entre el golpe y la rebelión

Cuatro décadas de lucha de clases en Bolivia

Para entender el golpe de estado y la rebelión contra el gobierno de facto.

Ale Kur
Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


En este espacio queremos señalar algunos de los principales acontecimientos políticos que atravesó Bolivia en los últimos 20 años, para ayudar a la comprensión de la situación actual, de cómo se llegó a ella -rastreando el origen de muchos de sus elementos.

 

1980-90: el neoliberalismo

Bolivia sufrió, durante las décadas de 1980 y 1990, una brutal ofensiva neoliberal a manos de sus gobiernos. En línea con las directivas del FMI y el Banco Mundial, se avanzó con privatizaciones y despidos masivos en diversas áreas de la economía. Entre ellas, una de las más importantes fue la promulgación en 1985 -por parte del gobierno de Paz Estenssoro, del MNR- de la ley 21060, que privatizaba la minería boliviana (desde la revolución de 1952 se encontraba en manos de un organismo estatal denominado COMIBOL) y despedía a más de 20 mil trabajadores mineros. Esto asestó un duro golpe a lo que hasta ese momento había sido el epicentro del movimiento obrero boliviano: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (gran protagonista de la revolución de 1952), columna vertebral de la Central Obrera Boliviana. Los gobiernos también avanzaron con la privatización del gas natural (del que Bolivia posee enormes reservas) a manos de transnacionales, sentando las bases para uno de los principales conflictos del próximo periodo.

Por otra parte, en este periodo se desarrollaron los movimientos campesinos e indígenas como el MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales, con epicentro entre los cocaleros de la provincia de Cochabamba. Luchaban, entre otras cosas, contra las políticas de los gobiernos que buscaban erradicar el cultivo de coca igualándolo con el narcotráfico. Luchaban también por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, pisoteados históricamente por un Estado racista.

 

1999-2000: La “guerra del agua”

En este contexto, el gobierno de Hugo Banzer intentó en septiembre de 1999 avanzar con la privatización del servicio de agua en Cochabamba, adjudicando el servicio a una multinacional de capitales norteamericanos (Bechtel – Aguas del Tunari). Mediante la ley 2029 el agua era convertida en una mercancía, perjudicando tanto a los habitantes urbanos como a los campesinos que la utilizaban para el riego. Las tarifas del agua subieron más de un 300%, llevando a la población local a una situación ruinosa.

En respuesta a esta situación, se desarrolló entre diciembre de 1999 y abril de 2000, una primera gran rebelión popular en la región: “de forma casi espontánea, surgió un heterogéneo tejido social compuesto por varios sectores: sindicatos obreros, juntas de vecinos, asociaciones de profesionales, transportistas, maestros, campesinos regantes, campesinos cocaleros, estudiantes,  etc. Todo este conjunto diverso de sectores halló su expresión y unidad en torno a una nueva entidad organizativa denominada Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. (…) La columna vertebral de la Coordinadora la constituyeron los campesinos regantes y los trabajadores fabriles, quienes junto a los demás sectores, emprendieron un ciclo de movilizaciones que desembocarían en la gran revuelta popular de abril de 2000, sublevación que consiguió expulsar a Bechtel de Bolivia.”[1]

La rebelión de Cochabamba, que enfrentó duramente a las fuerzas represivas bolivianas (policía y ejército) dejó muertos y gran cantidad de heridos, pero culminó en un importante triunfo popular: derrotó al estado de sitio impuesto por el gobierno y revirtió la privatización del agua. Pero además, implicó la unidad de acción de sectores campesinos-indígenas, sindicatos, obreros y del pueblo explotado y oprimido en general. De esta manera, comenzó a revertirse la relación de fuerzas ampliamente desfavorable de la década del 90 y se abrió paso a un nuevo ciclo político.

