Ahora, pase para el Fondo

Después del canje de deuda, siguen los problemas con el dólar

Al gobierno no le va a quedar ni tiempo para “festejar” el canje de deuda pública bajo jurisdicción extranjera antes de tener que volver al arco a seguir atajando penales.

Marcelo Yunes
Intelectual marxista. Especialista en economía.


Dejemos de lado por ahora que el “éxito” del canje de bonos de deuda se basó sobre la sencilla base de renunciar groseramente a los objetivos iniciales de quita. Para no alargar la explicación: 1) la primera oferta del gobierno fue por el 39% del valor presente neto promedio de bonos por 66.000 millones de dólares, cuya cotización de mercado en modo alguno llegaba al 50%; 2) los reclamos de los acreedores oscilaban entre el 60 y el 63% de ese valor; 3) el acuerdo final fue por el 54,9%. Fin de la “historia de éxito”, que no fue exactamente partir la diferencia.

El descuento que el gobierno no consiguió en monto fue el precio a pagar por cierto alivio en los plazos de pago, aunque la idea inicial de no pagar un centavo hasta 2023 quedó, como tantas cosas por el camino. Pero si bien es cierto que el cronograma de vencimientos que quedó es menos asfixiante que la bomba que había dejado el macrismo, esto no significa para nada el fin de los problemas. Ni en el terreno mismo de la deuda ni mucho menos, como veremos, en el resto de los temas, como inflación y crecimiento. Empecemos con el problema “resuelto” pero no resuelto: la deuda pública.

Del aperitivo (bonistas) al plato principal (FMI)

La reestructuración de bonos de deuda emitidos bajo jurisdicción extranjera (tanto del canje 2005-2010 como los emitidos por Don Gato y su pandilla desde 2016) abarca, como dijimos, unos 66.000 millones de dólares. Pero recordemos que el total de la deuda pública argentina es de unos 320.000 millones de dólares. Unos 120.000 millones (el 37%) es intra sector público (BCRA, ANSeS, etc.), lo que no representa un problema de vencimientos (aunque no significa, como creen algunos, que sea inexistente). La deuda interna nominada en dólares (bonos con legislación argentina y acreedores en su mayoría locales), que está a punto de reestructurarse ahora, es de unos 42.000 millones de dólares. El otro gran acreedor es el FMI, por un total de 44.000 millones de dólares (el famoso programa de los 57.000 millones para ayudar a Macri fue un fracaso tan grande que ni siquiera se terminó de prestar toda la plata). Eso es lo que se viene.

El problema urgente del gobierno eran los vencimientos de la deuda privada. Ahora que se patearon en genera para adelante, quedan los vencimientos con el FMI, que son importantes en 2021 (4.500 millones de dólares) y aplastantes en 2022 y 2023 (18.000 millones cada año). La carta que le envió el gobierno argentino al FMI el 26 de agosto –firmada por el ministro de Economía Martín Guzmán y el director del Banco Central, Miguel Pesce, previo llamado telefónico de Alberto Fernández a Kristalina Georgieva– apunta a un solo objetivo: reprogramar esos vencimientos (sin pedir más dinero fresco, en principio, aunque hay que ver cómo se llega).

El gobierno argentino llega a esa negociación con el Fondo en una situación de relativa debilidad. Primero, le debe un buen favor a la conducción de Georgieva por la manito que le dio en la discusión con los acreedores privados. Segundo, la situación económica en términos de inflación y crecimiento (y el tipo de cambio con el dólar, como veremos enseguida) en el marco de la pandemia no abre mucho el juego para el margen fiscal que quisieran los Fernández. Tercero, la propia Georgieva ya agotó todos los cartuchos de generosidad con Argentina que le permiten su relación con EE.UU., actor principalísimo de las decisiones del FMI.

De allí que ya desde la carta el gobierno de Fernández se compromete a una reducción del déficit fiscal (este año rondaría el 8-9% del PBI; la propuesta sería bajarlo a más o menos la mitad en 2021) y a “la remoción, a su debido tiempo, de las restricciones al acceso al mercado de cambios oficial”. Traducción: a levantar el cepo al dólar lo antes que se pueda. Paradójicamente, una de las primeras medidas inmediatas al respecto –y que no despertaría mayor oposición en el staff técnico del Fondo– iría en sentido exactamente contrario: restringir incluso la autorización de la compra de 200 dólares por mes hoy vigente. Si todavía no se hizo, no se debe a consideraciones económicas, sino estrictamente de impacto político.1

Por supuesto, y acorde con el “relato”, todo esto se haría supuestamente sin ajuste a la población y con “sostenibilidad social”. Igual, ya estamos acostumbrados a ver cómo en las cartas al FMI los gobiernos argentinos y de otras latitudes se pregona la cuadratura del círculo, sólo para descubrir en alguna etapa del camino que el círculo, después de todo, es redondo.

