Editorial

Vicentín: Defendemos la estatización, no un salvataje

El debate fuera de toda cuestión técnica o detalle jurídico se reduce, en última instancia, al carácter de la propiedad privada: si puede ser afectada, o si, por el contrario, es intocable como supone la teoría liberal.



La intervención de Vicentin por parte del gobierno nacional y la declaración de intenciones de expropiarla han causado un revuelo político nacional y dado lugar a una movilización reaccionaria en Avellaneda (norte de Santa Fe) en defensa de los empresarios estafadores, así como a cacerolazos en los barrios chetos de CABA y GBA. Acciones alentadas por los medios opositores, los grandes empresarios y los representantes políticos del ala neoliberal argentina que repudiamos desde estas páginas.

La propiedad privada en cuestión

El debate fuera de toda cuestión técnica o detalle jurídico se reduce, en última instancia, al carácter de la propiedad privada: si puede ser afectada, o si, por el contrario, es intocable como supone la teoría liberal. Es desde este punto de vista que debe partir toda discusión seria respecto del futuro de Vicentin.

Lo concreto es que el grupo económico se encuentra intervenido tras un decreto de necesidad y urgencia que lo pone bajo control del Estado por el plazo de 60 días. Al momento no se conocen los detalles sobre la posible expropiación y/o estatización de la empresa sino más bien trascendidos: declaraciones de intenciones de un sector del oficialismo que ha afirmado que la medida de la intervención será acompañada por un proyecto de ley que declare la empresa de “utilidad pública”.

Esto ha sido suficiente para que la derecha rancia y un sector mayoritario de la burguesía agrupados en cámaras como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -que agrupa a los dueños de empresas y Ceo’s más importantes del país- y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), pusieran el grito en el cielo en defensa del sacro santo derecho capitalista a la propiedad privada. Hablan del “ataque a la seguridad jurídica”, de que “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error” y cuestiones por el estilo (Francisco Jueguen, La Nación 10/06).

Tras ellos, un grupo de diputados del PRO se suman al escándalo: “Implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privada de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en la ley” (Hernán Capiello, La Nación, 10/06).

Tal ha sido la indignación que diarios como La Nación parece haber olvidado publicar en su edición del miércoles 10 de junio cualquier información sobre los contagios y fallecidos del día de anterior cuando esta información ocupa un lugar importante habitualmente… Prácticamente toda la edición ha estado dedicada a la defensa incondicional de los vaciadores (Sergio y Gustavo Nardelli al frente de la familia dueña de la empresa).

La propiedad privada es la columna vertebral del derecho burgués que protege a los dueños de los medios de producción, las empresas, es decir, una pequeñísima porción de la sociedad, en detrimento de la inmensa mayoría trabajadora que sólo cuenta con su fuerza de trabajo y que debe emplearse bajo las condiciones que los empresarios les imponen.

Desde esa perspectiva, los socialistas revolucionarios somos enemigos declarados de la propiedad privada de los grandes capitalistas sobre la que se monta el sistema capitalista y la explotación del trabajo. Siendo además la Argentina un país dependiente, esta es razón suficiente para que defendamos el derecho soberano del gobierno a expropiar y/o estatizar la empresa alertando de que no se debe tratar de un salvataje, sino de que Vicentin pase a ser 100% estatal, que la expropiación sea sin pago y que se avance en imponer el control obrero de la producción.

Por tal motivo, trazamos una raya a muerte con todos los reaccionarios que defienden el derecho a la gran propiedad de los multimillonarios y estafadores así como no le otorgamos un gramo de confianza al gobierno: queremos que la expropiación se lleve a efecto y que no sea un salvataje ni un arreglo centrista con la empresa.

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Por eso advertimos que no pueden tolerarse medias tintas. Inmediatamente después de la intervención debe avanzarse en la expropiación y rechazamos cualquier intento de reprivatización o arreglo con los actuales dueños que signifique que sigan al frente o recuperen el control y la propiedad de la firma.

Esto nos lleva al endeudamiento que tiene Vicentin más allá del Banco Nación. Rechazamos cualquier tipo de indemnización a los acreedores y especuladores financieros externos y a los grandes productores nacionales, no así a los pequeños productores que opinamos debe pagárseles.

Exigimos una investigación penal del vaciamiento empresario y la cárcel a los dueños de la empresa por estafar al pueblo dilapidando los recursos y riquezas del país. Una quiebra escandalosa cuando se trata de un grupo empresario que opera en uno de los sectores económicos más dinámicos del país, que maneja grandes sumas de divisas, que recibió sumas millonarias en préstamos del Banco Nación bajo el gobierno de Macri y que se declaró incapaz de pagar sin motivos aparentes.

Radiografía de una quiebra con olor a estafa

Vicentin es una empresa autóctona -de capitales originariamente nacionales- y la principal empresa de molienda de oleaginosa (soja, trigo, girasol, maíz, etc.) de todo el país, con una producción de 29.500 toneladas diarias y una facturación anual de 3 mil millones de dólares. Es una de las 10 principales empresas exportadoras del país (por todo concepto de exportación) y la cuarta más importante en el rubro agro exportador además de ser dueña de dos terminales portuarias. En el 2016 fue la primera exportadora de aceite y harina del país, en el 2017 produjo el 21% de la molienda de soja y al año siguiente el 27%. El 85% de los fondos anuales que manejan son por exportaciones, lo que quiere decir que tiene un enorme manejo anual de divisas. Como podemos apreciar, no estamos hablando de una verdulería o un pequeño comercio (datos tomados de Carlos Pagni, editorialista de La Nación ajeno a cualquier veleidad izquierdista, martes 9 de junio).

