Colombia

El gobierno de Duque detiene a 134 luchadores de la Primera Línea

El gobierno cómplices de los paramilitares, el narco y la represión ilegal avanza con criminalizar a los sectores populares que protagonizan la rebelión.



A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, anunció la detención de las 134 personas ligadas a la «primera línea» de la lucha en las calles que protagonizan la rebelión en ese país. Como parte de la política de represión, persecución y criminalización de las y los luchadores el gobierno en este caso los acusa de delitos como vandalismo, atentado contra la autoridad y la infraestructura del Estado, entre otros.

“El trabajo de la policía y de la Fiscalía General ha permitido la captura de 134 personas responsables de criminalidad urbana pertenecientes a la ‘Primera Línea’, a través de 34 operaciones en 18 ciudades. Mantenemos acciones por una democracia segura”, señaló Molano a través de su cuenta en la red social.

Las protestas se desataron en el marco del paro nacional el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente, Iván Duque, y sus políticas neoliberales. A partir de ellas, vimos emerger a la ‘Primera Línea’ que, como en la rebelión chilena del 2019, se conformó a partir de las y los activistas que estaban frente a frente a las fuerzas represivas que garantizaban la autodefensa de los manifestantes. Defienden así el derecho a la protesta y la presencia de los reclamos en las calles.

Sin dudas, este sector de la juventud y el pueblo trabajador forjado al calor de la lucha se fue convirtiendo en la referencia y símbolo tanto de la fuerza como de la resistencia del pueblo colombiano. Es por esto que hoy es una nueva víctima y foco de la política criminal que el gobierno de Duque emprende con el fin de derrotar el estallido popular. Tan solo en las recientes manifestaciones por el Día de la Independencia el gobierno detuvo a 70 manifestantes.

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La cruenta represión a la rebelión que sigue en pie ha estado marcada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado al mando de Iván Duque. Mientras este último se refiere a las y los manifestantes como «terroristas urbanos», la gravedad de las acciones represivas ha sido materia de una denuncia constante.

Tal es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su última visita al país, ha corroborado la existencia de una brutal política represiva tanto «legalizada» como paraestatal.

En un reciente informe de las ONG Temblores, IDEPAZ y otras que contempla las cifras de la represión del 28 de abril a 31 de mayo han informado que se reportaron «1248 víctimas de violencia física, 4167 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género».

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