Hasta que esa ficha caiga, probablemente las negociaciones con el Fondo se estiren hasta comienzos de 2021. Aquí la gran incógnita es a qué tipo de acuerdo se llegará. Normalmente, hay sólo dos variantes: stand by (3-4 años de duración) o acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por su sigla en inglés), que puede abarcar de 4 a 8 años. Ahora bien, un stand by está casi descartado simplemente por la duración que necesitaría el acuerdo, que debe basarse precisamente en extender los vencimientos más allá de su horizonte original de tres años. Pero un EFF requiere siempre exigencias de “reformas estructurales”, cuyo sentido todos conocemos. En fecha tan cercana como 2019, el FMI recomendó en un paper la suba de la edad jubilatoria como paso número uno para evitar crisis fiscales originadas en el sistema previsional. Ese tipo de compromisos son justamente los que el gobierno argentino dice no querer firmar.

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Las posibilidades no son muchas: o Fernández termina aceptando algunas de las restricciones clásicas de los acuerdos de largo plazo con el FMI, o el Fondo se aviene a la novedad de un EFF sin ese tipo de exigencias, o incluso a un nuevo tipo de acuerdo. Como la crisis mundial agravada por la pandemia ha generado un “barajar y dar de nuevo” en muchos ámbitos, no es totalmente imposible que suceda esto último, que es a lo que apuesta el gobierno. Pero no hay razón para pensar hoy que es el escenario más probable. Más bien, habría que pensar en que el próximo acuerdo con el FMI –que ambas partes ven como inevitable– va a mantener, acaso con algún maquillaje, el rumbo de casi todos los anteriores: ajuste palo y palo.

Mientras tanto, el dólar se hace desear…

En las últimas jornadas previas al arreglo con los acreedores, volvió el nerviosismo respecto de la cotización del dólar. Guardada bajo llave la versión oficial y con un límite de 200 dólares el “dólar ahorro”, las especulaciones del “mercado” alimentaron el “dólar Bolsa” o MEP, así como el “contado con liqui” (CCL) –ambos, mecanismos para que titulares de cuentas en el exterior puedan sacar dólares del país legalmente– y el “blue” (dólar local ilegal para uso del “chiquitaje”) se dispararon por el orden de los 130 pesos, con una brecha respecto del oficial de cerca del 80%. La noticia del acuerdo con los bonistas debía llevar calma, pero si la hubo, no fue mucha. La sequía de billetes verdes en un contexto de fuerte emisión de moneda para financiar los gastos de la pandemia no puede hacer otra cosa que empujar hacia arriba las variantes “conseguibles” del dólar. No hace falta decir que esto es una bomba de tiempo inflacionaria –que se suma a la de la emisión– que el gobierno busca desactivar.

Ya veremos si tiene las herramientas necesarias. Pero aclaremos de entrada que el gobierno y el Banco Central, en línea con lo que esperan serán los reclamos del Fondo, ya están en plan de reducción de la asistencia financiera del BCRA al Tesoro, que genera mayor déficit y alimenta expectativas inflacionarias. La contrapartida de esto es, naturalmente, que el Estado tiene menos recursos para afrontar la pandemia. Es la lógica de ir levantando la cuarentena a como dé lugar, “ahorrando” recursos del Estado e IFE y otros instrumentos de asistencia a expensas del aumento de contagios y de muertes. El resultado de este “pragmatismo” elogiado por los economistas neoliberales no fanáticos: Argentina ya está entre los diez países del mundo con más casos de covid-19, está en el puesto 18 por cantidad de fallecidos y en el puesto 17 en casos por millón de habitantes, cuando hace cuatro meses –y luego de un mes de cuarentena en serio, no la burla que es ahora–, los puestos respectivos eran 54, 37 y 52.

Volviendo al dólar, hay un debate en la clase capitalista sobre si existe o no atraso cambiario. En general la respuesta afirmativa va por cuenta de los econogarcas liberales, y la negativa, de los cercanos al gobierno. En realidad, depende de qué se considere. Por ejemplo, en comparación con el promedio histórico, un dólar de 75 pesos no es un disparate. Pero si hace la cuenta del circulante total (incluyendo las Leliq y los pases a los bancos, que son emisión apenas disfrazada) sobre las reservas brutas del BCRA, da un dólar de 134 pesos, mucho más cercano a la cotización de las variantes cambiarias de fuga. Que se tome uno u otro parámetro como referencia es una decisión más política que económica. Otra posibilidad es comparar con el tipo de cambio bilateral con Brasil, que indicaría cierto retraso, pero al nivel mencionado.

En realidad, el problema del gobierno a mediano plazo para garantizar la estabilidad capitalista del país y para soñar con inversiones extranjeras es resolver la cuestión del cepo cambiario, y por eso se hace referencia al tema en la carta al FMI. Pero en el mientras tanto, toda la aspiración es mantener la brecha entre el dólar oficial y sus versiones “de mercado” en un nivel controlable.2 Esto es, reducirla gradualmente del 80% actual al 70% ahora, el 50% en diciembre y un 20-30% para el momento del acuerdo con el FMI, que sería el plan de Martín Guzmán (Ámbito Financiero, 31-8-20). Por su parte, Pesce desde el BCRA aporta un ritmo de devaluación gradual (crawling peg) que en lo que va del año va 10 puntos por encima de la inflación.

