Las urgencias del momento son tan acuciantes que le permiten al gobierno actuar como si patear los problemas para adelante fuera una solución. Esto es así en todos los aspectos relevantes de la economía: la deuda, la inflación, el déficit, el dólar, la perspectiva de crecimiento (lo que incluye el empleo y el salario real)… Todo quedará para después de la crisis de la pandemia, aunque nadie, y menos el gobierno, sabe muy bien en qué estado llegaremos ni cómo se encarará el día después. Pero veamos esos temas en orden.

El minué de la deuda: regateo final y “default suave” 

Al final, tanto que la prensa especializada hablaba de que la negociación por el canje de deuda era un muy sofisticado póquer, resulta que al final de cuentas era más un regateo entre vendedores de autos usados. Después de que los acreedores hicieran su contraoferta –que resultó no estar tan lejos de la oferta inicial del gobierno–, y llegando a la fecha límite para la declaración formal de default (viernes 22), todo indica que habrá acuerdo. Eso sí, no habrá tiempo para cerrar los detalles antes del default, que, salvo improbable decisión de último momento, parece un hecho.

La novedad es que, a diferencia de ocasiones anteriores, se apuesta a que este default sea de corto plazo y no traumático. Al respecto, es necesario hacer algunas precisiones algo técnicas pero de importancia. El principal peligro inmediato del default de un bono de deuda soberana (el Estado argentino dejó impago un vencimiento de 500 millones de dólares) es que los demás acreedores recurran a lo que se llama “aceleración”, es decir, que reclamen la liquidación inmediata del resto de los bonos (lo que se llama “default cruzado”). Aparentemente, ese peligro no es tal para el caso de los bonos emitidos en 2016 (por un total de 13.000 millones de dólares) por la existencia de una cláusula “antibuitre”.[1] Para que eso suceda, tendría que haber a) una casi absoluta unanimidad de los acreedores para recurrir a la aceleración, b) por lo tanto, un abandono repentino de toda negociación, que no es la situación que tenemos hoy; por el contrario, tanto el gobierno como los comités de acreedores están muy interesados en que las conversaciones lleguen a buen puerto. Y aun así, hay restricciones legales importantes, como que se debería esperar al vencimiento del bono para litigar.[2]

El saldo de esto es que efectivamente estos fondos tienen interés genuino en llegar a un arreglo; ir a reclamar a los tribunales de Nueva York, aunque el juicio esté casi ganado, llevaría mucho tiempo y muchas explicaciones incómodas que los fondos deberán dar a los “ahorristas comunes”. Y, por lo demás, según una estimación bastante realista de un analista, “las partes tienen que debatir cómo terminan de distribuirse las pérdidas por unos 7.000 millones de dólares, el dinero que separa las ofertas y contraofertas que ya están sobre la mesa para un acuerdo final” (C. Burgueño, Ámbito Financiero, 20-5-20). Así nomás es la cosa: todo este “póquer de alto nivel” no es otra cosa que un pichuleo por 7.000 palos verdes. O, en términos del famoso “valor presente” de los nuevos bonos a emitir en canje por los anteriores, pasar de un valor de 35 centavos por dólar nominal a 45-50 centavos. A esta altura, sería una verdadera sorpresa que no haya acuerdo de algún tipo.

Es por eso que el ministro Guzmán se permitió decir que el vencimiento del 22 de mayo y el default son algo “anecdótico”. Aunque esa declaración minimiza los riesgos en exceso, sí es cierto que si hay default pero las negociaciones con esos mismos acreedores continúan –el “diálogo constructivo”, como lo bautizó el ministro Guzmán– y concluyen en breve lapso, las consecuencias no serían la catástrofe que anuncian algunos medios interesados (ellos mismos, tenedores de bonos). La fecha límite para que haya fumata blanca se correría a fines de julio. ¿Por qué? Porque a fines de junio hay un vencimiento de otros bonos, los de 2005, que no tienen esa cláusula y por lo tanto están expuestos a presentaciones judiciales inmediatas. Asimismo, muchos de los acreedores de esos bonos no son los mismos que los bonosde deuda emitidos por Macri, y tienen menos paciencia y más pérdidas que compensar.

