José Luis Rojo
Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


 

El gobierno de Alberto Fernández ha cumplido dos meses. Meses de verano y de altas expectativas, donde poco y nada se movió por abajo. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras han estado “distraídos” con las vacaciones y cargan con sus ilusiones como dos meses atrás.

Además, en las formas, Alberto es mucho más vivo que Macri; tiene más “cintura política” (“el tío Alberto” le dicen algunos) y se la ha pasado anunciando “paliativos” que ni siquiera llegan a eso…

Sin embargo, existen datos objetivos que marcan la continuidad del ajuste. Fernández se encuentra incluso más a la derecha de lo que muchos creían. Tiene el apoyo de las direcciones de masas (sindicatos y movimientos sociales), y en eso es distinto a Macri.

Pero también cuenta con el apoyo unánime de la patronal y el imperialismo (ver la gira por Europa y los guiños recientes de Trump), lo que no es un dato menor.

Lo concreto es que el ajuste ha continuado casi tal cual (ni siquiera presupuesto propio tiene el gobierno), que Fernández está haciendo una profesión de fe de la “sostenibilidad” fiscal y que, además, programáticamente, lo suyo no es realmente muy distinto que Macri (el empresariado y los bonistas le piden que muestre justamente “el programa de fondo” para apreciar si es distinto y en qué).

El hecho que los anuncios más “rimbombantes” hayan sido meros paliativos para las franjas más pobres mientras a la generalidad de los trabajadores y las trabajadoras no les toca nada, está dándole un cierto aire de estafa política a los desarrollos (esto es así aunque sea demasiado temprano para que la mayoría tome nota de los hechos).

En realidad, Fernández no ha tomado –al menos, hasta el momento- una sola medida progresiva. Esto es típico de los gobiernos “progresistas” que defienden el interés general capitalista pero que para hacerlo “pisan algún callo” de los de arriba (ver la estatización parcial de YPF, el matrimonio igualitario –una verdadera conquista-, la Ley de medios –más formal que otra cosa- y cuestiones así de la anterior gestión K).

Fernández viene haciendo lo opuesto: ha tomado una serie de medidas que indican su voluntad de ajustar las cuentas fiscales para pagar deuda.

Dichas medidas, sumariamente, han sido la eliminación del cálculo jubilatorio dejado por Macri (que en esta oportunidad iba a beneficiarlos). En su defecto, “aumentó” $1980 más el pago de los que cobran la mínima (de miserables $14.000 a $16.000) y les pagó menos de lo que les hubiera correspondido de sus ya magros ingresos a todas las demás categorías.

En segundo lugar, reestableció el IVA al 21% a todos los bienes de consumo –impuesto suspendido por Macri ante el temor al desborde en la segunda mitad del año pasado- y puso en marcha, a modo de “paliativo”, una tarjeta de consumos entre 4000 a 6000 pesos para madres con hijos/as hasta los 6 años…

Se congelaron las tarifas y el transporte por seis meses pero Moroni, ministro de Trabajo, ya ha adelantado que los aumentos volverán en junio.

Mientras tanto, el gobierno y su ministro de Trabajo están en una ofensiva para eliminar la cláusula gatillo de todos los convenios (¡ahora resulta que dicha cláusula sería “inflacionaria”!, Yasky dixit), así como se ha decretado la eliminación de la doble indemnización en el Estado,  carga que también finalizaría en junio para los privados (¡los patrones van a volver a despedir como si nada luego de haberlo hecho a troche y moche bajo Macri!).

Como si fuera poco, en la provincia de Buenos Aires no se llegó a acuerdo con los gremios estatales -¡todos ellos oficialistas!- y Kicillof ha anunciado que el “aumento se otorgará por decreto” (seguramente otra miseria).

Es decir, que a los bonistas les pagó pero a los docentes les atrasó el pago de una deuda de diciembre y a los estatales pretende condenarlos a la miseria salarial.

