Con la ley del blanqueo de Macri

Kicillof entrega el Instituto de Previsión Social

El acuerdo entre ANSES y el IPS puede significar un ajuste en el sistema de jubilaciones de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires.

Luis Di Bartolo

Desde que en la década del 90 surgió el nuevo paradigma encarnado por el menemismo sobre el rol que debía cumplir el Estado, e iniciado un proceso de transformaciones inéditas en la Argentina hasta ese momento, en la cual amplios sectores empresariales tanto nacionales como extranjeros se quedaron con la concesión de empresas de servicios con un sinfín de ventajas otorgadas por el propio Estado, sectores de los bancos y las finanzas fueron beneficiados con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), desfinanciando así el sistema público de reparto.

En esa lógica, fueron once las provincias que en la mencionada década de 1990 transfirieron sus Cajas Previsionales a la Nación, lo cual implicó el aumento de la edad jubilatoria y la modificación del cálculo del haber previsional siempre a la baja. Las provincias restantes mantuvieron sus Institutos Previsionales provinciales, pero con el correr de los años diez de ellas iniciaron procedimientos de armonización con la ANSeS, lo que al igual que en la década del 90 significó en todos los casos flexibilizar tanto los haberes jubilatorios como el aumento de las edades o cantidad de años trabajados para acceder al beneficio.

Caso singular fue el de la Provincia de Buenos Aires, donde en 2008 el por entonces Gobernador Daniel Scioli tuvo que dar marcha atrás con un proyecto de emisión de bonos para la utilización por parte del gobierno de la provincia de fondos excedentes del Instituto de Previsión Social, ante las masivas movilizaciones de trabajadores activos y pasivos de toda la provincia y de todo el arco de sindicatos estatales.

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Frustrada la reforma sciolista, fue María Eugenia Vidal la que volvió a la carga contra los aportes previsionales de las trabajadores y trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires, la cual en consonancia con el ex presidente Macri quisieron hacer operativo el art. 27 de la Ley de Blanqueo, que no se trata de otra cosa más que de armonizar los sistemas previsionales de aquellas provincias que no lo hubieran hecho hasta ese momento con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), dándole a dicho organismo nacional la potestad de auditar los estados contables de los institutos provinciales y los avances del proceso de armonización.

Es en los términos de esta misma ley de blanqueo de capitales del macrismo Nº27260 y sus modificatorias en su capítulo de armonización previsional, que el hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con la excusa de la crisis económico financiera ocasionada por la pandemia del Covid-19, suscribe un acuerdo con el renunciado titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli , donde la Administración Nacional de la Seguridad Social le entrega a la Provincia de Buenos Aires la suma de seis mil millones de pesos, comprometiéndose la provincia a poner a disposición de la ANSeS toda la documentación requerida por la normativa para que esta última realice las auditorias correspondientes.

Como hemos visto, cambian los gobiernos pero el objetivo de liquidar el sistema previsional provincial más importante de la República Argentina no reconoce partidos políticos ni ideologías. Los últimos tres gobiernos nacionales/provinciales han intentado y este último se encuentra ejecutándolo, so pretexto de la crisis pandémica mediante, quedarse con los aportes jubilatorios de los estatales bonaerenses, cuya armonización con la normativa vigente en la ANSeS llevaría, entre otras cosas, a modificaciones tales como la elevación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años en el caso de los hombres; la baja del haber jubilatorio por diferencias en el cálculo donde en el IPS consiste en el 70/80% del salario activo pasando a un promedio de remuneraciones de los 10 últimos años en la ANSeS; la pérdida de la movilidad jubilatoria hoy existente en el IPS o la desaparición de la jubilación por edad avanzada, la cual no existe en el sistema de la ANSeS.

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Desde el Nuevo MAS y la Corriente Sindical 18 de Diciembre nos oponemos terminantemente a este nuevo intento, hoy encarnado por los gobiernos de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y Alberto Fernández en la Nación, bajo el pretexto de la crisis económico- financiera que ocasiona la pandemia, y que tiende a armonizar para luego subsumir el Instituto de Previsión Social a la normativa de la ANSeS, afectando de tal modo los derechos previsionales de los trabajadores y trabajadoras estatales de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberían ser los únicos administradores del IPS.

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