Martín Primo
Director del semanario Socialismo o Barbarie.


Desde que asumió, el nuevo gobierno trató de presentarse como un abanderado de la unidad nacional y de encarar un gobierno que se proponga cerrar la grieta abierta en el seno de la burguesía. El contenido profundo de dicha unidad es el pago de la deuda externa a los bonistas y al FMI sobre la cabeza de los trabajadores. Para cumplir ese proyecto, se trazó una hoja de ruta que tenía los siguientes pasos: primero, mostrar voluntad de pago mediante un ajuste en toda la línea. Para ello, se negó a presentar un presupuesto nacional, lo que en la práctica significa repetir el presupuesto del 2019, el cual debido a la inflación acumulada, supone un ajuste de un 50% en términos reales. A esto le sumó el congelamiento y recorte sobre las jubilaciones y las paritarias a la baja mediante el recurso de las sumas fijas. Una vez corroborada esta buena voluntad de ajustar, restaba acordar con el FMI los plazos de pago y las reformas que este exija (laborales, previsionales e impositivas), y finalmente cerrar con la mayoría de los bonistas un acuerdo de pago sustentable.

Para tratar de hacer digerible este plan, se lo presentó como una cruzada solidaria en pos de los que menos tienen. Mediante este recurso se busca contener los reclamos de los trabajadores, con el apoyo escatológico de la burocracia sindical y de los movimientos sociales afines al gobierno y a la Iglesia.

Pero la novedad de estos últimos días es que el desarrollo de los acontecimientos mundiales le recortó cualitativamente el campo de maniobra. Lo que ocurrió es que sobre la base de una economía mundial que arrastra una fuerte tendencia a la recesión, con deudas monstruosas en el sector privado y la amenaza en ciernes de declarar un default generalizado de la deuda privada, se desató la pandemia del Coronavirus con su estela de destrucción tanto en el plano humanitario como en el económico.

Lo concreto fue que, una vez desatada la epidemia en China, la burocracia del PCCH tomó una serie de medidas rigurosísimas que supusieron la cuarentena de alrededor de 56 millones de ciudadanos y una restricción a la entrada y salida de personas. Esta cuarentena monumental generó un fuerte parate de la producción dentro del gigante asiático y un achicamiento del comercio mundial, particularmente al sector petrolero y a las materias primas del cual China es el principal comprador. Y en la medida que la epidemia se está extendiendo descontroladamente al resto del planeta y devino en una pandemia, surgió el temor fundado de que el “parate” chino se extienda al conjunto de la economía mundial. Esto generó un hundimiento del precio del petróleo y una huida de los capitales desde las economías emergentes hacia los bonos del tesoro norteamericano y a los títulos del estado alemán provocando una devaluación generalizada en dichas economías. En el caso de la Argentina, esto no solo se tradujo en un incremento brutal del riesgo país que ya está rozando los 3000 puntos, sino que además, la caída del precio del petróleo puso en terapia intensiva el proyecto de Vaca Muerta, la supuesta panacea con que el gobierno y la burguesía sueñan para curar todos sus males.

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Así las cosas, el plan de Alberto Fernández para pagar la deuda y arreglar con el FMI quedó cuestionado antes de ser planteado. Y como si esto fuera poco, la extensión de la pandemia en el país tensionaría al límite a la ya frágil estructura sanitaria argentina.

 

El derecho al aborto, el parlamento y la izquierda

En este contexto llegamos al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este año volvió a ser una jornada mundial inmensa con movilizaciones de millones de mujeres como ocurrió en Chile y en México, lo que confirma que el movimiento de mujeres es uno de los fenómenos mundiales más progresivos de los últimos años y por donde están canalizándose muchas de las reivindicaciones sociales y democráticas más importantes en la actualidad.

En la Argentina, uno de los epicentros más importantes de dicho movimiento en el mundo, las jornadas del 8 y 9 de marzo estuvieron cruzadas por la pelea por la legalización del derecho al aborto y por el anuncio de Fernández de enviar su propio proyecto de ley al Congreso, el cual se contrapone objetivamente al proyecto de la Campaña que ya está presentado y que tiene estado parlamentario.

En otro artículo se desarrolla el balance de dichas jornadas. Lo que aquí nos interesa marcar son dos cosas. Por un lado, el no perder de vista que el solo hecho de que Alberto Fernández haya anunciado el envió de una ley de la legalización del aborto es producto de la lucha de la Marea Verde y de ninguna manera es una libre iniciativa del gobierno ni del Frente de Todos, quienes durante años se opusieron y justificaron todas las excusas de Cristina y compañía para negar este derecho; y por otro lado, que la idea de presentar un proyecto distinto y en oposición al de la Campaña tiene como objetivo socavar lo más posible esta conquista para hacerla eventualmente más digerible al Vaticano.

Esto es así porque en la medida en que se le achican los márgenes de maniobra a Fernández, y ante la eventualidad de una crisis sanitaria subproducto de la pandemia, el gobierno necesita más que nunca del apoyo y del poder de contención que sustenta la Iglesia católica. De allí viene en parte el secretismo que rodea a dicho proyecto y el aplazamiento de su presentación.

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El probable debate parlamentario y la lucha en las calles por imponer el derecho al aborto plenamente le imponen a la izquierda en general una enorme responsabilidad y particularmente al PO y al PTS en la medida que tienen diputados en la Cámara.

Los marxistas defendemos la necesidad de llevar adelante una política parlamentaria revolucionaria, la cual tiene como objetivos el desenmascarar el carácter opresor y clasista del parlamento burgués, al mismo tiempo que arrancarle conquistas subproducto de la lucha de las masas. Es decir, nos apoyamos en el movimiento de masas y en su lucha extraparlamentaria para arrancarle todas las conquistas posibles sin lavarle la cara al mismo. Pero resulta que el PTS y el PO, en su adaptación al parlamentarismo parece que se han mareado y han dado vuelta las cosas. En lugar de apoyarse en las masas para imponerse y arrancar las reivindicaciones al parlamento, están haciendo todo lo contrario: se apoyan en el parlamento para rebajar las reivindicaciones de las masas a los límites de la rosca parlamentaria.

Esto se evidenció tanto en el documento del acto del 9 de marzo en donde, entre otras lavadas de cara al gobierno, avalaron que se excluya toda referencia a la trampa que se esconde tras la objeción de conciencia que defiende abiertamente el gobierno nacional (argumentando que de igual manera ellos votarían la ley), como en el marco de las plenarias del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en donde el PO y el PTS trataron de que no figure ninguna referencia a la defensa del proyecto de la campaña y limitar al mismo a una reivindicación general del derecho al aborto.

La política parlamentaria de los revolucionarios no puede arrancar por cómo votarán los diputados y de esta manera trasmitirle las presiones del parlamento burgués y patriarcal al movimiento de masas, limitando las exigencias de este a lo que los diputados creen, a priori, que podrán conseguir. Eso es cretinismo parlamentario de la peor laya. Lo que corresponde es justo lo contrario: defender hasta el final el programa del movimiento, impulsarlo mediante la lucha en las calles para de este modo, apoyándose en dicha lucha, arrancarle al Estado lo máximo que se pueda.

En definitiva, la resolución de cómo votar es una cuestión que debe definirse al final tomando en cuenta la lucha de conjunto que dio el movimiento y los alcances y límites de esta.

 

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