Por Sebastián Marlés
El Socialista No. 591, Marzo de 2003

Golpeado por la derrota del Referendo y el aplazamiento de medidas pactadas con el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado Norteamericano, Álvaro Uribe ha tenido que dedicar buena parte de su tiempo a recomponer el tablero político para aplicar sus planes. Y como buen arriero paisa [nativo del Departamento de Antioquia] va arreglando las cargas por el camino. La única preocupación de algunos es: ¿cuándo reventará la mula de Juan Pueblo?

El señor de los pasillos

La contraofensiva uribista (el largamente anunciado Plan B) ha cubierto varios frentes; para abordarlos, pasó del hierático solio presidencial al lagarteo sin vergüenza por los pasillos del poder, dentro y fuera del país.

En el terreno internacional aseguró con creces la financiación del Plan Colombia, a cambio de apoyar incondicionalmente la negociación del ALCA (o en su defecto, amenaza firmar un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos) y aceptar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA: leáse “Ministerio de Colonias de EU”) como garante en el proceso de acuartelamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Para neutralizar al imperialismo europeo se sometió a un peregrinaje por el Viejo Mundo, explicando porqué no acepta el canje de secuestrados por guerrilleros presos, mientras tramita el “perdón y olvido” para la barbarie paramilitar. A pesar de las protestas de algunas ONGs, el gesto crítico de parlamentarios europeos que se negaron a escucharlo y el desplante del Primer Ministro Italiano Silvio Berlusconi (quien después se vio obligado a disculparse diplomáticamente), su vía crucis culminó con la bendición papal, símbolo de que el imperialismo europeo se daba por enterado que respaldando a Uribe se encuentra el gobierno imperialista más poderoso del mundo. Para ratificarlo, el Presidente de España, José María Aznar —socio de Bush en la agresión contra Irak— vino personalmente a visitarlo, aunque de regalo le trajo tanques de chatarra.

Mientras tanto, en el terreno doméstico, Uribe ha logrado la firma del llamado “Acuerdo Nacional” que le garantiza la mayoría en el parlamento para la discusión de una agenda legislativa cuyo objetivo fundamental es recortar buena parte de las libertades democráticas reconocidas formalmente en la Constitución Nacional y profundizar el desmonte de garantías laborales y sociales que aún contempla la actual legislación.

La voz del amo

El gobierno yanqui necesita una plataforma de agresión contra América Latina, Centroamérica y el Caribe. Para establecerla ha diseñado el Plan Colombia, después extendido como Iniciativa Andina al resto de la región. Utilizando el pretexto de la persecusión al narcotráfico y el “terrorismo” está desarrollando un poderoso dispositivo militar, que incluye bases permanentes, cubrimiento satelital y de radares y maniobras conjuntas que subordinan a los ejércitos nacionales a sus planes militares. Su estrategia choca con las movilizaciones populares que enfrentan los violentos planes de sobrexplotación y saqueo de las economías del subcontinente, y también con la insurgencia armada —en particular la colombiana que tiene una tradición de más de medio siglo de resistencia—, e incluso con sectores nacionalistas burgueses que le regatean la explotación de recursos naturales o controlan ramas ilegales de la producción, como la exportación de narcóticos. Para enfrentar esta resistencia debe entonces endurecer los regímenes políticos, reestructurando las instituciones burguesas. Por esta razón se encuentra en marcha un profundo proceso de contrarreformas en todo el continente, sobre todo en los países donde la movilización de masas y la lucha democrática contra las dictaduras que proliferaron en los años ’70, impusieron instituciones progresivas y amplias libertades democráticas. Para evitar un estallido social, en Colombia se convocó la Constituyente de 1991 (ver recuadro).

El Acuerdo Nacional: del Estado de Derecho al Estado de Derecha

Pero como los problemas estructurales no se han resuelto, los procesos de crisis económica, política, social y militar continúan su curso. Hoy la burguesía colombiana se juega a resolverlos no por la vía del guante de seda del pacto político sino con el puño de hierro de la guerra. El Plan de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe es la estrategia. Dicho plan, en el marco del Plan Colombia, implica una readecuación de las instituciones pactadas en 1991, que los más ingenuos consideran la materialización de un utópico Estado Social de Derecho, pero que en realidad son una colcha de retazos donde coexisten el más burdo autoritarismo con la “posibilidad” formal de entutelar al Estado por sus atropellos, revocar mandatos o convocar plebiscitos. Esto provoca eventualmente la colisión entre instituciones, que se neutralizan unas a otras haciendo rechinar la máquina del Estado. Por eso ahora es necesario desmontarla en parte, desechar algunas piezas y articular las restantes para que pueda operar en la dirección que el imperialismo y la burguesía necesitan. El propósito es concentrar el poder en el Ejecutivo y subordinar al Parlamento y al poder Judicial. Se institucionalizaría así una verdadera “dictadura civil”.

