrumador del capital inglés invertido en el país había sido decisivo más de una vez, Es repetitivo consignar que diversos presidentes eran elegidos en los directorios de las compañías inglesas, o el caso de aquel presidente que se quedó sin ministros ,ni congreso por querer investigar las finanzas de los ferrocarriles ingleses. Vale la pena, sin embargo, recordar la anécdota que cuenta en sus memorias el embajador inglés sir David Kelly, referida al otoño de 1919.

El Foreign Office se sentía molesto por un proyecto de ley azucarera argentina, perjudicial para los barones del azúcar, y había encargado a la embajada en Buenos Aires que tomara cartas en el asunto. Mister Kelly se dirigió al consorcio Leng Roberts, agente entre otras cosas de Baring Brothers, que acostumbraba prestar dinero al gobierno argentino. De inmediato el jefe de la casa Leng le explicó que había mantenido conversaciones íntimas con diputados y senadores de primer rango, tanto oficialistas como opositores, y también con los miembros del gobierno, y estaba satisfecho porque sabía que el proyecto no iba a convertirse en ley. «Y me dio un pronóstico acertado —dice Kelly— del curso que efectivamente siguieron los acontecimientos.» Así se escribía la historia argentina, entre cuatro poderes: los tres constitucionales y otro de facto que controlaba a los restantes, llamado capital inglés. Pese a la necesidad de liberar al país de esa terrible presión, la actitud radical ante el imperialismo era enteramente conservadora.

El ministro de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Yrigoyen, Honorio Pueyrredón, al ser agasajado en Londres, en 1920, tranquiliza a los capitalistas británicos sobre la política obrerista y nacionalista del radicalismo, manifestando que la única manera de proteger al capital era crear un estado de buen humor entre los obreros. Y agrega que Gran Bretaña en ninguna parte hallará mejores amigos que en la Argentina (Financial News, diciembre 28, 1920).

Un año antes, el embajador de Yrigoyen en Gran Bretaña, Álvarez de Toledo, había respondido a una pregunta del Times sobre la situación obrera argentina, manifestando que «los recientes conflictos obreros en la República Argentina no fueron más que simple reflejo de una situación co-mún a todos los países y que la aplicación enérgica de la ley de residencia y la deportación de más de doscientos cabecillas bastaron para detener el avance del movimiento, que actualmente está dominado». Agregó que la República Argentina «reconoce plenamente la deuda de gratitud hacia los, capitales extranjeros, y muy especialmente hacia los británicos por la participación que han tenido en el desarrollo del país, y que está dispuesto a ofrecer toda clase de facilidades para otro desarrollo de su actividad» (La Nación, Bs. As., julio 13, 1919. -Posteriormente Álvarez de Toledo fue designado por Yrigoyen presidente del Banco de la Nación). Y el embajador en Estados Unidos hacía coro, declarando en 1920 ante los capitalistas norteamericanos que «la Argentina no ha auspiciado ninguna idea de monopolio o de exclusión de la industria privada. El capital extranjero destinado a la explotación de nuestras riquezas ha sido siempre tratado de la manera más amplia y liberal» (DSCDN, agosto 24, 1949, Pág. 2749).

Pero la cuestión no queda en simples declaraciones. Al iniciarse el gobierno radical debe encarar el problema petrolero. Las dos primeras opiniones que consulta son las de los abogados de la Mexican Oil Co. (trust inglés) y de la Standard Oil (DSCDN, 1916, t. v, p. 4400 y ss.). Al terminar la guerra, el imperialismo británico, que actuaba como comprador único, tiraba abajo el precio de las exportaciones argentinas, elevaba sus fletes marítimos cobrando al país tres y cuatro veces más que a sus colonias y explotaba al país de mil modos diferentes (DSCDN, noviembre 25, 1919). Con todo, el gobierno radical le concede a Inglaterra créditos a bajo interés, sin garantías, para que compre las cosechas argentinas a los bajos precios fijados por ella. Y hasta ampara al capital inglés contra su competidor yanqui, comprometiéndose a no utilizar en Estados Unidos, directa ni indirec-tamente, las libras obtenidas en pago. Pese a la favorable situación en que se hallaba la Argentina para negociar —con amplias reservas de oro en su haber, y necesitado como estaba el imperialismo de los productos argentinos— el radicalismo no intentó la menor defensa de la economía nacional frente a las exigencias de la metrópoli (Greffier, 83).

Su justificación —tomada del arsenal con que la oligarquía solía exaltar su sometimiento al imperialismo—fuedada por el ministro Pueyrredón en la Cámara de Diputados diciendo que no se podía tener frente a Inglaterra «un criterio de negociante» y que era preciso «elevar el espíritu» hasta «contemplar no sólo el interés argentino, sino también el interés extranjero» (DSCDN, noviembre 25, 1919). Por el contrario, algunos sectores conservadores pidieron que como garantía del crédito se exigiera al imperialismo la entrega de títulos de la deuda externa.

Uno de sus voceros —autor de tal proyecto— manifestó: «Creo que hay que aprovechar la oportunidad de que países extranjeros necesitan de nuestras cosechas, para que nacionalicemos nuestra deuda externa, que está repartida en toda Europa y para que radiquemos en el país una porción de papeles importantes que tienen un gran valor, a fin de que este país, tan rico y próspero, no viva toda la vida trabajando para el extranjero» (palabras del diputado Marcos Avellaneda en DSCDN, noviembre 25, 1919).

Pese a las esperanzas que pudieron haber depositado en él los chacareros y las peonadas campesinas, el radicalismo respetó y amparó al latifundio, base fundamental del predominio de la burguesía terrateniente y del atraso del país.

