Marcelo Yunes
Intelectual marxista del Nuevo MAS

Inmerso en la campaña electoral, el macrismo emite boletines de buenas noticias desde la cubierta del Titanic (si lo hace a sabiendas o no es un misterio que no nos interesa discutir). “El dólar está bajo control”, “la inflación baja” y demás afirmaciones insólitas intoxican los medios adictos. La palma se la lleva la “noticia” de que en el foro de Davos Christine Lagarde felicitó a Dujovne y el gobierno de Macri por el plan económico, que es como decir que Einstein mandó un telegrama de felicitación al autor de la teoría de la relatividad. Ni pudor tienen.

Volviendo al planeta Tierra, la gente que se toma las cosas en serio, como los inversores (que siguen sin venir), los empresarios (que siguen sin confiar) y los economistas del establishment (los más descreídos) no para de señalar que Macri está dejando una herencia a su sucesor (sea Cristina, algún peronista o él mismo) que no es una bomba sino un verdadero campo minado, porque abarca todos los terrenos y todos los plazos. En esto se diferencia para peor del kirchnerismo, que dejó “sólo” algunas bombas.

Empecemos hoy por el problema más estructural de la macroeconomía, el frente externo. El kirchnerismo dejó el atraso cambiario en el límite y un crecimiento maniatado vía el estrangulamiento de importaciones con tal de defender una premisa: tener dólares para pagar el servicio de deuda sin endeudarse de más. Como no tenía crédito externo, se adaptó a eso con inflación alta y control de cambios. El macrismo cambió esa mala situación por una peor: inflación todavía más alta tras liberar el dólar, recesión para intentar controlar la inflación y endeudamiento en masa para compensar todos los déficits en pesos y en dólares. Macri también se quedó sin crédito por agotamiento (ya no hay prestamistas dispuestos a seguir arriesgando a esa escala) y recurrió al prestamista último, el FMI.

Con esto, además de empeorar los números de inflación, crecimiento, indicadores sociales y cuentas externas, renunció al escaso margen de decisión propia y le dio las llaves de la política económica a Christine Lagarde. El resultado es que este gobierno y el que venga van a estar bajo la exigencia del ajuste permanente y la amenaza de default en cuanto pisen en el lugar equivocado… o en cuanto cualquier viento de afuera le haga perder pie, gracias a otro “logro” del macrismo, el aumento de la vulnerabilidad del país a las tendencias de la economía global.

 

La “injusticia social que está por venir”

La cuenta no es difícil: faltan dólares a un nivel del 6-7% del PBI (pongamos unos 30.000 millones de verdes) por año, cifra que va a empeorar cuando haya que empezar a devolver los 57.000 millones prestados por el FMI. Al respecto, es ilustrativo recordar que, en la era Macri, la “formación de activos externos” (compra y atesoramiento o fuga de divisas) superó los 59.000 millones de dólares, a este ritmo: 9.950 millones en 2016, 22.150 millones en 2017 y 27.230 millones el año pasado (obsérvese la curva ascendente). El gobierno se endeuda para que sus amigos y congéneres se lleven la guita afuera. Y no la traigan: recordemos también que de los 400.000-450.000 millones de dólares que el propio gobierno estima que “los argentinos” tienen en el exterior, lo declarado en famoso curro del blanqueo fue la cuarta parte de eso, y lo repatriado fue casi nada.

La solución del FMI para tapar este agujero es simple: achicar el gasto estatal hasta que el déficit sea superávit, y lo que sobra se destinará al pago de la deuda. Esto implica, como dicen todos, reforma jubilatoria y reducción de subsidios (donde está el grueso de un gasto fiscal hasta ahora “poco elástico”). Pero eso ataca sólo la mitad del problema, la del déficit. La otra mitad, la del crecimiento, se “solucionaría” vía la creación de condiciones ideales para la inversión empresaria, es decir, una reforma laboral que dé vía libre a la explotación más salvaje, con salarios bajísimos en dólares y liquidaciones de conquistas en el terreno laboral, desde las paritarias hasta los horarios y condiciones de trabajo.

