Un debate en el seno del Estado capitalista

De qué se trata la reforma judicial del gobierno

Entre vítores de los medios oficialistas y rezongos de la oposición macrista, Alberto Fernández presentó en la tarde del miércoles su tan anticipado proyecto de reforma del Poder Judicial. En qué consiste y qué busca el gobierno.



En una conferencia de prensa y con la compañía de la jueza Highton de Nolasco (la única de la Suprema Corte que apoyó la medida) y de 11 funcionarios designados para conformar el “Consejo de asesores”, Fernández presentó la reforma judicial, que se espera sea aprobada hacia fin de año. Es una medida que el mandatario había anunciado ya el primero de marzo en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso pre-cuarentena.

En esta ocasión, Fernandez declaró: “busco hacer la república que todos reclaman pero algunos humillaron”, retomando claramente la bandera de “la república” tan utilizada electoralmente por Cambiemos para acusar al kirchnerismo de atentar contra la división de poderes e inmiscuirse en el ejercicio del Poder Judicial.

En concreto, la reforma comprende dos medidas principales. En primer lugar, fusionar los fueros de lo criminal (que investiga causas de corrupción del poder político y relacionadas el crimen organizado, como narcotráfico, secuestros y trata de personas) y de lo penal – económico (delitos de contrabando, tributarios y aduaneros), a los que corresponden 12 y 11 juzgados, respectivamente. A su vez, estos 23 juzgados que pasan a formar parte de un mismo fuero federal de la CABA poseen dos secretarías cada uno, que se transformarán en juzgados, desdoblándose en un total de 46 juzgados. Según el albertismo, esta medida va en el sentido de terminar con el “oligopolio” del Poder Judicial en la medida que el mismo se repartiría entre una mayor cantidad de jueces (hasta ahora en manos de los “históricos” 12 jueces federales). Se abrirían, en consecuencia, 23 puestos vacantes para jueces, que irían a concurso y se ocuparían en los próximos dos años, luego de ser aprobados por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y finalmente el Senado.

Por otro lado, se crearía (por DNU) un Consejo de asesores conformado por 11 funcionarios, cuya función consistiría en investigar y supervisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, es decir, los organismos centrales de la Justicia Nacional. Esta medida es la razón principal por la cual el grueso de la Corte (4 jueces sobre 5) se opusieron cabalmente y de antemano a la propuesta de reforma.

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Fernández se refirió repetidamente a la intención de buscar una Justicia más eficiente y sobre la que “no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos”.

Con la reforma el gobierno busca alinear a jueces y fiscales a los tiempos que corren, ganando peso en la justicia para sí mismos. También buscan, por un lado, relegitimar el tan desprestigiado Poder Judicial ante los ojos de su base social, así como relegitimarse a sí mismo (y al PJ) luego de haber sufrido años de humillaciones mediáticas por parte del macrismo a causa de los escándalos de corrupción del gobierno kirchnerista (corrupción que es común a todos los gobiernos burgueses y a su Estado, pero que la oposición patronal logró usufructuar políticamente contra los K). Sin embargo, la reforma que se presentó no puede ni remotamente generar “una Justicia sin influencia del poder políticos y los poderes fácticos”. Es que no se trata simplemente de un problema de nombres. Si bien es un hecho escandaloso que haya jueces federales atornillados a sus sillones desde el final de la última dictadura (o antes), el problema de la Justicia no se puede resolver con  un simple cambio de nombres. La Justicia argentina está podrida desde la médula, y más allá de los escándalos y manejos turbios y corruptos que permanecen enquistados en los Juzgados, el problema radica en que el Poder Judicial no puede no ser una Justicia políticamente influenciada mientras el Estado siga siendo uno capitalista.

Mientras el Estado siga estando en manos de la burguesía y encarne sus intereses de explotación clasista, el Poder Judicial no podrá expresar otros intereses que esos. Así se hace patente cada vez que algún reclamo popular llega a los Juzgados y la Justicia muestra su sesgo capitalista, clasista y patriarcal, obligando a dar una lucha a brazo partido para lograr mínimas sentencias favorables a los de abajo. Lo que sucede es que el Poder Judicial es utilizado además para resolver pugnas de camarillas entre los distintos sectores y partidos de la burguesía (caso de las cruzadas macristas contra los K) y eso redunda, además, en la formación de una casta judicial con intereses propios, jueces decrépitos con salarios millonarios y jubilaciones de privilegio que mueven los hilos de las causas para mantenerse acomodados en su puesto.

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Justamente por ese rol que la Justicia cumple dentro del Estado y en las disputas interburguesas, un simple cambio de funcionarios (o el aumento de su cantidad) no terminará con “la influencia política sobre la justicia”, ya que la influencia política sigue estando sólo que se ejercerá de otras maneras, más o menos veladas, y desde un sector u otro. Ya resulta bastante ilustrativo que los 11 funcionarios que integrarán el Consejo de asesores sean designados totalmente a dedo a través de un DNU, sin que pase su selección por ningún órgano parlamentario (ni hablar de por algún organismo de control popular).

Además, los jueces que ocuparán las nuevas vacantes serán designados por el Poder Ejecutivo (o sea, Alberto) y aprobados por el Senado, donde tiene mayoría el gobierno (o sea, Alberto).

La reforma presentada por Alberto Fernandez preve la aplicación de los juicios por jurados, pero esto tampoco implica una democratización real (en el caso de que llegue a implementarse, lo cual resulta dudoso). En países como EEUU ya existen los juicios por jurado y no por eso la Justicia es menos burguesa, patriarcal, racista y podrida. Para sanear la Justicia hay que tirarla abajo y construirla de nuevo, en manos de los trabajadores y los sectores populares, no con medidas desde arriba. Hay todo un entramado de corrupción y manejos turbios en la Justicia (no hace falta más que pensar en sus muchos vínculos con la Policía y las fuerzas represivas en general) que es necesario desmantelar, y cambiar un par de funcionarios por otros puestos a dedo no avanza ni un solo paso en ese sentido.

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