Bajo el gobierno radical creció la concentración de la propiedad territorial en manos de los grandes latifundistas. En 1914 un reducido número de familias terratenientes —menos de medio millar— poseían el 13 % de la superficie de la provincia de Buenos Aires, la región más rica del país. En 1921 tenían más del 19% (Weil, 25). «Requiérese una nueva orientación de la política agraria para llegar a la subdivisión de la propiedad» —dijo Yrigoyen en 1916—. Lo cierto es que su gobierno no aportó esa nueva orientación. El paso más avanzado que se atrevió a dar en ese sentido fue alargar los plazos de los arrendamientos rurales, lo que si bien libraba a los campesinos de ser expulsados de la tierra a la primera cosecha que no satisfaciese al terrateniente, perpetuaba al arrendatario como tal y al derecho del terrateniente a explorarlo.

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Tampoco en otros sectores vitales de la economía nacional el triunfo radical aportó modificaciones de real importancia. El petróleo constituye un caso típico. «La nacionalización y el monopolio estatal del petróleo brillan por su ausencia en el programa del primer gobierno yrigoyenista. La crítica del capital extranjero y la resistencia a su penetración serán débiles, ocasionales, casi siempre acentuadas contra los intereses yanquis mientras se tiende a «olvidarse» de los británicos; sin exclusión por ello de actitudes complacientes frente a ambos grupos de intereses internacionales y frente al capital extranjero en general. Todo lo cual divergía poco de la estructura tradicional del país que legara la oligarquía.» (Kaplan).

Por otra parte, Yrigoyen se opuso a que la red ferroviaria del Estado fuera entregada al capital británico, sosteniendo la propiedad estatal «en materia ferroviaria y en todas aquellas actividades industriales afines con los servicios públicos» (Masaje al Congreso de la Nación, octubre 16, 1920). Hasta entonces, en más de una ocasión la política ferroviaria del Estado había servido a las empresas inglesas en perjuicio de los intereses de la burguesía argentina, en especial de los estancieros, que sufrían en forma de altas tarifas las consecuencias del monopolio británico del riel. Era tan tremendo el peso del capital imperialista sobre el Estado semi-colonial argentino, que ejercía en él una influencia mayor que la clase dominante nativa. Así por ejemplo, en 1890 el gobierno de la provincia de Buenos Aires vendió al capital inglés, a cambio de jugosos beneficios para el gobernador y su maquinaria política, el Ferrocarril Oeste de esa provincia, empresa estatal sumamente eficiente que servía a una rica zona de donde brotan las principales rentas de los te-rratenientes bonaerenses. Sin embargo, poco antes el órgano de la burguesía terrateniente argentina —la Sociedad Rural— había designado para estudiar el problema ferroviario una comisión integrada por tres grandes terratenientes —Torcuato de Alvear, José María Anchorena y Carlos Basavilbaso— que recomendaron: «Pedir al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la prolongación extrema de sus líneas, sobre todo de los ramales Oeste y Sur, a fin de que empresas particulares no ocupen la zona natural de su ferrocarril por la paralización de éste» y «que el Ferrocarril del Oeste se conserve siempre en manos del Gobierno, y se prohíba su enajenación o su arrendamiento» (Anales de la SRA, 1888, Pág. 489).

La burguesía argentina nunca cesó de lamentar la entrega del FerrocarrilOeste. Carlos Pellegrini, uno de sus mejores representantes, decía en 1900; «Hace hoy diez años que la línea férrea del Oeste pasó a manos de una empresa particular. Nosotros que no participamos del error tan generalizado de que el Estado no debe ser administrador, creemos aún hoy queesa venta no debió realizarse, porque el Oeste en manos del gobierno provincial hubiera sido, como lo fue, un propulsor eficaz del progreso en los territorios que atraviesa, pues los capitales privados, si pueden hermanar el fomento de la riqueza general con su mejor lucro, lo hacen, pero si aquél no trae aparejado éste inmediatamente, no se erigen jamás en propulsores del progreso y bienestar común» (ElPaís, Bs. As., Julio 1, 1900).

Funciones del Estado Semicolonial

Los mejores políticos de la burguesía argentina como Pellegrini y Roca —que fueron grandes amigos del imperialismo inglés— tuvieron conciencia de que cierto grado de «capitalismo de Estado», vale decir de empresas explotadas por el Estado, era vital y necesario para negociar con el imperialismo. En 1687, el gobierno de Juárez Colman vendió las Obras Sanitarias de Buenos Aires a un sindicato inglés encabezado por Baring Brothers. Posteriormente, al llegar Pellegrini & la presidencia de la Nación, logró anular el contrato y retomar las Obras a la Nación. El general Roca, que se encontraba en Europa, se opuso a la venta y escribió: «A estar a la teoría de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil, y deberíamos poner bandera de remate a la Aduana, al Correo, al Telégrafo, a las Oficinas de Rentas, al Ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deber del poder.» (Rivera Abstengo, 457) Evidentemente, Roca y Pellegrini comprendían que «poner bandera de remate a todos los servicios públicos era el camino más seguro para perder la relativa capacidad de maniobra con que la burguesía argentina contaba para negociar con el imperialismo. Pero los gobiernos oligárquicos tenían pocas posibilidades de utilizar esa comprensión, porque la falta de respaldo popular los tornaba impotentes ante el capital imperialista. Al presidente Luis Sáenz Peña, que tuvo la ocurrencia de hacer investigar las finanzas de los ferrocarriles ingleses, las empresas lo dejaron sin ministros y sin Congreso. Yrigoyen, en cambio, podía atreverse a afirmar que «el Estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales que responden principalmente a la realización de servicios públicos» (Mensaje al Congreso de la Nación, octubre 16, 1920.) puesto que el amplio apoyo popular con que contaba le otorgaba cierta independencia respecto de la embajada británica y los directorios de las empresas extranjeras.

