Pactos de silencio, supremacismo blanco, homofobia y apoyo a Trump: Así operan los ultra-reaccionarios sindicatos de policía en EE.UU. para evitar que los agentes acusados de violencia policial y asesinato vayan a la cárcel.

Bob Kroll es desde hace 5 años es el Jefe de la Federación de Policías de Minneapolis, la ciudad donde fue asesinado brutalmente George Floyd por el oficial Derek Chauvin y otros tres policías implicados. A través de las redes sociales miles de personas firmaron un petitorio para que Kroll renuncie a su cargo. El disparador fue la defensa irrestricta y provocadora que Kroll hizo públicamente de los policías que asesinaron a Floyd: afirmó que éste era un “criminal violento” y que los agentes implicados fueron despedidos y acusados “sin una justa causa”. Kroll es conocido por ser un defensor de las “viejas tácticas policiales” y ferviente opositor a cualquier proyecto de “reforma policial”.

Pero, además, Kroll tiene un historial de racismo estremecedor: En 1992 fue demandado por enviarle una carta a policías afroamericanos amenazándolos de muerte y firmándola como KKK (siglas del Ku Klux Klan, organización supremacista blanca). En esa demanda también se alega que Kroll vestía en ese entonces una chaqueta con la inscripción “White Power” (Poder blanco). En 2007 acusó de terrorista a Keith Ellison, un congresista negro y musulmán, y en 2008 fue suspendido por agraviar con insultos homofóbicos a un asesor del alcalde. También ha afirmado públicamente que el movimiento Black Lives Matters es una organización terrorista, y lo ha reiterado esta última semana en referencia a las protestas que se extienden por todo el país. Desde 2013, tiene 10 denuncias internas en la policía de Minneapolis por “mala conducta”, pero los registros policiales no permiten hacer público el contenido de esas denuncias.

Por si esto fuera poco, Kroll es un acérrimo militante a favor del presidente Donald Trump: este año participó de un mitin electoral por la reelección del actual mandatario, mostrándose con una remera con la inscripción “Cops for Trump” (“Policías por Trump”), y agradeciéndole al presidente porque, gracias a él, los policías pueden “hacer su trabajo”.

Pero Bob Kroll no es un loco suelto: es el mejor representante del rol que suelen jugar los sindicatos policiales en EE.UU. frente a los casos de abuso policial y asesinatos en manos de agentes de la fuerza. Los policías acusados de este tipo de hechos suelen encontrar un fuerte respaldo por parte de los sindicatos que defienden a los policías que, al decir de Kroll, “sólo hacen su trabajo”. De hecho, lo novedoso y sorpresivo del caso George Floyd fue precisamente que, debido a la inmensa indignación popular y al temor por la rebelión extendida en todo el país, por primera vez muchas de estas organizaciones sindicales tuvieron que “despegarse” del brutal accionar policial que acabó con la vida de Floyd.

En efecto, este caso ha sido la excepción que confirma la regla. Según Jonathan Blanks[1], experto en justicia criminal e investigador en un centro de estudios en Washington, “a menudo los poderosos sindicatos de policía en Estados Unidos defienden a los oficiales cuando son acusados de cometer delitos en servicio”. Todos los estudios al respecto muestran que lograr encarcelar a un policía en los Estados Unidos por abuso policial, violencia o asesinato es una tarea casi imposible. Según un estudio de la Universidad de Ohio junto al diario The Washington Post, desde 2005 hasta 2019 sólo 110 policías han sido acusados formalmente de homicidio durante su tiempo de servicio, y de esa cantidad sólo 35 han sido encontrados culpables. Mientras tanto, durante el mismo período unas 15.000 personas han muerto por disparos de un policía en servicio.

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Incluso en casos muy resonantes y con fuerte impacto en la sociedad los policías implicados han salido impunes. Sin ir más lejos, en 2014 el movimiento Black Lives Matters se masificó y logró conocimiento a nivel mundial a partir del asesinato de Eric Garner, un afroamericano de 44 años que fue asesinado por la policía de manera muy similar al caso George Floyd. Sin embargo, el oficial implicado fue declarado inocente cinco meses después del hecho que desató la bronca de millones de personas.

Dos años después, un policía de Minnesota llamado Jerónimo Yanez disparó siete veces y mató a Philando Castile, un afroamericano de 32 años que estaba en su auto junto a su esposa e hija de 4 años. En este caso un video del hecho mostraba que la víctima no sólo estaba desarmada, sino que en ningún momento mostró una actitud violenta hacia el agente policial. Nuevamente se sucedieron masivas protestas exigiendo justicia, pero un año después Yanez fue absuelto de todos los cargos.