 

2003: La “guerra del gas” y la rebelión de octubre

El siguiente episodio de importancia fue la llamada “guerra del gas” en 2003. Ésta fue desencadenada por la decisión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”) de habilitar la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos, en el marco de una dura crisis económica y social. El gas sería exportado a bajo precio con beneficios nulos para el pueblo boliviano. Esta decisión fue la gota que rebalsó el vaso de agua de un enorme descontento acumulado por los sectores populares bolivianos, contra el modelo neoliberal y contra un Estado racista y autoritario.

Desde septiembre, día tras día nuevos sectores se fueron incorporando a un ciclo de enormes protestas populares: los campesinos, los choferes de La Paz, los maestros rurales, la población de El Alto. Esta última se trata de una ciudad satélite de La Paz de componente mayormente originario, que hoy cuenta con alrededor de un millón de habitantes. R. Sáenz la define como una “ciudad proletaria” donde la identidad aymara de los habitantes coexiste con su carácter asalariado e inclusive obrero, con una considerable proporción trabajando en la industria[2]. Allí funciona la “Federación de Juntas Vecinales” (FeJuVe), organismo formado por delegados de los barrios populares. La población de El Alto se movilizó masivamente en octubre de 2003, protagonizando muy duros choques  con el ejército boliviano, que dejaron alrededor de 30 muertos (la llamada “masacre de octubre”). Se trató de una verdadera insurrección urbana que logró sacudir al país entero.

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A esto se le sumaron también sectores como los mineros y la Central Obrera Boliviana, con columnas de miles de trabajadores abriéndose paso hacia La Paz enfrentando la represión (jugando allí un rol muy destacado los mineros de Huanuni, en el departamento de Oruro[3]).

Las jornadas de octubre combinaron la huelga general, los bloqueos de rutas, las movilizaciones masivas y los enfrentamientos: como producto de esta heroica lucha popular, que en conjunto dejó más de 60 muertos, Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar y a abandonar el país rápidamente el 17 de octubre.

La renuncia de Sánchez de Lozada significó un duro golpe al neoliberalismo boliviano y a sus partidos políticos tradicionales (que prácticamente colapsaron desde entonces), además de un enorme triunfo popular que vigorizó sus reclamos y sus organizaciones. De esas jornadas nació la llamada “Agenda de octubre” de los diversos sindicatos y movimientos sociales, que incluía la exigencia de la nacionalización de los hidrocarburos (expropiando a las multinacionales), la industrialización de Bolivia y la realización de una Asamblea Constituyente (con participación popular)[4] para refundar el país sobre nuevas bases (reconociendo entre otras cosas a los pueblos originarios y sus derechos). También salió nuevamente fortalecida la COB (Central Obrera Boliviana). Por otra parte, comenzó un fuerte ascenso de la figura de Evo Morales y del MAS boliviano, que lograron capitalizar políticamente estas jornadas.

 

2005: renuncia de Carlos Mesa y triunfo del MAS

Luego de la renuncia de Goni, el país quedó a cargo del entonces vicepresidente: Carlos Mesa (el mismo político que se presentó como principal opositor a Evo Morales en las elecciones de 2019). Mesa intentó continuar con las políticas neoliberales haciendo algunos ademanes de negociación y de concesiones menores, pero sin cumplir las demandas de los movimientos sociales En este marco, en 2005 se desarrollaron nuevamente fuertes movilizaciones populares, bloqueos de ruta y una huelga general (impulsadas por la COB y la FeJuVe de El Alto), exigiendo el cumplimiento de la Agenda de Octubre. Se abrió una profunda crisis política y finalmente Mesa renunció a la presidencia en junio de 2005.

En diciembre de dicho año se realizaron elecciones presidenciales, en las que por primera vez resultó ganador el Movimiento al Socialismo (MAS), siendo electo Evo Morales con un 54% de los votos. La rebelión de octubre de 2003 había dejado su huella en las urnas.