El gobierno de Yrigoyen realizó o intentó realizar una política de intervencionismo estatal para salvar la ganancia de la burguesía argentina y en especial la renta de los terratenientes, en momentos en que descendían los precios agropecuarios, se desvalorizaba la tierra, etc. Se apoyó a los chacareros con medidas tales como la distribución de semillas (ya realizada por los gobiernos oligárquicos en 1897, 1911, 1912, 1914, etc.) o la reducción de los arrendamientos y la prórroga de los mismos. Pero la medida básica para salvar la economía del campesino, darle la tierra en propie-dad, nunca fue ni siquiera esbozada. La baja de los precios agropecuarios al término de la guerra creé una situación difícil para la burguesía terrateniente, agobiada por pesadas deudas. Yrigoyen no intentó aprovechar la coyuntura para expropiar las desvalorizadas tierras y entregarlas a los cam-pesinos. Procedió a salvar la renta de los terratenientes mediante una liberal política crediticia, y con ese objeto proyectó la creación de un Banco Central que no se concretó (Frondizi, Petróleo, 77).

La dislocación del mercado mundial producida por la guerra había indicado a la burguesía argentina la necesidad de aventurarse en empresas hasta entonces reservadas al imperialismo, como el transporte marítimo y la construcción de barcos. Para la nueva empresa el capitalismo argentino contaba con la colaboración del capital financiero internacional. En 1919 los más destacados representantes de la burguesía argentina y del capital imperialista con intereses en el país proyectan radicar en el país la industria de las construcciones navales mercantes con el propósito de «preparar al país para bastarse a sí mismo.» (LaÉpoca, Bs. As., febrero 21, 1918.) y reciben amplio apoyo gubernamental. Apoyando este tipo de desarrollo de la economía nacional, en base de la conjunción del capital extranjero con el capital nativo, con predominio del primero, continuaba Yrigoyen la política tradicional de la burguesía argentina, que de ese modo había desarrollado los ferrocarriles, los servicios públicos y en general todas las industrias del país.

Política Populista y Represiva del Radicalismo

Pero si Yrigoyen gobernó según los intereses esenciales de la burguesía argentina, particularmente los terratenientes, su sector más fuerte, y de la Metrópoli británica, lo hizo en permanente conflicto con la oligarquía que hasta 1916 había detentado el Poder y, en algunos momentos, con toda la bur-guesía nacional. La oligarquía había sido expropiada políticamente por el radicalismo, y no se lo podía perdonar. Con inusitada violencia combatió al gobierno que se apoyaba en la chusma, en el simple pueblo trabajador, y en base de eseapoyo usufructuaba el aparato estatal sin afectar negativamente y favoreciendo positivamente a la oligarquía, pero alejándola del ejercicio directo del poder.

La oposición conservadora no tenía un carácter de clase distinto al radicalismo —puesto que la dirección y la política del partido radical respondían a los mismos intereses que sus similares conservadores —pero había sí una diferencia de categoría social. El gobierno de Yrigoyen demostró que se podía gobernar al país sin apellidos patricios, es decir oligárquicos. «Aunque es notorio que figuraban entre los radicales hombres de lo más encumbrado del viejo patriciado —y basta recordar, para convencerse de ello, los apellidos de algunos de sus primeros diputados— lo común era que los miembros de las antiguas familias, que eran o habían sido dominantes, no estuvieran allí, y que en cambio acompañaran a ese partido muchos de los exponentes de lanueva riqueza, descendientes de inmigrados, y numerosos elementos de la clase media.» (Pinedo, I, 25.) Por otra parte, a fin de conservar su respaldo popular, el radicalismo hubo forzosamente de realizar o proyectar cierta política populista, vagamente obrerista: salario mínimo, rebaja de alquileres, reglamentación del trabajo a domicilio, conciliación y arbitraje en caso de huelgas, con cierta tendencia a favorecer a la parte obrera. Todo esto no afectaba mucho las ganancias del capital, entonces más elevadas que nunca a consecuencia de la guerra. Pero provocaba la airada protesta de la burguesía, cuyo único instrumento de política social hasta entonces habían sido el sable de la policía montada y la «abnegación patriótica», Yrigoyen, en cambio, llama a delegaciones y comisiones de huelguistas para que conferencien con él, y hasta lea presta el automóvil presidencial para ciertas gestiones urgentes.

Por primera vez entran a la Casa de Gobierno obreros en representación de los huelguistas. Por boca de uno de sus principales diarios, la burguesía expresa sus sentimientos afirmando que «los obreros son hoy los privilegiados». Y es de Imaginar su indignación cuando ante la negativa de los ferrocarriles ingleses a reincorporar algunos huelguistas Yrigoyen dicta un decreto sensacional obligando a las empresas a readmitirlos en el término de 24 horas (Gálvez, 313-20) o cuando Yri-goyen ordena a la policía que no perturbe las reuniones obreras, asambleas sindicales etc., o cuando a una delegación de lo más representativo del capital nacional y extranjero que iba a proponerle movilizar el ejército y la escuadra para quebrar una huelga, Yrigoyen les responde: «Entiendan señores que los privilegios han concluido en el país, y que no irá el gobierno a destruir por la fuerza esa huelga, que significa la reclamación de dolores inescuchados.» (Romariz y Gálvez, 318.)

No es difícil imaginar la oposición que todo esto despertó en la burguesía argentina y sus socios extranjeros. Ya en 1904, cuando en medio de una ola de huelgas y aguda lucha de clases el Ministro del Interior oligárquico Joaquín V. González proyectó una Ley Nacional de Trabajo que concedía algunas mínimas mejoras al proletariado, la Unión Industrial Argentina se había pronunciado en contra con estas palabras: «La implantación repentina de una reforma de esa índole aumentaría el costo de producción de la industria argentina que no podría competir con la extranjera, libre de trabas-de esa naturaleza, pues ningún país del mundo tiene una legislación como la que se pretende imponer en el nuestro para colocar a la República en pleno régimen de socialismo de Estado.» (Guerrero, 143.)

