Con la cabeza en noviembre

El nuevo paquete de medidas del gobierno, punto por punto

Tras la derrota del oficialismo en las PASO y con la mente enfocada en recuperarse para las generales, el gobierno nacional anunció su nuevo paquete de medidas. Punto por punto: paliativos miserables mientras crece la crisis social.



A 10 días de las PASO, no queda duda alguna de que la derrota del Frente de Todos estuvo protagonizada por un fuerte voto castigo. Y no se trató de un aluvión de votos hacia el macrismo, sino de una sensación generalizada: el descontento. Ante la bronca por los salarios de miseria y la inflación de los últimos meses, el oficialismo espera recuperar votos inyectando algunos pesos en la sociedad.

Salario

Esta semana se realizó una nueva reunión del Consejo del Salario, encabezada por el Ministro de Trabajo Claudio Moroni. La resolución: aumentar el salario mínimo, vital y móvil de sus $27.216 actuales a los $32.500. Con este aumento de $5.000 se pretende calmar la bronca de los trabajadores cuyo poder adquisitivo fue licuado por la inflación del último año, que redondeó en 51% interanual.

Pero, teniendo en cuenta que la Canasta Familiar está en los $68.359, queda en evidencia que se trata de un aumento miserable. ¡Y vale decir que la Canasta Familiar no incluye el precio de los alquileres! Para una familia tipo (3 personas) que alquila su vivienda, hay que sumar por lo menos $30.000 más. Redondeando, el número total necesario ronda los $100.000). En pocas palabras: un trabajador o trabajador debe cobrar 3 salarios mínimos para cubrir los gastos mínimos e indispensables (alimentación, vivienda, vestido). Con el nuevo salario mínimo (que el gobierno anuncia con bombos y platillos) no se puede llegar a fin de mes.

Apertura sanitaria y turismo

Otra de las medidas anunciadas es la ampliación del aforo en las actividades productivas y comerciales, en consonancia con la nueva flexibilización de las restricciones sanitarias. El aforo en actividades comerciales aumentará al 100%. Con esta medida busca conquistarse el visto bueno del Comercio, un sector duramente golpeado por las restricciones de la cuarentena pero, más aún, por la falta de dinero en el bolsillo de los trabajadores.

También se anunció la reapertura de fronteras, la eliminación del aislamiento preventivo para quiénes lleguen del exterior y la habilitación de viajes de jubilados y egresados. El gobierno espera lograr un repunte del sector hotelero, otro de los más golpeados por las restricciones sanitarias. Pero, una vez más, también por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Cobrando por debajo de la línea de pobreza es difícil pensar que muchos trabajadores estén pensando en vacacionar lejos de casa. Este tipo de medidas parecen más pensadas para agradar a los sectores pudientes del país (los buenos vecinos de Nordelta que quieren viajar a Miami y no hacer cuarentena cuando vuelven al país) que a los trabajadores de a pie.

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PyMEs

Una de las medidas más festejadas es el financiamiento mediante créditos para las PyMEs. El gobierno invertirá 3.000 millones de pesos en el programa «PyME», destinado a empresas que amplíen su productividad y tengan «proyectos estratégicos de productividad». ¿Qué significa un proyecto estratégico en materia productiva? Básicamente y en pocas palabras, que la empresa en cuestión traiga divisas al país. Por esto se ha hecho énfasis en las PyMEs que se dedican a la exportación. Y exportación en la Argentina significa dos cosas: agro y minería.

No se trata de créditos para las bien llamadas «empresas familiares» o los emprendimientos productivos independientes. Más bien se apunta a poner plata para financiar empresas propiamente capitalistas que se camuflan bajo la etiqueta «PyME» por su baja cantidad de mano de obra empleada o baja competividad en el mercado.

Asistencialismo hipotético

Junto a las medidas anteriores, se habla de algunas medidas de asistencia económica a los sectores más vulnerables (desocupados y subocupados). Decimos que «se habla» porque no ha habido ningún anuncio oficial concreto. Estas medidas circulan como una suerte de rumor o expresión de buena fe por parte del gobierno. Se habla de un nuevo IFE pero «segmentado». O sea, un IFE para 2 millones de personas, no para los casi 10 millones que calificaron para cobrarlo en el 2020.

Según el INDEC, hasta el primer trimestre del 2021 la desocupación se mantenía en algo más del 10%, es decir, 1,3 millones de personas. Pero hay que sumar los llamados «subocupados demandantes» (las personas con trabajos deficientes o inestables, que no alcanzan a cubrir su capacidad de trabajo ni sus necesidad básicas). Es un universo de 2,2 millones de personas más.

En suma, hay por lo menos 3,5 millones de personas que desempleados o subempleadas, que no poseen la estabilidad laboral necesaria para cubrir sus necesidades básicas. Y a esto hay que sumar, todavía, a los trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza (un universo infinitamente más vasto). Con estos números, más que «segmentado» habría que hablar de un IFE «ajustado»: no alcanza con necesitarlo, habría que estar al borde de la inanición para cobrar.

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«Se habla» también de aumentos de la AUH, créditos a tasas subsidiadas para las cooperativas de trabajo informal (muchas de las cuales son regenteadas por el propio Estado) y de los llamados «planes sociales con trabajo». Estos últimos son aquellos casos en que sectores específicos de la economía (especialmente el agro) toman como «trabajadores golondrina» a beneficiarios de los planes de asistencia estatal. El fernandismo lo ha presentado como «cambiar planes por trabajo» o «compatibilidad entre planes sociales y trabajo».

Pero se trata más bien de subempleo con salarios de miseria y beneficios para las patronales más negreras del país. En concreto: una empresa del agro en el interior del país toma trabajadores temporales y parte del salario reemplazado por la asistencia estatal. Así, la patronal puede seguir pagando salarios de miseria y el Estado puede decir que «creó trabajo».

Suba del mínimo no imponible para ganancias

Para dar algún gesto a la «clase media», el gobierno subió el mínimo no imponible para pago de Ganancias, que quedó en los $175.000. Un número que parece alto pero que no suma más que 3 Canasta Básicas Familiares. Más allá de las cifras, de lo que debería hablarse es de la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría (trabajadores asalariados en relación de dependencia). El salario de un trabajador no es ganancia, sino la retribución por su trabajo. Y $175.000 mensuales no es la fortuna de un millonario. Las ganancias que deben gravarse para financiar la salida de la crisis económica no son las de los trabajadores (que no tienen ganancias sino salarios), sino las de los empresarios que se siguen enriqueciendo a costa de la pobreza de millones.

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