Cuadernos de la Corrupción | Un escándalo que devela el funcionamiento del Estado capitalista

Martín Primo
Director del semanario Socialismo o Barbarie, dirigente del Nuevo MAS.

“Para ver una cosa hay que comprenderla. […] Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos.” (There are more Things, Jorge Luis Borges)

El escándalo alrededor de las “denuncias de los cuadernos” se nos presenta como una montaña de inmundicia que pone en evidencia ante la vista de todo el mundo, como pocas veces en la vida política de un país, algunos de los hilos que unen y fusionan al Estado capitalista y la clase capitalista: la corrupción.

Pero ante esta madeja que une cuadernos oportunamente incinerados, carrera de delatores, piadosos arrepentidos y velocísimos magistrados, no hay que perder de vista otro de esos hilos: la utilización del aparato del Estado en beneficio de la fracción burguesa gobernante.

Una curiosa denuncia que amenaza con irse de las manos

Empecemos por el principio. La causa de los cuadernos Gloria comienza de una manera muy curiosa; súbitamente surgen una serie de cuadernos escolares que supuestamente fueron escritos de puño y letra durante años por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien era a su vez funcionario del Ministerio de Planificación dirigido por Julio de Vido. En dichos cuadernos, figura con lujo de detalles una extensa red de recaudación de coimas, y se pueden leer nombres de funcionarios y empresarios, direcciones, marcas y matrículas de autos, diálogos incriminatorios e innumerable cantidad de valijas y sobres que, pese a estar cerrados, no impidió al chofer conocer su contenido y cuál era la cifra exacta de dólares que se traficaban. Centeno, que es un ex sargento del Ejército, afirma haber escrito estos cuadernos para poder extorsionar a algún funcionario ante la posibilidad de que lo echaran del trabajo. En 2015, con el cambio de gobierno, Centeno perdió su puesto y volvió a trabajar en una remisería. Allí, decidió entregarle los cuadernos en custodia a Jorge Bacigalupo, un compañero de trabajo que es sargento retirado de la Policía Federal. Como la curiosidad pudo más, Bacigalupo no pudo refrenar la tentación de leer el contenido de los mismos y luego decidió entregarlos al periodista de La Nación, Diego Cabot, quien tras fotocopiarlos y devolverle los originales a Bacigalupo, se dirigió rumbo a la fiscalía bajo las órdenes de Carlos Stornelli. El fiscal, luego de arreglar con el periodista los pasos a seguir, decidió por su parte entregarle estas fotocopias al juez Claudio Bonadío, quien después de escuchar a Centeno, sin más pruebas, ni siquiera haber ordenado el secuestro de los cuadernos originales, dictó una serie de órdenes de detención. Pero hete aquí que días después, cuando se decidieron a ir a buscar los famosos cuadernos, resulta que los mismos habían sido quemados en una parrilla hace dos meses por el mismísimo Centeno, razón por la cual los mismos ya no existen.

Agradezco la infinita paciencia del lector y pido perdón por el insufrible párrafo que acaban de leer. Pero deberán reconocer que el mismo se parece más a la sinopsis de una película de suspenso clase B, que al trasfondo de una investigación. Aunque nobleza obliga a reconocer que no tenemos mayores evidencias que el sentido común y el límite de nuestra credulidad; lo cierto es que todo esto tiene un tufillo a cosa armada que es difícil de tapar con desodorante de ambiente.

Pero no obstante esto, la maniobra de Stornelli y Bonadío dio sus frutos. Los empresarios detenidos a causa de la información contenida en los cuadernos desaparecidos, no soportaron dos días en una comisaría y, ni lerdos ni perezosos, emprendieron la más rocambolesca carrera de delaciones cruzadas que tuvo como único objetivo garantizarse la cuasi impunidad a cambio de la denuncia a otros: unos verdaderos sicofantes.

Hasta aquí todo iba viento en popa, los empresarios corrían a “auto incriminarse” y denunciaban que habían sido víctimas de las extorsiones del gobierno kirchnerista que los habría obligado a realizar depósitos en negro, para con este financiar el funcionamiento del aparato político K; pero, eso sí, ellos nunca pagaron ninguna coima para beneficiarse en nada. La verdad, uno está tentado a sentir lastima por estos pobres multimillonarios como Calcaterra (Macri), Roggio (Roggio), Rocca (Techint) o Pescarmona (homónimo) flor y nata de la burguesía nativa, verdaderos pilares de la sociedad, prohombres que fueron acorralados por la bravura de Baratta al servicio de la avaricia de Néstor y Cristina. Curioso, estos muchachos que supieron amasar su fortuna en alianza con la dictadura militar, de pronto se acobardaron frente a los K.

… pero en eso Wagner empezó a tocar

Toda parecía ir sobre rieles: los empresarios se presentaban como víctimas de los políticos corruptos, que formaban una verdadera asociación ilícita con Cristina Kirchner a la cabeza y que se habrían enriquecido mediante la extorsión desde el Estado. Pero el problema fue que mientras más se repetía esta película, más gente sospechaba que los “productores hollywoodenses” habían metido demasiada mano en el guion, que algo no cerraba. Y como el mecanismo de la “delación premiada” requiere que, para lograr su “sortija”, cada nuevo “arrepentido” que se suma aporte datos más relevantes… así de delación en delación al final la cosa se empezó a desmadrar.