 

2006: Nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente 

Evo Morales comenzó su presidencia en enero de 2006. Una de sus primeras medidas fue impulsar la nacionalización parcial de los hidrocarburos (mayo de 2006): desde entonces, los recursos del subsuelo pertenecerían al Estado, aunque no así las maquinarias e instalaciones necesarias para su extracción y procesamiento. Esta nacionalización parcial implicaba negociar contratos de concesión con empresas privadas (multinacionales) donde éstas seguirían quedándose con una parte de los beneficios, aunque a cambio el Estado recibiría una porción mucho mayor de los ingresos que anteriormente. Esta era una forma de cumplir parcialmente el principal punto de la Agenda de Octubre, aunque de manera limitada y sin ir a fondo contra los intereses capitalistas.

Por otra parte, en julio de dicho año se abrió el proceso para la conformación de una Asamblea Constituyente, con la elección de representantes por parte de la población.

 

2008: comienza el conflicto con la “medialuna de Oriente”

En este año comenzó el conflicto entre el gobierno del MAS y fuerzas político-sociales de la llamada “Medialuna de Oriente” (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando). Se trata de regiones con una estructura económica y demográfica diferente a las del occidente boliviano: con un menor componente indígena y más “blancas”, donde se encuentra la producción de hidrocarburos y con una agricultura moderna, con fuerte presencia de capitales extranjeros. Allí se afirmaron los movimientos “autonomistas” o “cívicos” dirigidos por sectores burgueses y apoyados en las clases medias acomodadas, con un fuerte tinte racista y anti-originario. Éstos pretendían quedarse con una mayor proporción de los beneficios de la explotación económica de los recursos naturales y tener una mayor autonomía política -con un contenido fuertemente elitista y antipopular-. Estos movimientos contaban a su vez con fuerzas de choque de rasgos fascistas, como la Unión Juvenil Cruceñista (a la que perteneció Fernando Camacho, actual líder de los golpistas de 2019).

En este marco se realizó en agosto de 2008 un referendo revocatorio que puso en cuestión la continuidad de Evo Morales y de los prefectos de las gobernaciones. Evo sobrevivió con el 67% de los votos a favor de su continuidad. También lo hicieron 6 de los 8 gobernadores en juego. Esto no acabó con el conflicto político que siguió escalando, incluyendo en septiembre el asesinato de 20 campesinos a manos de los grupos fascistoides de Oriente. Una oleada de indignación popular recorrió el país, desatando grandes movilizaciones que llevaron a un cerco campesino armado sobre Santa Cruz[5]. Cuando estaba planteada la posibilidad de aplastar a los fascistas, Evo Morales ordenó desarmar el cerco para buscar una “salida negociada” al conflicto. De esa manera, le salvó la vida a los separatistas de ultraderecha del oriente boliviano (los mismos que hoy volvieron a la carga bajo la figura de Camacho). A partir de allí, Evo negociaría con la burguesía de Oriente muchas de las cuestiones esenciales de su política, rebajando así fuertemente su ya moderado programa de transformaciones sociales.

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2009: Nueva Constitución y elecciones presidenciales

Parte de lo anterior fue la puesta en referéndum en 2009 de una nueva Constitución, que fue aprobada con el 61% de los votos. De allí saldría el marco institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, como resultado de un compromiso entre algunas de las demandas históricas de los sectores populares con las clases dominantes y los viejos aparatos de dominación. Este compromiso mantendría en pie los principales fundamentos del capitalismo dependiente y atrasado de Bolivia, al tiempo que haría ciertas concesiones a los pueblos originarios[6] y plasmaría en su texto algunas de las conquistas ya obtenidas con la lucha popular durante la década. A fines de dicho año, Evo Morales fue reelecto para un segundo mandato con el 64% de los votos.

 

2010-2011: Choques con los sectores populares

Durante los años siguientes, el gobierno de Evo Morales desarrollaría choques con su propia base social: los sectores campesinos, obreros y populares, desgastándose y provocando divisiones internas entre dichos sectores.