Es comprensible su horror ante los tímidos intentos obreristas de un gobierno populachero respaldado en el voto de las grandes masas trabajadoras. Un comentario típico de los grandes diarios decía «el Gobierno vio impasible que la huelga detuvo las remesas financieras en casi todo el país, que paralizó durante largos meses el tráfico del puerto, y… conferenció de potencia a potencia con los cabecillas de la huelga y escuchó con calma las más audaces y ofensivas proposiciones. Su acción, poco plausible en un Gobierno, se redujo a dar buen empleo a elementos destacados en la organización de aquellas protestas obreras.» (La Nación, diciembre 2, 1920.)

Y, sin embargo, el obrerismo de Yrigoyen rindió un efectivo servicio al orden capitalista. Hasta 1916 el sindicalismo argentino tenía un carácter extremadamente combativo y revolucionario, poco dado a la conciliación con la patronal y las tramitaciones ministeriales.

A una nota que en 1907 enviara el recién creado Departamento Nacional del Trabajo a las dos centrales obreras entonces existentes, requiriéndoles su colaboración, la Unión General de Trabajadores contestó que «para que en lo sucesivo no se molesten haciéndonos proposiciones, manifestamos que no creemos necesaria la intervención del Departamento Nacional del Trabajo en los asuntos que atañen a nuestra organización, por estar convencidos de que todo lo que se refiere al bienestar y mejoramiento de nuestra clase depende única y exclusivamente del esfuerzo que pueda desarrollar la acción obrera por medio de la lucha ejercida contra los que nos sumen en la más cruel explotación». Y la Federación Obrera Regional Argentina ni siquiera contestó (Luna, Yrigoyen, 260). Yrigoyen, a favor de su política obrerista, logra influenciar algunos sindicatos y fue esa la pri-mera vez que el Estado se aseguró cierto control sobre el movimiento obrero, utilizándolo no sólo para obtener votos con los cuales -enfrentar la oposición de la burguesía, sino también para someter el proletariado al orden imperante.

Por eso los historiadores más reaccionarios coinciden en afirmar que «la consecuencia más importante del obrerismo de Yrigoyen es el haber contenido la revolución social. Al comenzar su gobierno hay mar de fondo en los ambientes obreros. Yrigoyen detiene la revolución social que hubiera triunfado más tarde.» (Gálvez, 322.) O bien que «la política de Yrigoyen con relación a los obreros tuvo consecuencias auspiciosas. Su actitud prudente frente a los conflictos, animada de espíritu cristiano, y las leyes que se dictaron en materia de trabajo y previsión social, por su iniciativa o con su auspicio, contribuyeron a granjearle el apoyo y la adhesión de numerosos gremios, de los más numerosos y aguerridos, como el de los ferroviarios, sustrayéndolos en igual medida a la influencia roja, antes predominante. El movimiento obrero se nacionaliza en gran parte con Yrigoyen. Por primera vez bajo su presidencia se verán manifestaciones proletarias que lleven a su frente la bandera argentina» (Palacio, II, 347).

Pero el obrerismo de Yrigoyen ponía en evidencia su verdadera naturaleza apenas se esbozaba un movimiento independiente de la clase obrera. Entonces el radicalismo masacraba al proletariado con tanta puntualidad y eficiencia como el más reaccionario de los gobiernos oligárquicos. Desde 1915 el proletariado luchaba con redoblado vigor contra la tremenda explotación capitalista que sufría. En 1915 hubo 12.000 huelguistas, y 24.000 al año siguiente. En 1917 paran 136.000 obreros, y el ascenso proletario culmina en 1919, con más de 300.000 trabajadores en huelga (Estadísticas de Huelgas, 20).

En la semana del 7 al 14 de enero de ese año, 1919, el combativo proletariado metalúrgico de Buenos Aires movilizó tras de sí a la clase obrera y la población pobre en una huelga general que paralizó la capital de la República. El origen del movimiento se hallaba mucho menos en la influencia del triunfo de Lenin y Trotsky en Rusia que en la miseria de los trabajadores, que ganaban 90 pesos mensuales, menos de la mitad de lo requerido por la familia obrera (Idem, 21). El gobierno radical movilizó a la policía y al Ejército, que en colaboración con las bandas fascistas de la Liga Patriótica, organización financiada por los capitalistas, aplastaron sangrientamente al movimiento. Frente a la fábrica donde se había iniciado la huelga, un destacamento del ejército ametralla a los obreros. Lo comanda un joven teniente, llamado Juan Domingo Perón. Después de haber anegado en sangre las barriadas obreras, el jefe de policía, el destacado dirigente radical Elpidio González, felicita a las tropas en estos términos: «Felicito al personal de la repartición por la energía y valor demostrados. Debe estar todavía prevenido. Un pequeño esfuerzo y habremos terminado, dando una severa lección a elementos disolventes de la nacionalidad argentina, que es un ejemplo en la historia de noble altivez, y para honor de la patria y de quienes a costa de muchos sacrificios la formaron, legándonos valioso ejemplo de patriotismo que mantenemos como rotunda protesta contra las ideas y sistemas basados en la más baja satisfacción de apetitos materiales». Pero la represión no terminó con el aplastamiento de la huelga. Dando un ejemplo de «noble altivez» la policía y las bandas fascistas desencadenaron un progrom sin cuartel, llevando el terror a los barrios judíos. El jefe de policía había ordenado: «Contener toda manifestación y agrupaciones excepto las patrióticas; las demás deben disolverse sin contemplaciones». El proletariado argentino recuerda estas masacres con el nombre de «Semana Trágica» (Oddone, 286-95).