Así las cosas, y ante el temor de quedar afuera de la calesita, Carlos Wagner, empresario y presidente de la Cámara de la Construcción durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, se acercó “espontáneamente” al juzgado y llamó a las cosas por su nombre. Según su declaración, no hubo ninguna extorsión, ni ningún aporte para ninguna campaña electoral. Lo que hubo y hay en la Argentina es una cartelización de la obra pública manejada por los mismos empresarios en beneficio propio. Asociación ésta frente a la cual los gobernantes de turno no son más que el engranaje que permite los negociados de aquellos con el Estado; y donde las coimas no son otra cosa que el “aceite” que lubrica esta maquinaria.

Escuchemos al mismo Wagner: “Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos“. Es interesante cómo Wagner revela que son las mismas empresas quienes manejan el circuito de la corrupción, quienes se ponen de acuerdo y quienes deciden entre ellas quién se queda con qué y a qué precio. De hecho más adelante aclara: “A ellos [gobierno] no les interesaba qué empresa ganara, sólo que se haga bien el trabajo adjudicado y que pagaran el dinero comprometido […]. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno [entre el 10% y el 20%]”.

Las declaraciones de Carlos Wagner significaron un giro de 180 grados en la causa. El empresario se vio forzado a llamar las cosas por su nombre y a describir el histórico mecanismo por el cual los “dueños de la Argentina” vienen haciendo negocios con el Estado. Quiens etan imputados son la crème de la crème de nuestra burguesía: Ángelo Calcaterra (primo de Macri y dueño de Iecsa hasta el año pasado), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc. Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Roggio, Juan Chediak (José Chediak), Gabriel Romero (Grupo Romero).

 

La patria contratista: génesis de una burguesía “nacional”

 

Ante este “descubrimiento” es entendible que la expresidenta se haya sentido molesta. Con la modestia que la caracteriza, ella no pudo aceptar que le adjudiquen a su gobierno, ni al de su marido, el mérito de haber creado un sistema de corrupción que no es producto de su talento, sino un método que está inscripto en el ADN de la burguesía nativa de este país al cual simplemente ellos se acomodaron. De allí la indignación de Cristina Kirchner quien, sin refutar ni uno solo de los mecanismos descritos por Wagner, escribió en su facebook: “Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri”.

Debemos admitir que la ex presidenta en algo tiene razón. La familia Macri es una de las fundadoras de la “patria contratista”, un conjunto de grandes empresas que se enriquecieron mediante negociados tanto mediante la obra pública o como proveedoras del Estado. Esta simpática generación de emprendedores forjó su fortuna a la sombra del Estado, una fortuna que está lubricada no sólo con los dólares de la corrupción sino también con la sangre de los 30.000 desaparecidos que se cobró la dictadura militar que le garantizó sus negocios y le nacionalizó sus deudas (al igual que a toda la gran burguesía) transformándola en deuda pública.

Justicia: más tuerta que ciega

Parece un milagro bíblico, o más bien medio milagro. Porque si la imparcialidad de la justicia está simbolizada mediante la figura de una dama ciega, ahora podemos decir que recuperó la vista más no sea de un ojo. Es que parecería que al juez Claudio Bonadío le interesa únicamente la persecución de los delitos del último gobierno. De hecho es un verdadero escándalo que con la celeridad que hasta ahora viene llevando el caso, aún no haya citado a declarar como imputados a Franco Macri y a Mauricio Macri.

Esto no es una chicana ni una provocación polémica. De las declaraciones de Carlos Wagner se desprende que el “club de la obra pública”, esa verdadera asociación ilícita empresarial, también estaba integrado por la Familia Macri por lo menos desde 2004 hasta 2007 fecha en que le fue entregada al primito Calcaterra la constructora Iecsa perteneciente al grupo Socma (Sociedades Macri); Grupo del cual Mauricio era uno de sus principales accionistas hasta 2009 cuando le cedió sus acciones a sus hijos. Como ven, toda siempre queda en familia.

La ceguera selectiva del juez Bonadío, uno de los seis “jueces de la servilleta” de la cual hacía gala Carlos Corach, jefe de gabinete de Carlos Menem, porque respondían directamente a sus órdenes, es una muestra de que los motivos que lo mueven son políticos y no jurídicos. La actual investigación, que se les está yendo de las manos, nace y progresa como parte de una indudable campaña de persecución política contra Cristina Kirchner. Una campaña que detrás de repudiables hechos reales esconde el interés de borrar a los principales competidores políticos de Macri de cara a las elecciones del año que viene.

Los marxistas por convicción, pero mucho más por pertenecía de clase, somos furibundos enemigos de la corrupción, la cual constituye esencialmente una forma de apropiación ilegal y redistribución dentro de la misma burguesía de la plusvalía extraída a la clase obrera. Pero al mismo tiempo que denunciamos estos hechos, alertamos que no existe nada parecido a la justicia dentro de este mismo Estado burgués; que los jueces y fiscales de turno, así como los medios de comunicación monopólicos, no son ningunos paladines de la lucha contra la corrupción, sino que tras sus batallas ocultan intereses particulares más oscuros y menos probos.

Es por esto mismo que todo luchador y trabajador consciente no puede simplemente limitarse a condenar los hechos de corrupción, sino que debe tener en cuenta que otros intereses se mueven tras bambalinas. La persecución de las corrupción K sin investigar a la familia Macri hace a un arreglo de cuentas dentro de la misma clase burguesa cuyo objetivo es afianzar un giro reaccionario en la región y en la Argentina. La justicia a medias no es media justicia, es una estafa.

Los marxistas repudiamos todos los hechos de corrupción e impulsamos el castigo para todos los responsables. Pero nos negamos a que la actual campaña sea utilizada como excusa para cercenar los derechos políticos de nadie y en beneficio de una camarilla. No son Bonadío, ni Macri, quienes deben decidir sobre el futuro político de nadie. Sólo los trabajadores y el pueblo tienen la soberanía para resolver sobre eso.

 

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