Victor Artavia
Historiador. Dirigente del Nuevo Partido Socialista de Costa Rica, miembro de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie.


En este serie realizamos un abordaje de la etapa republicana de la revolución española (que siguiendo a Trotsky datamos su inicio en 1930), la cual se extendería hasta el inicio de la guerra civil en julio de 1936. Por este motivo, en estos artículos vamos a estudiar los antecedentes históricos que impidieron la realización de una revolución burguesa en España, la persistencia de problemas democráticos y sociales estructurales en el país desde el siglo XIX hasta el estallido de la guerra civil, los gobiernos durante los años republicanos hasta el Frente Popular de 1935.

Las siguientes notas fueron elaboradas a partir del artículo Revolución permanente en la guerra civil española publicado en la edición 32/33 de la revista Socialismo o Barbarie (disponible en http://www.socialismo-o-barbarie.org/wp-content/uploads/2018/10/12-Guerra-Civil-Española.pdf). Próximamente editaremos una serie sobre el período de la guerra civil (1936-1939).

Para 1935 la coalición gubernamental entre los radicales y la CEDA estaba bastante debilitada debido a escándalos de corrupción contra figuras radicales, lo cual dio paso a una lucha por el poder por parte de Gil Robles. Pero el sector burgués radical no quiso que el poder lo tomara un extremista que era enemigo jurado del parlamentarismo, pues aún apostaban a solucionar la crisis de la República por mecanismos regulares de la democracia burguesa. Así, se generó una crisis en las Cortes ante la incapacidad de conformar un nuevo gobierno estable, por lo que el presidente Alcalá Zamora convocó a elecciones para el 16 de febrero de 1936.

En esta campaña resultó vencedor el Frente Popular (FP) por una ventaja pequeña, pero dadas las leyes electorales logró una enorme bancada parlamentaria: 277 diputados contra 132 de la derecha y 32 del centro. Así finalizaría el Bienio Negro y el país ingresó a una nueva etapa de creciente polarización política, prólogo del golpe de Estado y la revolución, tiempo durante el cual el Frente Popular no hizo nada para socavar las bases materiales e institucionales de la derecha.  

El gobierno del Frente Popular

El 15 de enero de 1936 se firmó el pacto programático del FP entre Unión Republicana e Izquierda Republicana como representantes de la burguesía de “izquierda”, con los principales partidos de izquierda como el PSOE, el Partido Sindicalista (una ruptura del anarcosindicalismo), el PCE y el POUM.

El “programa común” del FP constaba de ocho puntos que se mantenían en los márgenes del liberalismo burgués. Sobre la cuestión agraria se limitó a reivindicar el sistema de créditos y compra de fincas para arrendarlas a los campesinos que ya había demostrado su fracaso en el bienio progresista, y explícitamente decía que “los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su libre distribución entre los campesinos, solicitado por los delegados del Partidos Socialista”. Con relación a la expansión de la economía, plantearon medidas de protección arancelarias y colocar el Tesoro y bancos en función de la reconstrucción nacional, a la vez que los republicanos rechazaron las medidas de nacionalización de los bancos y el subsidio al desempleo de los partidos obreros solicitado por los partidos obreros. Sobre la Iglesia, el programa solamente dice fiscalizar la educación privada e impulsar la construcción de escuelas primarias. Para el Ejército, el único punto que “afecta” a los oficiales es el que promete la investigación y castigo de los abusos policiales, dejando intacto el cuerpo de oficiales. En torno a la cuestión nacional y colonial, el programa no tenía ninguna propuesta, de forma tal que Marruecos continuó bajo dominio de la Legión, base de operaciones de Franco durante la rebelión desde julio de 1936.

Finalmente sobre la democratización del Estado el FP se limitó a restaurar los consejos laborales mixtos y otras instancias creadas en 1931 y derogadas durante el Bienio Negro, pero de parte de los republicanos se rechazó la solicitud de control obrero por parte de los socialistas (Morrow: 83-84).

