EEUU: Trump deja sin sueldo a 800 mil empleados estatales para construir su muro racista

Mientras escribimos esta nota, transcurre el cierre gubernamental (shutdown) de la administración pública yanqui de mayor longitud en la historia del país: ya van 25 días, comenzando desde el 22 de diciembre de 2018. Se trata de un período durante el cual el gobierno suspende todos los servicios públicos a excepción de los considerados esenciales.

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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


Por Mer García y Ale Kur

 

Mientras escribimos esta nota, transcurre el cierre gubernamental (shutdown) de la administración pública yanqui de mayor longitud en la historia del país: ya van 25 días, comenzando desde el 22 de diciembre de 2018. Se trata de un período durante el cual el gobierno suspende todos los servicios públicos a excepción de los considerados esenciales[1]. Los principales perjudicados son los empleados del gobierno federal: 800 mil trabajadores[2] que dejaron de cobrar su sueldo en todo ese período.

El cierre administrativo acontece cuando el presidente veta el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes y la de Senadores. En ese caso, el presupuesto vuelve a las Cámaras, pero si no hay acuerdo posible, se va al cese de todas las actividades estatales. En el caso del cierre del 2018-2019, lo que sucedió es que los representantes demócratas se negaron a votar un presupuesto que incluía grandes sumas de dinero (nada menos que 5700 millones de dólares) destinadas a la construcción del muro que separaría EEUU de México, el cual había sido centro de la campaña electoral xenófoba y racista de Trump.

Hasta hace no mucho tiempo atrás, Trump insistía con la bravuconada de que sería el propio Estado mexicano quien tendría que pagar por el muro. Pero esta ridiculez no resistió la prueba de los hechos, y el mandatario quedó en una encrucijada: o renunciar a su “propuesta estrella”, o descargar sobre los contribuyentes norteamericanos todo el peso del financiamiento. A solo un año de tener que encarar su reelección (en 2020 habrá elecciones presidenciales), con una popularidad en caída y habiendo sufrido una derrota en las “midterms” (elecciones parlamentarias de medio término), el gobierno yanqui parece decidido a tirar toda la carne al asador. Esto significa tensar hasta el final la cuerda política para obtener algún “triunfo” político que pueda mostrarle a su base electoral reaccionaria, inclusive al riesgo de hacer estallar el país.

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El shutdown gubernamental se trata de un ataque doblemente criminal contra los trabajadores y los sectores populares. Por un lado, porque deja en una situación desesperada a casi un millón de empleados estatales, que a diferencia de los millonarios como Trump, viven día a día con lo justo, con escasos o nulos ahorros. Gran parte de su salario se ve devorado mensualmente por el pago de alquileres o hipotecas, por los costos del seguro de salud, del acceso a la educación, etc.

Por otra parte, el shutdown es criminal porque su objetivo es profundizar el carácter de EEUU como una fortaleza que excluye, persigue y deporta a miles y miles de personas que migran al país buscando una salida a la situación de miseria económica en la que están sumidas. Miseria que, por otra parte, no deja de ser consecuencia (en gran parte) de la propia política imperialista de los EEUU sobre América Latina, que durante siglos hizo todo lo posible para bloquear cualquier atisbo de desarrollo independiente de la región –considerada por el imperialismo yanqui como su patio trasero.

Más allá de todo lo anterior, a partir de la segunda semana del cierre, éste ha comenzado a traer consecuencias catastróficas inclusive para la propia economía norteamericana: por cada semana de cierre, se pierden 1,2 mil de millones de dólares de PBI.

Las consecuencias de todo este capricho van más allá de eso: hay 40 mil audiencias de inmigración puestas en pausa. Además, el gobierno de los EEUU mantiene una gran parte de sus trabajadores precarizados en la forma de contratistas. Estos contratistas no recibirán recompensa económica alguna cuando termine el cierre e incluso muchos están aplicando para recibir el seguro de desempleo del gobierno.

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Es hora de que los distintos sectores de afectados por este cierre tomen acción para acabar con la política anti migratoria, fascista y ajustadora de Trump. Es necesario que los trabajadores estatales, los inmigrantes y todos los sectores populares se unan y tomen las calles con fuerza para poner fin a esta crisis de magnitudes nunca antes vista. Sólo la unidad de los trabajadores y oprimidos puede poner fin a las nefastas políticas de Trump.

[1] Para muchos de nosotros, esto es una rareza total porque nuestro sistema político no permite algo similar. Sin embargo, es una práctica que en EEUU se ha dado varias veces (23, contando el actual) en la historia de este país.

[2]  Esto incluye a los sectores del Dpto. de Agricultura, Comercio, Interior, Migraciones, Justicia, entre tantos otros.

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