La crisis de la economía argentina ha abierto un nuevo capítulo. Mandó al archivo en menos de dos meses el acuerdo del préstamo más grande de la historia del FMI, incumpliendo casi todas sus metas,  el dólar tuvo una escalada explosiva, el riego país vuelve a ascender, cerrando el acceso al crédito internacional, la recesión según el propio gobierno provocara una contracción anual de la economía del 2,4% con una inflación del 42% para 2018 mientras el Banco Central dispuso una tasa de interés del 60%, la más alta del mundo.

La salida anunciada por Macri este lunes ha sido un plan de ajuste al cuadrado: desde el  2,7% de déficit para 2018,  mientras el plan original con el FMI preveía una reducción al 1,3% para 2019, lo que ahora se pretende llevarlo a cero: una brutal reducción en términos reales, y en algunos casos en términos absolutos de las jubilaciones, la educación, la salud y la obra pública, una verdadera declaración de guerra.

Con su ya clásica hipocresía, expresó que “no podemos gastar más que nuestros ingresos”, cuando el objetivo real de los anuncios es mostrar al Dios “mercado” que va a poder pagar los vencimientos de capital e interés próximos a vencer. Pero la dinámica de la crisis económica también es política: la gran pregunta que se hacen los capitalistas es si Macri podrá llevar adelante semejante ataque a los trabajadores. Las piedras del 18 de Diciembre continúan rebotando, y no solo en los despachos oficiales. Los trabajadores del Astillero Rio Santiago se lo mostraron a toda la ciudad de La Plata, y la rebelión universitaria se lo está mostrando a todo el país.

La espiral  de la crisis, de económica a política, lleva a buscar referencias anteriores. Y es inevitable encontrar  las similitudes con una de las más graves crisis de nuestra historia, la del 2001.

La Argentina neoliberal y el Argentinazo

Producto del endeudamiento masivo de los 90 y del régimen de la Convertibilidad[1], la economía argentina entra en recesión desde 1998, estaba sufriendo una presión insoportable del pago de intereses y vencimientosde la deuda externa.

A comienzos del mes de noviembre de 2000, el Ministro de Economía Machinea comenzó a negociar con el FMI dirigido por el alemán Horst Khöler lo que denominaron un multimillonario blindaje financiero inicial de 20.000 millones de dolares, junto a  un grupo de bancos comerciales que operaba en el país. Con la posterior incorporación del BID, del Banco Mundial y del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) se termina anunciando en enero de 2001 un crédito de casi 40.000 millones para “eliminar la incertidumbre del caso argentino”  Este programa preveía apoyo financiero que se iba a desembolsar a lo largo de los años 2001 y 2002.

Para evitar el default, además de lograr que se concreten esos desembolsos era necesario que los bancos comerciales cumplieran con su compromiso de renovar los 10.000 millones de dólares de Letras del Tesoro que vencían durante 2001 y que además el mercado proveyera fondos frescos para pagar la amortización de capital que se producía a lo largo del año, de aproximadamente 7.000 millones adicionales. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, “para aumentar la confianza de los inversores” y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.

Para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.

Sin embargo, a pesar del «blindaje», a partir de marzo del 2001 se desata otro proceso: una fuga de depósitos de 5543 millones de pesos/dólares, solo ese mes, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia argentina, ante la evidencia de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos.

En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por 2000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, incluidas las universidades, un proyecto de mayor flexibilización laboral, y rebajas al salario familiar;se produce una fuerte reacción popular y se ve obligado a abandonar el gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto.

De la Rúa ofrece el cargo de ministro de Economía a Domingo Cavallo, ex ministro de Menem y padre de la convertibilidad. Cavallo lanzó el programa de «déficit cero», según el cual la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13 %.  «Es hora de pasar a la acción y esto requiere un esfuerzo patriótico. Vamos a gastar sólo lo que tenemos, lo que recaudamos», dijo De la Rúa, en un acto transmitido por cadena nacional. Sin embargo, Cavallo, se apresuró a tranquilizar a los acreedores externos al garantizarles que el Estado argentino cumplirá puntillosamente con sus deudas. En el mismo sentido, Cavallo garantizó «la estabilidad de los depósitos y de la moneda, que no están puestas en duda. No habrá devaluaciones ni pérdidas de depósitos de los ahorristas». De la Rúa precisó que “la situación de los ciudadanos de los niveles más extremos de pobreza no será sometida a ninguna reducción del gasto» y que“no se afectarán los programas sociales, en especial la niñez, la alimentación”mientras la desocupación era de alrededor del 18% y sumando a la subdesocupación se llegaba al 34%.

