“El cambio radical de estrategia en la presentación de los abogados que representan a la Argentina [en el juicio contra los fondos buitres] (…) es que ahora se reconoce que se aceptará el fallo de la Corte, cualquiera sea éste y aunque lleve al país a un default. Fue una recomendación del abogado consejero contratado por el país para esta instancia judicial, el ex procurador general del gobierno de Estados Unidos en los años de George W. Bush, Paul Clement” (C. Burgueño, en Ámbito Financiero, 28-5-14).
 
Desde hace unas semanas, la propaganda oficial se dedica a recordarle a la población las medidas tomadas por el gobierno de la Alianza en 2001 y el contraste con la “política inclusiva” del kirchnerismo. Es una pena que ese interesante ejercicio de la memoria no se extienda a las acciones y declaraciones del propio gobierno en tiempos nada lejanos. Si lo hicieran, podríamos volver a disfrutar de la avalancha de funcionarios y políticos K que allá por 2010 (y no por primera vez) declaraban “resuelto” el problema de la deuda pública argentina, gracias al pago al FMI en 2005, la quita de la deuda, la baja de la relación deuda/PBI y otros factores tan ciertos como exagerados. Sería más instructivo todavía que reprodujeran las declaraciones altisonantes de Cristina de que “nunca” se les pagaría a los fondos buitres, incluso si la Justicia yanqui determinaba lo contrario.
Que la inocencia les valga a los que le creyeron. La gente más avisada (incluidos los lectores de este periódico) supieron enseguida que había que tomar esas bravatas como de quien venía: políticos argentinos que dicen una cosa para la tribuna y hacen otra. Pero los tribunales yanquis, gente suspicaz, decidieron tomarse muy en serio esa amenaza, y así fue que la Cámara de Apelaciones del estado de Nueva York, temiendo que “estos argentinos volvieran a las andadas”, respaldó en todos sus términos el fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa, que favorecía en todo a los fondos buitres. Al kirchnerismo, hacerse el guapo de la boca para afuera, ejercicio habitualmente sin costo alguno, esta vez le salió muy caro. Y puede faltar la cuenta más pesada.
Después de semejante sapo, el lobbista contratado por el Estado argentino para tocar influencias en la Corte Suprema yanqui, un ex altísimo funcionario judicial de George W. Bush (el progresismo K tiene otras reglas en EE.UU., parece), recomendó dos cosas. Primera, que Cristina no abra más la boca sobre el juicio (en su jerga, “darle un perfil técnico y no político” al caso); segunda, jurar y recontrajurar a la Justicia que jamás el gobierno argentino soñó con desacatar sus fallos. Es lo que se hizo explícito en la última presentación (última no por lo reciente, sino porque no habrá ninguna otra hasta que hable la Corte) que hicieron los abogados de Argentina ante el máximo tribunal yanqui: Argentina va a pagar como sea, aunque le cueste el default.
No es ninguna interpretación nuestra, aquí está el texto del escrito: “Contrariamente a las afirmaciones de los demandados, la Argentina cumplirá con las medidas judiciales; sin embargo, dado que la Argentina no cuenta con los recursos financieros para pagar los holdouts en su totalidad (lo que equivaldría a 15.000 millones de dólares) a la vez que cerró una reestructuración de deuda con el 92% de los bonistas en default; la Argentina tendrá que hacer frente, de manera objetiva, un riesgo grave e inminente de incumplimiento. La Argentina reafirma su compromiso de seguir honrando sus deudas, y espera a no ser obligada a enfrentar el riesgo de impago” (citado por C. Burgueño, Ámbito Financiero, 28-5-14).
Pues bien, no hay exageración. Todo depende de lo que decida la Corte yanqui: tomar el caso para estudiarlo, pedir opinión al gobierno yanqui… o no tomar el caso, con lo que el fallo de Cámara queda firme y Argentina tiene que pagar.(1) Éste último escenario es el realmente peligroso; veamos por qué, y pedimos atención porque la explicación tiene sus complicaciones.
Si la Corte rechaza siquiera considerar el caso, eso gatilla automáticamente el cumplimiento del fallo de la Cámara contra Argentina. El verdadero problema no son los 1.330 millones de dólares que los buitres pueden reclamar. Ni siquiera los cuantiosos intereses de ese monto. No, la amenaza tremenda no son los buitres, sino los otros, los acreedores “amigos”, de buena fe, que entraron a los canjes de 2005 y 2010.
¿Por qué? Por una cláusula criminal del canje de deuda que se llama “derechos sobre ofertas futuras” (Rights Upon Future Offers, o RUFO). Esa cláusula obliga a la Argentina, si hace cualquier oferta a cualquier otro acreedor con condiciones más favorables a las del canje, a igualar esa oferta a los que entraron al canje. El gobierno argentino firmó tranquilo porque calculaba que no iba a haber ninguna oferta mejor para los que no entraron al canje. Y no la hubo… voluntariamente. Pero si los buitres ganan el juicio ahora, el Estado se verá obligado a “ofrecer” a los buitres condiciones mucho mejores a las del canje: pagar el 100%. No será una oferta voluntaria, sino forzada por un fallo que, y esto es lo decisivo (por eso empezamos por ahí), el gobierno aclaró públicamente que va a acatar.
En resumen: si ganan los buitres ahora, por la cláusula RUFO, hay que pagar el 100% no sólo a los buitres sino a todo el resto que aceptó la quita.(2) Son 15.000 millones de dólares, que el Estado no tiene ni remotamente. Y eso es default. Habrá que negociar con los buitres y con los demás acreedores en las peores condiciones.
¿Por qué subrayamos lo de ahora? Porque la cláusula RUFO tiene fecha de vencimiento: enero 2015. Esto significa lo siguiente: si la Corte acepta el caso, o incluso si primero pide opinión al gobierno yanqui para resolver si lo acepta o no, se gana tiempo que vale oro, porque la decisión se posterga… al menos hasta 2015. Y en ese escenario, incluso si el fallo final de la Corte, tome o no la causa, favorece a los buitres (hoy, lo más probable), el Estado argentino zafó: en el peor de los casos, sólo tendrá que negociar con los buitres por un monto total de 1.300 millones de dólares más intereses. Eso es manejable; lo otro, no. Por eso los abogados de Argentina (y el gobierno) contienen el aliento hasta el 12 de junio, fecha en que la Corte yanqui anunciará su decisión. Hay mucho en juego.
 