Dos años después, nuevamente el gobierno de Yrigoyen masacra al proletariado. En el territorio de Santa Cruz los obreros rurales se habían declarado en huelga, ocupando algunas estancias. Un teniente coronel del ejército al mando de dos regimientos de caballería pone a todo el territorio en pie de guerra, dicta una resolución por la cual se fusilaría sin formalidad alguna a toda persona que portase armas, y dirige la represión más brutal que pueda imaginarse. Cientos de obreros fueron detenidos, apaleados y recluidos en dantescos depósitos. De ellos se escogía a quienes señalaban los representantes de las empresas y se los llevaba al campo para fusilarlos. A alguno se les hacía cavar su propia fosa y luego incineraban los cadáveres. Así cayeron cientos de obreros. Cuando el Juez de la región entrevistó a Yrigoyen para relatarle los horrores cometidos y pedirle que se procesara a los responsables, Yrigoyen no quiso hacerlo: dijo que una medida semejante acarrearía el desprestigio de las fuerzas armadas y que la fe del pueblo en las instituciones debía salvarse a toda costa (Luna, Yrigoyen, 259).

Ya sobre la terminación de su primer periodo presidencial, Yrigoyen dejó establecido con dos firmes trazos el carácter reaccionario del radicalismo desde el punto de vista de la realización de las mas elementales tareas democráticas. Aliado a la Iglesia Católica, albacea de la oligarquía y el im-perialismo, Yrigoyen ordenó al gobernador radical de Santa Fe que vetara la Reforma Constitucional recientemente efectuada en esa Provincia, por la cual se separaba la Iglesia del Estado y se introducían otras reformas que la hacían la Constitución más democrática del país. El radicalismo se oponía a la separación de la Iglesia y del Estado, decía Yrigoyen, «porque los argentinos que nos convocáramos en el gran movimiento de opinión, fijamos como regla de conducta invariable, el reconocimiento y restauración de las bases esenciales de la nacionalidad tal como estaba consagrada en sus estatutos cardinales» (carta al gobernador de Santa Fe, abril 1921, en Documentos, 311). Fiel a la misma orientación, Yrigoyen se opuso a la introducción del divorcio, afirmando que «Surgido el actual gobierno de un movimiento de opinión nacional para afianzar y estabilizar definitivamente las básicas instituciones sociales y políticas del país, cuando felizmente ha llegado a culminar en sus grandes propósitos, no puede el Poder Ejecutivo permanecer indiferente ante una iniciativa que amenaza conmover los cimientos de la familia argentina en su faz más augusta» (Mensaje al Congreso de la Nación, Documentos,319).

El Interregno Alvearísta

Yrigoyen designó su sucesor en la presidencia a Marcelo T. deAlvear, quien fue elegido por una avalancha de votos (450.000 contra 200.000) y asumió en octubre de1922. Con Alvear llega al Poder el ala derecha del radicalismo, cuya política no difería en nada sustancial de la yrigoyenista, pero quecarecía de su tinte populachero y obrerista, respaldándose en los sectores burgueses del radicalismo.

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La oligarquía observó con alivio que Alvear no persistía «en algunas prácticas de grosera demagogia seguidas por Yrigoyen» y que no admitía a su lado «a algunos de los elementos que habían acompañado al viejo caudillo. El elenco ministerial fue de otro nivel» (Pinedo, 63). Alvear y su fracción estaban mucho más cerca del Jockey Club que Yrigoyen y su chusma.

A eso se reducía todo el cambio. Respecto a los grandes problemas nacionales —dominio del capital extranjero, latifundio, atraso general de la economía— Alvear como Yrigoyen gobernó sin cambiar nada.

Cambió, sí, la situación del mercado mundial; desaparecieron las condiciones especiales creadas por la guerra y la post-guerra y la burguesía terrateniente argentina siguió enriqueciéndose como antes de 1914, vendiendo a Europa sus productos agropecuarios. Se abandonaron entonces los intentos de intervencionismo estatal y los proyectos de flotas mercantes, que ya no parecían necesarias a la burguesia, confiada en que todo seguiría igual que en la preguerra. Por tanto, si el imperialismo inglés compraba normalmente los productos agropecuarios y vendía normalmente sus artículos manufacturados, resultaba innecesaria la industria fabril que había crecido durante los años de guerra. Sólo las más poderosas empresas industriales —muy vinculadas al capital extranjero y los terratenientes— soportaban la competencia de la avalancha de mercaderías europeas que inundó al país. El gobierno de Alvear, lejos de proteger a la industria nacional, rebaja los derechos aduaneros, contribuyendo a su ruina (Dorfman, 62-65). La fracción yrigoyenista nada tuvo que objetar a esta política, con lo que el radicalismo demostró nuevamente que su, política era la. tradicional de la burguesía terrateniente argentina aliada de Inglaterra, nada más.

Pero bajo Alvear se produce un fenómeno nuevo, originado en Wall Street: el capital norteamericano acelera vertiginosamente su penetración en la economía argentina, a través de los empréstitos, de empresas de servicios públicos y mediante filiales de los grandes consorcios yanquis que instalan fábricas y talleres de montaje para abastecer el mercado interno. Las inversiones yanquis en el país, que en 1920 totalizaban 75 millones de pesos oro, alcanzan en 1927, al terminar la presidencia de Alvear, a 505 millones. El imperialismo inglés, cuyas inversiones cuadruplicaban a las de Estados Unidos (Philps, 99) veía cómo el pujante rival que ya lo había desplazado del resto de América latina avanzaba peligrosamente en la Argentina, y se dispuso a frenarlo.