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Desde ya, el gran tema aquí no son las compras de dólares del chiquitaje –aunque no son despreciables: 850 millones de dólares menos para el BCRA sólo en agosto– sino la escasísima capacidad de acción de un Banco Central que sigue con las reservas en estado crítico desde la era Macri. Las reservas brutas son de unos 42.800 millones de dólares, pero cuando separamos la paja (canjes de moneda con China, préstamos no líquidos) del trigo (lo efectivamente disponible), la cuenta no llega a 9.000 millones. Y si se resta el oro (¡que Macri depositó en Inglaterra!) y los préstamos en la moneda del FMI, los derechos especiales de giro (DEG), quedan apenas 3.000 millones. Es cierto que ahora el Tesoro y el BCRA podrán intervenir en el mercado cambiario con los bonos que resulten de la reestructuración (algo imposible de hacer con los bonos anteriores). Pero se sigue estando demasiado al borde.3

 

…y los “patriotas del campo” lo amarrocan

Sucede que, cerrada la canilla de inversiones externas y de endeudamiento exterior, los dólares sólo entran al país por el comercio exterior. Pero, como sucede desde hace añares, los tubos de salida son muchos más y mucho más anchos que los de entrada. Y encima, cuando entran van a parar a cajas de seguridad o colchones, no al circuito financiero. Un cálculo reciente es que en Argentina hay 170.000 millones de dólares billete, físicos (J. Guarino, Ámbito Financiero, 31-8-20), para no hablar de los entre 300.000 y 400.000 millones, como mínimo, de activos líquidos de la clase capitalista argentina en el exterior (¡ésos sí que se robaron un PBI!).

Y para colmo, la canilla del comercio exterior no se puede aprovechar mucho. Pese a que el saldo de balanza comercial de este año (no muy distinto a 2019) va a dar un superávit de entre 15.000 y 18.000 millones de dólares, esos dólares no están recomponiendo las reservas del BCRA. Y eso se debe a dos factores: la “formación de activos externos” (FAE, o fuga de capitales, bah) y la liquidación de divisas amarreta que hacen los “patriotas del campo”.

Veamos primero lo de la fuga, que es un elemento estructural de la economía argentina desde que se semidolarizó en los 90 con Menem y Cavallo. Desde la salida final de la crisis de la convertibilidad, en 2003, el detalle es como sigue. En el gobierno de Néstor Kirchner, con una economía repesificada y un dólar real caro, hubo FAE por 17.200 millones de dólares; en el primer gobierno de Cristina Férnández –todavía sin crisis cambiaria ni de deuda–, incluso menos, 14.800 millones. Pero la cosa se aceleró brutalmente a partir de 2011: en el segundo gobierno de Cristina la FAE fue de 70.100 millones de dólares, y con Macri, ya fue el relajo: 86.200 millones. Total en esos 16 años: 196.000 millones de dólares. Esto es, prácticamente el 100% de la deuda externa pública.4
En cuanto a los dólares del “campo”, la cuestión es muy simple: los productores y acopiadores, en especial las grandes cerealeras multinacionales que controlan el grueso de las operaciones, ven como mejor negocio mantener la soja en silos que exportarla o procesarla, esperando buenas noticias en el terreno cambiario (devaluación, bah). El resultado es una primarización de la primarización del perfil exportador argentino, como vemos en el siguiente cuadro:

 

Exportaciones del complejo granario, enero a julio
En millones de toneladas

Producto/ Año    2019    2020*    Diferencia
Granos/pellets       34,6     40,3      +16,5%
Harinas y aceites    19,6     17,0      -13,2%
Total exportado   **23.710 20.240 -14,6%

* Proyectado
** En millones de dólares
Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación, consultora Andreani, Ámbito Financiero 1-9-20.

¿Sobre esta base es que el gobierno pretende ahora hacer el lanzamiento del plan de reimpulsar las exportaciones industriales? ¿Con la industria no subsidiada más competitiva del país, la única con un lugar importante en la división internacional del trabajo globalizada, esto es, la molienda de granos oleaginosos, está operando ahora al 50% de su capacidad? ¿Y no por las restricciones debidas a la pandemia, sino en razón de decisiones estratégicas de este sector clave del capitalismo argentino. No es este gobierno 100 por ciento capitalista –cuya pusilanimidad política quedó demostrada en que no fue capaz siquiera de impedir y castigar el vaciamiento fraudulento de la principal empresa argentina del sector, Vicentin– el que va a cambiar las reglas de este juego donde los beneficiados son los poderosos de siempre y los perjudicados son el conjunto de los trabajadores, los sectores populares y la nación en su conjunto.

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