El trotskista Felix Morrow caracterizó como reaccionario al programa del FP, mientras que el socialista Antonio Ramos Oliviera señaló que “cada punto parecía una huida” (Morrow: 83 y Broué y Témine: 33). Pero por ese programa de derecha los partidos obreros depusieron la lucha por el socialismo y se limitaron a hacerle seguidismo a la burguesía representada por los partidos republicanos. En el caso de Largo Caballero y el POUM, los sectores más “críticos” dentro del FP, justificaron su firma del pacto programático por el peso de la reivindicación de liberación de los 30.000 presos políticos tras la insurrección de octubre y su reincorporación a los puestos de trabajo que tenían (con indemnización de salarios caídos), algo que efectivamente generó una enorme simpatía entre las masas obreras. La CNT-FAI también sintió la presión electoral y por primera vez no lanzó su consigna clásica de “No votad, sabotaje de las elecciones”, dando vía libre para que su base obrera votara por el FP y su programa liberal burgués, sumando alrededor de un millón y medio de votos para las listas del FP.

Así, ni el reformismo parlamentarista del PSOE ni la antipolítica ultraizquierdista de la CNT pudieron ofrecer una alternativa independiente de la burguesía, y por eso la clase obrera quedó como furgón de cola de la burguesía republicana en el Frente Popular, algo que se repetiría a lo largo de la guerra civil. Nuevamente, el cretinismo parlamentario y el cretinismo antiparlamentario dejaron en claro que eran complementarios, las dos caras de una estrategia de supeditación de la clase obrera a la burguesía.

En cuanto al POUM, Trotsky señaló que su ingreso a la coalición representó una verdadera traición a la revolución, pues del resto de partidos de izquierda no se tenía ninguna expectativa revolucionaria, pero el POUM se caracterizaba por sus discursos radicales y poco antes de su capitulación se posicionó en contra de cualquier acuerdo electoral con la burguesía, pero terminó cediendo ante las presiones por la unidad. Andrade justificó que la entrada del POUM al Frente Popular respondió “al sentimiento unánime de los trabajadores españoles para hacer frente al desarrollo ofensivo de los militares y la contrarrevolución, deseo compartido incluso por los ‘antipolíticos’ de la CNT-FAI” (Andrade: 28). No se niega la importancia de la unidad de acción para enfrentar al fascismo, pero eso es diferente a la capitulación a un frente electoral con la burguesía donde se renunció a cualquier perspectiva anticapitalista. El POUM demostró su adaptación a las presiones locales y las derivas de la teoría de la revolución democrática de Maurín, donde lo único permanente fue la supeditación del accionar independiente de la clase obrera ante las reivindicaciones democráticas (en este caso, a la presión por la liberación de los presos políticos), y no su articulación revolucionaria con consignas transitorias y obreras.

Una situación revolucionaria y el accionar de las corrientes de izquierda

El triunfo del Frente Popular dio paso inmediatamente a una situación revolucionaria, donde el movimiento obrero y campesino retomó confianza y tomó venganza según el “método plebeyo” de las atrocidades realizadas por la burguesía y los reaccionarios durante el Bienio Negro. Por ejemplo, en los cuatro días siguientes a las elecciones la clase obrera se lanzó a las calles para liberar a los 30.000 presos políticos y, sin esperar ninguna ratificación constitucional, arrancaron las puertas de las cárceles, para inmediatamente chocar con las patronales exigiendo el retorno a sus puestos de trabajo de los trabajadores liberados bajo el lema “sí o sí”. A esto se sumó la quema de iglesias y la expulsión de curas de los pueblos bajo amenaza de muerte.

Ante esto, los diputados stalinistas y de la derecha socialista (aliados de Prieto) hicieron todo lo posible por contener los estallidos, planteándole a los obreros y campesinos que no tomaran la justicia por sus manos y lo dejaran todo en manos del Frente Popular; incluso el PCE señaló que “la quema de iglesias y monasterios favorece a la contrarrevolución” (Morrow: 88).

Para contener este ascenso revolucionaria se conformó un nuevo gobierno encabezado por Azaña, una figura burguesa republicana que era una garantía contra la revolución y la reacción al mismo tiempo, “el símbolo de todos los españoles que esperaban todavía evitar la guerra civil” (Broué y Témine: 35). Para esto implementó varias medidas reformistas básicas, como la restitución de las instituciones revocadas durante el Bienio Negro, el nombramiento de nuevos gobernadores e impulsó la ley de amnistía para los presos políticos (además de detener a López Ochoa, responsable de la represión). También reinstauró el estatuto autonómico de Cataluña y liberó a Companys (preso luego de octubre de 1934).