Las condiciones del arreglo serán las mismas de siempre, las que venimos anticipando desde estas páginas: subir la tasa de interés, achicar el plazo de gracia –durante el cual no se paga capital ni intereses– o anticipar un pago cash como “endulzante”; todo eso, en diversas variantes y proporciones. Lo más probable, entonces, es que a) haya default, b) no sea tan grave, c) las negociaciones continúen, y d) finalmente haya trato, al menos en la mayoría de los bonos, con lo que se levantaría el default a costa de un acuerdo que será “sostenible”, en el mejor de los casos, para la actual gestión de Alberto Fernández, y nada más. La hipoteca histórica de la deuda seguirá igual o peor que siempre. Total, que pague el que venga después, y mientras tanto que se jodan las necesidades de los trabajadores y los sectores populares. Nada que no hayamos visto desde hace 40 años.

Dólar e inflación: “Te espero a la salida”

Por un lado, es lógico que el gobierno se haya concentrado en la urgencia de la pandemia. Lo que nadie –y menos el propio gobierno– sabe es cuál es el plan para el día después.[3] Porque en el medio, se está llenando el camino futuro de bombas que o se desactivan (y para eso hay que tener con qué) o explotan. Una, muy obvia, es la inflación. El anuncio de una inflación de abril del 1,5% no entusiasmó ni al propio oficialismo. Primero, porque ese número esconde una inflación de alimentos superior al 3% mensual, y que en los artículos de consumo masivo fue mayor aún, como sabe cualquiera que salga a hacer las compras. Segundo, porque ese índice –aun si fuera representativo– es artificial ante una demanda contenida por el descenso brutal de los ingresos de asalariados y cuentapropistas. Y tercero, porque todos saben que la única fuente nueva de ingresos de un Estado que debe afrontar gastos extraordinarios en el contexto de la pandemia es la emisión de billetes. Lo que no significa otra cosa que deterioro de la moneda, cuyas consecuencias –inflación y devaluación– sólo se están pateando para adelante, cuando la urgencia del Covid-19 haya pasado y se pueda volver a pensar en estos temas.

Algunas voces interesadas, fieles representantes del pensamiento de los 30-40 garcasmegaoperadores  que se autodenominan “el mercado”, salieron a agitar el fantasma de la hiperinflación, habida cuenta de que el nivel de emisión monetaria está creciendo a un ritmo del 80% anual. En el corto plazo, esa histeria es mero terrorismo para empujar al gobierno a evitar un default (como si Alberto Fernández no estuviera convencido de lo mismo). Más adelante, es evidente que la inflación, hoy reprimida vía instrumentos financieros y la misma recesión,se va a cobrar la cuenta.

Es algo que reconoce el propio Banco Central: “En los próximos meses, cuando la mayoría de las restricciones a la movilidad de personas y a las actividades productivas se levanten, el BCRA prevé un proceso de reacomodamiento gradual de precios relativos, y conducirá sus políticas para que dicho proceso se dé en un entorno de inflación acotada” (Informe de Política Monetaria del BCRA, 19-5-20). Traducción: “Se viene una rebruta inflación y vamos a tratar de que no se nos vaya de las manos”.

Esas dos variables, el temor al default inmediato y a la disparada de la inflación futura, fueron determinantes para estos días de renovada fiebre verde, con una cotización del dólar “blue” por arriba de los 135 pesos, esto es, más del doble del valor oficial, y, lo que es más preocupante, un dólar “legal” para fuga de divisas como el llamado “dólar Bolsa” o MEP por encima de los 124 pesos.[4]

Entre algunas medidas que tomó el BCRA para apretar un poco las clavijas de las exigencias para operar en divisas, la venta de reservas (hoy, en menos de 43.000 millones) y la descompresión que representó el avance de las negociaciones con los acreedores, la temperatura bajó un poco. Pero la cuestión de fondo sigue ahí: ¿cuánto vale una moneda local que circula sobre la base de una emisión sin respaldo?

