corrupción y juicio

Cristina Kirchner en el banquillo

Repudiamos la utilización política de los casos de corrupción.

Redaccion
Equipo de redacción del portal IzquierdaWeb.


 

En estos momentos, CFK se acaba de sentar en el banquillo de los acusados en el comienzo del primer juicio oral en su contra. En este caso, de entre todas las causas que hay en su contra, se trata hoy la de la obra pública en Santa Cruz y la corrupción en torno a ella. En paralelo, la Corte Suprema tendrá el día de hoy una reunión que podría introducir modificaciones en esta causa.

Lo primero que hay que decir es que no cabe duda que, de una u otra manera, el gobierno kirchnerista tuvo que contener corrupción en su gestión. Esto es así por la propia naturaleza de la administración del Estado capitalista y las características de los gobiernos “light” de nacionalismo burgués.

En general, todas las dependencias estatales vinculadas a la obra pública son nidos de corrupción. Desde allí es que se ejecutan las principales obras de infraestructura que hacen la base de la economía de cualquier país capitalista: caminos, transportes, electricidad, gas, etc. Los emprendimientos de ese tipo son en general tan enormes que tienen una fuerte tendencia al monopolio; las más grandes empresas y el Estado (que tiende a funcionar como una empresa más), asociados, son las únicas en condiciones de llevarlos a cabo. Como las ganancias no compensan lo invertido sino a mediano o largo plazo, como los requerimientos de inversión son muy grandes, este es un terreno de la economía que muy difícilmente pueda ser dejado en manos del “libre mercado”; la asociación con el Estado es lo que lo hace “rentable”.

Hablemos del mecanismo más común de la corrupción: los “sobreprecios”. Técnicamente, las obras las emprende el Estado con su presupuesto. Las “licitaciones” implican que el Estado pide a varias empresas que expidan un presupuesto para su realización y aquel decide a quién se la adjudica. Es el mecanismo típico del “capitalismo de amigos”; casi siempre quien “gana” la licitación es “amigo” de quien está del otro lado del mostrador e incluso muchas veces un testaferro suyo. Supongamos que el Estado inicia la construcción de una ruta, cuyo presupuesto real sería de unos 17 millones de pesos. Entre amigos, el fraude es más que simple. En acuerdo con uno o más funcionarios, un empresario presenta un presupuesto inflado de 25 millones, el Estado lo acepta y adjudica a ese “emprendedor” el pago de la suma de 25 millones. Con la ayuda de un contador, se dibujan los números y todo resuelto. La construcción se hace por un monto de 17 millones mientras empresarios y funcionarios se quedan con el “vuelto” de los 8 millones restantes. “Cuentas claras conservan la amistad” es un refrán que sirve en todos los niveles sociales.

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La gestión estatal “desde arriba” del Estado capitalista, y en particular los gobiernos “populistas”, entrañan corrupción. La administración de los negocios, de naturaleza capitalista y por lo tanto con el objetivo del enriquecimiento, hecho por funcionarios a espaldas del control popular, implica necesariamente apropiación ilícita de riquezas. El kirchnerismo sin duda fue parte de este mecanismo.

Ahora bien, podríamos preguntarle al macrismo: ¿y por casa cómo andamos? Son muchos los funcionarios de Cambiemos que están vinculados a estos fraudes. Pero para no extendernos demasiado en los muchos y variados vínculos de diversos funcionarios a todo esto, podemos centrarnos en el caso más importante, el más representativo: el de la propia familia Macri. El grupo Macri, SocMa, es uno de los más fuertemente vinculadas a la obra pública desde la dictadura. El enriquecimiento familiar del que el propio presidente es hijo está salpicado de escándalos hace décadas.

Es difícil enumerar la cantidad de logros que ha tenido la familia Macri, verdadero ejemplo de triunfo empresarial producto del esmero. La cantidad de fraudes de los que son autores deben realmente haberse hecho con mucho esfuerzo. Si en 1973 el grupo SocMa contaba con 7 empresas, hacia el final de la última dictadura militar eran ya dueños de 47. En 1982, la dictadura estatizó la deuda privada de varios personajes archi-ricos. El conjunto del pueblo argentino tuvo que hacerse cargo de una deuda de 124 millones de dólares de los Macri. En 1995, la DGI los denunció por una evasión impositiva de 55 millones. Sus denuncias de fraudes en la obra pública son casi incontables. Los casos del Correo Argentino y las cuenta off shore en Panamá son demasiado conocidos como para detenerse en ellos.

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Tanto la gestión “neoliberal” como “populista” del Estado capitalista y sus negocios implican corrupción, aún con sus matices.

Pero el problema central es el carácter político del uso de este juicio. Los jueces amigos del macrismo pretenden usar los casos de corrupción para cercenar derechos políticos. No tanto los de la propia Cristina y su organización política sino los de amplios sectores sociales que los ven como alternativa y pretenden votarlos. No es tarea de la justicia, en este caso la teledirigida por Macri, decidir a quiénes pueden votar y no pueden votar los sectores populares.

Las características de este juicio se emparentan con la prisión a Lula en Brasil. Tampoco se puede pensar que la gestión del PT haya estado exenta de corrupción, incluido el propio Lula. Sin embargo, fue evidente la arbitrariedad de los jueces que dejaron afuera de la campaña electoral al candidato que todo el mundo esperaba ganara las elecciones. Su condena significó la proscripción política del principal candidato del país y el direccionamiento de las elecciones por parte de los jueces.

Desde el Nuevo MAS e Izquierda web condenamos todos los casos de corrupción capitalista. Opinamos que la misma sólo puede ser superada por un Estado de los trabajadores y con el control desde abajo de la gestión del Estado y la economía nacional. Pero a su vez, nos oponemos a la manipulación política del uso de esta y otras causas contra CFK, con los elementos de proscripción y limitación política que contiene. Su intención es limitar los derechos políticos de una parte del “electorado”. Son ellos quienes deben decidir a quién eligen como sus representantes políticos.

Repudiamos la corrupción kirchnerista pero también nos oponemos al uso reaccionario de estas causas (en parte reales, en parte “montadas” por el macrismo y sus agentes). Macri y la Justicia intentan utilizar este juicio para cercenar los derechos políticos de una parte de la población.

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