Pero todas estas medidas no aplacaron el ascenso revolucionario, lo cual quedó de manifiesto con la convocatoria a huelga del 17 de abril en Madrid por la CNT en respuesta a un ataque de bandas fascistas y de la Guardia Civil al barrio obrero de la ciudad. Aunque la UGT no convocó a la huelga, prácticamente todos los obreros se sumaron porque tenían enormes ganas de salir a luchar contra la burguesía y la reacción. Esto marcó un punto de quiebre para la burguesía, que comprendió que el tiempo se agotaba para que explotara una ofensiva obrera contra el capital y sus agentes (Morrow: 89). ¿Cómo hacerle frente al movimiento obrero y el ascenso revolucionario? Las respuestas variaron según los sectores: el Ejército sugirió un aplastamiento militar, propuesta secundaba por Miguel Maura, representantes de los industriales y los terratenientes de extrema derecha que pedían la instauración de un gobierno autoritario que suspendiera las Cortes. Pero entre la burguesía no había consenso aún para esta salida militar, y por eso Azaña optó por impulsar un gobierno con los socialistas apelando al moderado Prieto.

Los partidos obreros suscribieron el pacto del Frente Popular, pero decidieron no entrar al gobierno. Esta tesis fue defendida por Largo Caballero, que para ese momento sostenía que “la revolución proletaria estaba a la orden del día”. Su tendencia publicaba el periódico Claridad, donde se criticaba al gobierno del Frente Popular por la izquierda, en contraste con El Socialista, controlado por el aparato del PSOE afín al ala de Prieto, que sostenía una política de apoyo incondicional al gobierno de Azaña junto con el periódico Mundo Obrero del PCE. El gobierno de la Generalitat y los stalinistas presionaron para que el PSOE ingresara al gobierno y contuviera al movimiento obrero, y hasta el POUM se sumó a este pedido para crear “un auténtico gobierno de Frente Popular” con el objetivo de “completar la experiencia democrática de las masas” y avanzar hacia la revolución socialista (ídem: 90).

Pero Largo Caballero se mantuvo firme en su negativa a sumarse al gabinete, reflejando el sentir de las bases de la poderosa UGT y el ascenso del movimiento obrero. Ante esto, Prieto desistió de sumarse al gobierno de Azaña, pues incluso sectores obreros que lo apoyaban giraron hacia la izquierda. La crisis política se profundizó y para junio el país era un hervidero de luchas obreras: “La oleada huelguística había alcanzado las proporciones de crisis revolucionaria. (…) En esos cinco meses, todas las ciudades de cierta importancia tuvieron al menos una huelga general. El 10 de junio había casi un millón de obreros en huelga; medio millón el 20 de junio; un millón el 24 de junio; más de un millón en los primeros días de julio” (ídem).

En este contexto, el 14 de junio Largo Caballero llamó a los republicanos a que dejaran el poder con el objetivo de instaurar la dictadura del proletariado. Pero sus poses de izquierda nunca superaron las barreras del parlamentarismo reformista, pues se resistió a romper con el ala de Prieto que controlaba el aparato del PSOE y no planteó ninguna insurrección para “tomar el cielo por asalto” como hicieron los bolcheviques en 1917; por el contrario, su llamado era a realizar un cambio del gobierno pero sin destruir el Estado burgués ni el régimen antiobrero de la República. Por eso resulta acertada la caracterización de Caballero como un “socialdemócrata jugando a la revolución” (Broué y Témine: 36).

El gobierno del Frente Popular incrementó las medidas represivas contra los huelguistas y clausuró locales de la CNT, amenazando con declarar los sindicatos fuera de la ley si proseguían las huelgas. Lo mismo hizo el gobierno de la Generalitat presidido por Companys, que llenó las cárceles de dirigentes anarquistas. Pero en esta ocasión la UGT de Largo Caballero no fue cómplice de la represión contra los anarcosindicalistas y el gobierno tuvo que parar sus ataques. Prevalecía un espíritu de ofensiva de la clase obrera, enfrentando en las calles a las bandas fascistas, que entre febrero y julio de 1936 provocó dos muertos y seis heridos diarios. Era el prólogo de la guerra civil y el estallido de la revolución.

El anuncio del golpe y la política del gobierno del Frente Popular

Ante el fracaso de destruir la República desde adentro con la CEDA durante el Bienio Negro y sumado al ascenso de la lucha de clases tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, la burguesía y la reacción monárquica empezaron a preparar su última carta: un golpe militar contrarrevolucionario. El levantamiento militar se gestó a la vista y paciencia de todos los sectores, pues ya era claro que la crisis política no podía resolverse en los marcos del parlamentarismo y era inevitable un choque violento de clase contra clase, de los burgueses y terratenientes contra los obreros y campesinos.