La respuesta varía, pero una cosa es segura: no vale más que antes. Ahora bien, si se hace la comparación con otras monedas respecto de fines de 2019, en lo que va del año el peso argentino vale en términos reales un 29% más frente al real brasileño, un 5% más respecto del peso chileno, un 4% más respecto de la rupia india, un 1% más frente al euro y el dólar (!) y apenas un 1% menos respecto del yuan chino (Ámbito Financiero, 19-5-20). En estas condiciones, la verdadera fuente de divisas del país, que son los dólares del comercio exterior, está seriamente comprometida. Caen las exportaciones no sólo por la menor actividad, sino porque la apreciación del peso hace menos competitivos los productos argentinos, y para colmo los precios de los rubros menos castigados (las materias primas, especialmente agrícolas) también vienen en descenso. Si no hay recomposición de la entrada de dólares por esta cuenta, por más que se logre un arreglo “razonable” con los acreedores en términos de pagos de deuda en los próximos dos o tres años, la presión a la devaluación –a la que sumará, como señalamos, el volumen de emisión monetaria– será muy fuerte.

Ante esta perspectiva, ¿cuál es el plande “crecimiento sostenible” que nos espera a la salida de la crisis del coronavirus? Todo indica que ninguno, como siempre ha sido con la burguesía argentina y sus representantes políticos del signo que sean, y que seguiremos como hasta ahora: “esperar y ver”, pragmatismo, atajar penales y esperar que la gestión termine y venga otro.[5]En el medio, seguramente, encontraremos gestos, discurso y, si sobra, algo de “épica”. Para la clase trabajadora nohabrá nada tangible más que incertidumbre laboral, inflacionaria y de proyecto de vida. Eso no cambiará hasta que ella misma se convenza de que debe tener su propio plan, ajeno y opuesto al de la clase capitalista.

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[1]Desde ya, no se trató de un súbito ataque de “soberanismo” de Macri y su equipo, sino que esta cláusula ya era de uso habitual en emisiones recientes de deuda externa pública en muchos países.

[2]Los fondos en cuestión, además, en todo momento intentan dejar en claro que no son buitres que compraron bonos para hacer juicio (como Paul Singer y su fondo Elliott), sino administradores de fondos de inversión donde depositan sus ahorros “gente común”. Este argumento casi “populista” suena un tanto ridículo: para decidir invertir en un país de alto riesgo como Argentina, estos gerentes son muy “independientes”, pero cuando hay problemas, se escudan en que sólo son meros administradores.

[3]Dar más precisiones sobre este tema era algo que formaba parte de las exigencias iniciales de los acreedores durante las primeras conversaciones. Pero rápidamente quedaron de lado, un poco porque resultaba muy irritativo políticamente y un mucho porque, en el actual contexto, no hay mucho “plan” para mostrar, y los acreedores lo saben.

[4] El famoso “blue” ya no es lo que era; su cotización sólo da la medida de la desesperación del “chiquitaje” que no tiene espalda para hacerse de los demás dólares “legales” pero caros como el MEP (medio electrónico de pago) o el “contado con liquidación”, que requieren que su titular tenga una cuenta en el extranjero.

[5] La única alternativa que el sistema capitalista nos ofrece a esta falta de alternativa es la de los monstruos neoliberales: achicar el Estado, “libre mercado” para que pasten las grandes fieras locales y extranjeras, reventar a los trabajadores y a sus condiciones laborales y sociales. Pero esa prédica tiene cada vez menos consensonacional e internacional, y no llegó a ningún lado ni siquiera cuando tuvo condiciones más favorables, en el gobierno de Macri.