Por otra parte, para los pequeños ahorristas rige el cepo a la compra de dólares, pero el gobierno ya ha adelantado que lo “liberaría” y otorgaría dólares al precio oficial (un inhallable $63 por dólar) a aquellas empresas que “realicen inversiones en el país”…

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Por su parte los productores del campo, pudiente la mayoría de ellos, están enojados porque el gobierno les reestableció el 30% de retención a la soja que también regía bajo Macri hasta la macro devaluación del 2018 y amenazan –difícilmente lo concreten- con “salir a las rutas”.

Sin embargo, el 30% a la soja de Fernández, idéntico al porcentaje de la gestión anterior, razón por la cual, en realidad, tanto las retenciones al poroto como a los demás productos agrícolas siguen siendo demasiado bajas. Irrisorias para cualquier propaganda que Fernández estaría llevando adelante alguna “redistribución de la riqueza”, cosa que no es así bajo ningún criterio científico.

Lo real es que estamos frente a un gobierno que está llevando adelante un ajuste económico que cuenta con el apoyo unánime de la patronal y las direcciones sindicales.

Un gobierno en el que todavía confían los trabajadores que lo votaron contra Cambiemos (¡sería demasiado pronto de no ser así!), y que se justifica en la “herencia” dejada por Macri.

Su eje excluyente es garantizar el pago de la deuda (principal preocupación de la burguesía hoy). Negociar para pagarle tanto al FMI como a los bonistas internacionales y nacionales.

El Congreso Nacional en pleno, casi por unanimidad como ya hemos dicho, votó a favor de darle a Alberto un cheque en blanco para negociar y pagar. Repetimos: existe unidad nacional a favor de no romper con el Fondo y pagar la deuda a todos los acreedores.

Por esta razón, también, es que todas las bancadas en pleno, salvo los dos diputados del FITU, votaron a favor de mantener la jurisdicción extranjera para los bonos de la deuda externa tomados fuera de la Argentina; que el país permanezca con la pistola en la sien.

Los supuestos de la negociación son, simplemente, esos dos o más bien tres: negociar con el Fondo, pagar la deuda y llevar adelante un criterio de “sostenibilidad fiscal” (ajuste fiscal) para pagar.

Dentro de estos parámetros, existen varias expresiones en el oficialismo; una suerte de “división de tareas” para complementarse y confundir al público (no se trata, hoy por hoy al menos, de matices o diferencias reales en el seno del oficialismo; mañana se verá).

Podría decirse que Cristina Kirchner es el ala de “extrema izquierda” (verbal) del gobierno dentro de la política de negociar y pagar: exige una “quita” de la deuda con el Fondo…

Sin embargo, sabe perfectamente que el Fondo no da quitas de su deuda (el país le “debe” al FMI 44.000 millones de dólares); ¡si se quisiera una quita realmente habría que plantear romper con el organismo!

El propio Fondo acaba de emitir un comunicado donde afirma que la “deuda argentina no es sostenible”, lo que significa que se irá a una “reestructuración”; es decir, una quita a los privados, se verá de qué magnitud.

Pero como los privados exigen -antes de cualquier cosa- que el Fondo avale la negociación y un eventual acuerdo, ya ha trascendido que el Fondo le exigirá al gobierno pasar del stand by actual (el acuerdo de corto plazo firmado por Macri) a uno de largo plazo –se llama “acuerdo de facilidades extendidas”- que para alargar los plazos al Fondo y dar cobertura a la negociación con los privados, exige a cambio reformas.

Es decir: como el Fondo no da nada gratis, la exigencia sería que el ahorro fiscal para pagar se exprese en contrarreformas contantes y sonantes, medidas efectivas que bajen el gasto estatal, por ejemplo en materia jubilatoria.

De ahí que no haya sido casual que durante la estancia de la misión en la Argentina, casualmente ayer, hayamos escuchado a Moroni (nuevamente Moroni, parece el elegido para todas las noticias desagradables) afirmar muy suelto de cuerpo que “podría elevarse la edad jubilatoria»…

La misma medida que ha hecho estallar Francia contra Macron y que en el 2017 diera lugar a las Jornadas de diciembre contra Macri.