El gobierno de Alvear le prestó su ayuda, y entre otras cosas cerró el camino a las empresas petroleras norteamericanas, desarrollando los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que llevaron una enérgica campaña contra la Standard Oil. Eso sí, sin afectar los intereses de Gran Bretaña, la metrópoli dominante (Frondizi, Petróleo, 153). En torno al conflicto entre YPF y el imperialismo yanqui se produce una fisura en el seno de la burguesía argentina. En general la política de YPF era respaldada por los aliados históricos del imperialismo inglés, los estancieros de la Provincia de Buenos Aires. Por el contrario, el imperialismo yanqui, a través de la Standard Oil, inició una alianza que habría de ser duradera con la burguesía industrial y terrateniente del Norte argentino.

A cambio de los dólares con que el imperialismo yanqui pensaba explotar el petróleo del Norte, este sector combatió implacablemente a YPF y llegó a proponer la secesión de una provincia para impedir que YPF desplazara de allí a la Standard Oil (Bunge). Por otra parte, la Standard Oil se había vinculado de tiempo atrás a la industria, sector del capitalismo argentino que a medida que crecía tendía a acercarse al imperialismo yanqui; dos presidentes de la Unión Industrial Argentina estaban desde antes de la guerra en estrechas relaciones con la Standard. Por el contrario, los estancieros se tornaban cada vez más hostiles hacia Estados Unidos, ese imperialismo que no sólo competía con sus productos, sino que los rechazaba de mil modos.

Precisamente bajo la Presidencia de Alvear, cuando más penetraban sus capitales en el país, el gobierno yanqui intensificó sus restricciones a la importación de carne argentina (Weil, 197). La burguesía terrateniente respondió, por intermedio de la Sociedad Rural Argentina, haciendo suyo el slogan acuñado para ella por el embajador inglés en Buenos Aires: «Comprar a quien nos compra», lo que significaba comprar en Inglaterra. En abril de 1928, la Sociedad Rural pide al gobierno que concierte tratados comerciales de reciprocidad, que tenían el sentido de excluir a Estados Unidos del mercado argentino (White, 203 y Anales de la SRA, abril 1928).

Yrigoyen Vuelve al Poder

Pero mientras todos esos procesos poco visibles transcurrían en el seno de la estructura argentina, se producían acontecimientos más fáciles de discernir. En octubre de 1928, pese a la oposición de Alvear y su fracción, Hipólito Yrigoyen volvía al poder, plebiscitado por 800.000 votos contra 400.000 de todos sus adversarios. El capital inglés le dio la bienvenida, con palabras que caracterizan perfectamente lo fundamental de su primer gobierno y de lo que duró el segundo; el Presidente del Ferrocarril Central Argentino declaró: «Es indudable que el gobierno del doctor Yrigoyen ha Inspirado fe y confianza en Londres y una de las mayores pruebases la siguiente: el 12 de octubre de 1928 las acciones del FC Central Argentino se cotizaban aproximadamente al 90% de su valor. En la actualidad las acciones han llegado al 98%».

Y el Presidente del Ferrocarril Sud declaraba: «Me complace sobremanera testimoniar mi admiración por las altas dotes de Gobierno puestas de manifiesto por el Doctor Yrigoyen en cuanto se ha visto en presencia de dificultades. En lo que respecta a los intereses ferroviarios se mostró firma y ecuánime y es en gran parte debido a las medidas que inició que fundamos nuestra prosperidad» (Documentos,328). Pero la burguesía argentina no las tenia todas consigo. Había disgusto entre las clases distinguidas, que decían que la vuelta de Yrigoyen al gobierno significaba una catástrofe para el país.

«Otravez el caos administrativo, la chusma en la calle y en los puestos públicos, las huelgas, el pobrerío en la Casa de Gobierno. Hay que hacer algo, exclaman los enemigos de Yrigoyen» (Gálvez, 393). La burguesía no estaba dispuesta a tolerar mucho tiempo al viejo e inconducente conductor, y casi simultáneamente con su triunfo electoral se empieza a tramar su derrocamiento, con la colaboración del ejército (Palacio. 366).

En efecto, el segundo gobierno de Yrigoyen irritó a la burguesía, y no tanto por su obrerismo, cuanto por la corrupción que floreció en grado increíble y que era particularmente insufrible para la burguesía porque no se limitaba a las altas esferas sino que afectaba a toda la administración, de abajo a arriba con la sola excepción del propio Yrigoyen (Weil, 37). Además, el gobierno de Yrigoyen —que había hecho de la pureza del sufragio el tema de su vida— se valió ampliamente del fraude electoral para ganar las elecciones allí donde no estaba seguro de triunfar por otros medios.

Pero, entre tanto, se iniciaba una nueva fase en las relaciones entre la Argentina y la metrópoli británica, caracterizada por los acuerdos bilaterales que cierran el mercado argentino para los competidores de Inglaterra y ligan más estrechamente la economía nacional al sistema imperialista británico. En 1929 llega al país una misión inglesa presidida por Lord D’Avernon, y se firma con ella un convenio por el cual la Argentina se compromete a emplear en Gran Bretaña el producido de su exportación de cereales y otros productos. Se trataba de un convenio netamente desventajoso para la economía argentina (Salera, 64), que Inglaterra impuso amenazando con establecer un sistema de preferencia imperial que cerraría el mercado inglés para las exportaciones argentinas.

Pero el Ministro de Relaciones Exteriores de Yrigoyen declaró: «no nos interesa ni nos desazona si es la Gran Bretaña a quien le toca recoger los mayores beneficios. Lo he dicho en una ligera interrupción y lo repito en este momento: tenemos con Gran Bretaña una gran deuda moral que nos es grato confesar. Cuando todavía éramos una expresión imprecisa, Inglaterra llegó trayéndonos el aporte de su fe, de su confianza, depositando aquí sus capitales, trayendo las primeras líneas de los ferrocarriles, alrededor de los cuales se fue realizando paulatinamente el progreso de la Nación» (DSCDN, noviembre 11 y 12, 1929). Era el lenguaje tradicional de los agentes nativos del imperialismo inglés. Cuatro años más tarde, con los mismos argumentos, los representantes de la oligarquía proclamarían orgullosamente que la Argentina se parecía mucho a una colonia inglesa. La Misión D`Avernon produjo un informe en el que se registran datos de interés sobre el control imperialista de la economía argentina, entre otros el grado considerable de capital inglés invertido en empresas industriales aparentemente argentinas que producen para el mercado interno (Report,15).