Después de la crisis política de fines del año pasado, causada por la derrota del Referendo, el gobierno empezó a llamar al Acuerdo Nacional. El nuevo Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, convocó a todos los partidos con representación parlamentaria a dialogar para pactar con el Ejecutivo la agenda legislativa, el orden de prioridades en las reformas del Estado y el objetivo de las mismas. Hasta el Polo Democrático y el Frente Social y Político fueron invitados a participar. Éstos, aunque finalmente se abstuvieron de firmar, habían manifestado su disposición al diálogo. La razón para su negativa es la decisión explícita de Uribe de desmontar parte de la Constitución del ’91 con una contrarreforma reaccionaria. Con esta condición logró la firma de las diversas franjas burguesas, cuyos congresistas se han comprometido a estudiar los proyectos presentados por el Ejecutivo. De ahí en adelante el proceso será de tira y afloje pero dentro de la camisa de fuerza del Acuerdo Político.

Bruta, ciega, sordomuda

A la justicia se la representa como una mujer con los ojos vendados que porta en su mano una balanza. Se insinúa así que el aparato judicial es ciego e imparcial en sus fallos. Cualquier colombiano sabe que eso es falso y la sabiduría popular acuñó el dicho: “la ley es para los de ruana” [poncho, vestimenta de los pobres]. Esto se constataba con la incapacidad manifiesta de atender los múltiples litigios que eran puestos a su consideración y el grado de corrupción de sus funcionarios que, según las estadísticas publicitadas por el propio gobierno, dejaban sin resolver el 90% de los casos. Al amparo de la impunidad creció lo que ha dado en denominarse la “justicia privada” que hoy amenaza la propia tranquilidad de la burguesía.

Por eso, para tratar de recuperar la confianza en las instituciones burguesas, la Constitución del ’91 reordenó el aparato judicial. Se crearon la Fiscalía y la Corte Constitucional. Aparecieron mecanismos como la tutela, la acción de cumplimiento, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular y otros recursos con los que se prometía una justicia eficaz y democracia “participativa”. Sólo ha pasado una década y la “fachada democrática” se ha desmoronado. El paramilitarismo actúa con absoluta impunidad y hoy exige el “perdón y olvido” de la ley de Alternatividad Penal. La corrupción corroe las altas esferas del Estado y los trabajadores rasos del aparato judicial viven bajo la amenaza y el chantaje, no sólo de los afectados por su actuación, sino del propio gobierno y los altos magistrados. El sistema carcelario ha colapsado. El parlamento aprobó en diciembre el Estatuto Antiterrorista que otorga poderes de policía judicial al ejército y autoriza allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas e intercepción de comunicaciones.

Pero este desbarajuste, que es padecido por los trabajadores y el pueblo, no es la preocupación del gobierno. Lo que incomoda a Uribe y al imperialismo es el contrapunteo de poderes, que es aprovechado por franjas de la burguesía desplazadas del gobierno, para obligar a éste a negociar la aplicación de sus planes. Por eso, entre otras medidas que tienen previstas, uno de los ejes de la agenda pactada es la Reforma a la Justicia. Con ella se pretende, por ejemplo, que el Presidente nombre al Fiscal (quien es el funcionario que podría investigar los casos de corrupción de sus ministros), se recorta la acción de tutela para que no pueda ser interpuesta contra sentencias judiciales, se reimplanta el sistema mediante el cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se autoeligen, se elimina el control constitucional sobre la declaratorias de conmoción interior que permiten al Presidente gobernar por decreto, se define que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sea reemplazada por un gerente de la justicia, se implanta la oralidad en los juicios (lo que multiplicará la arbitrariedad de los fallos). En fin, la Justicia que antes sólo era ciega, después de la contrarreforma uribista quedará como en la balada de Shakira “bruta, ciega, sordomuda…”

Además, con el objetivo de retomar todas las medidas que se hundieron con el Referendo, el gobierno ha presentado al parlamento el proyecto de Acto Legislativo 03 lesionan al magisterio público.