En síntesis: el balance de la gestión de Alberto estos dos meses es un escándalo; una estafa que con la excusa de paliativos a las franjas más pobres de la población (¡paliativos que no comprometen los números fiscales!), sostiene el ajuste económico contra la mayoría de los trabajadores.

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Por esta misma razón es que no debe sorprender que siga la recesión (se espera este año una caída del producto del 1.5%), que la inflación de enero (¿dibujada?) haya dado un 2.3%, pero en alimentos y bebidas haya ascendido a 4.8%, que se demore la reincorporación de trabajadores como en el Posadas, que se haya abandonado a su suerte a los compañeros de Minetti y sus familias y un largo etcétera.

Es obvio que el gobierno buscará alguna quita de la deuda para tener más márgenes de maniobra. Pero en cualquier caso se hará sin romper contratos, sin ninguna medida destemplada que cuestione la propiedad privada.

Lo más factible es que se obtenga un “plazo de gracia”, es decir, cierto tiempo para seguir pagando junto con alguna quita a los acreedores privados que, en definitiva, de ser creíble el plan se verían beneficiados igualmente por una recuperación del precio de sus bonos.

El “plazo de gracia” y/o la “suspensión” trucha del pago de la deuda que consiga Fernández será simplemente ganar tiempo para ajustar, ahorrar y pagar; no una decisión soberana para que crezca el país y paguen la crisis los capitalistas, los chupasangres internacionales, los fondos buitres y todos los que viven del sometimiento del país y la explotación de los trabajadores.

En todo este minué la izquierda no viene cumpliendo el rol que debe cumplir. No es tiempo de “tacticismos”; no hay aún masas en las calles. Lo que hay es un escenario de confusionismo creado por el gobierno y todos sus adláteres de “izquierda” para negociar y pagar.

Cualquier programa que no sea el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, abajo el ajuste económico, defensa de la cláusula gatillo y la doble indemnización, el rechazo a la estafa a los jubilados y el aborto legal bajo el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es un estafa; juega para la confusión.

No se puede estar a media agua. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un gobierno capitalista. Y, para colmo, sin rasgos progresistas al menos hasta hoy. No existe ninguna posibilidad de defender los derechos de los de abajo con posiciones intermedias de “apoyo crítico” (“apoyar lo bueno y criticar lo malo”).

El gobierno de Alberto llegó para intentar hacer -en cierta medida y hasta cierto punto- lo que Macri no pudo. Por esto mismo es que le pide “tiempo” a Bolsonaro para bajar o eliminar el arancel externo común sin cuestionar a fondo el acuerdo liberalizador con la Unión Europea.

Incluso fuerzas del FITU como el MST con su programa de “suspensión del pago e investigación” o el PTS con su eje en “comisión investigadora parlamentaria”, llevan agua al molino de la confusión.

Porque se trata de vías muertas, no de transición hacia mayores desarrollos: “suspender el pago” es lo que se apresta a hacer el gobierno con el plazo de gracia; y el planteo de “investigación parlamentaria” es otra vía muerta porque el Congreso acaba de votar unánimemente pagar…

Es verdad que todavía no empezó la experiencia con el gobierno. Pero los aumentos de precios, los aumentos salariales por sumas fijas, el intento de tirar abajo las cláusulas gatillo mientras este año se espera una inflación del 40% y el dólar real está casi en $80 (¡una nueva devaluación consagrada por Alberto!), la eliminación de la doble indemnización en el sector público, etcétera, por no olvidarnos del confusionismo deliberado en materia de aborto legal, comienzan a hacerle “ruido” a un sector.

La tarea de la izquierda es explicar pacientemente el verdadero carácter del gobierno, sostener un programa claro para que la crisis la paguen los capitalistas y no mezclar nuestras banderas con una administración que por más gestos que haga, viene a “sacarle las papas del fuego” a los de arriba.

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