“Siempre tendremos París”
 
Los que se consuelan con esta frase no son ya Ingrid Bergman y Humphrey Bogart en Casablanca, sino Cristina y Kicillof, que fue para allá a negociar con el Club de París. Y, por supuesto, no se trata de recuerdos dorados de juventud, sino del último recurso para financiar la transición al nuevo gobierno. Porque la cuestión de fondo es que “el gobierno necesita un tubo de oxígeno de unos 10.000 millones de dólares para llegar a diciembre de 2015 sin barquinazos. Las recetas son encontradas –tasa alta para enfriar, tasa baja para reactivar–, pero ninguno ve dólares al final del túnel” (Ámbito Financiero, 26-5-14).
Como venimos señalando desde hace tiempo, la penuria de dólares es el talón de Aquiles de un “modelo” que basó su supuesta salud, en sus primeros años, justamente en la abundancia de divisas. Como dice un analista, “todas las decisiones que toma el gobierno se hacen en función del impacto en las reservas del BCRA” (G. Laborde, ídem). Es así que hoy el gobierno se aferra a cualquier recurso que le permita hacerse de billetes verdes. La lista va desde las prometidas inversiones chinas para las represas de Santa Cruz hasta un acuerdo del Banco Central con el Banco de Francia por un crédito de 3.000 millones de dólares para recomponer las reservas, pasando por los entusiasmos que genera Vaca Muerta (aunque las inversiones llegarán tarde para este gobierno).
De todos modos, la verdadera “bala de plata” con que cuenta el kirchnerismo para llegar al cambio de gobierno con un mínimo de aire, es decir, no arrastrándose por el piso y largando los bofes, es el acuerdo con el Club de París. A eso dedica el gobierno sus máximos esfuerzos y los del principal ministro del gabinete, Kicillof.
En varios puntos esenciales, el acuerdo ya está cerrado. De los 6.000 millones de dólares de deuda original se reconocerán, por intereses, unos 10.000 millones. Argentina haría un pago inicial de no más de 1.000 millones y devolvería el resto en cuotas anuales de 1.500-2.000 millones. Problema para el que venga, bah. Lo valioso del acuerdo para el gobierno es que, una vez logrado, llegarían, junto con créditos varios, algunas inversiones importantes de los miembros del club, casi todos europeos. ¿Por qué? Porque con ese aval, varias compañías podrían lograr financiamiento muy barato del Banco Europeo de Inversiones y otros organismos, y son las primeras interesadas en que el acuerdo se haga. De hecho, hasta presionan sus gobiernos para relajar las exigencias a la Argentina, como en el caso de Alemania, un importante acreedor (casi el 30% de la deuda total con el Club). Divisas frescas que son maná del cielo para el BCRA.
El obstáculo se llama Japón. Es el mayor acreedor de los 19 miembros del Club y no tiene inversores interesados, de modo que, a cara de perro, exige una condición que para el gobierno es intragable: el aval del FMI para toda la operación.
El gobierno parece querer desquitarse de todos los sapos que traga en el juicio contra los buitres con el rechazo a la intervención del Fondo. Según Kicillof, “no vamos a aceptar condicionamientos, no vamos a discutir nuestro plan económico” con la misión del FMI que, en virtud del artículo IV del organismo, debería analizar, monitorear y elaborar un informe sobre el estado de la economía, cosa que reclama Japón y el gobierno quiere esquivar.
Entonces, ¿vuelven los ataques de soberanitis K? ¿Justo cuando necesita como el pan de los créditos y las inversiones en divisas que dispararía el acuerdo con el Club de París? La respuesta es que el kirchnerismo buscará quedar bien con Dios y con el diablo. La solución que está rumiando es muy sencilla: se abrocha el acuerdo con el Club de París aceptando que venga la misión del FMI…  pero se patea la llegada de los emisarios del Fondo para diciembre de 2015. Y de esa manera, el gobierno se queda a la vez con los dólares y con el “relato” (o lo que queda de él) de que “no nos arrodillamos ante el FMI”… porque lo hará el nuevo gobierno. Tal es el ingenio de estos estadistas “progres”: ganar tiempo hasta que el problema le caiga a otro.
Marcelo Yunes
 
Notas
1. Aclaremos que no es moco de pavo que la Corte yanqui acepte el caso. Anualmente, se elevan unos 4.000 juicios de cámaras estatales a la Corte para que decida. Pero de esa cifra, la Corte no toma más de un promedio de 80 casos (no falta ningún cero). Sí, el 2 por ciento. De todos modos, la chance no es tan remota: por los problemas potenciales que traería a todo el mundillo financiero y en particular al estado de Nueva York (algo que hemos tratado en notas anteriores), en Wall Street llaman al caso buitres vs. Estado argentino “el juicio del siglo”. Es un poco mucho, pero da una idea de que no es una causa cualquiera.
2. Digamos que ese monto, con ser considerable, demuestra que la “quita más grande de la historia” que anunciaba triunfalmente Néstor Kirchner en 2005 resultó ser bastante menor al 70% con que deliraba el oficialismo. Algo que también advertimos desde estas páginas en su momento.