Martín Primo
Director del semanario Socialismo o Barbarie, dirigente del Nuevo MAS.

Como venimos señalando desde estas páginas, se transita un frágil equilibrio que ni Macri ni Fernández quieren quebrar, cada uno parece estar satisfecho o resignado al papel que le toca jugar.Así las cosas,por un lado el gobierno saliente de Cambiemos se conforma cada día con menos y parecería quedar hecho con  “llegar a diciembre” y evitar el fantasma del helicóptero, motivación que lo lleva a aceptar cualquier medida “extraordinaria”, “heterodoxa” o “de emergencia”; y por el otro Fernández y la dirigencia sindical tradicional ponen todo sus esfuerzos y su sapiencia burocrática para evitar que la crisis se manifieste en las calles y termine poniéndole límites al futuro gobierno.

De todos modos,no hay que dejarse impresionar por la aparente calma;la dinámica de la actual situación política sigue siendo profundamente inestable, y aunque la burguesía y sus principales partidos políticos, junto con la burocracia de todo tipo y color estén haciendo esfuerzos mancomunados por que todo se quede detenido donde está, lo cierto es que hay factores que se escapan a su control. El primero es el tiempo que sigue transcurriendo y hace que cada día se acumulen tensiones tanto internas (inflación, recesión, despidos, cierres de fábricas, crisis social…) como externas (guerra tecnológico-comercial entre EEUU y China, disparada del precio del petróleo) que amenazan profundamente esta ilusión de estabilidad.

En este marco, el Senado acaba de votar por unanimidad la ley que extiende la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022. Todos los representantes de la burguesía han coincidido y se han felicitado por haber generado un instrumento político para paliar el flagelo del hambre en nuestro país. Es la belleza del parlamento burgués, los mismos que durante cuatro años aprobaron todas las leyes que permitieron profundizar la crisis social, endeudar al país, dolarizar el precio de la energía, los alimentos y el transporte, ahora se jactan de su sensibilidad social. Sin duda esto amerita una reflexión.

 

El problema del hambre en la Argentina

Como diría  Mario Benedetti: para empezar es preciso ponernos brevemente de acuerdo. Pese a lo que digan Lilita Carrió, Miguel Ángel Pichetto o Patricia Bullrich (entre otros energúmenos) quienes trataron de relativizar el problema que sufren millones en el territorio argentino, lo cierto y real es que el hambre es un problema concreto que afecta a muchisimas personas en este país.

Según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA),que miden la emergencia alimentaria en la última década, en el tercer trimestre de 2018 (momento en que la crisis económica pegó un salto) un 29,3% (en 2017 era el 21,7%) de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de toda la Argentina sufrieron una situación de inseguridad alimenticia total (IAT); es decir, que viven en hogares que han tenido que reducir la dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos. Y un 13% que sufre una situación de inseguridad alimenticia severa (IAS); es decir,que expresa haber experimentado “hambre” por falta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos.

Estos datos son aún más dramáticos en el Gran Buenos Aires donde se registra una de las situaciones más críticas. Allí al menos el 40.3% de las niñas, niños y adolescentes reciben algún tipo de cobertura alimenticia, pese a esto el 35,8%tuvo que recortar su dieta alimenticia por problemas económicos y un 17,4% afirman haber pasado hambre durante los últimos doce meses. Según este mismo estudio, un 34,3% de los NNyAno suelen comer ni una vez al día al menos un nutriente esencial (carne, pollo o pescado; frutas o verduras que no sean papa,mandioca o choclo).

Esta es la fotografía del hambre en la Argentina de 2018 según la Universidad Católica, pero es una fotografía que atrasa, puesto que no registra el derrumbe que se experimentó durante todo 2019. Este es el trasfondo social profundo que pone al país ante la eventualidad de un estallido social que haga saltar por los aires la ilusión de estabilidad.

Es sobre este análisis que se montan tanto la Iglesia católica y los movimientos sociales kirchneristas organizados alrededor de ella, para reclamar medidas paliativas que contengan la situación y eviten que todo se desmadre.

