Deuda pública y Coronavirus

El gobierno posterga pagos de deuda por 10 mil millones de dólares

Se trata de un "reperfilamiento" de deuda bajo legislación local, vencimientos de Letras del Tesoro a los que se suman los Bonar, cuyos pagos serán postergados al 2021. El estado argentino entra así en default técnico. Ni postergar ni reperfilar, no hay que darle ni un dólar a los acreedores.

Redaccion
Redacción de IzquierdaWeb.


El DNU 364/2020 establece en su primer artículo: “Dispónese el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la REPÚBLICA ARGENTINA hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que el MINISTERIO DE ECONOMÍA determine, considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública.”

El decreto se apoya en la llamada “Ley de Solidaridad”, que le daba al ejecutivo las atribuciones totales de renegociación de la deuda del Estado.

De la postergación de pagos quedaron exceptuados todos los de deuda intra-estatal. Es decir, la parte de esta deuda de la que el acreedor es una entidad del propio estado nacional, fundamentalmente el ANSES y el Banco Central.

Al tratarse de una postergación unilateral de los pagos, sin mediar acuerdo con los acreedores, Argentina habría entrado en default técnico.

Si los planes de re negociación del gobierno ya eran difíciles de aplicar, la crisis del Coronavirus vino a patear el tablero de manera tal que el gobierno, los acreedores grandes y pequeños, los bonistas, los bancos, todos se quedaron sin plan ni perspectivas claras de cómo afrontar la reestructuración de la deuda argentina.

El gobierno macrista había ya postergado pagos similares el año pasado llamando a eso un “reperfilamiento”, introduciendo una nueva palabra al léxico de la deuda argentina para cuando no se quiere decir “default”. Ahora, postergan nuevamente los pagos y le suman los Bonar 20 y 24, por los que se debían pagar unos 4700 mil millones de dólares.

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El gobierno ha declarado y demostrado sobradamente su voluntad de pagar, así sea a costa de sostener en el tiempo de manera indefinida los ajustes en el estado y apretando más y más las tuercas de la explotación capitalista de los trabajadores argentinos. Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha significado un giro absoluto en la política fiscal de todos los gobiernos del mundo. El margen para seguir ajustando el estado siguiendo los esquemas del FMI es simplemente nulo, como reconoce el mismo organismo cuando recomienda la postergación de los pagos de la deuda de los estados. Incluso el gobierno de Trump tuvo que ponerle un freno a su orientación de ajuste al gasto público inyectando a la economía norteamericana el salvataje más grande de la historia del país.

Los montos de deuda postergados son de deuda en dólares bajo legislación argentina. Se trata entonces de la parte de lo adeudado sobre el que tiene “soberanía” el estado argentino, haciendo mucho más fácil para el gobierno su postergación: si hay litigios o conflictos con los acreedores, la decisión en última instancia recae sobre tribunales nacionales. Eso no significa por supuesto que se trate de montos de deuda más “legítimos” sino simplemente que el gobierno tiene mayor margen de maniobra con ellos.

De hecho, una parte de los acreedores internacionales de Argentina interpretó este movimiento como una decisión política de tener por prioridad del pago de deuda a los más poderosos prestamistas: los fondos internacionales que tienen deuda en dólares bajo legislación extranjera. Así, la cotización de los bonos bajo legislación extranjera tuvo en Wall Street un ligero repunte mientras los que son ahora deferidos cayeron un 17%.

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No hay buenas noticias para el gobierno y su estrategia de renegociación. Los bonos argentinos se cotizan hoy entre un 25 y un 30% de su valor nominal. Esto es: el acreedor que compró esos bonos hoy tiene un papel en sus manos que vale un 70% menos que lo que compró. ¿Eso significa que Guzmán tiene algún margen para pagar menos deuda por ellos? De ninguna manera, esa cotización de bonos es la tormenta perfecta para los fondos buitres. Ese mismo es su negocio: con sus inmensas fortunas compran los “bonos basura” cuya cotización nominal está por los pisos y exigen el cobro íntegro del bono una vez normalizada la situación, sin negociación posible.

La política del gobierno no es dejar de pagar deuda rechazando el ajuste. Nadie, absolutamente nadie, podría creerse eso. Esta situación de emergencia deja todas las ortodoxias liberales en ridículo y el gobierno ha decidido pagar la deuda privilegiando a los más poderosos acreedores del país, que festejaron en Wall Street lo que interpretaron como un mensaje de “solidaridad” para con ellos.

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