Veremos eso más abajo, pero adelantamos un dato básico: cualquier deuda soberana, para ser sustentable, requiere tasas de crecimiento del PBI por encima de la tasa de interés del servicio de deuda. Por ahora, la cuenta da intereses del 9-10% contra crecimiento de -2% (menos dos por ciento). ¿Cómo piensan el gobierno y el FMI salvar esa brecha? ¿Con tasas más bajas en un mundo que las sube todo el tiempo? ¿Con expansión económica récord en un mundo con crecimiento cada vez menor y mirando de reojo una posible nueva recesión global? No cierra nada, eh.

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Volvamos ahora a la cuestión fiscal. Aquí, el establishment es unánime: el ajuste debe ser esta vez en serio y hasta el hueso. Citaremos sólo dos de los garcas que operan como voceros de la agenda del Fondo. Gabriel Rubinstein reclama “que la clase dirigente responsable diga que tiene muchísima voluntad de pago, y que no aparezca nadie diciendo que ‘no se puede pagar la deuda porque hay que atender a los jubilados’ o cosa por el estilo” (Ámbito Financiero, 24-1-19). Y Rodolfo Santángelo, socio del ex director del Banco Nación Carlos Melconian, explica que “el acuerdo con el FMI siempre se renegocia y las metas se adecuan, pero lo difícil de cambiar es el espíritu, las tres grandes ideas madre: el tipo de cambio libre [con lo que adiós política de control de inflación. MY], un programa monetario estricto y el programa de déficit fiscal cero que tendrá que ser superávit en los próximos cuatro años, eso es innegociable” (Ámbito Financiero, 14-1-19).

Como para que se queden tranquilos, el peronismo “responsable”, del que ahora quiere ser parte el kirchnerismo, ya está emitiendo señales inequívocas: desde Alberto Fernández diciendo que habrá reestructurar deudas como las Letes y las Lecap, pero no la del Fondo Monetario, hasta las segundas líneas del cristinismo que en los medios salen a asegurar (al establishment, no a los votantes) que “peronismo es garantía de honrar los pagos de deuda, como hizo Cristina en toda su gestión”.

Como dice el inefable garca, ex Bunge y Born y ex viceministro de Economía de Menem Orlando Ferreres, “hay que revisar 1,5 millón de pensionados por invalidez, hay que hacer una diferencia entre los jubilados que aportaron y los que no aportaron, hay que bajar el empleo público, bajar el gasto público del 46 al 30% del PBI (…). Hay una injusticia social que está por venir; si Macri no quiere pagarla, va a tener problemas”. Parte de esa “injusticia social” (que a Ferreres le parece pura virtud económica) es el esquema de tarifas, que equivalían a “el 13% del salario en 2001, con Cristina pasaron a ser el 3%, y ahora va a volver a ser el 13%” (Ámbito Financiero, 29-1-19).

Queda claro, ¿no? Es volver a 2001, es decir, al momento de tensión social más insoportable de la historia argentina, no sólo en las tarifas, sino en los indicadores sociales, y todo para volver a un esquema externo tan “sustentable” como el de 2001. Injusticia social, claro que sí. Sólo hace falta que todos los “responsables” se comprometan a hacerlo. En eso están, sólo se trata de que los votantes no se den cuenta.

 

Preparando el terreno: tarifas y reforma laboral con el “Gran Cuñado”

Vaya que el gobierno viene haciendo lo suyo para achicar el déficit fiscal, en particular en el plano de los subsidios a las tarifas de energía. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, éstos subieron de 123.600 millones de pesos en 2017 a 184.300 millones el año pasado. Pero cuando se hace la cuenta en dólares, que es lo que importa (los subsidios al gas son un 100% en dólares; a a electricidad, un 45%), vemos que los subsidios de 2017 equivalen a 6.885 millones de dólares, mientras que los de 2018 fueron 5.115 millones, una baja del 25% (El Cronista Comercial, 25-1-19).

