Criminalización del movimiento estudiantil

Córdoba: Quieren enjuiciar a estudiantes por las tomas del 2018 en la UNC

El gobierno avanza en la criminalización de la protesta estudiantil. La fiscalía federal elevó esta semana la solicitud para que la causa vaya a juicio y 27 estudiantes sean juzgados en un juicio oral y público.



Esto puede ser apelado y, en ese caso, será el juez federal Hugo Vaca Narvaja quien resuelva si confirma o no el juicio.

El panorama en materia educativa es preocupante: estamos en un proceso de elitización y ajuste brutal de la educación, excluyendo a un porcentaje cada vez mayor de trabajadores y sectores populares de la posibilidad de estudiar.

En la UNC se puso en pie una Asamblea Interfacultades, parte de la Rebelión Educativa del 2018, que luchó en solidaridad al reclamo salarial docente, en exigencia al aumento presupuestario, por condiciones dignas de cursada(como agua potable, becas y recursos para quienes lo necesitan), por políticas de género en la UNC, contra el recorte al alcance de nuestros títulos y contra la avanzada mercantilista y privatista de la educación pública.

Este proceso fue nacional y tuvo a más de 50 sedes universitarias en toma, con marchas estudiantiles enormes. Fue un gran paso para la reorganización del movimiento estudiantil, pero sólo en córdoba la respuesta represiva del gobierno cobró estado judicial, intentando acallar al movimiento estudiantil y poder llevar adelante el plan de ajuste educativo.

Desde Tribunales Federales, con el aval de los gobiernos nacional y provincial y la entrega de nombres por parte de Juri y compañía, iniciaron el procesamiento a 27 estudiantes y una docente por haber sido parte de la toma, como respuesta política a esta emblemática lucha. Pese a que las defensas de les estudiantes presentaron apelaciones a la decisión del Juez Hugo Vaca Narvaja de seguir adelante con los procesamientos, éstas fueron rechazadas con un contundente mensaje reaccionario por parte de la Justicia: agregarle a la posible condena un pedido de embargo de bienes y dinero por supuestos daños materiales realizados en la toma. Incluso el año pasado, en medio de un acontecimiento extraordinario como la pandemia, continuaron con maniobras que demuestran la intención de concretar este amedrentamiento.

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Pero ahora han dado un paso adelante: el fiscal federal Maximiliano Hairabedián elevó esta semana la solicitud para que la causa vaya a juicio y los 27 estudiantes sean juzgados en un juicio oral y público. Esto puede ser apelado y, en ese caso, será el juez federal Hugo Vaca Narvaja quien resuelva si confirma o no el juicio. De todos modos, ya sabemos que el juez está a favor de este aleccionamiento porque fue uno de los primeros en demostrar la intención de llevar adelante el procesamiento. Sabemos que se trata de una causa política: ¡Un verdadero ataque a quienes se organizan en defensa de la educación pública!.

El estado de parálisis de la FUC y los centros de estudiantes ante la catástrofe educativa y su devaluación a un rol meramente administrativo como extensión de la gestión, tiene que revertirse. Es necesario que el conjunto del movimiento estudiantil sepa y sea parte del debate que tenemos que poner en pie, junto a la defensa de la educación pública, el reclamo por impedir que se lleve adelante este juicio reaccionario. Los centros de estudiantes tienen que convocar a asambleas por facultades y la FUC a una asamblea general para organizar al conjunto del movimiento estudiantil y comunidad educativa.

Asimismo, el activismo estudiantil nucleado en la Asamblea Interfacultades, protagonista en la toma del 2018, debe  convocar a una asamblea urgente para organizar una contundente respuesta en la calle a este brutal intento de criminalizar a los estudiantes que luchan.

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