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Costa Rica: Por impuestos a las grandes fortunas para que la crisis no la paguen los trabajadores

La pandemia ha sacudido todo. Deja en evidencia las enormes contradicciones del capitalismo y se vuelven más descaradas las medidas de avanzada sobre los sectores populares para salvaguardar las ganancias empresarias. Hay que exigir y luchar por impuestos progresivos a las fortunas, el gran capital, a las grandes empresas, los bancos, las zonas francas y los exportadores.

Johan Madriz

El cierre de fronteras, la paralización de la producción y la ruptura de las cadenas de valor están llevando a la economía mundial a una crisis sin precedentes y en el caso de Costa Rica se parte desde una posición muy desfavorable, ya que venía de una crisis fiscal que mantenía altos niveles de endeudamiento que ahora empeoran.

Las luminarias del equipo económico del gobierno solo ven como posible medidas procíclicas de reducción de gastos y aumento de cargas impositivas regresivas. Esto es acompañado de un festín de deuda que está colocando al país en una situación de endeudamiento externo no vista desde hace décadas, con su consecuente sometimiento y promesas de ajuste estructural.

Se estima que al finalizar el año el déficit podría rondar el 9.7% del PIB y el endeudamiento el 68.8%. Ante ese panorama el gobierno opta por reducir el presupuesto (el mayor recorte de la historia) decretando el congelamiento de salarios, el impago de componentes salariales (como la zona de menor desarrollo en el MEP), recortes en vivienda (¢30 mil millones) o educación (¢48 mil millones al FEES).

La burguesía vende estos mandatos como la única salida, pero eso es mentira. Hay otra opción con la cual no se afectan a los sectores populares: que sean las grandes empresas, los grandes capitales, los que contribuyan más para paliar los efectos de la crisis sobre la clase trabajadora y los pequeños negocios.

Al respecto, en la Asamblea Legislativa se han presentado dos proyectos de ley. Uno es de Paola Vega del PAC que propone un aumento de 1% sobre las rentas de personas físicas, jurídicas y jubilaciones que estén en el último percentil de impuestos. Con esto se estiman ingresos por ¢95 mil millones. Tendría una vigencia hasta 2022, prorrogable por un año, y los fondos se distribuirían a la CCSS, Fondo Nacional de Emergencias, amortización de deuda interna y sector turismo. De entrada esta propuesta es cosmética, apropiada para el oficialismo, y amarra los ingresos a destinos particulares.

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Por otro lado, José María Villalta del FA presentó una propuesta más completa que incluiría varios tributos. Primero propone un aumento del 6% durante un año al impuesto sobre utilidades de los Grandes Contribuyentes Nacionales (GCN). Estas son las empresas que cumplan uno de estos parámetros sobre el impuesto a las utilidades en los últimos tres periodos fiscales: 1) Liquidación de impuestos promedio de ¢450 millones, 2) Renta bruta promedio de ¢40 mil millones o 3) Activo total declarado de ¢50 mil millones.

Segundo, un aumento de 2% en el impuesto de utilidades por un año a las Grandes Empresas Territoriales (GET). Estas son las que, siguiendo los mismos parámetros de los GCN, cumplen: 1) Liquidación de impuestos promedio de ¢120 millones, 2) Renta bruta promedio de ¢20 mil millones o 3) Activo total declarado de ¢25 mil millones.

Una tercera contribución seria a las personas físicas con actividad lucrativa (trabajo independiente) con rentas superiores a ¢36 millones anuales se les aumentaría un 5% de impuesto a utilidades sobre el exceso de ese monto durante un año.

Cuarto, un aumento por un año sobre los dividendos pagados por GCN (5%) y GET (3%). Quinto, un impuesto extraordinario de 0.1% a los patrimonios de personas jurídicas superiores a ¢95 millones (sobre el exceso). Por último, un impuesto sobre el exceso de ¢3 millones en salarios y pensiones.

Esta propuesta grava a los sectores con mayores rentas, siendo progresivo, sin embargo resulta insuficiente. En el mejor escenario la propuesta recaudaría ¢195 mil millones. Eso contrasta con la estimación de la reducción de ingresos tributarios para este año que sería por ¢1.2 billones. Es decir, es necesario completar ese faltante solo para mantener el déficit del año anterior que cerró en 6.96% del PIB. Por otro lado, es limitado en cuanto a su vigencia (un año) y tasas (un gravamen de 0.1% sobre patrimonio es mínimo). Además es una propuesta estrictamente parlamentaria, pues el diputado Villalta no impulsa ningún tipo de campaña y movilización para presionar a la Asamblea Legislativa en su aprobación.

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De esta forma, es necesario presentar otras alternativas. Cada vez es más patente que los privilegios de las zonas francas son insostenibles, por lo que debería gravarse la riqueza que producen en el país. Este es uno de los sectores más dinámicos, con mayores ingresos y que genera cerca de la mitad de las exportaciones del país (en 2016 fueron $7.982), pero prácticamente no paga impuestos. También es necesario atacar la evasión fiscal que, según el exministro Rodrigo Chaves, es de $3.800 millones al año (¢2.22 billones[i]).

Ante una crisis sin precedentes hay que tomar medidas sin precedentes. Esto es lo que dice la burguesía, sin embargo esas medidas deben ser en sentido contrario a las planteadas por el gobierno y la UCCAEP, no es atacando el aguinaldo, el salario escolar, los componentes salariales o reduciendo la inversión social; es gravando a las grandes empresas y su riqueza, esa riqueza que se ha acumulado por años a costa de los sectores trabajadores, de las y los de abajo.

Según información del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, las tres personas más ricas del país tienen la misma riqueza de los 2 millones más pobres. Con ese dato es más que patente que hay que exigir y luchar por impuestos progresivos al gran capital, a las grandes empresas, los bancos, las zonas francas y los exportadores. Es necesario que las organizaciones sindicales, sociales y de izquierda en el país, organicemos e impulsemos una campaña por impuestos a las fortunas y grandes empresas, como parte de las acciones de lucha para que la crisis de la pandemia la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora.


[i] Calculo con tipo de cambio de 585

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