Este escenario genera una situación compleja a la hora de analizar cómo ubicarse frente a la ley de emergencia alimenticia que impulsaron los movimientos sociales K y la Iglesia y que se aprobó en el Senado este miércoles.  Por un lado, porque mediante la movilización ultra controlada de amplios sectores de los movimientos sociales y de los cooperativistas, la CTEP de Grabois, la CCC y el sector pro K de Barrios de Pie se generó la sensación de que este fue un reclamo que nació espontáneamente desde abajo, pero además porque la Iglesia, los movimientos sociales K y la  CGT han impulsado esta ley con el objetivo de contraponer el carácter de emergencia de dicha situación a los reclamos del conjunto de los trabajadores asalariados,a quienes les han pulverizados sus salarios y se vieron fuertemente empobrecidos.

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El contraponer las necesidades de dos sectores de la clase trabajadora es uno de los recursos más pérfidos que utilizan la burguesía y sus agentes para dividir a los trabajadores y evitar de este modo una lucha del conjunto que permita alcanzar una salida global a la crisis que sufren los de abajo.

 

¿Qué se busca con esta ley?

Empecemos por dejar en claro que la emergencia alimentaria fue decretada por Duhalde en 2002 y transformada en ley ese mismo año. Desde ese momento, la misma simplemente fue extendida una y otra vez hasta hoy, algunas veces por medio de leyes y otras por medio de decretos presidenciales.

Pero en esta oportunidad, la crisis social y la situación tan caótica que vive el país han generado que un conjunto de intereses distintos se hayan alineado detrás de la aprobación de esta ley. En primer lugar, porque el Frente de Todos es una verdadera bolsa de gatos que une en Alberto Fernández tanto a sectores que se reconocen como progresistas y hasta “de izquierda”, con verdaderos monstruos como Insfrán, Manzur y Cía. En este estofado los movimientos sociales dirigidos por el triunvirato de San Cayetano(CTEP, CCC, Barrios de Pie), aunque son aliados de Alberto Fernández, necesitan garantizar su propio espacio de negociación con el Estado, fuente de sus recursos.

Por otro lado, en el PJ no querían saber nada con una ley. Ellos apostaron en un principio a que Macri evitara el debate parlamentario firmando un decreto. Es que el PJ entendía que la apertura del congreso antes de las elecciones era en sí mismo un problema que metía ruido y sumaba inestabilidad política cuando lo mejor es “hacer la plancha”. Macri, por su parte, no quería firmar ningún decreto que lo obligase a reconocer una situación de hambre a semanas de las elecciones, además entendía que no era necesaria una ley puesto que la emergencia alimentaria ya había sido aprobada en 2002 y autorizaba al gobierno a redistribuir las partidas necesarias (como por otra parte venía haciendo).

Así las cosas, la interna dentro del Frente de Todos y la disputa electoral de éstos con Cambiemos forzó la situación, y ante el pedido de una sesión especial presentada por Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados K, el gobierno aceptó la apuesta a condición de que ésta no significara un mayor costo presupuestario durante el final de su mandato.

Así fue como se llegó a un acuerdo sin que la sangre llegase al río, ni siquiera una gotita. El triunvirato de los Cayetanos consiguió la ley que les garantiza un punto de apoyo a su poder de negociación con el Estado hasta finales de 2022, el PJ logró que el Congreso diera cuenta de que en la Argentina de Macri hay Hambre, y Macri consiguió mantener la paz social sin necesidad de desembolsar ni un peso más, puesto que la ley pide ampliar en un 50% el presupuesto asignado a los planes sociales; y el Ministerio de Seguridad Social afirma que ya lo hizo porque el presupuesto original era de 12.000 millones de pesos y ya se lo ha actualizado a 18.000 millones.

 

Una escenificación de la unidad nacional

La Iglesia, una vez más, fue la que mejor planteó los intereses profundos de la burguesía y la que mostró el camino. En medio de una crisis política, económica y social el principal interés de las clases dominantes es defender las instituciones de su propia dominación y mantener la paz social. El Congreso de la Nación se mostró frente a toda la sociedad como el ámbito idóneo en donde se les da respuestas a los problemas más acuciantes de los más desprotegidos. Mediante la aprobación de esta ley se vivió un momento de superación de la “grieta”, de verdadera “unidad nacional” en donde “todos los argentinos”, sin distinciones políticas ni sociales, desde los monstruos reaccionarios de extrema derecha como el diputado salteño Alfredo Olmedo, hasta los “rojos” del FIT, se los vio a todos levantando la mano y aunando fuerzas en defensa de iguales intereses (con la excepción de la diputada de IS que se abstuvo).

