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Comienza el juicio por Marcela Chocobar

El 21 de mayo comienza el juicio por el transfemicidio de Marcela Chocobar, a más de tres años de su asesinato y tras una larga y desesperante espera de la familia.

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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Las Rojas Santa Cruz


Marcela tenía 27 años y era una joven trans. Trabajaba en una empresa de limpieza que presta servicios en un colegio. Aunque, por otro lado, era víctima de explotación sexual desde su llegada a la provincia.

En la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2015, Marcela salió del boliche Russia en Río Gallegos, como muchas otras noches. Sin embargo, esa madrugada se subió a un auto rojo y no volvió nunca más.

“Tu hermana debe andar de fiesta, nos decían en la comisaría”, recordó Judith, hermana de Marcela. Así, la policía se negó por 48 horas a tomar la denuncia de desaparición que exigía la familia. Los millones que deja la explotación sexual, necesita de la policía como perros guardianes que les garanticen la impunidad del negocio para los políticos, los jueces y los que se enriquecen con los centros clandestinos de violación y tortura, que son los prostíbulos.

Aparecía para ellas la posibilidad de que Marcela fuera víctima de desaparición forzada para la prostitución. “Nosotras pensamos que se la había llevado para la trata, nunca pensamos que mi hermana estaba muerta”, recuerda Judith.

Una semana después de la desaparición se hallaron algunas de sus prendas y de su cuerpo, únicamente el cráneo, en la periferia de la ciudad, pero ninguna pista de los autores del monstruoso transfemicidio. “Gracias al apoyo en las calles de las mujeres organizadas, yendo al izamiento los domingos a protestar, es que se hizo presión y se visibilizó la desaparición de mi hermana. Fue importante la movilización y el acompañamiento”.

Una mano lava la otra y las dos lavan la cara: Durante casi un año la justicia hizo que hizo. Dos perejiles fueron encarcelados y sobreseídos, mientras el gobierno provincial creaba a las apuradas una oficina de diversidad sexual para desviar la crítica hacia su verdadera responsabilidad política.
La última imagen de Marcela es de las cámaras de seguridad del boliche donde fue a bailar. Casi un año después, el dueño del Renault 9 rojo al que ella se sube, fue detenido, pero sobreseído por falta de mérito. Para la justicia, se pudo comprobar que Adrián Fioramonti era dueño del auto pero no que había estado, o al menos conociera, a Marcela. En una ciudad chica como Río Gallegos circuló fuertemente la versión de que quedó en libertad por el hecho de ser esposo de una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia, y no por su dudosa participación en el crimen de odio.

Oscar Biott y Ángel Azzolini, los dos autores probados de su muerte, aguardan presos que comience el juicio este 21 de mayo. Pocos datos de boca de los responsables materiales circularon sobre el transfemicidio y la ubicación del resto del cuerpo de Marcela sigue siendo un misterio, que sólo se sustenta en un pacto de silencio entre los acusados. Ambos compartían una cabaña en el predio de la empresa de construcciones Kank & Costilla, perteneciente a Martín Báez, hijo del testaferro kirchnerista Lázaro Báez. La amistad entre uno de los acusados y el joven empresario, refuerza el rumor local del asesinato y encubrimiento con responsabilidades de las altas esferas políticas.

Desde la desaparición, las cuatro hermanas Chocobar impulsaron rastrillajes por toda la ciudad, evaluaron la ruta de la trata y fueron armando el rompecabezas de las últimas horas de Marcela. Mientras tanto, la justicia clasista y machista no dio lugar a los pedidos de la querella, desestimados por falta de presupuesto, según lo indicó la jueza Rosana Suárez, quien caratuló la causa como “homicidio simple”.

La responsabilidad política de este crimen de odio es del gobierno provincial que no ofrece oportunidades ni trabajo genuino para las personas trans. Ni el Partido Justicialista de Peralta, por entonces gobernador, ni el Frente para la Victoria de Alicia Kirchner, han ahondado en políticas inclusivas; actualmente ser trans sigue poniendo un techo a la expectativa de vida que no supera los 37 años.

Las Rojas repudiamos la manipulación en la causa, el encubrimiento y la carátula que niega el transfemicidio de Marcela. Como en el juicio por justicia de Diana Sacayán, seremos las mujeres organizadas, la comunidad trans, quienes acompañemos la lucha encabezada por sus hermanas. Pedimos que se juzgue a los autores materiales y a los responsables políticos de que este crimen siga impune. Destitución de la jueza Rosana Suárez, del fiscal Chan que protegen a los transfemicidas.
¡BASTA DE ENCUBRIMIENTO!

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