Esta impunidad con la que actúa la policía cuenta con muchos amparos legales y jurídicos, pero además de los mecanismos institucionales que garantizan la impunidad, una de las principales razones se debe al estricto pacto de silencio que es parte de la “cultura interna” policial: se trata del tenebroso “Muro azul del silencio”, como algunos expertos lo llaman en referencia al color del uniforme policial. Es una especie de código de lealtad entre policías que se basa en nunca denunciar las acciones de otro oficial, lo que muchas veces es un factor central para que sus asesinatos criminales y racistas queden impunes. En ese sentido, los sindicatos policiales suelen ser los principales “ladrillos” que sostienen este muro de impunidad.

Aunque los casos de Garner y Castile mencionados arriba muestran que la violencia policial no puede resolverse con meras medidas tecnológicas, sino que se trata de una cuestión social estructural, de raza y de clase, este nefasto “muro” en defensa de la policía asesina ha empezado a volverse poco a poco menos infranqueable debido a los avances tecnológicos. En muchas ocasiones los celulares permiten que las acciones violentas de la policía sean filmadas y transmitidas en las redes sociales casi instantáneamente: el caso de George Floyd es ilustrativo de esto, donde la rápida difusión del video que muestra de manera explícita su asesinato ha sido un elemento central no sólo para que se expanda la indignación masiva a nivel mundial, sino también para que el sistema de justicia, departamentos de policía y sindicatos policiales no tengan casi argumento jurídico alguno para defender a Chauvin y los otros tres asesinos. En efecto, sólo un racista y supremacista como Bob Kroll puede no tener tapujos en defender a los asesinos de Floyd a pesar de las pruebas incontestables contra ellos.

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Kroll y los sindicatos policiales saben mejor que nadie el potencial problema que significa la tecnología para su impunidad. Por eso, la Federación de Policías ha hecho todo lo posible por evitar cualquier tipo de reforma en el protocolo policial y de uso de la tecnología para lo que algunos sectores reclaman sea un accionar más “transparente” de la policía. Según, Janeé Harteau[2], ex Jefe del Departamento de Policia de Minneapolis, “la Federación de Policías históricamente ha tenido más poder que el propio Departamento de Policía” y sostuvo también que, mientras estuvo en su cargo, el sindicato “luchó contra mí cada vez que quise establecer el uso de ‘body cameras’ en los oficiales del Departamento”. Harteau se refiere al proyecto de instalación de cámaras en los uniformes de los oficiales para que quede registro fílmico de su accionar ante algún caso de abuso de la fuerza. Pero el sindicato, con Bob Kroll a la cabeza, evitó cualquier tipo de reforma.

Más allá de que los proyectos de “reformar” las fuerzas represivas son profundamente inútiles e hipócritas porque ninguna reforma puede cambiar lo que es la función esencial de las fuerzas, que es precisamente la de reprimir, el ejemplo de los sindicatos policiales en EE.UU. muestra cómo la “defensa” de las “condiciones laborales” de la policía no significa otra cosa más que la defensa de mejores condiciones para reprimir a los trabajadores y a todos los sectores oprimidos, como la comunidad negra estadounidense. Y en parte esas “mejores condiciones” significan garantizar la impunidad de los casos de asesinato y brutalidad que las fuerzas represivas cometen todos los días.

La explosión de bronca popular por el artero asesinato de George Floyd no sólo ha dejado al desnudo la desigualdad y violencia del Estado para con la comunidad negra, sino también el papel fundamental que juegan las fuerzas de seguridad en el ejercicio de esa violencia. En ese marco, la sindicalización policial, promovida incluso por algunos sectores de la izquierda con el argumento de que “son trabajadores como cualquier otro”, se revela como lo que en realidad es: la defensa de la impunidad en el accionar represivo y la organización para mejores condiciones de represión a la clase trabajadora y a todos los sectores explotados y oprimidos, la única e invariable función que puede tener una institución como la policía bajo el Estado capitalista.

Los “sindicatos” policiales cumplen la tarea de defender de manera corporativa la policía tal cual es, el brazo represivo del estado capitalista. En contraste y en oposición frontal a ellos están los quiebres internos de las fuerzas policiales, cuando miembros sueltos y grupos enteros rompen la disciplina y se niegan a reprimir. En este último caso, la movilización popular es la que rompe la represión.

[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52922065

[2] https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/05/minneapolis-police-union-bob-kroll-us

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