Pero si la Misión D`Avernon que venía a ajustar las relaciones entre metrópoli y semicolonia fue calurosamente acogida por Yrigoyen, muy otra fue la actitud ante Hoover, presidente electo de Estados Unidos en viaje por América latina, a quien se recibió sin mucho entusiasmo. Incluso, Yrigoyen le manifestó en su discurso de bienvenida que los pueblos sudamericanos esperaban que el poderío yanqui no fuera «un riesgo para la justicia, ni siquiera una sombra proyectada sobre la soberanía de los demás Estados» (Documentos. 365). Se ha señalado (Pereira, citado por Luna, Yrigoyen, 431) que entre las diversas manifestaciones oficiales con que fue agasajado Hoover en su gira «sobresalió Yrigoyen por haber sido el único que supo encontrar el tono para hablar de potencia a potencia». Es cierto, pero debe contrastarse esa actitud con la obsecuencia ante la Misión D’Avernon, y no es ocioso recordar que por ese entonces las inversiones británicas en la Argentina cuadruplicaban a las norteamericanas y en el período 1926-1929 Inglaterra compraba a la Argentina cuatro veces más (en valor) que Estados Unidos (Phelps, 99).

El gobierno de Yrigoyen prosiguió la ofensiva contra la Standard Oil, proyectándose una nacionalización del petróleo enderezada ante todo contra el imperialismo yanqui, y en forma tal que los intereses imperialistas predominantes en la industria petrolera argentina, que eran británicos, apoyaban la nacionalización (Frondizi, Petróleo, 275). De todos modos, al 5 de setiembre de 1930 el proyecto no había sido aprobado, y al día siguiente Yrigoyen caía depuesto por un golpe militar.

La Restauración Conservadora

A los pocos meses de su segundo gobierno Yrigoyen se había hecho intolerable para la burguesía argentina, y la intolerancia aumentó con el avance de la crisis económica.

En enero de 1930 el precio mundial de los cereales había descendido 5% respecto de 1926. En agosto la disminución alcanzaba a 13%, y los precios de cueros, lanas y otras exportaciones argentinas descendían igualmente. Con los precios se achicaban también las reservas de oro (Revista Económica, 1932). Tocaba a su fin la prosperidad, y el capital nacional y extranjero advertían la necesidad de un gobierno desligado de compromisos con las masas populares y sin veleidades obreristas, un gobierno fuerte capaz de salvar la cuota de ganancia a expensas del nivel de vida de las masas trabajadoras y gobernar en íntimo contacto con los altos círculos capitalistas. Evidentemente, el gobierno de Yrigoyen no era apto para esta función. Por eso la presentación que el 22 de agosto de 1930 realizaron ante el gobierno la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Cereales, la Unión Industrial Argentina y la Confederación de la Producción, Industria y Comercio —vale decir, la burguesía en pleno— era algo así como un llamado a la insurrección. Exponían los representantes del capital que ante el avance de la crisis era preciso iniciar una política de proteccionismo aduanero y de toda especie para la industria, la ganadería y la agricultura y, sobre todo, abolir las leyes de protección al trabajo. Para esto, el radicalismo no servía. Había demostrado su eficacia para masacrar al proletariado cuando éste se levantaba, pero necesitado del voto de los trabajadores no podía ir demasiado lejos en una ofensiva permanente contra ellos sin perder su base de sustentación. Había que fortalecer el orden, y el gobierno de Yrigoyen era la encarnación del desorden, social porque especulaba con el apoyo de las masas, administrativo por la corrupción que lo carcomía a ritmo acelerado. Los conflictos obreros se multiplicaban y el gobierno no podía con-trolar a los sindicatos (Palacio, 370).

Los viejos políticos oligárquicos se movilizaron, y con ellos sus vastagos más jóvenes, organizados en agrupaciones fascistas que soñaban con organizar la Argentina al estilo de Mussolini. Se descubrió que Yrigoyen era un «dictador», y sin embargo la oposición gozaba de las más amplias libertades y se adueñaba de la calle cuando quería (la prensa ya era de ella desde siempre, y en la capital de la república el gobierno sólo tenía un diario). El golpe de Estado «para salvar la democracia» se prepara activamente. En los cuarteles, el general Uriburu, fascista confeso. En los círculos políticos, don Antonio Santa-marina, dirigente conservador, dueño de 160.000 hectáreas en la Provincia de Buenos Aires (Pinedo; 74 y Oddone, Burguesía, 176). En la calle, los estudiantes, vociferando «abajo el tirano» o «¡democracia sí; dictadura no!» mientras atacan a los radicales (Gálvez, 439).

Las masas trabajadoras permanecen pasivamente favorables a Yrigoyen. Pero la burguesía y la pequeña burguesía estaban dispuestas a acabar con el gobierno. Encuentran un aliado insospechado en el pequeño Partido Comunista, que declara: «El gobierno de Yrigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política represiva, reaccionaria, fascitizante» (Historia del PC, 70). El 5 de setiembre la Federación Universitaria exigió la renuncia de Yrigoyen. «La calle Florida, la feria de vanidades de la burguesía y pequeña burguesía porteñas era toda un mitin con-fuso de la «revolución»; predominaban las damas elegantes, los oficiales del ejército y los niños «bien». El Poder estaba en medio de la calle…» (Gallo, 19) El 6 de setiembre de 1930 lo recogió sin dificultad el general Félix Uriburu, desfilando con los cadetes del Colegio Militar y algunos soldados ante el aplauso de la gente distinguida.