La saga continúa en 2019. El informe de política monetaria del BCRA estima que “con los aumentos anunciados, los servicios públicos (gas, electricidad, agua y transporte) del área metropolitana promediarían una suba del 40% durante el primer semestre del año; a nivel nacional, al 20%” (El Cronista Comercial, 25-1-19). Obsérvese el detalle de que el aumento para Capital y el Gran Buenos Aires será el doble que el del resto del país, donde las tarifas habían aumentado previamente. Esto permite al pícaro BCRA estimar la inflación promedio del primer cuatrimestre en un 2,5% mensual, con un aporte total de los tarifazos al índice de precios del 4% en ese lapso. ¿Por qué? Porque, recordemos, uno de los cambios que hizo el INDEC de Todesca respecto de la medición histórica del IPC (Índice de Precios al Consumidor) es que ya no se toma sólo Capital y Gran Buenos Aires para hacer la medición, sino que incluye un conjunto de conglomerados urbanos del interior. Gracias a esta jugada, los tarifazos, que se sentirán mucho más en el GBA, impactarán mucho menos en el índice oficial de inflación, que ahora muchos consideran “creíble”.

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Pasemos a cosas todavía más serias. Es sabido que tanto el FMI como el conjunto de la clase capitalista y el gobierno quieren una reforma laboral esclavista al estilo Brasil para “no perder competitividad” y “aumentar las exportaciones”. Dejemos de lado el hecho de que el “shock exportador” no se lo cree nadie: el citado Santángelo admite que “está claro que no vamos a volver a 80.000 millones de dólares como en 2011”, lo que implica casi una “década perdida” en términos de la única fuente de ingresos genuinos en divisas de la economía argentina. Lo que importa, por supuesto, es recomponer el nivel de explotación (plusvalor, en términos marxistas) de la patronal argentina.

Al respecto, Macri parece haber encontrado un representante cabal en el empresariado de “lo que hay que hacer”: su propio cuñado, Daniel Awada, el hermano de su esposa Juliana, referente excluyente de la Cámara Industral Argentina de la Indumentaria (CIAI), dueño de Cheeky y acumulador serial de denuncias por trabajo esclavo. Awada es el “sponsor principal” en el ámbito privado de un acuerdo “impulsado por el Ejecutivo en línea con las sugerencias del FMI” (M. Martín, Ámbito Financiero, 29-1-19). ¿De qué se trata? Veamos: el documento, pergeñado por el ministro de Producción Dante Sica y el secretario de Trabajo Lucas Aparicio, propone “abaratar indemnizaciones y aguinaldos, flexibilizar las jornadas laborales y las vacaciones y regularizar el trabajo a domicilio, y responde más a una agenda del gobierno que a un reclamo en esa línea de los empresarios, como reconocieron varios de ellos a este diario” (ídem).

En efecto, esta reforma laboral textil tiene como motor principal al propio gobierno y al cuñado presidencial, mucho más que a los propios empresarios, que por supuesto apoyan la idea pero cuya prioridad es más bien “contar con un mercado interno con capacidad de compra, opciones reales de crédito y una baja rápida de las tasas de interés”, como enumeró desconcertado Jorge Sorabilla, vice de Protejer. Así, “en el sector empresarial y sindical llamó la atención la premura que Sica y Aparicio le imprimieron a las negociaciones, y dijeron suponer que el gobierno espera obtener su primer avance de reforma laboral sectorial para exhibirla ante el FMI, que focalizó sobre ese punto en sus recomendaciones del 19 de diciembre pasado” (ídem). Ahora cierra más, ¿no?

Cómo será el celo fondomonetarista de estos funcionarios y del cuñadito Awada que ni se tomaron la molestia de consultar al secretario general del sindicato, Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil. De la buena voluntad de la burocracia sindical para entregar conquistas, como lo ejemplificó Guillermo Pereyra en el caso de Vaca Muerta, no caben dudas, pero puede que no tome a bien que la ninguneen. Es un poco el preámbulo, también en esto, de lo que puede ser la pulseada que se viene en el plano de la reforma laboral esclavista: si no se puede hacer vía el Parlamento y con la bendición de los burócratas, entonces se hará por sector, a los ponchazos, “en negro”. Es verdad que si la cosa se complica, el propio FMI ya le dijo a Macri que puede dejarlo para después de las elecciones. Pero el horno se prepara para este nivel de bollos, con Macri o con el que venga.

 

 

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