En paralelo las provincias, que también estaban endeudadas, al no poder renovar sus deudas ni ser financiadas por la Nación, lanzaron sus propias “cuasi monedas” para afrontar sus gastos; nacieron el Patacón en Buenos Aires, las LECOR en Córdoba, y la Nación para no quedarse atrás emitió las LECOP. En el país había casi tantas monedas como provincias, pero una sola con valor: el dólar

Tres ministros en tres meses, recesión, fuga de capitales, monedas “paralelas”, imposibilidad de afrontar los vencimientos de la deuda, el riego país volando a los 1000 puntos, darían pie a una nueva solución mágica: el Megacanje, que pretendía aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un plazo mayor. La propuesta, provenía de un banquero: David Mulford, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. La propuesta sería recibida y llevada adelante por Cavallo, y su Secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger.

La cosa era sencilla: secambiarían 46 tipos de bonos por solo cinco, estirando los plazos hasta el 2031, ganando el tiempo que necesitaban las cuentas externas.  Pero el peritaje de la posterior causa judicial, de la que Sturzenegger fue sobreseído en 2016 para limpiar su prontuario en su cargo del Presidente del BCRA, determino un perjuicio para el paísvaluado en 55.000 millones de dólares. Los bancos que cobraron “honorarios” por 150 millones de dólares por cambiar títulos que tenían en sus carteras por otros nuevos, fueron el Francés, Santander, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan Y CréditSuisse. El inventor Mulford se llevo 20 millones.

El 1 de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que permitió llevar adelante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Esta iba a ser la Fase 1 de un canje integral de la deuda pública nacional y provincial que quedaría completado una vez que, con acuerdo del FMI y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiera llevar a cabo la Fase 2, para canjear todos los bonos en manos de tenedores externos.

Pero llegó diciembre, el corralito[2], la decisión de Khöler de retirar la misión del FMI de Buenos Aires los primeros días del mes, junto al anuncio de no desembolsar los 1.260 millones previstos por el blindaje para noviembre; el Fondo le soltaba la mano a la Argentina. También llegaron el estado de sitio, los saqueos, la irrupción popular, los muertos por la represión y el Argentinazo: una nueva reconfiguración social, política y económica del país, y nuevas relaciones de fuerzas entre las clases sociales, que Macri con su gobierno de CEOs vinieron a alterar nuevamente.

La solución macrista

Cavallo decía que hay «una crisis de confianza en los ahorristas argentinos, que están asustados», Köhler que De la Rúa mostraba “un fuerte liderazgo” y que las autoridades argentinas “encararon el problema en la etapa preliminar de la crisis” mientas que “se ha puesto en marcha un ambicioso programa orientado al crecimiento económico, lo que debería restaurar la confianza interna y externa”

Frases que podemos escuchar casi dos décadas después. Y es que como vimos, algunos personajes son los mismos. O sus alumnos. Y la “solución” es la misma: reventarnos para pagarles a los buitres internacionales y locales, con los mismos argumentos. Hoy la economía argentina no arrastra el lastre de tres años de recesión como en 2001, que llevó a un descenso del PBI del 21%  hasta marzo de 2002, la desocupación es otra, el peso de la deuda pública es menor, los bancos no están sufriendo por ahora retiros acelerados de depósitos, ni el peso está atado a un cambio fijo. Pero esto no significa “devaluar” la crisis que atraviesa el país, que está en pleno desarrollo. Precisamente la “desconfianza” de los mercados que Macri pueda ganar esta batalla e imponer su ajuste no se asienta en especulaciones abstractas sino en una lectura atenta de la realidad política y social.

Cada crisis tiene sus determinaciones, ya que el enemigo también aprende de las experiencias pasadas. En algunas, como ahora, cuando se han acumulado tensiones que sacuden el cuerpo social,  queda planteado el problema del poder entre los contendientes;  en este caso, de imponer una derrota grave a los trabajadores, o de impedirla con sus métodos históricos llevando adelante una salida propia de los trabajadores y de sus intereses. Es aquí y es ahora, como dice Macri, y no en 2019 donde se decide la suerte.

[1]La Ley de convertibilidad establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar estadounidense por cada Peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional.

[2] Se denominó corralito a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno el 3 de diciembre de 2001, y que se prolongó por casi un año hasta  el 2 de diciembre de 2002.