Señalaremos aquí dos casos. El primero de ellos, el llamado “gasolinazo”, fue un intento por parte de Evo de retirar subsidios al combustible (diciembre de 2010, en el marco de la crisis económica mundial), provocando un fuerte aumento de precios que perjudicaba ampliamente a los sectores populares. Esto desató una amplia resistencia, que puso nuevamente de pie al pueblo de El Alto y a otros sectores (incluyendo un paro del transporte). Finalmente, Evo debió volver atrás con la medida, pero sufrió un considerable desgaste. En abril de 2011, se desarrolló una huelga general por aumentos de salarios, en respuesta a la inflación, con importantes movilizaciones obreras.

Al año siguiente, un descontento similar se originó con el intento por parte del gobierno de construir una carretera atravesando el parque nacional TIPNIS, hogar de varias comunidades originarias y reserva natural. Se trataba de un megaemprendimiento capitalista con un fuerte impacto en las comunidades y el medio ambiente. Esto provocó una gran resistencia de sectores indígenas y campesinos, que chocaron por primera vez a gran escala con el gobierno de Evo: éste reprimió movilizaciones muy nutridas, provocando un mayor alejamiento de dichos sectores.[7]

 

El largo declive de Evo y la derrota de 2016

A partir de estos acontecimientos, comenzaría una caída en la popularidad del gobierno de Evo, una erosión de lo que era hasta entonces su principal base de apoyo. Varias organizaciones se distanciaron entonces del gobierno y el nivel de entusiasmo en general decayó. Si bien esto no afectaría de manera inmediata su caudal electoral (obteniendo una nueva reelección en 2014 con un 61% de los votos), sí marcaría una tendencia de largo plazo al debilitamiento. En nuevas condiciones internacionales, esto pudo verse en 2016 en la derrota del referéndum donde se planteaba la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones. Se trataba de su primera derrota electoral en una década entera.

Si bien los acontecimientos de 2019 no serán incorporados a esta cronología, es importante ver en las tendencias de largo plazo algunos de los elementos que sirven para comprender la situación actual.

 

[1] Citado en “La guerra del agua de Cochabamba – Bolivia. La movilización de todo un pueblo en defensa de un bien común”. Grupo Semillas, 10/8/2006. En: http://www.semillas.org.co/es/la-guerra-del-agua-de-cochabamba-bolivia-la-movilizacin-de-todo-un-pueblo-en-defensa-de-un-bien-comn

[2] “Crítica del romanticismo “anticapitalista””. Por Roberto Sáenz. Revista SoB 16, abril 2004. En: http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=11974

[3] “OCTUBRE NEGRO 2003 “LOS MINEROS DE HUANUNI VINIERON A SALVARNOS”

Bocamina Comibol – Bolivia·martes, 17 de octubre de 2017. En:

http://comibol.gob.bo/index.php/24-noticias-inicio/1438-octubre-negro-2003-los-mineros-de-huanuni-vinieron-a-salvarnos

[4] “Bolivia: La potencia revolucionaria del 17 de octubre de 2003” Eduardo Paz Rada, Nodal, 30/10/18. En: https://www.nodal.am/2018/10/bolivia-la-potencia-revolucionaria-del-17-de-octubre-de-2003-por-eduardo-paz-rada/

[5] “El camino suicida del pacto con la extrema derecha racista. No disminuye el grave peligro de secesión”. Por José Luis Rojo y Martín Camacho, Desde La Paz. Socialismo o Barbarie, periódico, 25/09/08

[6] “Declaración de Socialismo o Barbarie Bolivia”. La Paz, 22/01/09

[7] “Bolivia: Los porqués del conflicto del TIPNIS”. Por Míriam García, 2 de octubre, 2011. En: https://www.servindi.org/actualidad/52382

 

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