Tras el general Uriburu se movían en primer término la burguesía argentina en su conjunto y el conjunto del capital extranjero, sedientos de orden y de un gobierno que no tuviese compromisos con las masas.

«Indudablemente el cuartelazo fue patrocinado por los terratenientes. Habían esperado largo tiempo una ocasión para corregir su error de 1916 al permitir elecciones libres. Fue amparado por los bancos, el gran capital, las asociaciones patronales, irritadas por los vacilantes intentos de Yrigoyen de hacer algo con la depresión a costa de ellos, sin ningún plan constructivo» (Weil, 41). Por supuesto, apoyaban el golpe los tradicionales políticos oligárquicos que hasta el advenimiento del radicalismo al Poder manejaban cómodamente el Estado. De entre ellos salieron los ministros del nuevo gobierno. En fin, un nuevo factor intervenía. Era el imperialismo yanqui, particularmente la Standard Oil, que perjudicada por la política general de Yrigoyen, y en especial por su política petrolera, buscaban en el golpe militar la oportunidad para desplazar al imperialismo inglés. A las pocas horas de producirse el cambio de gobierno, los británicos se ocuparon de advertir al mundo que el 6 de Setiembre se debía a la influencia estadounidense. Los voceros ingleses trasmitieron a todas las agencias noticiosas que los Estados Unidos eran los culpables de la revolución (Frondizi, Petróleo, 272 y La Prensa, setiembre 8, 1930). Poco tardaron los intereses norteamericanos en advertir que la carta a que habían apostado se les iba de las manos y rendía los mayores dividendos para Inglaterra.

Baste decir que Uriburu, si bien liquidó el proyecto de nacionalización del petróleo, siguió respaldando la acción de YPF (Frondizi, Petróleo, 330).

«Democracia sí, Dictadura no ¡LIBERTAD!» Con esas consignas la burguesía y pequeña burguesía, los estudiantes a la cabeza, crearon el clima del golpe militar. Triunfante éste, no tardó en darles lo que querían. La «dictadura» de Yrigoyen, que no perseguía ni encarcelaba a nadie, fue reemplazada por la dictadura militar-policíaca sin comillas del general Uriburu, que desató el terror sobre el país y en especial la clase obrera. Apoyadas desde la presidencia de la Nación, las organizaciones fascistas, financiadas por el gran capital, se adueñaron de la calle. Sin embargo, el Partido Socialista argentino, fiel a su alianza tácita de siempre con la burguesía, roció con agua bautismal al gobierno militar. En nota dirigida el 4 de noviembre al Ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo —gran terrateniente, abogado de la Standard Oil, fascista confeso que dirigía personalmente la tortura policial de militantes obreros— los socialistas decían: «Apenas se constituyó el Gobierno Provisional surgido de la revolución del 6 de setiembre, nos apresuramos a declarar que de nuestra parte no crearíamos al Gobierno Provisional la más mínima dificultad para el cumplimiento de una tarea que reputábamos ardua e indispensable» (citado por Gallo, 44). Se convocó a elecciones en la Provincia de Buenos Aires para dar respaldo legal al régimen, pero el radicalismo, sumido en la ilegalidad, ganó por 30.000 votos. A fin de preservar la democracia, se anuló las elecciones… Y entre tanto. para asegurar la reclamada libertad el gorro frigio del escudo nacional fue poderosamente dotado con la picana eléctrica, instrumento predilecto de la sección Orden Político, siniestra organización policial amorosamente tutelada desde entonces por todos los gobiernos argentinos, donde se tortura y/o asesina a los militantes obreros.

Eso sí, Uriburu terminó con la corrupción administrativa yrigoyenista. Lo hizo en forma hegeliana, superándola y elevándola a un plano gigantesco, desconocido hasta entonces.

«Dictó un decreto confidencial y sumamente ingenioso, estableciendo que el gobierno se haría cargo de todas las deudas privadas de los oficiales del ejército. Todo lo que los oficiales tenían que hacer era informar a su coronel que tenían una deuda; no se requerían detalles ni se formulaban preguntas. Parece que los oficiales supieron aprovechar la ocasión, porque mucho tiempo después los diarios informaban que el decreto le había costado al gobierno más de 7 millones de pesos (White, 161). Pero Uriburu no pudo mantenerse largo tiempo en el Poder. Al fin y al cabo, los políticos tradicionales de la burguesía argentina no habían combatido a Yrigoyen para que su lugar lo ocupase el Ejército y un puñado de jóvenes fascistas que soñaban junto con Uriburu en implantar el estado corporativo.

El terror policial había estado bien para aplastar a la clase obrera y lo que quedaba del radicalismo, pero cuando Uriburu quiso utilizarlo para sus propios fines, toda la burguesía y sus políticos se le pusieron en contra, y también la gran prensa, a quien Uriburu intentó someter a censura previa (Ídem, 184). Los más poderosos sectores de la burguesía y el capital inglés exigieron el retorno a la normalidad, y cuando el gobierno convocó a elecciones hallaron su representante en el General Agustín P. Justo, ex Ministro de Guerra de Alvear, íntimamente ligado a la oligarquía conservadora. Fue elegido presidente en elecciones magníficamente fraudulentas, en las que se impidió participar a la Unión Cívica Radical, el mayor partido opositor (Pinedo, 108). Con Justo llegan al poder tradicionales figurones de la oligarquía. Su Vicepresidente es Julio A. Roca, hijo del general, aquel que civilizó el país a fuerza de Remingtones y empréstitos, uno de los presidentes argentinos mejor cotizados en la Bolsa de Londres.

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