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Editor en Jefe del portal IzquierdaWeb - Noticias de los trabajadores, las mujeres y la juventud.


Por decisión del Tribunal Supremo el martes arrancó en Madrid el juicio a los principales dirigentes del proceso soberanista.  Un gobierno entero,  una presidenta del Parlament y dos líderes de la sociedad civil se sientan en el banquillo de los acusados por haber permitido votar el 1-O y por haber organizado la rebelión de todo un pueblo contra el Estado español, según la acusación. Se los acusa de los delitos de rebelión, sedición, organización criminal, desobediencia y malversación de fondos públicos y enfrentan  posibles condenas que van de 7 años a 25 años de prisión.

Lo cierto es que actúa como telón de fondo, el referéndum de independencia del  1-O del 2017 en el que más de dos millones de catalanes participaron democráticamente expresando su voluntad a votar y decidir sobre su futuro pese a la represión y el hostigamiento del Estado, la Guardia Civil y la Policía.

Por más que se quiera ocultar  y negar se trata de un juicio político en el que se sienta en el banquillo al  derecho a decidir de un pueblo y con el que se intenta, a modo de correctivo castigar, escarmentar y sentar precedente para que quede bien claro que se va a cercenar de raíz cualquier futuro intento de disidencia que, según los defensores del  Régimen del 78,  atente contra la unidad del reino España, vale decir sofocar,  negar,  perseguir  y reprimir toda lucha por  el derecho a decidir y la autodeterminación.

Y es que la cuestión catalana continúa siendo uno de los factores más desequilibrantes en la situación política del estado español hoy. Como el pus que supura en la histórica herida de España, la lucha por el derecho a decidir supuso (y supone) una profundización de la crisis política institucional abierta a partir del 2012, de la polarización social y del cuestionamiento al régimen del 78 y sus instituciones heredadas del franquismo como la monarquía, el bipartidismo y el régimen de las autonomías. La respuesta del Estado español a este problema político ha sido desde el primer momento la represión y la judicialización.

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Todo esto no ha hecho más que sumar inestabilidad a una situación ya convulsa y tensa marcada por la debilidad del Gobierno de Sánchez  y el avance de la derecha y la ultraderecha.

 

Una justica heredera del franquismo

Jueces, fiscales y funcionarios de un aparato judicial heredado del franquismo son los que imparten la “justicia” hoy en el Estado en nombre de la Ley y la Constitución del  78, una Constitución que no está de más recordar, es el símbolo y el producto final de la Transición; el pacto social. Durante la Transición se negoció y se consensuó entre el gran capital, el rey y los partidos una salida por arriba ante la inminente crisis de un régimen perforado y desbordado por la presión de la lucha de la lucha de clases y de un potente y poderoso movimiento obrero en pie de guerra contra la dictadura. Los pactos de la Moncloa prepararon los términos de ese acuerdo y la Constitución del 78 selló el pacto. Un pacto que “concilió a todos los españoles, salvando culpas y responsabilidades a la vez que heredaba y reciclaba mucho de las estructuras e instituciones del franquismo. Con la llamada “política del consenso” se elaboró y aprobó una Constitución en la que se reconocían los derechos fundamentales y libertades públicas, se establecía la monarquía parlamentaria, se declaraba el Estado aconfesional y se creaban las Autonomías. Así, con la promulgación de la Constitución de 1978 se da por finalizada la Transición española: el Régimen del 78 había nacido.

Y si en los últimos tiempos en el estado español que la justicia no tiene nada de independiente ha quedado tan claro como que es misógina y patriarcal, también hay que señalar a la acusación; La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la “acusación popular” encabezada por Vox para constatar el carácter y la intención del “proceso judicial” y la (su) “justicia”.

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La burguesía española, y gran parte de la catalana, tienen como una de sus prioridades acabar con el problema en Catalunya. La razón de ello ya lo hemos indicado, antes que nada, sentar  un duro precedente ante el cuestionamiento a uno de los pilares fundamentales del Régimen en lo que hace la unidad territorial con el fin ulterior  y aleccionador de evitar  y contener  eventualmente posibles y/o futuros  desbordes y más polarización a la vez que legitimar su represión.

 

Solidaridad y movilización independiente contra la represión del Estado y en defensa del derecho a decidir

Denunciamos el carácter punitivo de este juicio y repudiamos el uso de la represión por parte del Estado para negar elementales derechos democráticos porque lo que hoy se utiliza contra Catalunya y el pueblo catalán mañana podrá será utilizado contra cualquier movilización popular en cualquier parte del Estado. Y llamamos a la más amplia solidaridad activa con acciones unitarias en la defensa del básico derecho decidir y contra la represión.

Solo con la movilización independiente y un programa que logre articular la movilización por la independencia  con las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores, las mujeres y la juventud,  en el camino de romper con el podrido régimen del 78 de explotación y miseria es la única vía para lograr hacer valer el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.

Socialismo o Barbarie Barcelona

 

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