Por la reorganización del movimiento obrero

Para enfrentar el paquete de contrarreformas de Uribe, que serán negociadas por las diversas franjas burguesas bajo el paraguas del Acuerdo Político, los trabajadores debemos reorganizar nuestras filas y los dirigentes deben romper definitivamente con la nefasta política de la concertación. En ese sentido es significativa la declaración emitida por la minoría del Comité Ejecutivo de la CUT, donde plantea que la Central debe ponerse a la vanguardia en la lucha contra los planes de Uribe y Bush y recuperar su carácter clasista. Para hacer efectiva esta propuesta es necesario volcar todo el aparato sindical a la organización de los nuevos contingentes de trabajadores, sometidos a la más bárbaras condiciones de sobrexplotación. Y estos trabajadores sólo se aproximarán a la actividad sindical si levantamos un pliego mínimo de exigencias que contemple sus necesidades más sentidas: el derecho al trabajo bajo condiciones dignas y con estabilidad, el acceso gratuito a servicios de salud adecuados, vivienda para sus familias y educación para sus hijos. Al interior de la Central es necesario agrupar a las corrientes clasistas para disputar la dirección a la mayoría liberal y socialdemócrata enquistada en la cúpula y esta unidad sólo se puede construir al calor de las luchas que se avecinan.

Pero el horizonte de los trabajadores no se puede limitar a sus reivindicaciones económicas en el marco del “Estado Comunitario” que promete Uribe. La única solución definitiva a la profunda crisis que vive la sociedad colombiana es un gobierno de los trabajadores que desde el poder coloque toda la riqueza producida socialmente al servicio de los desposeidos de la ciudad y el campo, expropiando a las grandes empresas y a las transnacionales imperialistas. Para esa tarea es indispensable la construcción del partido revolucionario que enarbole el programa de la lucha por el socialismo. Es el camino que hoy recorren otros pueblos de América Latina como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, o Brasil y al que, más temprano que tarde, debemos sumarnos los trabajadores colombianos.


Fuego en el vecindario

Los afanes de Uribe, quien según las encuestas conserva el respaldo mayoritario de la “opinión pública”, serían incomprensibles si no tenemos en cuenta lo que ocurre en el vecindario.

De un lado, el gobierno venezolano de Hugo Chávez enfrenta una oposición interna que parece decidida a provocar una confrontación violenta para derrocarlo. Los vasos comunicantes de Colombia con Venezuela son caudalosos. Desde hace décadas las burguesías de ambos países han anudado intereses y tratado de mantener en equilibrio la balanza comercial, mientras desarrollan una política de fronteras que mantenga aislada a la insurgencia armada colombiana, y dosifique los flujos migratorios para controlar el valor de la mano de obra. La comunidad andina y en particular Venezuela son el segundo socio comercial de Colombia, después de EU. Pero el equilibrio económico, político, social y militar entre los dos países es cada vez más precario.

El derrumbe económico venezolano ha provocado desde la quiebra de las ciudades limítrofes, hasta el desplazamiento de miles de colombianos que revirtieron la dirección migratoria, pasando por un accionar cada vez más activo de la insurgencia armada colombiana en el vecino país. Paralelo a ello la burguesía narcotraficante utiliza a Venezuela como ruta de exportación, abastecimiento y lavado de activos. Por todas estas razones, y en particular por sus roces con el imperialismo, el régimen nacionalista burgués de Chávez ha mantenido tensas relaciones diplomáticas con el gobierno abyectamente proimperialista de Uribe. Tanto así que, periódicamente, se amenazan con iniciar una escalada armamentista como la anunciada tras la compra de tanques por parte de Colombia y de aviones por parte de Venezuela.

La preocupación del gobierno yanqui es que el gobierno de Chávez desestabilice más la región, desarticulando los planes estratégicos que tiene el imperialismo para América Latina. Por eso no duda en reforzar sus lazos con Uribe a quien considera, por ahora (recordemos como terminaron Noriega, Fujimori, Sadam Hussein y hace poco Aristide), un socio más confiable.

Del costado sur, Ecuador arde a fuego lento. Derrocados varios gobiernos democrático burgueses que sumieron al país en la miseria, las masas giraron esperanzadas hacia lo que parecía la reencarnación de Chavez, el coronel golpista Lucio Gutiérrez. Pero como la historia sólo se repite como farsa o como tragedia, el gobierno de Gutiérrez se ha mostrado tan servil como el de Uribe y continúa aplicando los planes imperialistas (ver artículo en la presente edición), lo que ha provocado la ira popular que se manifiesta en movilizaciones crecientes. Más abajo aún, continúa el desgaste de Toledo en Perú, mientras en Bolivia se prepara una nueva insurrección. Con la crisis haitiana, el hervor latinoamericano ya llegó al Caribe.