Para los altos mandos del Ejército era claro que los políticos ya no podían hacerle frente a la situación revolucionaria, y el 20 de febrero realizaron reuniones por todo el país entre los jefes militares y los líderes de extrema derecha para organizar el golpe. Tras el análisis de la correlación de fuerzas, optaron por aplazar el alzamiento, pero la decisión ya estaba tomada. El gobierno tuvo conocimiento de estos encuentros y su respuesta fue la simple reubicación de los principales líderes militares implicados: Franco fue trasladado a las islas Canarias, Godded a las Baleares y el general Mola a Navarra. Pero los planes golpistas prosiguieron y se manejaron varias fechas para el alzamiento: 20 de abril, 15 de junio, 12 de julio y finalmente 18 de julio, fecha en que se produciría la “rebelión” militar.

A lo largo de seis meses, el gobierno del Frente Popular tuvo un accionar ambivalente, pues estaba al corriente de la organización del complot militar pero no tomó medidas a fondo contra los militares. De hecho, el traslado de los generales facilitó los planes de la rebelión, pues les dio extensión territorial para impulsar el ataque militar desde varios puntos clave del país. El gobierno de Azaña y luego el de Casares Quiroga tenían por objetivo impedir la guerra y salvar el régimen parlamentario, que se veía asediado por la derecha y la izquierda, por el golpe militar y la revolución obrera y campesina. Por eso se dedicó a reprimir a la derecha y la izquierda, pero “procurando no debilitar demasiado a uno para no tener que entregarse al otro”, pues su “única razón de ser era dudar, ganar tiempo para evitar el choque que lo aniquilaría” (ídem: 40-41).

Trotsky ante el Frente Popular

Trotsky analizó que el triunfo del Frente Popular tenía un doble significado. Por un lado, representaba el “comienzo de un período revolucionario agudo”, donde la clase obrera y el campesinado empujaban con todas sus fuerzas hacia una “solución revolucionaria” por medio de estallidos violentos. Pero al mismo tiempo, el Frente Popular constituía un “freno gigantesco, construido y manejado por traidores y empedernidos canallas” para detener el ascenso revolucionario. A partir de esta dinámica, previó el curso ambiguo del gobierno de Azaña como un intento de establecer un polo bonapartista que trataría de “elevarse por encima de los dos campos a fin de dirigir mejor las armas del Estado contra las masas revolucionarias que lo han alzado al poder” (Trotsky: 185), lo que, combinado con la ausencia de una verdadera dirección revolucionaria para canalizar la energía revolucionaria de las masas, abría de par en par las puertas al fascismo.

De esta forma, el gobierno del Frente Popular se caracterizó por una tensión dialéctica, pues representó la apertura de una situación revolucionaria pero al mismo tiempo era su negación al adormecer a la clase obrera y el campesinado con las ilusiones parlamentarias. Y aunque su objetivo era evitar la confrontación de clases, terminó por desencadenarla: “Incapaz de resolver ninguna de las tareas puestas sobre el tapete por la revolución –ya que éstas se reducen a una sola, el derrocamiento de la burguesía–, el Frente Popular imposibilita el régimen burgués, provocando el golpe de Estado fascista” (ídem: 194). Por eso Trotsky no escatimó adjetivos para denunciar el gran peligro que representaba la política de colaboración de clases auspiciada por socialistas, stalinistas y el POUM, la cual exponía a la clase obrera a una derrota de dimensiones históricas y con “años de sufrimientos, de sacrificios, si no de décadas de terror fascista”.

Lo anterior explicaba la política del Frente Popular hacia el Ejército, el cual rehusó enfrentar para defender los intereses generales de la burguesía, pues cuando “la burguesía se ve obligada a firmar un pacto con las organizaciones obreras por medio de su ala izquierda, tiene más necesidad que nunca de su cuerpo de oficiales para hacer contrapeso, ya que de lo que se trata es de la protección de la propiedad privada” (ídem: 196). Por eso el gobierno de Frente Popular capituló sistemáticamente a la burocracia y oficiales militares, y no dio ningún paso para suplantarlo por una milicia popular de la clase obrera y el campesinado.

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