Como si esto fuera poco, la firma Vicentin es propietaria de un grupo de 20 empresas entre las que se encuentra una empresa algodonera, el frigorífico Friar, una fábrica de vinos, una fábrica de productos lácteos, y un centro de distribución comprado a Sancor en el 2018 (Favio Re, lavoz.com.ar).

Así y todo, en diciembre del 2019 Vicentin planteó a los acreedores que era incapaz de pagar sus deudas que hoy totalizan los 1.300 millones de dólares, de los cuales el mayor acreedor es el Banco Nación con 18.000 millones de pesos (tomando el dólar oficial a 70$ significan unos 260 millones de dólares aproximadamente), además de deber 9.500 millones de pesos en impuestos al Estado Nacional (otros 140 millones de dólares más de este festival de endeudamiento).

La estafa se hace más evidente cuando vemos que prácticamente la tercera parte de esta deuda en dólares con el Banco Nación fue contraída en noviembre del 2019, es decir, un mes antes de declararse insolvente (Raúl Della Torre, Página 12, 7/6). Ese mes el gobierno de Macri, que ya se encontraba en retirada tras la derrota aplastante que había sufrido con Fernández en las PASO, le entregó a la empresa 5.800 millones de pesos a través de González Fraga, director del Banco bajo su gestión: ¡un escándalo absoluto!

Sólo una semana después del millonario préstamo estatal la empresa se presentó a concurso de acreedores, es decir se declaró incapaz de pagar deudas… Es sabido el vínculo político entre los dueños de Vicentin y el PRO. Gustavo Nardelli, Ceo del grupo empresario y uno de los principales dueños, estuvo a punto de presentarse a gobernador por el PRO en Santa Fe. Fuera del intento fallido, el grupo Vicentin fue el principal aportante privado de Cambiemos entre las campañas electorales del 2015 y el 2017 con 27 millones de pesos (La Nación). ¡Por donde se lo mire lo que se ve es un vaciamiento y una estafa mayúscula al Estado!

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Desde luego que no depositamos expectativas en que el gobierno social-liberal de Fernández avance hacia una expropiación de tipo anticapitalista, es decir, sin indemnización de ningún tipo ni mucho menos que ponga la empresa bajo control de los trabajadores. Incluso una estatización más limitada que lo anterior requiere de un vuelco de parte importante de la opinión pública e, incluso, de la movilización de sectores populares.

En todo caso, debemos alertar frente a todo límite burgués que tenga el eventual proyecto de ley empujando para el lado de una empresa 100% estatal. Porque el hecho es que no puede descartarse que, bajo determinadas presiones, el gobierno termine realizando más un salvataje que una verdadera estatización: es decir, haciéndose cargo de la deuda y entregando la empresa a sus dueños originales o un nuevo grupo empresario, lo que sería una estafa por partida doble.

Un interrogante sería porque el gobierno, aparentemente, se decantaría por la estatización (más allá de cómo termine el proceso). Podrían ser varias causas concurrentes. Una podría ser el temor real a una quiebra en un sector tan neurálgico de la economía argentina. Dos, que de cualquier manera se viera obligado a cargar con los costos del endeudamiento (recordemos que parte fundamental de la deuda es con el mismísimo Banco Nación). Tres, que viera la oportunidad táctica de meterse en el negocio de las exportaciones agrarias cuyas preciosas divisas son fundamentales para el arreglo que se viene con los bonistas acreedores de la deuda externa. Y cuarto, que tomando este último punto, pueda posar de “progresista” con esta medida en el preciso momento que se va derecho a un acuerdo con los bonistas muy favorable a los acreedores internacionales…

No al pago de la deuda externa

Una razón más tiene que ver con el hecho de que ya existen en el sector muchas empresas multinacionales e incluso en los países imperialistas los Estados vigilan la composición nacional de los paquetes accionarios no dejando muchas veces entrar empresas extranjeras en determinadas ramas de la producción (ver ahora el caso de Trump con Huawei y la banda ancha 5G).

Los sectores más cipayos y ultraliberales como el diario La Nación se escandalizan por argumentos que más que “nacionalistas” en boca del gobierno de Alberto tienen que ver con poder hacer algún mínimo arbitraje en un sector muy sensible de la economía nacional y más aún, repetimos, en las condiciones donde el manejo y / o control de las divisas será central para el pago de la deuda.

No sabemos a ciencia cierta cómo evolucionará el caso Vicentin. Pero sí sabemos que, incluso si el gobierno avanza finalmente en la estatización, se encamina claramente a cerrar un acuerdo con los acreedores de la deuda externa muy favorable a estos en las próximas semanas.

Aun siendo social-liberal el gobierno de Fernández no es igual que el de Macri. Pretende ejercer algún tipo de arbitraje y una estatización como ésta, aun con todos los límites que le imponga, le serviría para cubrirse por la izquierda frente al acuerdo con los acreedores.

Así como rechazamos a los estafadores de Vicentin y exigimos la estatización del 100% de la empresa sin pago y con cárcel a los estafadores, rechazamos también el pago de la deuda externa, planteamos la ruptura con el FMI y nos negamos a aceptar el arbitraje de un gobierno que puede buscar cubrirse por la izquierda mediante la expropiación, sólo para seguir garantizando la continuidad del capitalismo argentino y el sometimiento al imperialismo.

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