Colombia, país bisagra entre las economías agrícolas, campesinas e indígenas de Centroamérica y las semiindustrializadas y proletarias del Cono Sur, se recalienta con los fuertes vaivenes de la región andina. Bush y Uribe lo saben, y tratan de soldar la bisagra.


La Constituyente del ’91 y la reacción “democrática”

A fines de la década del ’80 el proceso político colombiano se encontraba en la encrucijada. El deterioro creciente del nivel de vida de las masas, unido a la radicalización del enfrentamiento militar con la insurgencia, y a la desestabilización que producía el conflicto con la burguesía narcotraficante, tuvo al país, según algunos analistas, “al filo del caos”. Esta situación, que podríamos calificar como revolucionaria, fue canalizada hacia las urnas, dando lugar a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella se produjo de hecho un pacto político entre nuevos sectores sociales, fundamentalmente de la creciente clase media, con la burguesía tradicional, para reestructurar las instituciones políticas y restablecer el equilibrio del régimen. Este se había perdido cuando se agotó el régimen establecido después de “La Violencia” de los años ’50, producto de un acuerdo entre los burgueses liberales y conservadores, conocido como el Frente Nacional.

La Constituyente incluyó, por ejemplo, a representantes del desmovilizado M-19, del Partido Comunista y de sectores étnicos, como los indígenas y los negros. Este acto de “reconciliación nacional” quedó simbolizado en la foto donde Horacio Serpa (liberal), Álvaro Gómez (conservador) y Antonio Navarro (del M19) firmaban la nueva carta política en 1991. En realidad este pacto era un acuerdo reaccionario para impedir que estallara una revolución.

La nueva Constitución no resolvió ninguno de los problemas estructurales del país: tierra para los campesinos, vivienda digna, empleo para todos o verdadero acceso a la salud y la educación públicas. Todo lo contrario, como señaló alguien, “fue la fachada democrática para imponer el modelo neoliberal”, que ha profundizado los niveles de miseria y saqueo del país, y exacerbado la violencia.

El propio Álvaro Gómez, al firmar, declaró cínicamente que los colombianos nos podíamos dar por bien servidos pues “en la nueva Constitución habían quedado derechos para todos, ¡hasta para los animales!”. Era consciente que esos derechos eran letra muerta, y que la burguesía no pensaba hacerlos efectivos. Paradójicamente Aída Abella —también constituyente, directiva sindical nacional de los trabajadores estatales y dirigente del Partido Comunista, quien desde hace varios años se encuentra exiliada, como consecuencia de atentados y amenazas contra su vida— afirmaba que “el 60% de la Constitución era buena” y por lo tanto la tarea de los trabajadores era luchar contra el 40% malo.


La democracia (burguesa) es dictadura

A la democracia burguesa se la presenta hoy mundialmente como el régimen político ideal, pues garantizaría el equilibrio de poderes, la participación ciudadana y la garantía de los derechos individuales. Este mito es reforzado periódicamente con las instituciones electorales. Millones de personas se desplazan a las urnas convencidas de que están decidiendo el rumbo de la sociedad. En realidad sólo se participa pasivamente en la conformación de los órganos con los que los capitalistas dirimirán sus diferencias y administrarán sus negocios.

El Estado burgués aparece dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Supuestamente se equilibran y controlan mutuamente a través de mecanismos establecidos por la ley. Este equilibrio también es un mito, pues el Legislativo (compuesto por los órganos de elección popular como concejos, asambleas y congreso) está hegemonizado por los partidos burgueses, generalmente por el partido de gobierno, mientras el Judicial es controlado por sus jerarcas, militantes de las cúpulas de los mismos partidos burgueses. Así, el aparato de Estado es en realidad, como afirmó Carlos Marx, “el comité administrador de los negocios de la burguesía”. Pero, a medida que se concentra la propiedad y el capital financiero impone su control sobre la totalidad de la economía mundial, estas instituciones democrático-formales sobran y es necesario concentrar el poder en el Ejecutivo que, a partir de allí, no admite el control de los demás poderes. El proyecto de Uribe tiene ese objetivo y las contrarreformas previstas buscan subordinar al Legislativo y al Judicial a las órdenes presidenciales.

Incluso en momentos de crisis aguda, y ascenso revolucionario de las masas, la burguesía no se detiene en formalidades y entrega el poder a los especialistas de la guerra: el aparato militar, garante último de la propiedad privada. Entonces un dictador se eleva por encima de las clases y actúa como árbitro para proteger el conjunto de los intereses de la clase burguesa.

Esta es la tendencia de la época imperialista, que el marxismo ha denominado como bonapartismo, y su expresión extrema es el fascismo.

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