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Como venimos planteando, el marco en el cual se dio esta votación en el Congreso no era sencilla. Grabois y compañía supieron ocultar sus intereses bajo el manto de un reclamo que aparentemente venía desde abajo y no como producto de la rosca interburguesa. Este hecho, sumado a la crisis social, dejó a la izquierda en un brete en la medida de que si no se sumaba a la maniobra parlamentaria, quedaba en una posición incómoda al aparecer como no apoyando una ley que en principio aparece como un paliativo frente a la crisis.

En esta oportunidad, una vez más, nos encontramos frente a una situación en donde los representantes de la izquierda clasista debían saber manejarse ante las presiones sociales y de clase a que estaban sometidos en el marco del juego parlamentario burgués.

Está claro que los socialistas revolucionarios no nos oponemos a que se declare la emergencia alimentaria en sí misma. Pero la cuestión no pasaba por allí. En primer lugar, porque la escenificación de unidad nacional era tan evidente que la aprobación de la ley estaba fuera de toda discusión. En ese sentido, el voto de Del Caño y Del Plá fue una concesión absolutamente innecesaria, un gravísimo error. Además porque no había ninguna necesidad de votar en contra; lo que correspondía era abstenerse. Pero el problema del FIT no fue una mala caracterización de la situación, sino una capitulación oportunista frente a la opinión pública mayoritaria en el medio de su campaña electoral. Evidentemente, quien no apoyase la votación iba a tener que salir a dar explicaciones de porqué se abstuvo, explicaciones que probablemente no hubiesen satisfecho a todo el mundo, con el correspondiente riesgo de perder su voto.

La política revolucionaria de los socialistas tiene criterios de principios y sólo por excepción votamos leyes en el parlamento burgués. En primer lugar, porque el Congreso nacional es uno de los poderes del Estado, y como tal es una de las principales herramientas de engaño y dominación de la burguesía sobre los trabajadores; el fortalecimiento del parlamento y el aumento de su legitimidad van directamente en desmedro de los intereses de los trabajadores cuya tarea –la de los revolucionarios- es cuestionarlo por la izquierda. Nuestra apuesta está siempre colocada en la movilización extraparlamentaria, única forma de imponerle al parlamento concesiones progresivas reales. Sumarse alegremente al juego parlamentario haciendo creer -junto a los partidos del sistema- que allí se consiguen “soluciones” para los de abajo es hipotecar irremediablemente el futuro de la clase obrera y mellar su desarrollo político independiente. La labor de los revolucionarios en el seno del parlamento burgués pasa centralmente por desenmascarar la falsa ilusión de que allí están representados los intereses del “pueblo” y dejar en evidencia que como poder estatal es, esencialmente, un ámbito en donde las patronales resuelven sus cuitas en pos de la administración de los negocios comunes de toda la clase burguesa contra los trabajadores.Los socialistas revolucionarios no podemos quedar atrapados dentro de una escenificación de unidad nacional que borra todas las delimitaciones de clase y es por eso que,sólo como excepción, votamos junto con la burguesía: cuando éstas son conquistas reales de las masas producto de sus luchas directas.

Como enseñara Rosa Luxemburgo: “El hecho que divide a la política socialista de la política burguesa es que los socialistas se oponen a todo el orden existente y deben actuar en el parlamento burgués fundamentalmente en calidad de oposición. La actividad socialista en el parlamento cumple su objetivo más importante, la educación de la clase obrera, a través de la crítica sistemática del partido dominante y de su política. Los socialistas están demasiado distantes del orden burgués como para imponer reformas prácticas y profundas de carácter progresivo. Por lo tanto, la oposición principista al partido dominante se convierte, para todo partido de oposición, y sobre todo para el socialista, en el único método viable para lograr resultados prácticos”.

En definitiva, se puede y se debe impulsar la sanción de reformas progresivas en el parlamento pero ellas tienen dos condiciones: primero, ser siempre el subproducto de una enorme lucha extraparlamentaria y no del mero cabildeo en su seno. Segundo, deben reunir por su carácter las condiciones de conquistas verdaderas y no de meros paliativos al servicio de la gobernabilidad y la unidad nacional burguesa. La capitulación de las fuerzas mayoritarias del FIT ha sido un hecho grave: ha significado ceder a la presión de la opinión pública burguesa.

 

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